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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES DE CARÁCTER FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE VULNEREN LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PUEDE PRESENTAR LA DEMANDA EN LA REPRESENTACIÓN DE ESE ÓRGANO LEGITIMADO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. V. GUARDIA NACIONAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN NO OMITIÓ REGULAR LOS SUPUESTOS PARA LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE AQUÉLLA CON LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS. VI. GUARDIA NACIONAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, FRACCIÓN SEGUNDA, DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES EN LA MATERIA, EN EL SENTIDO DE INCLUIR EN LA LEY RELATIVA LAS REGLAS PARA DETERMINAR LAS APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CUANDO SOLICITEN LA COLABORACIÓN DE AQUÉLLA PARA LA ATENCIÓN DE TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COMPETENCIA LOCAL. VII. GUARDIA NACIONAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES EN LA MATERIA, EN EL SENTIDO DE INCLUIR EN LA LEY QUE REGULA A ESA INSTITUCIÓN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE SUS INTEGRANTES. VIII. OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. IX. GUARDIA NACIONAL. CONTENIDO DE LA LEY RELATIVA. X. GUARDIA NACIONAL. LA INVESTIGACIÓN PARA PREVENIR EL DELITO CONSTITUYE UNA ATRIBUCIÓN QUE LE CORRESPONDE, EN SUS FUNCIONES DE POLICÍA, COMO INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (ARTÍCULO 9, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL). XI. PREVENCIÓN DEL DELITO. SU CONCEPTO. XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL VIGENTES AL MOMENTO DE RESOLVER. XIII. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 18 DE JUNIO DE 2008 ESTABLECIÓ UNA NUEVA REGULACIÓN NACIONAL Y GENERAL DE BASES DE COORDINACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. XIV. GUARDIA NACIONAL. SU FACULTAD DE INVESTIGACIÓN PARA PREVENIR EL DELITO, COMO PARTE DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, NO CORRESPONDE ESTAR DIRIGIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO (ARTÍCULO 9, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL). XV. SEGURIDAD PÚBLICA. LA PREVENCIÓN DEL DELITO IMPLICA EFECTUAR EN MAYOR O MENOR MEDIDA LABORES DE INVESTIGACIÓN. XVI. GUARDIA NACIONAL. SU FACULTAD DE INVESTIGACIÓN PARA PREVENIR EL DELITO DEBE EJERCERSE CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, HONRADEZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 9, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL). XVII. GUARDIA NACIONAL. ANÁLISIS SOBRE SI LA FACULTAD DE ESA INSTITUCIÓN DE EFECTUAR TAREAS DE VERIFICACIÓN, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, FORMA PARTE DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL). XVIII. GUARDIA NACIONAL. SUS FACULTADES GENÉRICAS DE INVESTIGACIÓN PARA PREVENIR DELITOS NO CONSTITUYEN ACTOS DE MOLESTIA, AL NO AFECTAR NI SIQUIERA DE FORMA TEMPORAL LA ESFERA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS (ARTÍCULO 9, FRACCIONES V, XXIX Y XXXVIII, DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL). XIX. GUARDIA NACIONAL. SUS FACULTADES GENÉRICAS DE INVESTIGACIÓN PARA PREVENIR DELITOS NO SE REALIZAN DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL Y, POR ENDE, NO SE DIRIGEN A PERSONA DETERMINADA Y CONCRETA, SINO CON EL PROPÓSITO DE SABER CÓMO OPERA EL DELITO Y EVITAR FUTUROS ILÍCITOS (ARTÍCULO 9, FRACCIONES V, XXIX Y XXXVIII, DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL). XX. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. XXI. GUARDIA NACIONAL. SU FACULTAD DE INVESTIGACIÓN PREVENTIVA ESTÁ SUJETA A LÍMITES QUE, DE SOBREPASARLOS, CASO POR CASO, SE DEJARÁ SIN EFECTO LO OBTENIDO POR ESA INSTITUCIÓN (ARTÍCULO 9, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL). XXII. GUARDIA NACIONAL. SU FACULTAD DE OBTENER, PROCESAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN PUEDE ENMARCARSE EN EL DESPLIEGUE DE INTELIGENCIA POLICIACA PARA PREVENIR EL DELITO, POR LO QUE NO SE TRADUCE EN UN ACTO DE MOLESTIA O RESTRICCIÓN EN LA ESFERA DE DERECHOS DE UN SUJETO DETERMINADO (ARTÍCULO 9, FRACCIÓN XXIX, DE LA LEY D

