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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA DE UNA DISPOSICIÓN LEGAL CONSTITUYE UN ACTO LEGISLATIVO NUEVO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUELLA VÍA, AUN CUANDO REPRODUZCA EL CONTENIDO DE LA NORMA DE VIGENCIA ANTERIOR O TENGA CON ÉSTA SIMILITUDES O DIFERENCIAS ESENCIALES O ACCIDENTALES. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los señores Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. Los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas y Olga Sánchez Cordero de García Villegas votaron en contra) GEOLOCALIZACIÓN. LOS ARTÍCULOS 133 QUÁTER DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y 40 BIS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE ABRIL DE 2012, AL PREVER, RESPECTIVAMENTE, LA FACULTAD DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA SOLICITAR A LOS CONCESIONARIOS O PERMISIONARIOS DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA, EN TIEMPO REAL, DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MÓVIL ASOCIADOS A UNA LÍNEA, QUE ESTÉN RELACIONADOS CON INVESTIGACIONES DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, DELITOS CONTRA LA SALUD, SECUESTRO, EXTORSIÓN O AMENAZAS, ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN DE AQUÉLLOS DE COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN DICHA LOCALIZACIÓN, NO VIOLAN EL DERECHO HUMANO A LA PRIVACIDAD O A LA VIDA PRIVADA, NI LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. (Razones aprobadas por mayoría de cinco votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales con salvedades, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza con salvedades, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra de las consideraciones) TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, APARTADO D, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE ABRIL DE 2012, AL ESTABLECER QUE PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN SOBRE BANDAS DE FRECUENCIA DEL ESPECTRO PARA USOS DETERMINADOS, EN ESPECÍFICO, PARA EL CASO DE ESOS SERVICIOS, LOS INTERESADOS INCLUIRÁN LAS ACCIONES COORDINADAS CON LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, QUE PERMITAN COMBATIR LOS DELITOS DE EXTORSIÓN, AMENAZAS, EL SECUESTRO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES O ALGÚN DELITO GRAVE O RELACIONADO CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A LA PRIVACIDAD O A LA VIDA PRIVADA, NI LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas)

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2012. · Registro digital (IUS): 25069
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-05-30
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Pág. 65.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2012. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 16 DE ENERO DE 2014. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de enero de dos mil catorce.

VISTOS para resolver los autos de la acción de inconstitucionalidad 32/2012; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las normas generales que más adelante se precisan, emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:

Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan:

a) Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

b) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Normas generales cuya invalidez se cuestiona y medio oficial en que se publicaron. Los artículos 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales y 16, fracción I, apartado D, y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, contenidos en el "Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil doce.

SEGUNDO. Violaciones constitucionales. El promovente señaló como violados los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

TERCERO. Conceptos de invalidez. El promovente expuso, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

Primero. Los artículos 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones son violatorios del derecho humano a la privacidad o a la vida privada, por lo que contradicen los artículos 16 de la Constitución Federal, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de ser contrarios a las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

Tales preceptos son inconstitucionales, al dejar en manos de la autoridad encargada de la persecución del delito, una herramienta que por su naturaleza, transgrede el derecho humano a la privacidad o a la vida privada, lo que se traduce en una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

Es así, pues la permisión de que la Procuraduría General de la República y las de las entidades federativas, sin fundar y motivar la causa legal, se encuentran facultadas, sin límites, para ordenar la localización geográfica de una persona, en tiempo real, implica un ilimitado acceso a información privada, al constituir un registro exhaustivo y preciso de los movimientos públicos y la localización de la persona, lo que refleja detalles importantes sobre su vida personal, familiar, política, religiosa y social.

Constituye una medida inconstitucional, desde la perspectiva de los derechos humanos, que la ley que regule medidas de esta naturaleza, deba ser clara y detallada, atendiendo al principio de legalidad; caso contrario, resultan normas abiertas, al permitir que la autoridad haga uso de la discrecionalidad al aplicarlas, situación jurídicamente inadmisible.

