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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SON INFUNDADOS LOS PLANTEAMIENTOS RELATIVOS A SOBRESEER RESPECTO DE NORMAS QUE NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO IMPUGNADAS. V. BENEFICIOS DE REDUCCIÓN DE LA CONDENA. ANÁLISIS DE LA DISPOSICIÓN QUE LOS CONCEDE A QUIENES COLABOREN PROPORCIONANDO DATOS FEHACIENTES O ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES A LA AUTORIDAD EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE OTROS MIEMBROS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA O DE BANDAS DEDICADAS A LA COMISIÓN DE DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA LOCALIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE VÍCTIMAS (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS). VI. DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES. LAS ÚNICAS DOS EXCEPCIONES A ÉSTE, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SON EL CONSENTIMIENTO DE ALGUNO DE LOS PARTICULARES QUE PARTICIPEN EN ELLAS Y LA RESERVA JUDICIAL. VII. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. CORRESPONDE AL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SOLICITAR A LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL SU AUTORIZACIÓN. VIII. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. EL SOLO HECHO DE QUE UNA NORMA SEA OMISA EN SEÑALAR LOS REQUISITOS PARA QUE LA AUTORIDAD MINISTERIAL PUEDA EJERCER LA FACULTAD QUE SE LE CONCEDE PARA SOLICITAR AQUÉLLA, NO VULNERA EL DERECHO A LA INTIMIDAD E INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES (ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS). IX. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. LA NORMA QUE OTORGA AL MINISTERIO PÚBLICO LA FACULTAD DE SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN FEDERAL O LOCAL RESPECTIVA, DEBE ENTENDERSE DE MANERA SISTEMÁTICA CON EL RESTO DEL CIRCUITO NORMATIVO AL QUE PERTENECE (ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS). X. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. AUNQUE LA NORMA QUE OTORGA AL MINISTERIO PÚBLICO LA FACULTAD DE SOLICITARLA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN FEDERAL O LOCAL RESPECTIVA, NO ESTABLEZCA QUE DICHA SOLICITUD DEBERÁ REALIZARSE DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, INTERPRETADA DE MANERA SISTEMÁTICA, LA AUTORIDAD JUDICIAL SÓLO PUEDE EMITIR LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SI SE CUMPLEN DICHAS CONDICIONES (ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS). XI. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER LA AUTORIDAD MINISTERIAL PARA SOLICITARLA (ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA). XII. MINISTERIO PÚBLICO. LA NORMA QUE ESTABLECE SU FACULTAD PARA SOLICITAR INFORMACIÓN A EMPRESAS TELEFÓNICAS Y DE COMUNICACIÓN, NO CONTIENE UNA FACULTAD SIMILAR A LA GEOLOCALIZACIÓN (ARTÍCULO 57, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS). XIII. MINISTERIO PÚBLICO. LA NORMA QUE ESTABLECE SU FACULTAD PARA SOLICITAR INFORMACIÓN A EMPRESAS TELEFÓNICAS Y DE COMUNICACIÓN SE LIMITA A AQUELLA QUE NO ESTÁ SUJETA A RESERVA JUDICIAL O REGULADA CONSTITUCIONALMENTE DE UNA FORMA PRECISA (ARTÍCULO 57, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS). XIV. MINISTERIO PÚBLICO. LA FACULTAD CONSTITUCIONAL CON LA QUE ES INVESTIDO PARA INVESTIGAR LOS DELITOS REQUIERE COMO MÍNIMO LA POTESTAD DE SOLICITAR INFORMACIÓN A AQUELLAS PERSONAS QUE PUEDAN CONTAR CON ELEMENTOS RELEVANTES PARA UNA INVESTIGACIÓN CRIMINAL (ARTÍCULO 57, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 39/2012. · Registro digital (IUS): 30719
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-06-17
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo I, Pág.399.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 39/2012. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE JULIO DE 2018. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIOS: JOSÉ ALBERTO MOSQUEDA Y DAVID GARCÍA SARUBBI.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de julio de dos mil dieciocho, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 39/2012, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la cual se impugnan los artículos 47, fracción II, y 57, fracciones I, II y III, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, expedidos mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil doce.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demanda. Mediante escrito presentado el once de julio de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 47, fracción II, y 57, fracciones I, II y III, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, expedidos mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil doce.