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 62/2019. · Registro digital (IUS): 32725
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-09-20
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Septiembre de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.95.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 62/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 25 DE ABRIL DE 2023. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ÉRIKA YAZMÍN ZÁRATE VILLA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 62/2019, promovida por Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de la Ley de la Guardia Nacional, en su integridad, expedida mediante Decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, de fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH") presentó demanda para impugnar la constitucionalidad de la Ley de la Guardia Nacional en su totalidad y, en lo particular, de los artículos 9o., fracciones III, IV, V, XVIII, XXVI, XXIX, XXXIII, XXXV, XXXVI y XXXVIII, 14, fracción IV, en la porción normativa "no estar sujeto o vinculado a proceso penal ni contar con orden de aprehensión, presentación o comparecencia", 25, fracciones II y VII, en la porción normativa "dado de baja o cualquier otra forma de terminación del servicio de alguna institución de seguridad pública", 60, fracción V, 63, párrafo último, 66, fracciones III y IV y párrafo último, 75, 82, último párrafo, 100, 102, 103, 104, 105 y 106, publicados en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.(1)

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la CNDH expuso los siguientes conceptos de invalidez:

a) La Ley de la Guardia Nacional, en su totalidad, no regula los elementos mínimos establecidos en el artículo cuarto transitorio, fracción II, del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional" (en adelante, decreto de reformas en materia de Guardia Nacional), lo que se traduce en omisiones legislativas parciales en competencias de ejercicio obligatorio que implican una afectación al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad.

Con la finalidad de reglamentar la actuación y formación de la Guardia Nacional, el Poder Reformador de la Constitución modificó el artículo 73, fracción XXIII, para establecer la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; y organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución. Además, el Poder Reformador consideró trascendental precisar cuáles eran los elementos esenciales que debía contener la Ley de la Guardia Nacional. Por tal motivo, a través del régimen transitorio, se incorporó la obligación de legislar sobre ciertos componentes básicos para el adecuado funcionamiento de la institución policial.

Tales previsiones de contenido esencial fueron establecidas de forma particular en el artículo cuarto transitorio, fracción II, del decreto de reformas en materia de Guardia Nacional, publicado el veintiséis de marzo de dos mi diecinueve. No obstante, del análisis integral de la Ley de la Guardia Nacional, se advierte que el Congreso de la Unión expidió dicho cuerpo normativo sin cumplir con la totalidad de los elementos referidos. En concreto, dicho órgano no reguló los supuestos de coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las entidades federativas, ni estableció las reglas para determinar las aportaciones de los Estados, así como los criterios de evaluación de sus integrantes.

Las omisiones legislativas en que incurrió el legislador federal implican un incumplimiento por parte del Congreso de la Unión de un mandato constitucional, lo cual tiene como consecuencia la transgresión al principio de legalidad, aunado a que se genera incertidumbre jurídica respecto de los elementos que no fueron regulados.

En primer lugar, la ley impugnada es omisa en regular los supuestos de coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los Municipios. La ley se limita a referir que se llevarán a cabo acciones de colaboración y coordinación sin precisar cuáles serán los supuestos –como lo exige el texto constitucional–. En el mismo sentido, la Ley solamente señala que "los términos, condiciones, obligaciones y derechos que correspondan a la Guardia Nacional y a las autoridades de las entidades federativas y Municipios, se establecerán en los convenios de colaboración que al efecto se suscriban entre el Secretario, el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate y, en su caso, los presidentes municipales correspondientes". Si bien de la lectura sistemática de los artículos 6o., fracción IV, 88, 89, 90, 91, 92 se desprende que habrá colaboración y coordinación entre la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, no se prevén los supuestos específicos que posibilitarán dicha participación conjunta. Por ello, no se puede acotar el margen de actuación de la Guardia Nacional, lo cual da pauta a la arbitrariedad en cuanto a la determinación de la procedencia de esos supuestos, en vulneración al principio de legalidad y del derecho de seguridad jurídica.