La garantía de legalidad debió acatarse en las invocadas normas, por un lado, para no incurrir en abusos y perjuicio de los particulares a los que se apliquen y, por otro, para establecer límites y responsabilidades a las autoridades facultadas para solicitar la medida y a los concesionarios encargados de implementarla.

En opinión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la norma impugnada carece de tres principios fundamentales que la convierten en una disposición arbitraria, al no acatar las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho humano a la privacidad o a la vida privada, los cuales se exponen a continuación:

I. Falta de participación de la autoridad judicial en la autorización, supervisión y revocación de la solicitud de localización geográfica de un equipo de comunicación móvil. De acuerdo con los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, una persona no puede ser privada de sus derechos si no es mediante juicio seguido ante tribunales competentes, ni ser molestada en su persona sin mandamiento escrito fundado y motivado, por parte de la autoridad competente, como se aprecia de tales preceptos: (los transcribe).

Dichas disposiciones constitucionales contrastan con la reforma impugnada en la presente acción de inconstitucionalidad, pues los numerales citados permiten que el derecho a la privacidad de una persona sea disminuido, sin que para tales efectos medie orden de una autoridad judicial, fundada y motivada que no sólo autorice la medida, sino, además, supervise su debida aplicación y pueda revocarla en un tiempo determinado.

Existen en nuestro ordenamiento jurídico otras herramientas de persecución del delito de naturaleza invasiva de la privacidad de las personas, que para su procedencia, se requiere de autorización y supervisión judicial. Tal es el caso de la intervención de comunicaciones o el cateo.

II. Falta de precisión en el alcance de la medida, en cuanto a los sujetos que pueden ser destinatarios de la localización geográfica de un equipo de comunicación móvil. Los preceptos impugnados contienen una medida lesiva de los derechos humanos, por lo cual la ley que la regula debe ser clara y detallada en cuanto a sus alcances y limitaciones, lo que implica que deban precisarse de manera exacta, todas y cada una de las circunstancias y condiciones que deben concurrir para que proceda. Esto incluye un señalamiento sobre los particulares que podrán ser sujetos de la medida.

El contenido del numeral 40 Bis citado, patentiza que se trata de una norma abierta e ilegal, pues no establece con exactitud quiénes pueden ser sujetos de la norma, ya que se limita a referirse a "equipos de comunicación móvil asociados a una línea, que se encuentren relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas", lo que implica que la disposición puede aplicarse incluso a todos aquellos que, sean o no parte del círculo cercano del investigado, por estar "relacionados" o "asociados", sean también sujetos de la medida de localización geográfica en tiempo real, en sus equipos móviles.

En opinión de la comisión actora, lo dispuesto por la invocada norma no satisface los requisitos de legalidad, certeza y seguridad jurídica que exige la Norma Fundamental, pues la noción de "estar relacionados con investigaciones" es sumamente escueta, pues, se insiste, podría comprender un amplísimo rango de personas.

Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha planteado interesantes criterios sobre el tema, en el Caso de Escher y otros vs. Brasil, donde si bien, la controversia versó sobre la intercepción de comunicaciones privadas, los criterios ahí expuestos pueden ser aplicados en el presente caso, al representar ambas figuras, herramientas gubernamentales invasivas del derecho a la privacidad, que se utilizan para combatir el crimen.

Al respecto, invoca la tesis de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(1) (se transcribe)

III. Falta de precisión en el alcance de la medida, en cuanto al límite temporal de duración. Una medida gubernamental que violenta los derechos humanos debe estar regulada de manera clara y, desde luego, ser específica en cuanto a sus alcances y límites, lo que implica el establecimiento preciso de todas y cada una de las circunstancias que deben presentarse para que proceda, incluyendo la consignación legal de un límite temporal en la medida, lo que no aparece en ninguna de las normas impugnadas.

La ausencia de un límite temporal sobre la facultad para monitorear la localización geográfica de una o varias personas, sumada a que no se ordenó que la medida deba ser otorgada por un Juez, la convierte en una atribución arbitraria y susceptible de abuso por parte de quien la tiene a su cargo.

