I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132, FRACCIÓN VII, 147, PÁRRAFO TERCERO, 251, FRACCIONES III Y IV, 266 Y 268, TODOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). III. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y SUS POSESIONES (INCLUYENDO VEHÍCULOS). NO ENCUADRA EN LA CATEGORÍA DE ACTOS DE MOLESTIA, SINO EN LA DE CONTROLES PREVENTIVOS PROVISIONALES. IV. CONTROLES PREVENTIVOS PROVISIONALES. EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE ESAS RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DEAMBULATORIA SE ENCUENTRA EN LAS FACULTADES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL. V. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y SUS POSESIONES (INCLUYENDO VEHÍCULOS). CONSTITUYE UN CONTROL PREVENTIVO PROVISIONAL AUTORIZADO CONSTITUCIONALMENTE NO SÓLO EN LA PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO, SINO TAMBIÉN EN SU INVESTIGACIÓN. VI. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. REQUISITOS MÍNIMOS DE CONSTITUCIONALIDAD PARA SU EJERCICIO EN EL MARCO DE LAS INVESTIGACIONES CRIMINALES. VII. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. REQUISITOS MÍNIMOS DE CONSTITUCIONALIDAD PARA SU EJERCICIO TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS COMETIDOS EN FLAGRANCIA. VIII. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y SUS POSESIONES. LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUEDEN PRACTICARLA AL TENER NOTICIA DE LA COMISIÓN O POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO (NOTICIA CRIMINIS), SIEMPRE QUE EN EL CASO EXISTA UNA SOSPECHA RAZONABLE. IX. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y SUS POSESIONES. PARA QUE LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUEDAN PRACTICARLA CUANDO EXISTA SOSPECHA RAZONABLE SOBRE LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO, DEBEN VERIFICAR SI LAS CIRCUNSTANCIAS COINCIDEN OBJETIVAMENTE CON LOS OBJETOS MATERIALES DEL ILÍCITO Y LOS SUJETOS, LUGARES Y HORARIOS DESCRITOS EN LAS DENUNCIAS RECIBIDAS PREVIAMENTE. X. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y SUS POSESIONES. SU DESARROLLO Y LA DETENCIÓN DERIVADA DE AQUÉLLA NO GOZAN DE PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD, POR LO QUE DEBE DEMOSTRARSE QUE SE LLEVÓ A CABO ATENDIENDO AL ESTÁNDAR DE SOSPECHA RAZONABLE. XI. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. REQUISITOS DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE SU DESARROLLO Y DE LA DETENCIÓN DERIVADA DE AQUÉLLA. XII. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. REQUISITOS MÍNIMOS DE CONSTITUCIONALIDAD PARA SU EJERCICIO DURANTE LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS UNA VEZ RECIBIDA LA NOTICIA DE SU COMISIÓN. XIII. INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONTROLES PREVENTIVOS PROVISIONALES QUE IMPLICAN QUE EL CONDUCTOR "PARE" LA MARCHA DEL VEHÍCULO, SU REGISTRO E INCLUSO EL DE SUS OCUPANTES. XIV. INSPECCIÓN FORZOSA EN PERSONAS Y VEHÍCULOS. LOS AGENTES DE LA POLICÍA PUEDEN PRACTICARLA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN TANTO CON CRITERIOS DE RAZONABILIDAD MODULADOS A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, COMO CON LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. XV. INSPECCIÓN EN PERSONAS Y VEHÍCULOS. SI NO CONCUERDA CON LOS PARÁMETROS DE CONSTITUCIONALIDAD QUE LA RIGEN, RESULTA INVÁLIDA EN SÍ MISMA Y, POR ENDE, TODO LO OBTENIDO A PARTIR DE DICHA ACTUACIÓN ILEGAL CARECE DE VALOR JURÍDICO EN EL JUICIO PENAL (ARTÍCULOS 132, FRACCIÓN VII, 147, PÁRRAFO TERCERO, 251, FRACCIONES III Y IV, 266 Y 268, TODOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XVI. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. REQUISITOS MÍNIMOS DE CONSTITUCIONALIDAD PARA SU EJERCICIO TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE REQUIERAN QUERELLA (ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XVII. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. NO EXISTE DISTINCIÓN CONSTITUCIONAL SOBRE LOS SUPUESTOS EN LOS CUALES PROCEDE SU EJERCICIO (ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XVIII. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. LA PREVISIÓN LEGAL ESTABLECE UN PLAZO MÁXIMO DE DOCE HORAS PARA QUE LA PARTE OFENDIDA PRESENTE LA QUERELLA REQUERIDA Y DE VEINTICUATRO HORAS EN CASO DE QUE NO PUEDA LOCALIZARSE (ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XIX. ASEGURAMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS. ALCANCES DE ESTA FACULTAD OTORGADA AL MINISTERIO PÚBLICO. XX. ASEGURAMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS. ESTÁNDAR CONSTITUCIONAL SOBRE EL CONTROL JUDICIAL PREVIO EN MATERIA PENAL (ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XXI. ASEGURAMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS. REGLAS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES RESPECTO DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE IMPLIQUEN AFECTACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE REQUIERAN AUTORIZACIÓN PREVIA DEL JUEZ DE CONTROL Y AQUELLOS EN LOS QUE EXPRESAMENTE NO SE EXIJA ÉSTA (ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XXII. ASEGURAMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS. NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA SU EJERCICIO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XXIII. EMBARGO PRECAUTORIO, ASE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2014 Y SU ACUMULADA 11/2014. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS E INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS. 22 DE MARZO DE 2018. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIOS: RON SNIPELISKI NISCHLI Y JOSÉ OMAR HERNÁNDEZ SALGADO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de marzo de dos mil dieciocho, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad 10/2014 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su acumulada 11/2014 presentada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en contra de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
I. Antecedentes
1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su demanda el tres de abril de dos mil catorce. Impugnó la constitucionalidad de los artículos 132, fracción VII; 147, tercer párrafo; 148; 153, primer párrafo; 155, fracción XIII; 242; 249; 251, fracciones III y V; 266; 268; 303; 355, último párrafo y 434, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce.
2. Por su parte, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos interpuso su demanda el cuatro de abril de dos mil catorce. Señaló como norma impugnada al artículo 303 del código nacional.
3. Las demandas se tuvieron por presentadas(1) y, previa acumulación, fueron turnadas al Ministro Luis María Aguilar Morales, quien las admitió a trámite(2) e instruyó el procedimiento correspondiente. Posteriormente y en virtud de su designación como presidente de este Máximo Tribunal, el cinco de enero de dos mil quince, el expediente fue turnado al Ministro Juan N. Silva Meza. Sin embargo, en virtud de la conclusión de su periodo como Ministro de la Suprema Corte, el cinco de enero de dos mil dieciséis, el asunto fue turnado al Ministro Javier Laynez Potisek.
II. Competencia
4. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, incisos g) y h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria), y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos plantean la posible contradicción entre diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución Federal.
III. Oportunidad
5. Conforme al artículo 60, primer párrafo, de la ley reglamentaria(3) el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que la norma general impugnada fue publicada en el medio oficial correspondiente. Si el decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, el plazo señalado inició el seis de marzo de dos mil catorce y venció el cuatro de abril de dos mil catorce.
6. Por tanto, si la demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se presentó el tres de abril de dos mil catorce y la correspondiente al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se presentó el día cuatro siguiente, es evidente que ambas resultan oportunas.
IV. Legitimación
7. Conforme al artículo 105, fracción II, de la Constitución, sólo los órganos señalados en el mismo cuentan con legitimación para presentar acciones de inconstitucionalidad. Dichos órganos deben a su vez comparecer por conducto de los funcionarios facultados legalmente para representarlos y, en todo caso, se debe presumir que el funcionario que comparece goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario (artículo 11 de la ley reglamentaria(4) aplicado en términos del artículo 59 del mismo ordenamiento).(5)
8. Acción de inconstitucionalidad 10/2014. En términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución,(6) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover esta acción de inconstitucionalidad, ya que argumenta que las disposiciones reclamadas son violatorias de diversos derechos humanos.
9. Asimismo, suscribió la demanda Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acreditó con copia de la comunicación emitida por el presidente de la mesa directiva de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el cinco de noviembre de dos mil nueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo a partir del dieciséis de noviembre de dicho año y hasta el quince de noviembre de dos mil catorce.(7) Asimismo, en términos de los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(8) y 18 de su Reglamento Interno,(9) a dicho funcionario le corresponde su representación legal. En consecuencia, debe considerarse que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la representación legal para ejercitar la acción de inconstitucionalidad en nombre de dicho órgano.
10. Acción de inconstitucionalidad 11/2014. Conforme al artículo 105, fracción II, inciso h),(10) de la Carta Magna, el organismo garante a que se refiere el artículo 6o. de la Constitución se encuentra legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales.