En segundo lugar, la ley impugnada es completamente omisa en cumplir con el mandato constitucional de contemplar las reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y Municipios cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional para la atención de tareas de seguridad pública de competencia local. La ley referida hace una única mención a las aportaciones en el artículo 92, párrafo segundo, donde se determina que los convenios de colaboración que se suscriban entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las entidades federativas o Municipios contendrán las aportaciones que las autoridades locales y municipales realizarán, dejando los términos y condiciones completamente al arbitrio de las partes.

En tercer lugar, por mandato constitucional, la ley impugnada tenía que incorporar la regulación de criterios de evaluación del desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional. Ningún precepto de la ley prevé esos criterios. Los artículos 25, fracción, IV, 26, fracciones VI y IX, 49, 60, fracción XV, 91, 97 fracción XIII, y cuarto transitorio únicamente establecen: i) que se requiere aprobar los procesos de evaluación de control de confianza para ingresar a la Guardia Nacional; ii) la obligación del personal de someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de los requisitos de permanencia; y iii) que el informe presentado por el Ejecutivo Federal ante el Senado de la República debe contener, al menos, la estrategia desplegada para el cumplimiento de los fines de la Guardia Nacional, sus objetivos generales y específicos, así como los resultados obtenidos con base en indicadores de evaluación del desempeño. Corrobora lo anterior el contenido del artículo 26, fracciones VI y IX, ya que dispone que un reglamento establecerá los criterios para la promoción del personal de la Guardia Nacional, entre los cuales se deberá incluir la evaluación del expediente del personal. Es decir, la ley remite a disposiciones reglamentarias para el establecimiento de los criterios de evaluación de los integrantes de la Guardia Nacional, aunque la Constitución refiere de manera expresa que los criterios de evaluación deben formar parte de la ley. Los criterios deben existir y regularse en atención al principio de legalidad y no quedar comprendidos en un reglamento, de lo contrario, se vulnera el ese principio y el derecho a la seguridad jurídica.

b) El artículo 9o., fracciones III, IV, V, XVIII, XXVI, XXIX, XXXVIII y XXXII, así como los diversos 100, 102, 103, 104, 105 y 106, de la Ley de la Guardia Nacional establecen distintas atribuciones de la Guardia Nacional –en materia de prevención del delitos e infracciones administrativas– que resultan indeterminadas, genéricas y ambiguas. Eso da pauta a la arbitrariedad y vulnera el derecho a la seguridad jurídica, a la privacidad y a la intimidad; así como el principio de legalidad y la prohibición de injerencias arbitrarias.

Las fracciones impugnadas habilitan a la Guardia Nacional para investigar y verificar a los gobernados y sus posesiones, así como para determinar la posición geográfica de sus dispositivos móviles, sin que exista denuncia alguna, para la prevención de delitos e infracciones administrativas. Es decir, sin actualizarse los supuestos de flagrancia o sin tener noticia de la comisión o posible comisión de un delito, la Guardia Nacional puede realizar tareas de investigación y verificación; recabar cualquier tipo de información; llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados; solicitar la georreferenciación de dispositivos móviles; y realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo de sitios web. Asimismo, la ley referida no precisa los límites y circunstancias específicas en que se podrán ejercer esas atribuciones. Esto permitirá a la autoridad actuar de manera arbitraria y, en consecuencia, realizar actos de molestia que podrían resultar invasivos de la intimidad y privacidad de las personas.

En términos constitucionales, algunas técnicas y actos de investigación (como la intervención de comunicaciones o la georreferenciación) solo pueden llevarse a cabo de forma excepcional y con previa autorización judicial, para el esclarecimiento de una conducta delictiva cometida; nunca para prevenir los delitos. Existe una indebida habilitación para que se lleven a cabo tareas de investigación, verificación, geolocalización, entre otras, para prevenir hechos futuros de realización incierta.