A ello, debe adicionarse que toda disposición lesiva de los derechos humanos, tiene que contar con el elemento de proporcionalidad entre el fin perseguido y la medida, como lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el multicitado Caso de Escher y otros vs. Brasil.

De la exposición de motivos que precedió a las iniciativas que dieron lugar a la reforma que impugna, así como del dictamen respectivo, afirma, se desprende que persigue un fin legítimo, consistente en que el Estado cuente con mejores y mayores herramientas para combatir el crimen organizado y brindar justicia a las víctimas; sin embargo, la medida resulta desproporcionada, ya que para alcanzar tales fines, transgrede los derechos de certeza, seguridad jurídica, legalidad y privacidad.

Segundo. El artículo 16, fracción I, apartado D, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, viola las garantías de legalidad, certeza y seguridad jurídica, además del derecho a la privacidad o a la vida privada, consagrados en los artículos 16 de la Constitución Federal, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El artículo 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, regula las bases sobre las cuales habrá de llevarse a cabo una licitación pública para concesiones sobre bandas de frecuencia del espectro para usos determinados y, en virtud de ello, establece, entre otros aspectos, los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en la licitación. Entre otros, el interesado deberá incluir una propuesta de las acciones coordinadas con la autoridad correspondiente, que permitan combatir los delitos de extorsión, amenazas, secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionados con la delincuencia organizada.

El precepto es consecuencia de la reforma impugnada y en opinión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos da pauta a diversas interpretaciones, la más grave en el sentido de que adiciona supuestos de procedencia no previstos por el Código Federal de Procedimientos Penales, pues incluye, además de los delitos de delincuencia organizada, extorsión, amenazas y secuestro, a "algún delito grave" lo que no se previene en la ley adjetiva reformada, lo que por sí solo es ilegal.

El primero, partiendo de que la finalidad del Código de Procedimientos Penales fue establecer de manera limitativa los supuestos de procedencia de la facultad para solicitar la localización geográfica de equipos de comunicación móvil, al disponer en la norma que se tilda de inconstitucional, que los interesados en participar en una concesión de bandas de frecuencia del espectro, incluirán las acciones coordinadas con la autoridad para combatir los delitos de extorsión, amenazas, secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, se extralimita.

Como consecuencia, esta falta de congruencia, crea un entorno de incertidumbre e inseguridad sobre los alcances de esta facultad, en concreto, si procede únicamente respecto de los delitos que enuncia el Código Federal de Procedimientos Penales, o también respecto de otros delitos graves.

En un segundo escenario, se podría tener como premisa que el código adjetivo en materia penal establece un listado enunciativo de los delitos respecto de los cuales procede la facultad de solicitar la localización geográfica de equipos de telefonía móvil y, en una interpretación sistemática, concluir que los supuestos de procedencia se amplían por la disposición del artículo 16 que se impugna.

Bajo esta interpretación, se llegaría al extremo de considerar que tal facultad se puede ejercer también en investigaciones relacionadas con cualquier delito grave, lo que resultaría desafortunado desde la perspectiva del derecho a la privacidad o a la vida privada.

De ahí que estime procedente se declare la invalidez del precepto que en esta vía cuestiona o, en una interpretación conforme, este Alto Tribunal establezca la que debe darse a la norma, evitando que la autoridad investigadora incurra en excesos y esta medida se torne en un instrumento de vigilancia y acoso a los ciudadanos.

CUARTO. Admisión. Mediante proveído de catorce de mayo de dos mil doce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 32/2012 y, por razón de turno, designó como instructora del procedimiento a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

Por auto de quince de mayo de dos mil doce, la Ministra instructora admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al Ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, así como a la entonces procuradora general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.

QUINTO. Informes. La Cámara de Diputados, al rendir su informe, manifestó en síntesis, lo siguiente:

II (sic). Contestación a las pretensiones del promovente.