11. Dicho inciso h) fue adicionado a la Constitución Federal, en el contexto de la reforma constitucional en materia de transparencia publicada el siete de febrero de dos mil catorce (que entró en vigor a partir del día ocho siguiente), en la que se creó el órgano con autonomía constitucional encargado de garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Sin embargo, el código nacional impugnado fue aprobado y la demanda respectiva presentada, durante el periodo de transición para la conformación y regulación de dicho órgano constitucional. Por tanto, cabe preguntarse, tal y como lo sostiene el presidente de la República,(11) si el instituto actor contaba en ese momento con la legitimación constitucional para presentar esta acción.
12. En el decreto de reformas aludido se estableció, entre otras cuestiones, lo siguiente:(12)
a) La creación del órgano garante en materia de transparencia y protección de datos personales, con autonomía constitucional.
b) La conformación de dicho órgano por siete comisionados, electos por el Senado de la República, previa amplia consulta a la sociedad y con la posibilidad de que el Ejecutivo Federal objete el nombramiento.
c) Su duración en el cargo será de siete años.
d) El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual.
13. Por su parte y tomando en cuenta que a la fecha de entrada en vigor del referido decreto existía ya el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se introdujo un régimen transitorio que fijó ciertas reglas para la entrada en funcionamiento del nuevo órgano constitucional autónomo, conforme a lo siguiente:
a) El decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación, es decir el ocho de enero de dos mil catorce (artículo primero transitorio).(13)
b) El Congreso de la Unión contaría con un plazo de un año para emitir la ley reglamentaria del artículo 6o. constitucional y las adecuaciones correspondientes a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares (artículo segundo transitorio).(14)
c) En tanto se integraba el nuevo órgano constitucional autónomo, los comisionados del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos continuarían en sus funciones, conforme al orden jurídico vigente al entrar en vigor el decreto de reformas (artículo tercero transitorio).(15)
d) La designación de los comisionados del nuevo órgano constitucional garante debía realizarse a más tardar noventa días después de la entrada en vigor del decreto, conforme al procedimiento y al escalonamiento ahí previstos (artículo tercero transitorio).
e) Los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrían solicitar al Senado de la República su deseo de formar parte del nuevo órgano garante (artículo tercero transitorio).
f) En tanto se determinaba la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante con autonomía constitucional ejercería las atribuciones correspondientes (artículo séptimo transitorio).(16)
g) En tanto el Congreso de la Unión expedía las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia, el nuevo órgano garante ejercería sus atribuciones y competencias conforme al propio decreto de reforma constitucional, y la entonces vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (artículo octavo transitorio).(17)
h) Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se transferirán al organismo público autónomo creado (artículo décimo transitorio).(18)
14. Conforme a todo lo anterior, se estima que la intención del Poder Constituyente en la reforma de mérito fue que el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (organismo descentralizado) se trasformara en órgano con autonomía constitucional y garante de los derechos previstos en el artículo 6o. de la Constitución. Que dicha trasformación operaría y cobraría vigencia a partir del ocho de febrero de dos mil catorce. Que no era impedimento para que el nuevo órgano surgiera a la vida jurídica, que se encontrara temporal o transitoriamente integrado por los comisionados del entonces existente instituto de transparencia, es decir, que la existencia del nuevo órgano no estaba supeditada a la conformación de su nueva integración. Que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales continuarían en sus funciones como comisionados del nuevo órgano. Que en tanto se emitía la legislación correspondiente, el nuevo órgano ejercería directamente las atribuciones y competencias previstas en el decreto de reforma constitucional (dentro de las cuales se incluye la facultad de iniciar acciones de inconstitucionalidad), conforme a la normatividad vigente en su momento.
15. En efecto, a la luz de las disposiciones previstas en el decreto constitucional señalado, este Tribunal Constitucional concluye que lo que se pretendió es que hubiera una continuidad en el ejercicio de las funciones estatales garantes de los derechos de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. Que no por el hecho de que se creara un órgano estatal con nuevas características y naturaleza constitucional, se dejaría en suspenso el régimen jurídico y su aplicación. Por el contrario, la idea detrás de la reforma fue que el órgano garante de tales derechos continuara ejerciendo sus funciones, sin menoscabo de los procesos administrativos y constitucionales para su operatividad plena, lo que incluye, sin duda, la posibilidad de ejercer el nuevo medio de control constitucional a su alcance.