2. Preceptos violados. En la demanda se señalaron como violados los artículos 1o., 14, 16, 20, apartado A, fracción VII, y apartado B, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

3. Conceptos de invalidez. En los conceptos de invalidez se argumenta, en esencia, lo siguiente:

4. Primer concepto de invalidez: El artículo 47, fracción II, impugnado es contrario a los artículos 1o. y 20, apartado A, fracción VII, y apartado B, fracción III, párrafo segundo, de la Constitución, al condicionar la aplicación de un beneficio a la capacidad de pago del sentenciado colaborador, por lo que resulta discriminatorio.

5. La norma combatida establece que los sentenciados por los delitos a que se refiere la ley impugnada no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena, pero que quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o elementos de convicción suficientes a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas dedicadas a la comisión de delitos en materia de trata de personas y para la localización y liberación de víctimas, tendrán derecho a los referidos beneficios siempre que, entre otros requisitos, acepten voluntariamente la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y paguen el costo de su operación y mantenimiento.

6. El requisito aludido se traduce en una discriminación por razón del nivel económico, pues quienes no tengan los recursos para cubrir el costo de la operación y mantenimiento del dispositivo de localización, no podrán acceder a los beneficios de que se trata.

7. Así, la disposición impugnada actualiza una violación al derecho fundamental a la igualdad y no discriminación establecido en el artículo 1o. constitucional, 1o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

8. Ello es así, porque el sentenciado colaborador que se coloque en los supuestos establecidos para acceder a los beneficios que contempla la norma combatida y que reúne todos los requisitos exigidos para ello, salvo el de contar con recursos que le permitan cubrir el costo de la operación y el mantenimiento del dispositivo de localización, no podrá acceder a esos beneficios.

9. No se soslaya que el establecimiento de esos beneficios penitenciarios constituye una facultad de libre configuración para el legislador pues cuenta con un amplio margen en su diseño legislativo, pero esa facultad se condiciona al estricto apego a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

10. El artículo 20, aparatado A, fracción VII, y apartado B, fracción III, último párrafo, de la Ley Suprema, permite otorgar beneficios al inculpado, procesado o sentenciado que colabore de manera eficaz en delitos de delincuencia organizada, sin condicionarlos a requisitos de naturaleza económica, por lo que al exigirse el pago del costo de operación y mantenimiento del dispositivo de localización se contraría la Constitución, pues sin desconocerse la condición excepcional y el régimen jurídico especial a que están sujetos los sentenciados, la propia Ley Fundamental establece beneficios para los que confiesen y colaboren en una investigación de delitos de delincuencia organizada, de suerte tal que si la disposición impugnada prevé el requisito adicional relativo al pago aludido está sujetando el beneficio a la posibilidad de que se cuente con recursos económicos, esto es, a un factor externo y ajeno que podría imposibilitar su goce, lo que se traduce en una discriminación por razón de los recursos económicos con que cuente la persona.

11. El artículo 1o. de la Constitución prohíbe hacer distinciones y establece parámetros de comparación, como son el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias y el estado civil; además, incorpora una cláusula de apertura que comprende cualquier motivo que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

12. La norma combatida realiza una distinción basada en la condición económica del sentenciado colaborador, lo que si bien no está referido expresamente en el artículo 1o. constitucional, sí se inscribe en la cláusula de apertura porque la distinción tiene como efecto menoscabar la dignidad humana al complicar el acceso a los beneficios que contempla.

13. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 1.1., prohíbe expresamente la discriminación por motivos de posición económica y el deber de los Estados de respetar los derechos humanos en la elaboración de las disposiciones legales, por lo que no hay duda que la norma impugnada transgrede esa disposición, así como los artículos 1o. y 20 de la Constitución.

14. En apoyo a lo considerado, invoca el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los criterios intitulados: "IGUALDAD. CASOS EN QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL." y "GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL."

15. Segundo concepto de invalidez: El artículo 57, fracciones I, II y III, impugnado, es violatorio del derecho humano a la privacidad o vida privada, reconocido en los artículos 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como contrario a los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución.

16. La Suprema Corte ha definido el derecho a la privacidad, intimidad o vida privada, como aquel que legitima al titular para exigir respeto a su vida privada y repudiar toda intromisión o molestia que por cualquier medio pueda realizarse en el ámbito reservado de su vida, según se advierte en el criterio con el rubro: "DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

17. El derecho humano a la privacidad o intimidad tiene su fundamento en el artículo 16 de la Constitución y deriva del derecho a la inviolabilidad del domicilio, cuyo objetivo es el respeto al ámbito de la vida privada personal, excluida del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás.