La pretensión de la actora resulta infundada, pues el procedimiento legislativo por el cual se expidieron las tildadas normas generales, cumplió con los requisitos formales y procesales que disponen los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de ajustarse al texto de la Ley Fundamental por lo que no resultan violatorias de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, o los derechos reconocidos por los tratados internacionales, como se demuestra a continuación:

III (sic). Causal de sobreseimiento.

Por cuanto hace a la impugnación del artículo 16, fracción I, apartado D, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19, fracción VIII, 20, fracción II, 59 y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, la acción debe sobreseerse, por falta de legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en tratándose de la acción de constitucionalidad, deriva de la ley, y se encuentra circunscrita a la actualización de la hipótesis normativa establecida en su texto, esto es, impugnar normas generales por transgredir derechos humanos.

En la especie, como la misma comisión lo reconoce, el dispositivo impugnado establece una serie de requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en los procesos de licitación pública para el otorgamiento de concesiones sobre bandas de frecuencia del espectro, entre los que se incluirán las acciones coordinadas con la autoridad correspondiente, que permitan combatir los delitos que han quedado establecidos.

En esta tesitura, es claro que el artículo impugnado no establece ninguna facultad de la autoridad que pueda encaminarse, o mediante la cual sea posible transgredir derechos humanos, pues dicho artículo se limita a establecer un listado de requisitos que se relacionan con los procesos licitatorios sobre bandas de frecuencias del espectro, que es una materia ajena a las investigaciones de delitos en las cuales se establece la posibilidad de localizar geográficamente equipos de comunicación móvil asociados a una línea relacionada con dichas indagatorias.

Derivado de la exigencia de cumplir con el requisito establecido en el artículo impugnado, no puede alegarse una violación al derecho a la privacidad de las personas.

Con base en lo anterior, sostiene, cabe concluir que si bien es cierto que conforme al artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación para ejercitar acciones de inconstitucionalidad respecto de normas generales, también lo es que dicha legitimación está condicionada a que con motivo de las normas jurídicas exista una probable violación de los derechos humanos que consagran la Carta Magna y/o los instrumentos internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano.

IV (sic). Razones y fundamentos jurídicos que sostienen la validez constitucional de las normas generales impugnadas.

Atendiendo a los criterios que este Alto Tribunal sustentó, al resolver la acción de inconstitucionalidad 12/2002, las normas generales que se impugnan son formal y materialmente constitucionales como se demuestra de lo siguiente:

1. El procedimiento legislativo que dio origen a las normas generales impugnadas se ajustó a la Constitución Federal.

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en su carácter de Colegisladora del Poder Federal, de acuerdo a su competencia y en ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales derivadas del artículo 73, fracciones XVII, XXI, XXIII y XXX, de la Constitución Federal, expidió las normas generales impugnadas bajo el procedimiento legislativo previsto en los artículos 70, 71, 72 y 73 constitucionales, sin contravenir lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las disposiciones de los instrumentos internacionales que se alegan vulnerados, precisando al efecto cada una de las fases del proceso legislativo que culminaron con la reforma de la que emanan los preceptos que se cuestionan.

2. El contenido de la norma general impugnada no contraviene ninguno de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Primero. Las manifestaciones que a guisa de concepto de invalidez expone el órgano actor, relativas a que los artículos 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, vulneran los artículos 16 de la Constitución Federal, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica, resultan infundadas.

Para evidenciarlo, sostiene, es pertinente recordar que las normas generales impugnadas, fueron en esencia producto del ánimo del legislador federal, por establecer nuevas herramientas para que el Estado Mexicano esté en franca posibilidad de investigar con mayor eficiencia los delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas; además, con el fin de impedir el robo de teléfonos celulares y su uso para fines delictivos, particularmente, el que se lleva a cabo desde el interior de los centros penitenciarios.