Al respecto, es necesario considerar que el artículo 9o., fracción VIII, de la Ley impugnada faculta a la Guardia Nacional para realizar, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, las investigaciones de los delitos cometidos y las actuaciones que les instruya aquel o la autoridad jurisdiccional. Ello resulta plenamente compatible con el andamiaje constitucional en materia de seguridad pública. No obstante, los artículos impugnados facultan a la referida institución federal para que, sin la conducción del Ministerio Público, realice actos de investigación para prevenir delitos y faltas administrativas. Más aun, en términos de la fracción IV, pueden efectuar tareas de verificación para prevenir la comisión de infracciones administrativas, cualesquiera que estas sean, tales como las infracciones en materia de tránsito o las faltas a las disposiciones de cultura cívica. En suma, se faculta a la Guardia Nacional para realizar tareas de investigación motu proprio, sin el mando y sin la conducción del Ministerio Público, con la finalidad de prevenir delitos.

En particular, la fracciones XVIII (que permite a los elementos de la Guardia Nacional requerir a autoridades y solicitar a las personas físicas o morales informes o documentos para fines de investigación) y XXIX (que permite obtener, analizar y procesar información y realizar acciones necesarias para la prevención de delitos de manera directa o mediante mecanismos de coordinación) del artículo 9o. dejan al completo arbitrio de dicha autoridad la posibilidad de realizar diversos actos de molestia. Aunque se establece que los documentos requeridos serán para fines de investigación, debe tomarse en consideración que en la misma Ley se hace referencia a "investigaciones para la prevención de los delitos", lo cual genera incertidumbre, ya que no se tiene la certeza sobre si dichas pesquisas se realizan para prevenir delitos, o bien, dentro de una investigación criminal bajo el mando del Ministerio Público.

I. Intervención de comunicaciones y georreferencia en tiempo real

El artículo 9o., fracción XXVI, de Ley referida faculta a dicha institución para solicitar a la autoridad competente, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite la información con que cuenten y la georreferencia de los equipos móviles, con fines de prevención del delito. Por su parte, el diverso 100 de dicho ordenamiento establece la posibilidad de que se efectúe la intervención preventiva de comunicaciones privadas. Los subsecuentes 101, 102, 103, 104, 105 y 106 regulan la intervención de las comunicaciones privadas estableciendo los principios que la rigen, los requisitos que deberá contener la solicitud, el catálogo de delitos que ameritan dicha intervención, otras reglas de intervención de la autoridad judicial, lo procedente en el caso de que no existan elementos que acrediten la posible comisión de un delito, y los sujetos que podrán dar cumplimiento a tales intervenciones.

i. Intervención de comunicaciones privadas

El artículo 16 constitucional reconoce la posibilidad de que se intervengan las comunicaciones, circunstancia que debe darse en un contexto de excepción y con atribuciones limitadas. La Constitución General únicamente permite que la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, autorice la intervención de cualquier comunicación privada.

En este sentido, los artículos impugnados son amplios e indeterminados al no limitar el uso de dichas técnicas a una investigación criminal, pues puede utilizarse bajo fines preventivos, lo que vulnera los derechos de seguridad jurídica, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones, así como el principio de legalidad. Dichas normas no atienden al principio de excepcionalidad y dan pauta para que los elementos de seguridad pública de esa institución, bajo el argumento de que se encuentran realizando tareas preventivas, intervengan cualquier comunicación por la simple sospecha de que alguien puede llegar a cometer un delito.