18. La noción de lo privado se vincula con aquello que no constituye vida pública, lo que se reserva frente a la acción y conocimiento de los demás, lo que se desea compartir sólo con las personas que se elige; las actividades de las personas en la esfera particular, relacionados con el honor y la familia, o aquello que no se realiza como servidor público, según se advierte de las tesis intituladas: "DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO ES VARIABLE TANTO EN SU DIMENSIÓN INTERNA COMO EXTERNA." y "DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA IMPORTANCIA DE NO DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS A LA MISMA."

19. En esos criterios se destacó que el derecho a la vida privada implica salvaguardar derechos conexos tales como la libertad de decidir el proyecto personal de vida, de constatar la protección de los manifestantes de la integridad física y moral, del honor y reputación, de impedir la divulgación de hechos o publicaciones no autorizadas de fotografías, la protección contra el espionaje y contra la divulgación de informes comunicados o recibidos confidencialmente por un particular.

20. El derecho fundamental a la privacidad se tutela también en los artículos 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

21. A continuación, la accionante desarrolla los argumentos por los cuales considera que cada una de las fracciones impugnadas del artículo 57 de la ley referida es inconstitucional.

22. Así, en primer lugar, alega que la disposición combatida, en su fracción I, otorga al Ministerio Público la facultad de solicitar la intervención de comunicaciones en los términos de la legislación federal o local respectiva, a pesar de que el artículo 16 constitucional prohíbe la aplicación de esa medida cautelar, al establecer que las comunicaciones privadas son inviolables y que cualquier acto que las vulnere se sancionará penalmente, además de que sólo la autoridad judicial federal podrá autorizar su intervención.

23. Afirma que los artículos 278 Bis y 278 Ter del Código Federal de Procedimientos Civiles contemplan una serie de candados y límites para garantizar que los derechos de los particulares sean lesionados en su mínima expresión; en cambio, la norma combatida es omisa en incluir los requisitos constitucionales que deben ir de la mano con la facultad para intervenir comunicaciones, a saber, la intervención judicial, previa solicitud de la autoridad ministerial, donde funde y motive la causa legal de la solicitud, expresando el tipo de investigación, los sujetos de la misma y su duración.

24. En segundo lugar, la accionante alega que la fracción II del artículo 57 impugnado faculta al Ministerio Público para solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación, en términos de la legislación federal o local aplicable.

25. Precisa que en la acción de inconstitucionalidad 32/2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó la invalidez de diversos artículos de orden federal por considerarlos violatorios de los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica y del derecho a la privacidad.

26. Continúa y sostiene que debe presumirse que la norma combatida, dada la remisión expresa que hace a la legislación federal o local aplicable, también se refiere a la figura de la geolocalización, por lo que comparte los vicios de inconstitucionalidad aludidos en el párrafo precedente, por lo siguiente:

• Prevé una facultad discrecional e ilimitada del Ministerio Público.

• Carece de limitación temporal.

• Ausencia de claridad respecto de las personas sujetas a la medida ya que puede ser cualquiera que haya tenido relación con el investigado.

• No se da intervención a los Jueces para que autoricen la medida, la supervisen y revoquen en su momento.

27. Lo anterior porque como se destacó en la acción aludida, cualquier medida que tenga como fin limitar un derecho reconocido constitucionalmente, como lo es la vida privada, debe tener límites proporcionales, idóneos y necesarios y, en el caso, la norma impugnada permite que el Ministerio Público, sin fundar ni motivar la causa legal, tenga la atribución, sin límites, para solicitar información a las empresas telefónicas en términos de la geolocalización, lo que se traduce en un ilimitado acceso a la información privada, pues se trata de un registro exhaustivo y preciso de los movimientos públicos y la localización de la persona, lo que refleja importantes detalles sobre su vida personal, familiar, política, religiosa y social, lo que desde luego es violatorio de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

28. Lo anterior se evidencia si se considera que la ausencia de una autoridad judicial que apruebe la medida impugnada, de manera fundada y motivada, la supervise y revoque en el momento oportuno, deja al afectado sin garantía de que sus derechos serán respetados en todo momento y no será objeto de arbitrariedades, máxime que no se precisa quiénes pueden ser sujetos de la medida y remite a la Ley de Geolocalización, por lo que autoriza que se aplique a todos los que estén relacionados o asociados con el investigado, sin importar que sean o no parte de su círculo cercano.