La intención de esta medida es obtener, desde luego, información que resulte del monitoreo en tiempo real, de las comunicaciones que estén relacionadas con la investigación de los delitos aludidos, para determinar geográficamente la ubicación del lugar de donde se están realizando llamadas, de manera que se permita proceder a la aprehensión de los autores o copartícipes de los delitos y, más importante aún, localizar y rescatar con la urgencia a la víctima del delito.

En virtud de lo anterior, los servicios de telecomunicaciones, concurren con la exigencia de aquellos que aluden a las acciones coordinadas con la autoridad correspondiente, que permitan combatir los delitos de extorsión, amenazas, secuestro, en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, así como las medidas necesarias para mermar dichas actividades delictivas.

De acuerdo con los fines perseguidos, resultó necesario establecer la obligatoriedad en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en concreto en el artículo 40 Bis, para que los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicación, colaboren con las autoridades en la localización geográfica inmediata de las comunicaciones que se relacionen con la investigación de los delitos citados, a petición del Ministerio Público, coordinando para tal efecto, sus sistemas y equipos para la localización geográfica de las comunicaciones, sin importar a que empresa pertenezca la línea o aparato telefónico.

En este contexto, es infundado lo que alega la comisión actora al estimar que el hecho de que no se consigne en los preceptos tildados de inconstitucionales, la obligación de la autoridad para fundar y motivar el ejercicio de la facultad que se le confiere, establece por sí mismo, que no debe hacerlo.

En este sentido, conviene mencionar que el procurador general de la República, así como los de las entidades federativas, se encuentran sujetos al principio de vinculación positiva, según el cual, su actuar debe conducirse con fundamento en las bases legales que les otorgan facultades, y el ejercicio de su función está sometido al control de las garantías de fundamentación y motivación.

Así pues, es viable apuntar el hecho de que las disposiciones que les otorgan facultades, no establezcan en cada caso, la necesidad de fundar y motivar su ejercicio, no condiciona su constitucionalidad, pues en caso de que la autoridad no se sujete a dichos imperativos, el problema no radicará en la constitucionalidad de la norma, sino en la actuación de dicha autoridad.

Al respecto, cita diversas tesis de este Alto Tribunal.

Por otra parte, el órgano actor también reclama la inconstitucionalidad de la norma impugnada, al estimar que carece de tres diversos elementos.

Respecto del primero, afirma que el hecho de que no se consigne la participación de la autoridad judicial en la autorización, supervisión y revocación de la solicitud de localización geográfica de un equipo de comunicación móvil, no constituye una transgresión al artículo 16, párrafo primero, constitucional, o a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues la intervención de una autoridad judicial, así como las formalidades esenciales de un procedimiento, sólo son constitucionalmente exigibles tratándose de actos de privación, al tenor del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal.

En relación con cuestionamiento de la constitucionalidad de la norma impugnada por el actor, en relación con la precisión en el alcance de la medida, en cuanto a los sujetos que pueden ser destinatarios y límite temporal de duración, de las normas impugnadas se desprenden los elementos de la facultad impugnada, a través de la cual, el procurador general de la República, los procuradores de las entidades federativas o los servidores públicos en quienes deleguen, pueden solicitar por simple oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones, la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.

Un elemento esencial de la citada facultad es su vinculación con las investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas; por tanto, la localización geográfica solicitada no va dirigida a persona o usuario específico alguno, sino al equipo o equipos de comunicación móvil asociados a una línea relacionada con la comisión de dichos delitos, entendiendo esto, como parte de la investigación del orden criminal.

En este sentido, cabe hacer notar que de conformidad con los artículos 102 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público, presidido por el procurador general de la República, es quien está a cargo de la persecución e investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.