16. En virtud de lo anterior, esta Suprema Corte considera que en la fecha en que se presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos ya se había transformado en el nuevo órgano garante con autonomía constitucional y, por tanto, contaba con legitimación para instar este medio de control.
17. Ahora bien, en términos del artículo 36 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente al momento de presentar la demanda,(19) la representación legal del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos recaía en su presidente. En tal sentido, si la demanda fue suscrita por Gerardo Laveaga Rendón, quien se ostentó como presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, debe concluirse que dicho funcionario contaba con la legitimación necesaria para acudir a la presente vía.
18. Finalmente, tomando en consideración que el instituto federal impugnó el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales al estimar que vulnera el derecho a la protección de datos personales, se concluye que también se encuentra legitimado en razón de la materia para promover la presente acción de inconstitucionalidad.
19. Por todo lo anterior, se estima infundada la causal de improcedencia hecha valer al respecto por el presidente de la República.
V. Improcedencia y sobreseimiento
20. El Tribunal Pleno no advierte de oficio motivo de improcedencia o de sobreseimiento en el presente asunto y, salvo lo señalado en el apartado anterior, las autoridades que rindieron informe no hicieron valer alguno otro.
Ver tabla
1. Inspección de personas y de vehículos
21. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que los artículos 132, fracción VII,(20) 147, tercer párrafo,(21) 251, fracciones III y V,(22) 266(23) y 268(24) del Código Nacional de Procedimientos Penales transgreden los derechos a la libertad personal y de tránsito, seguridad jurídica, privacidad y vida privada, integridad personal y de no injerencias arbitrarias, así como los principios de legalidad y de certeza jurídica, reconocidos en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución, 3, 9 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 5, 7, 8, 11 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y, 9 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, medularmente por los argumentos siguientes:
a) Autorizan a la policía a realizar la inspección de personas y de vehículos en la investigación de los delitos sin que al efecto se exija que cuenten con orden escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder, conforme al artículo 16 de la Constitución.
b) Esta circunstancia permite a los policías, motu proprio, inspeccionar a cualquier persona o vehículo de manera discrecional y arbitraria.
c) Se prevén inspecciones exentas de cumplir con los requisitos y formalidades constitucionales y únicamente obligan a las policías a informarlas de inmediato al Ministerio Público, por lo que legitiman actos arbitrarios.
d) Al practicarse este tipo de inspecciones, se atenta contra la libertad personal y de tránsito, puesto que, de manera indirecta, los particulares pueden ser sujetos de una detención arbitraria por parte de la policía al momento en que lleven a cabo sus investigaciones.
e) La inspección es un acto de molestia, pues implica acciones sumamente invasivas a la intimidad y vida privada de las personas, por lo que deben ceñirse al primer párrafo del artículo 16 constitucional.
f) Los actos de molestia previstos por los artículos impugnados no constituyen una inspección, puesto que ésta consiste en hacer constar únicamente lo que se pueda percibir a través de los sentidos, tal como lo dispone el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en su numeral 267.(25) En términos de ese precepto, las inspecciones que realicen las policías deben limitarse a describir lo que perciben mediante sus sentidos, absteniéndose de efectuar actos invasivos de la intimidad personal, puesto que éstos se encuentran fuera de sus atribuciones y sólo se pueden llevar a cabo por orden escrita de autoridad competente que funde y motive tal proceder.
g) Indebidamente se otorga la facultad a la policía de realizar inspecciones de forma discrecional y a su arbitrio, lo que contraviene el artículo 21 de la Constitución Federal, que expresamente dispone, que en la investigación de los delitos, la policía siempre actuará bajo la conducción y el mando del Ministerio Público.
h) Se concede la facultad de inspeccionar vehículos, sin que se prevea la delimitación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni el propio Código Nacional de Procedimientos Penales regula tal figura jurídica, lo que se traduce en omisión legislativa.
i) La ausencia de reglas sobre la inspección de vehículos impide su eficaz aplicación, al no prever con exactitud el procedimiento que debe utilizarse para practicar esa medida, lo que incumple con diversos principios constitucionales, tales como el de legalidad, seguridad y certeza jurídica, así como la exacta aplicación de la ley penal.
j) El código autoriza que las inspecciones se realicen incluso de manera forzosa, sin que al efecto se requiera mandamiento escrito de autoridad competente que detalle los motivos y causas por los cuales deba procederse.