Si bien es cierto que el artículo 103 de la Ley de la Guardia Nacional enlista los delitos por los cuales se autorizará la intervención de comunicaciones, las disposiciones combatidas facultan a dicha institución policial para actuar sin encontrarse en el supuesto de investigación de algún delito, sino en ejercicio su facultad de "preventiva". Asimismo, las normas son contradictorias ya que, en un primer supuesto, los artículos 100 y 103 exigen que se acredite la existencia de indicios "suficientes" de que se está organizando la comisión de delitos para que proceda la autorización de intervención de comunicaciones, pero, por otra parte, el artículo 105 prevé que una vez que la Guardia Nacional intervenga una comunicación privada puede advertir "el indicio de la posible comisión de un delito" y hacerlo del conocimiento del Ministerio Público. Es decir, es posible que se ejerza dicha medida sin que previamente se tenga la certeza de que la conducta antijurídica se cometió o está por cometerse. En suma, primero se interviene la comunicación y, si de ello se advierte que se cometió un delito, entonces se hará del conocimiento del Ministerio Público. Las normas permiten que elementos de dicha institución realicen una intervención previa de las comunicaciones privadas de manera discrecional, fuera de un determinado proceso de investigación del delito y sin la conducción del Ministerio Público.

En todo caso, si la Guardia Nacional estuviera en posesión de "indicios suficientes" de hechos posiblemente constitutivos de delitos, deberá dar parte al Ministerio Público, al ser este la autoridad competente, misma que iniciará la etapa inicial del procedimiento penal, en el curso de la cual solicitará a la autoridad judicial competente la intervención de comunicaciones en determinados delitos, si el caso lo amerita.

ii. Geolocalización

En la ejecutoria de la acción de inconstitucionalidad 32/2012, se llegó a la conclusión de que, aunque la medida de geolocalización en tiempo real de equipos móviles pudiera tener el efecto de invadir la vida privada, ello se encuentra constitucionalmente justificado. No obstante, este Alto Tribunal también fue enfático al determinar que la medida debe encontrarse limitada a delitos taxativamente enunciados, en los que se pretende salvaguardar bienes jurídicos de la mayor relevancia o siempre que se estuviera en presencia de un caso urgente.

La facultad que se confiere a la autoridad ministerial es de orden excepcional, pues su ejercicio solo procede en aquellos casos en que se cuente con elementos que hagan probable la comisión de los delitos taxativamente enunciados, todos ellos de gravedad o de particular trascendencia. En este sentido, al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, el Pleno concluyó que la figura de geolocalización persigue un fin constitucionalmente legítimo; es una medida idónea en tanto que constituye una herramienta que facilita y dota de eficacia a la función constitucional de prevención, investigación y persecución del delito; y puede considerarse que los altos índices de delincuencia en el país hacen necesario el uso de tecnologías como la geolocalización, que llevan a mejores y más eficientes resultados que las técnicas tradicionales de persecución de los delitos.

Tratándose de delitos menores o que no pongan en alto riesgo la vida, integridad y seguridad de la persona, no se cumple con la proporcionalidad en sentido estricto porque la afectación al derecho es mucho mayor a la importancia del fin perseguido. Para que la medida supere el test de proporcionalidad, debe estar restringida sólo a los delitos más gravosos para la población o a los supuestos de urgencia, esto es, (i) cuando se pongan en riesgo la vida o integridad física de las víctimas del delito o (ii) cuando exista riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito, supuestos en los que la geolocalización juega un papel fundamental en la investigación del delito por sus características y la información que provee. No se cuestiona la constitucionalidad de la medida de geolocalización en tiempo real, siempre y cuando la misma se sujete a los límites constitucionales y legales.

No obstante, la fracción XXVI del artículo 9o., al permitir que la Guardia Nacional solicite por escrito, previa autorización del juez, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, no supera el test de proporcionalidad. Dada la amplitud de la fracción, no es posible establecer parámetros para su implementación razonable y proporcional, lo que se traduce en una intromisión en el ámbito privado de los individuos. No fue previsto límite alguno en los casos en los que elementos de la Guardia Nacional pueden solicitar la geolocalización o georreferenciación, ya que el legislador federal fue omiso al acotar ciertos delitos o supuestos de urgencia que vuelvan imperiosa la aplicación de tal medida. La norma resulta aún más indeterminada y extensiva al justificar su uso en tareas preventivas.

II. Acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de Internet sobre sitios web

La fracción XXXVIII del artículo 9o. de la Ley referida faculta a la Guardia Nacional para realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de internet sobre sitios web, con el fin de prevenir conductas delictivas. Esta disposición resulta amplia e indeterminada, ya que permite a la autoridad vigilar, identificar, monitorear y rastrear cualquier tipo de contenido que se encuentre en internet sin tomar en consideración que no toda la información que se encuentra en ese medio es de carácter público. El uso de la red de internet implica el intercambio de información de una diversidad de documentos y archivos que, por el hecho de emplear una plataforma de conexión común a distintos usuarios, no implica que todos los datos sean públicos y objeto de vigilancia por parte de cualquier autoridad. Esos datos también se encuentran protegidos por el derecho a la vida privada y a la intimidad, pero con matices e implicaciones específicas derivado del contexto actual en el que existe un incremento en el uso de tecnologías digitales, particularmente en el ámbito de las comunicaciones. No obstante, es posible que el empleo de sistemas o programas de vigilancia por parte de las autoridades estatales resulte legítimo en algunos casos. En tal supuesto, resulta indispensable que las medidas se encuentren especialmente reguladas y controladas para evitar que un Estado tenga un alto poder invasivo sobre las personas sujetas a vigilancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido que los programas de vigilancia pueden tener un grave impacto sobre los derechos a la intimidad o a la libertad de expresión, por lo que existe una necesidad urgente de que los Estados revisen su legislación para establecer los límites a la potestad para vigilar las comunicaciones en línea, su necesidad y proporcionalidad, y los principios de derecho internacional sobre la materia.

Adicionalmente, la CIDH señaló que suelen invocarse razones de seguridad nacional y lucha contra el delito o crimen organizado para llevar a cabo actividades estatales de vigilancia en internet. Para limitar el ejercicio de interpretaciones discrecionales, es necesario especificar claramente los criterios que deben aplicarse para determinar los casos en los cuales este tipo de limitaciones resulta legítimo. Además, para que un programa de vigilancia de las comunicaciones en línea resulte adecuado, es necesario que los Estados demuestren que las limitaciones a los derechos a la intimidad y en su caso, de expresión, sean estrictamente necesarias en una sociedad democrática para lograr los objetivos que persiguen. Paralelamente, cualquier restricción a la libertad de expresión o a la privacidad en Internet como efecto de una medida estatal de seguridad debe respetar los requisitos procedimentales impuestos por el derecho interamericano.

Contrario a lo anterior, la fracción XXXVIII del artículo 9o. de la Ley de la Guardia Nacional resulta lesiva del derecho a la privacidad e intimidad de las personas, ya que presupone que la información y contenido de sitios web que se encuentra en internet es pública y, por lo tanto, objeto de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo. La amplitud de la norma permite a los elementos de seguridad pública realizar esas conductas sin limitación, facultándolos para realizar toda clase de actos invasivos a la intimidad de las personas. La posibilidad de que se ejecuten estos actos sobre toda la información y contenido de sitios web, con el propósito de prevenir delitos, abre la posibilidad de que, ante cualquier sospecha, elementos de la Guardia Nacional puedan inspeccionar sitios o páginas de internet que no sean de carácter público.

III. Proporcionalidad de las medidas

Finalmente, si bien las medidas mencionadas pudieran perseguir un fin constitucionalmente válido, como la prevención del delito, resultan desproporcionadas. Es necesario un examen de la norma impugnada para determinar, en el caso concreto, las relaciones entre el fin perseguido y su colisión con los derechos mencionados, lo que debe resolverse con un test de proporcionalidad.

Identificando los fines que ha perseguido el legislador federal con las normas impugnadas, se advierte que estos pueden resultar válidos constitucionalmente. Podría estimarse que la intención del legislador al dotar a la Guardia Nacional de determinadas facultades sobre la prevención del delito se comprende dentro de la seguridad pública, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Federal.

Tratándose de la idoneidad de las normas, este requisito se cumple en relación con la finalidad, pues las medidas pretenden alcanzar en algún grado los fines perseguidos por el legislador, ya que la Guardia Nacional debe preservar los objetivos de la seguridad pública –como lo son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social–. Es decir, con tales previsiones normativas se busca cumplir con la labor preventiva del delito.