29. Finalmente, la accionante afirma que también es inconstitucional la fracción III del artículo 57 impugnado, al autorizar al Ministerio Público el seguimiento de personas hasta por un mes, que puede ser prorrogado si existen motivos suficientes, pero sin excederse de seis meses, conforme a la normatividad aplicable.

30. Nuevamente, la facultad otorgada al Ministerio Público es ilimitada y discrecional, por lo que se deja en sus manos una herramienta que por su naturaleza transgrede el derecho humano a la privacidad o vida privada, lo que se traduce en violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

31. Lo anterior es así, porque la permisión al Ministerio Público, sin fundar y motivar la causa legal y sin límites para el seguimiento de personas, sin especificarse que éstas tengan nexo con alguna averiguación previa relacionada con delitos de trata, implica un ilimitado acceso a la privacidad de las personas y una intromisión en su vida, pues permite a la autoridad obtener importantes detalles sobre su vida personal, familiar, política, religiosa y social, impidiendo que queden a salvo los derechos de las personas de indagaciones y aprehensiones arbitrarias y sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal, como lo exige el artículo 16 constitucional.

32. No se desconoce la conveniencia de implementar nuevas técnicas para la investigación de conductas delictivas, pero la permisión al Ministerio Público del seguimiento de personas debe supeditarse al estricto respeto del concepto razonable de privacidad; lo contrario podría resultar dañino para una sociedad democrática.

33. Si la norma restringe de manera grave un derecho fundamental, debe contar con límites y alcances claros y precisos, además de perseguir un fin constitucional y legítimo, conforme al criterio que lleva por rubro: "CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN DERECHOS FUNDAMENTALES. SU RESOLUCIÓN JURÍDICA."

34. Sin embargo, la norma es arbitraria pues no respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica al no respetar el derecho a la privacidad porque:

• Falta la participación de la autoridad judicial en la autorización, supervisión y revocación del seguimiento de personas, esto es, la orden judicial, debidamente fundada y motivada que autorice la medida, la supervise en su aplicación y la revoque en un tiempo determinado.

• No se precisa el alcance de la medida en cuanto a quiénes pueden ser sujetos destinatarios de la norma, esto es, las personas que el Ministerio Público puede ordenar seguir, si puede ser cualquiera o sólo aquellos que tengan nexo con alguna averiguación previa por la posible comisión de delitos de trata de personas, o bien se puede ser cualquier persona con independencia de que sea o no parte del círculo cercano del investigado, por estar relacionados o asociados con el mismo.

• Se faculta al Ministerio Público para realizar la tarea de seguimiento de personas, sin establecerse una regulación clara en cuanto a sus alcances y límites, lo que se traduce en una atribución arbitraria y susceptible de abuso, en desacato a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional.

35. Admisión y trámite. Mediante proveído de doce de julio de dos mil doce, el Ministro instructor de esta Suprema Corte admitió a trámite la presente acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a las Cámaras del Congreso de la Unión y al presidente de la República, por conducto del Consejero Jurídico, para que rindieran sus respectivos informes, así como a la procuradora general de la República para que antes del cierre de instrucción formule el pedimento que le corresponde.

36. Informe de la Cámara de Diputados. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al rendir su informe manifestó, en esencia, lo siguiente:

1) Procede sobreseer respecto de los artículos 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales y 16, fracción I, apartado D, y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, porque expresamente se señala en la demanda que se impugnan y aunque ello puede constituir un error, son normas controvertidas respecto de las que se actualizan las siguientes causas de improcedencia:

a) Extemporaneidad de la demanda, pues esas normas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de abril de dos mil doce y la demanda se presentó fuera del plazo de treinta días naturales que prevé el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia.

b) En la demanda no se exponen conceptos de violación en contra de las referidas normas sin que pueda examinarse su constitucionalidad, pues ello excedería el alcance del artículo 40 de la ley reglamentaria de la materia.

c) El examen de constitucionalidad de las normas referidas es materia de la diversa acción de inconstitucionalidad 32/2012.

2) El procedimiento legislativo del que surgieron las normas impugnadas cumplió con los requisitos formales y procesales que establecen los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución.