22. Sobre el particular, el Ejecutivo Federal, las Cámaras de Diputados y Senadores y la Procuraduría General de la República señalaron en sus informes medularmente lo siguiente:
• Que los artículos impugnados son acordes con la Constitución, toda vez que la inspección de personas y de vehículos constituye un acto de molestia que no requiere mandamiento escrito emitido por autoridad competente en razón del contexto de inmediatez en que se realiza, aunado a que se encuentra limitada a que se ejecute con respeto a la dignidad de las personas y en situaciones de flagrancia o cuando existan indicios de que cierto individuo oculta entre sus ropas o lleva adherido a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga, lo que se traduce en que la policía no podrá ejercer tal facultad de manera arbitraria (presidente y Procuraduría General de la República).
• Que la inspección de vehículos se encuentra acotada a los supuestos de flagrancia, por lo que las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que podrá llevarse a cabo esa inspección se sujetan a aquella figura jurídica y, en consecuencia, no existe omisión legislativa (presidente de la República).
• Que los artículos impugnados tienen validez formal, ya que se emitieron conforme al procedimiento que la Constitución establece para la creación de leyes. Que tienen validez material debido a que la restricción que prevén al derecho de privacidad tiene un fin legítimo, consistente en dar mayor protección a los derechos humanos de la colectividad por razones de seguridad pública, además de que está delimitada por reglas específicas que resultan proporcionales y necesarias, por lo que de ningún modo resulta arbitraria (Cámara de Senadores).
• Que el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución faculta al Ministerio Público y a las policías, éstas bajo la conducción y mando de aquél, para investigar los delitos, de manera que la inspección de personas y de vehículos durante la etapa de investigación prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales es acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Cámara de Senadores).
• Que la inspección de vehículos se debe realizar en términos del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, por lo que no existe omisión respecto en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar debe desarrollarse esa facultad del Ministerio Público y de las policías (Cámara de Senadores).
• Que el hecho de que los artículos impugnados no establezcan la necesidad de fundar y motivar en cada caso el ejercicio de la facultad en cuestión, no condiciona su constitucionalidad, puesto que en el supuesto de que la autoridad no se sujete a ese principio, el problema no radicará en la constitucionalidad de aquellos artículos, sino en la legalidad de la actuación de dicha autoridad (Cámara de Diputados).
23. Ahora bien, los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales impugnados prevén (i) que dentro de las obligaciones de la policía se encuentra la de practicar inspecciones y reportar sus resultados al Ministerio Público; (ii) que en aquellos casos en que requiera autorización judicial, deberá obtenerla a través del Ministerio Público; (iii) que dentro de las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de Control, se contempla la inspección de personas y de vehículos; (iv) que en la investigación de los delitos, la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia o si existen indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga; (v) que la revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones; (vi) en el caso de la detención en flagrancia, la inspección realizada por los cuerpos de seguridad pública deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, y (vii) que sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste, se podrá realizar un registro forzoso.
24. Ante ello, la interrogante que se presenta a esta Suprema Corte de Justicia no es menor. Debemos determinar si la inspección de las personas y sus posesiones (incluidos vehículos) a cargo de la policía, tal y como fue establecida y regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es o no contraria al artículo 16 de la Constitución, en tanto permite que tales actos de investigación se practiquen sin cumplir con los requisitos previstos en tal precepto, esto es, si deben realizarse previo mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su actuar.
25. El tema es de la mayor relevancia. Las restricciones a la libertad personal de los ciudadanos, uno de sus derechos más preciados, deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional. No es casualidad que la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos la protejan con tanta intensidad y arrebato. Se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad,(26) que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos, para un completo desarrollo y bienestar de las personas. Los parámetros y estándares de actuación de los agentes estatales que practiquen este tipo de actos de investigación, deben ser claros y del conocimiento general, en aras de una eficaz protección en contra de cualquier vulneración a tal derecho.
26. El estudio constitucional que nos ocupa debe empezar, ineludiblemente, situándonos en un nuevo contexto jurídico y normativo relacionado con la adopción por el Estado Mexicano del sistema de justicia penal de corte acusatorio.
27. La reforma constitucional en materia de justicia penal del año dos mil ocho, representa no sólo una transformación en el sistema de procuración y administración de justicia, sino un verdadero cambio de paradigma. Pasamos de un procedimiento penal inquisitorio mixto a uno acusatorio y oral, cuyas enormes diferencias son clave para entender, por un lado, la forma en que deben interpretarse de aquí en adelante las disposiciones en materia procesal penal y, por el otro, el modo en que los integrantes de este tribunal abordaremos su regularidad constitucional.