A mayor abundamiento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el Ministerio Público posee el monopolio para formular e impulsar la acusación en materia penal, atendiendo a las atribuciones asignadas por los artículos 21 y 102 constitucionales, criterio que se encuentra plasmado en la tesis, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. ES EL ÚNICO ÓRGANO DEL ESTADO COMPETENTE PARA FORMULAR E IMPULSAR LA ACUSACIÓN PENAL."(2) (se transcribe)

En este tenor, es claro que no puede especificarse en la ley el alcance de la medida, en cuanto a los sujetos que pueden ser destinatarios y su límite temporal de duración de la misma; no obstante ello, dicha circunstancia no torna inconstitucional la norma, pues en este caso es parte del ejercicio de la función administrativa de la autoridad que lleve la ejecución, en apego al control de las garantías de fundamentación y motivación, el desarrollo y precisión del objeto y alcance.

Al respecto, invoca la tesis de jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN CONCEPTOS INDETERMINADOS."(3) (se transcribe)

No obstante lo anterior, es conveniente tomar en consideración que las disposiciones cuestionadas obedecen a la existencia de circunstancias de apremio social, siendo medidas necesarias para prevenir una situación de hecho que constantemente transgrede el orden público, la paz y la tranquilidad de los mexicanos, como lo son los constantes atropellos cometidos por los miembros de las organizaciones delincuenciales.

En la especie, existen razones suficientes que justifican la expedición de los preceptos legales que se impugnan, en virtud de la naturaleza de los derechos lesionados con la materialización de los delitos aludidos, por eso el legislador cumple responsablemente con su función, al ampliar las medidas para el ataque de las conductas delictivas que tanto peligro representan para nuestra sociedad, de esta forma se cumple la protección a la garantía de seguridad pública que el Estado debe proveer a todos los individuos que están en el territorio mexicano, consignada por la Constitución Política, que es preferencial, sobre cualquier posible infiltración en la privacidad o vida privada de las personas, suponiendo sin conceder que así fuera.

De considerar que, en efecto, la localización de equipos de comunicación móvil asociados a una línea relacionada con la comisión de los citados delitos, disminuye o reduce el derecho humano a la privacidad o a la vida privada de las personas, resulta pertinente tener presente que dicha limitación no resultaría inconstitucional, pues se advertiría un conflicto entre derechos fundamentales, para lo cual es menester ponderarse entre la vida e integridad física y psicológica de las víctimas de los delitos, resguardadas por la seguridad pública que es una de las razones que justifican al Estado (de interés general) y la supuesta violación al derecho a la privacidad de los equipos de comunicación móvil (de interés particular), advirtiendo que este último no es ilimitado y es sujeto de valoración al entrar en colisión con otros derechos.

En este aspecto cita la tesis de este Alto Tribunal identificada con la voz: "DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO ES VARIABLE TANTO EN SU DIMENSIÓN INTERNA COMO EXTERNA.",(4) así como la de rubro: "CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN DERECHOS FUNDAMENTALES. SU RESOLUCIÓN JURÍDICA."(5) (se transcriben)

Segundo. En relación con los conceptos de invalidez enderezados a demostrar la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, apartado D, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, las manifestaciones de la comisión actora resultan infundadas, en razón de que como lo reconoce, el dispositivo impugnado establece una serie de requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en los procesos de licitación pública para el otorgamiento de concesiones sobre bandas del espectro, por lo que en ningún momento transgrede el derecho a la privacidad de las personas, pues sólo establece un listado de requisitos que se relacionan con los procesos licitatorios, siendo lo que se alega inconstitucional el que dentro de tales requisitos los participantes requieran presentar acciones coordinadas de éstos, con las autoridades para el combate de los delitos señalados, sin que en ningún momento se vincule esa disposición con la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, que se encuentren relacionados a las investigaciones de los delitos, que es el acto principal que en este expediente se tilda de inconstitucional por el actor.

Por ello, suponiendo sin conceder que existiere algún tipo de incertidumbre en el sentido alegado por el actor, como consecuencia de que por la redacción del precepto, se admitiere más de una interpretación que pudiere dar lugar a una supuesta violación a las garantías de legalidad, certeza y seguridad jurídica; ello no implica por ese simple hecho que tal circunstancia sea extensiva al grado de af

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25069-99e547f3/accion-de-inconstitucionalidad-la-reforma-de-una-disposicion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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