3) La constitucionalidad del artículo 47, fracción II, impugnado, debe analizarse bajo un escrutinio meramente ordinario, porque no hay una afectación directa de derechos fundamentales de los individuos, ya que la Constitución no otorga ni explícita ni implícitamente a ningún sentenciado un derecho inviolable a que se sustituya la pena de prisión por otras medidas, ni a que se le conmute o reduzca la condena ordinaria impuesta por un Juez penal.

Tampoco estamos ante un campo ligado a la dignidad humana, pues la aplicación o inaplicación de los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena no depende la debida salvaguarda de las personas, por lo que no puede afirmarse que un sentenciado, por esa aplicación o inaplicación quede sometido a un trato que afecte su dignidad humana.

La norma impugnada no establece clasificaciones entre ciudadanos sobre la base de los criterios prohibidos por el artículo 1o. constitucional, sino que atendiendo al contenido del artículo 18 de la Constitución, que impone a la autoridad el deber de organizar el sistema penal de modo que se oriente a la readaptación social del delincuente, establece medidas de beneficio respecto de las que tiene un margen de discreción normativa y aplicativa notable. La finalidad de la disposición impugnada se identifica con el objetivo de readaptación social del delincuente, pues se trata de los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena para los sentenciados que hayan colaborado proporcionando elementos de convicción para la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de trata de personas y para la localización y liberación de las víctimas.

Por tanto, la introducción de condiciones de necesaria concurrencia para el otorgamiento de los aludidos beneficios es razonable, concretamente la exigencia de la norma impugnada, pues se relaciona con el objetivo que persigue la ley, sin afectarse desproporcionadamente otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.

4) El artículo 57, fracciones I, II y III, impugnado, es producto del ánimo del legislador para establecer nuevas herramientas para que el Estado esté en posibilidad de investigar con mayor eficiencia los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas.

Las facultades que se otorgan al Ministerio Público para solicitar la intervención de comunicaciones, solicitar información a empresas telefónicas y de comunicación y para autorizar el seguimiento de personas, no pueden estimarse arbitrarias por las razones expresadas en la demanda, ya que en ésta se parte de un error de interpretación de la norma consistente en considerar que si la misma no exige a la autoridad fundar y motivar el ejercicio de sus atribuciones, queda relevada de hacerlo, lo cual es inexacto, pues el Ministerio Público está sujeto en su actuar al control de las garantías de fundamentación y motivación, por lo que si no las respeta se estará ante un problema de legalidad en la actuación pero no de constitucionalidad de la norma.

Por otro lado, no resulta inconstitucional que no se exija la participación de la autoridad judicial para solicitar la intervención de comunicaciones, información a empresas telefónicas y de comunicación y para autorizar el seguimiento de personas, ya que la intervención de la autoridad judicial y el cumplimiento de las formalidades esenciales de un procedimiento sólo son exigibles tratándose de actos privativos, carácter que no tiene las medidas de investigación referidas.

Además, tampoco es necesario que la norma precise los sujetos que pueden ser destinatarios de las medidas de investigación que establece, ya que se trata de facultades al Ministerio Público en materia de trata de personas, además que versan sobre el ejercicio de la función que tiene encomendada y que debe realizar con apego a las garantías de fundamentación y motivación, máxime que esas medidas obedecen a la existencia de circunstancias de apremio social y necesarias para prevenir una situación de hecho que constantemente transgrede el orden público, la paz y la tranquilidad de los mexicanos, por lo que se justifican plenamente dada la naturaleza de los derechos lesionados con los delitos, por lo que aunque se estimara que se limita el derecho a la privacidad o vida privada, ello no resulta inconstitucional, pues tendría que ponderarse ese derecho frente a los derechos a la vida e integridad física y psicológica de las víctimas de este tipo de delitos.

37. Informe de la Cámara de Senadores. El presidente de la Mesa Directiva del Senado rindió informe manifestando, sustancialmente, lo siguiente:

1) El acto legislativo que dio lugar a las disposiciones impugnadas se ajusta al procedimiento previsto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución.

2) El artículo 47, fracción II, combatido, no vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, ya que los beneficios que contempla se apoyan en el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Ley Fundamental, además de que los derechos humanos no son absolutos e ilimitados sino sujetos a limitaciones y excepciones que se sustentan en la propia Constitución.

Tratándose de los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de pena o cualquier otro que implique reducción de la condena, corresponde al legislador regularlos y limitarlos por motivos de seguridad e interés nacional y social y para protección de las víctimas del delito, tal como lo hace en la disposición cuya invalidez se solicita.