No obstante, la medida no resulta necesaria, pues en el caso concreto la prevención del delito no puede circunscribirse a la capacidad reactiva del Estado frente a los delitos. Dicha función debe concebirse de manera integral, tomando en consideración todas las políticas públicas dirigidas a la raíz de los delitos, es decir, debe abordarse el fenómeno delictivo como problema social cuyas soluciones se encuentren en las causas que llevan a un individuo a delinquir. Por ello, la política pública de la prevención del delito debe considerar otros elementos que pueden incidir en la comisión de conductas delictivas –como los educativos, familiares, culturales, entre otros–.

Asimismo, las medidas resultan desproporcionales, ya que es factible que posibiliten la arbitrariedad y abuso de la autoridad, lo que coloca en una situación de incertidumbre a los gobernados. La afectación o vulneración a los derechos fundamentales es mayor en relación con el fin que se persigue. No se desconoce que se incorporó el concepto de investigación preventiva y las atribuciones propias de este a la Ley de la Policía Federal, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de junio de 2009, con la finalidad de fortalecer las atribuciones y acciones que permitan mejorar la prevención del delito, ni que dichas facultades se trasladaron a la Ley de la Guardia Nacional. Sin embargo, el análisis de la constitucionalidad de la norma que se impugna debe realizarse a la luz de la reforma constitucional de junio de 2011. Se reitera que el efecto de la norma es desproporcionado con relación al fin que se pretende alcanzar, pues la afectación que se genera a los derechos a la intimidad, privacidad, seguridad jurídica, y prohibición de injerencias arbitrarias resulta mucho mayor.

Por lo anterior, resulta indispensable que el Máximo Tribunal se pronuncie acerca de los límites entre la facultad preventiva y de investigación, así como de los actos que en cada una de ellas puede efectuar la Guardia Nacional como autoridad policial, los supuestos que ameritarán tales medidas y de manera especial los actos de investigación permisibles para la prevención de los delitos.

c) El artículo 9o., en sus fracciones XXXIII, XXXV y XXXVI, permite a la Guardia Nacional inspeccionar y vigilar la entrada y salida de personas en el país, así como verificar si los extranjeros que residen en el territorio nacional cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Migración; igualmente, se les faculta para apoyar en el aseguramiento y resguardo de los extranjeros que incumplan con dicho ordenamiento.

Las fracciones referidas transgreden los derechos de libertad de tránsito, seguridad personal, a la intimidad, de protección de datos personales, así como la prohibición de injerencias arbitrarias. La CNDH ha recomendado a las autoridades que participan en tareas de seguridad pública que se abstengan de realizar acciones de verificación migratoria al margen de la ley en contra de los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional. Aunado a lo anterior, el legislador federal perdió de vista que existen diversas categorías en materia migratoria –tales como refugiados, apátridas y trabajadores migratorios– y disposiciones internacionales relacionadas con estos grupos. La calidad migratoria de una persona no puede constituir, de manera alguna, una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos. Si bien la política migratoria es parte del ejercicio de la soberanía de un Estado, la misma no puede realizarse discrecionalmente.

La Constitución Federal establece en su artículo 11 que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. La restricción de este derecho solo está justificada de manera excepcional. Dichas excepciones se encuentran enunciadas en el propio texto constitucional y refieren que dicha libertad puede ser limitada de acuerdo con las facultades ejercidas en dos ámbitos: 1) el administrativo y 2) el judicial. Respecto al primero, las limitaciones se pueden dar en leyes sobre emigración, inmigración, salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. En cambio, el segundo puede darse en los casos de responsabilidad criminal o civil.

Las disposiciones cuestionadas introducen una restricción a la libertad de tránsito e irrumpen el ejercicio de la libertad de movilidad deambulatoria debido a que facultan al personal de la Guardia Nacional a detener temporalmente a las personas para la inspección de los documentos migratorios a fin de verificar su estancia regular, lo cual es una atribución que corresponde de manera exclusiva al personal del Instituto Nacional de Migración. La Guardia Nacional no está capacitada para verificar el estatus migratorio. Las decisiones en materia migratoria no pueden ser delegadas a funcionarios policiales o administrativos no especializados.

También cabe destacar q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32725-7e5f101f/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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