28. Transitamos de un Juez ausente en las audiencias a uno obligado a participar directamente en ellas. Del desarrollo del juicio a través de un expediente escrito, a la oralidad y a la publicidad de las sesiones. De la presunción de culpabilidad y de la "detención para investigar", a la presunción de inocencia y a la excepcionalidad de la prisión preventiva. Éstos y otros muchos elementos diferenciadores importantes dan cuenta de una intencionalidad manifiesta de evolución y renovación en esta materia.
29. Pero de manera relevante, el nuevo marco jurídico cambió la forma en que se investigan los delitos, el modo en que los datos obtenidos en la investigación son presentados ante los Jueces, así como las reglas sobre su validez, desahogo y valoración, para lograr el esclarecimiento de la verdad, como uno de los objetivos principales del nuevo sistema.
30. La policía es ahora central en la investigación. Pasó de ser un mero auxiliar instrumental del Ministerio Público, sin mayores capacidades o aptitudes de indagación criminal, a constituirse en figura esencial del proceso, en tanto se le confirió de manera directa la facultad investigadora, si bien refrendando que el fiscal continuará al mando y conducción de la investigación de los delitos. Es decir, la policía investiga los delitos como función propia, con sus propios elementos, técnicas y conocimientos científicos y criminalísticos, bajo la supervisión y orientación jurídico-operativa del Ministerio Público.
31. Lo anterior se desprende del propio artículo 21 constitucional, cuyo primer párrafo antes establecía que: "la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato"(27) y en cambio, derivado de la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho, ahora señala que "la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en ejercicio de esta función", de lo que claramente se desprende que la intención del Constituyente Permanente fue otorgar a la policía facultades para que la labor de investigación de delitos fuera una tarea compartida con el Ministerio Público.(28)
32. Asimismo, el noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución Federal, que también fue reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, establece el fundamento de la prevención, investigación y persecución de delitos al señalar que "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala".
33. En este sentido, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 constitucional, establece en su artículo 3 que la función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de, entre otras, las instituciones policiales, otorgándoles para ello diversas atribuciones para cumplir con la función de Seguridad Pública.(29)
34. Como consecuencia, el artículo 75 de la ley en cuestión, establece que las instituciones policiales cuentan con funciones de investigación que serán aplicables ante (i) la necesidad de preservar la escena de un hecho probablemente delictivo, (ii) la petición del Ministerio Público para realizar actos de investigación de los delitos, debiendo actuar bajo el mando y conducción de éste, (iii) los actos que se deban realizar de forma inmediata, y (iv) la comisión de un delito en flagrancia.(30)
35. Asimismo, el artículo 77 de la ley en cita, señala que las instituciones policiales, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tendrán –dentro del marco de sus competencias– la facultad de practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los hechos que la ley señale como delito y la identidad de quien lo cometió o participó en su comisión, bajo el mando y conducción del Ministerio Público, así como participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes, entre otras.(31)
36. En virtud de que el Constituyente Permanente tuvo la intención de que se dotara a la policía con facultades para la investigación de delitos, el fiscal deja de ser una figura que actúa forzosamente en el campo. Ya no es el detective. Ya no es necesaria su participación e intervención –para efectos de validez– en las investigaciones, en la recolección de datos de prueba y en la realización de técnicas de investigación. La policía asume ahora estas tareas, pero con un matiz de responsabilidad distinto, a partir de una diferencia central entre ambos sistemas: el estándar probatorio.
37. En palabras de la Primera Sala de la Suprema Corte, en la contradicción de tesis 160/2010:
"Del análisis anterior, se deriva lo que diferencia a ambos sistemas penales: el estándar probatorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, dentro del sistema inquisitorio, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite; esto es, se demuestre, la probable responsabilidad penal del inculpado y su participación en el evento delictivo, tales medios de prueba –de reunir todos los requisitos legales–, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28400-6b13f627/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-presidente-del-instituto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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Tesis y jurisprudencia relacionadas
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- RETENCIÓN DEL INCULPADO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. SI EXISTEN DATOS QUE HAGAN PRESUMIR QUE AQUÉL SE ENCONTRABA BAJO ARRAIGO Y EL JUEZ RESUELVE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INDICIADO, (IV.1o.P. J/5 (10a.))
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