3) Las fracciones I, II y III del artículo 57 impugnado, no vulneran el derecho a la privacidad protegido por el artículo 16 constitucional y los tratados internacionales, ya que ese derecho humano no es absoluto sino que tiene límites justificables en la protección de la seguridad nacional, la paz social, la tranquilidad, la seguridad pública y del pueblo, ya que se trata de equilibrar el derecho fundamental del individuo frente a terceros y a la sociedad pues el derecho a la intimidad no debe menoscabar la protección a la sociedad de la delincuencia común y de la criminalidad organizada.

Por tanto, se justifica plenamente dotar a la autoridad ministerial de las atribuciones necesarias para realizar las diligencias que le permitan investigar los delitos y evitar su repetición, además de resarcir a las víctimas, por lo que las limitaciones al derecho a la privacidad encuentran sustento en el ámbito de la seguridad pública y dado que resultan idóneas, necesarias y proporcionales.

Las atribuciones aludidas son idóneas porque tienen un fin legítimo en tanto garantizan y protegen el interés social, la seguridad pública y los derechos de las víctimas al constituir herramientas eficaces para la investigación y persecución de los delitos; son necesarias pues resultan indispensables para conseguir el fin legítimo que persiguen y son proporcionales en la medida que está justificada su intensidad dado que la afectación a la privacidad de las personas opera sólo para adquirir la certeza sobre la probable responsabilidad de personas en la comisión de delitos y es menor al perjuicio que puedan sufrir las víctimas y el interés social en la efectiva investigación y persecución de los delincuentes.

38. Informe del presidente de la República. El consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, manifestó en su informe, en relación con los conceptos de invalidez, esencialmente, lo siguiente:

1) La restricción a los derechos a lo no discriminación y a la privacidad, que se aducen violados en la demanda, encuentran justificación en el principio de procuración de justicia para lograr la captura de delincuentes por la comisión de delitos que impactan gravemente a la sociedad y buscando garantizar los derechos de las personas y el rescate de las víctimas, sobre todo de trata de personas, esto es, se pretende dotar a la autoridad ministerial de atribuciones y mecanismos que le permitan la investigación eficaz de esos delitos para lograr los fines buscados.

2) El artículo 47, fracción II, impugnado, no resulta inconstitucional, ya que sólo establece que para gozar del beneficio de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de pena o cualquiera otra que implique reducción de la condena a un sentenciado por los delitos a que se refiere la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, se requiere, además de la colaboración mediante la información a la autoridad en la investigación, la aceptación voluntaria de la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte cumplir la pena y el pago del costo de su operación y mantenimiento.

La condición relativa al pago del costo de operación y mantenimiento del dispositivo de localización no afecta la dignidad humana ni tiene por objeto o consecuencia la vulneración de los derechos o libertades reconocidos en la Ley Suprema y los tratados internacionales, por lo que no puede ser violatoria de los principios de igualdad y no discriminación, máxime que el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución establece que la ley contemplará beneficios para el inculpado, procesado o sentenciado que presten ayuda eficaz para la investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada.

La disposición impugnada establece los requisitos para gozar de los beneficios que prevé para todos aquellos que se coloquen en sus supuestos, sin distinciones ni discriminaciones entre unos y otros; no contempla un trato diferenciado entre dos regímenes jurídicos diferentes y se aplica a todos los sujetos que cumplan con las hipótesis a que alude de forma absoluta, abstracta e impersonal, sin distinciones en relación al poder económico de las personas, por lo que la disposición no es inconstitucional al señalar que el sentenciado cubra el costo de operación y mantenimiento del dispositivo de localización, ya que ello se relaciona con un beneficio y no con un derecho humano que, por lo tanto, no puede ser transgredido.

En el supuesto de que se estimara que la norma impugnada hace distinciones violatorias del principio de igualdad y no discriminación, ello estaría plenamente justificado porque el legislador estaría respetando la proporcionalidad pues el bien constitucionalmente protegido no sería mayor al beneficio que se intenta lograr, a saber, otorgar beneficios al sentenciado y proteger a la víctima del delito.

3) Las medidas cautelares establecidas en el artículo 57 impugnado no vulneran el derecho a la privacidad e intimidad ni los principios de legalidad y seguridad jurídica.

La fracción I de ese artículo autoriza al Ministerio Público para solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la legislación feder

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30719-7154e9f3/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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