Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS. III. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. LA FACULTAD DE AUTORIZARLA ES EXCLUSIVA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). IV. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. CORRESPONDE AL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SOLICITAR A LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL SU AUTORIZACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). V. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. CORRESPONDE AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA SOLICITARLA A LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL, POR SER ÉSTE EL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). VI. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DELITOS VINCULADOS DE LA ENTIDAD, CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). VII. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. LA PREVENCIÓN DE QUE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBEN CONTAR AL MENOS CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ATRIBUCIONES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, NO INCLUYE LA FACULTAD DE SOLICITAR AQUÉLLA A LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). VIII. DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EL CONGRESO LOCAL CARECE DE FACULTADES PARA DECIDIR EN TORNO AL RÉGIMEN DE SUPLETORIEDAD DE NORMAS GENERALES CUANDO ÉSTAS SON DETERMINADAS POR EL LEGISLADOR FEDERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). IX. SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS. REQUISITOS PARA QUE OPERE. X. DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR SOBRE ESTE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). XI. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA PREVER LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN LO NO PREVISTO POR LA NORMATIVA LOCAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "EL CÓDIGO PENAL FEDERAL" Y "Y LOS TRATADO INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE", DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 104/2019. · Registro digital (IUS): 29804
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-05-21
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo I, Pág. 472.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 104/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE ENERO DE 2021. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIOS: OLIVER CHAIM CAMACHO Y JAVIER EDUARDO ESTREVER RAMOS.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

Sentencia

Que resuelve la acción de inconstitucionalidad 104/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su presidente Luis Raúl González Pérez, quien solicitó la invalidez de los artículos 6o. y 54, fracción VIII, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur, reformados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.

I. Trámite

1. Demanda. Mediante escrito que se recibió el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad.

2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur.

3. Normas generales cuya invalidez se reclama: Se impugna la validez de los artículos 6o. y 54, fracción VIII, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur, reformados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.

4. Preceptos violados. Se señalaron como preceptos violados los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todos ellos en relación con el derecho a la seguridad jurídica, al principio de legalidad y a la obligación del Estado de promover, respetar y garantizar los derechos humanos.

5. Concepto de invalidez. El promovente hizo valer dos conceptos de invalidez, en los que, en síntesis, manifestó lo siguiente:

En el primero de ellos se pronunció en relación con el contenido del artículo 6o. de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur, pues consideró que al establecer la supletoriedad de la ley general en la materia y del Código Nacional de Procedimientos Penales vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, conforme a lo que sigue:

• En principio, señaló que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es la que define el contenido de la local, siendo aplicable en primer lugar y no supletoriamente. El Código Nacional de Procedimientos Penales tampoco puede preverse como supletorio ya que es el código único de la materia.

• Luego, indicó, de la interpretación armónica y congruente de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, sobre ellos descansa el sistema jurídico mexicano y buscan que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre que lo coloque en un estado de indefensión.

• Su contenido, en esencia, radica en que los gobernados sepan "a qué atenerse" y, por ende, conlleva una protección a actos arbitrarios de la autoridad, es decir, la ratio essendi es la proscripción de la discrecionalidad y arbitrariedad en todos los casos en que el Estado realice las actuaciones que le corresponden en aras de salvaguardar el interés y el orden público.

• Es principio general de derecho que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le autoriza, por ende, la actuación de las autoridades debe estar determinada y consignada en el texto de la norma, caso contrario dotaría de un poder arbitrario incompatible con el régimen de legalidad.

• Consideró que el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se pueden ver transgredidos en los siguientes supuestos: a) cuando la actuación por parte de cualquier autoridad del Estado no se encuentra debidamente acotada o encauzada conforme a la Constitución o leyes secundarias que resultan acordes a la Norma Fundamental; b) cuando la autoridad estatal actúa con base en disposiciones legales que contradicen el Texto Constitucional; y, c) cuando la autoridad afecta la esfera jurídica de los gobernados sin un sustento legal que respalde su actuación.

• Además, en términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé que todo aquello que no está expresamente concedido por la Ley Suprema a los funcionarios federales se entiende reservado a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias.

• Por ende, las entidades federativas, en el ámbito legislativo, sólo pueden legislar en todo aquello que no está expresamente concedido al Congreso de la Unión, pues de lo contrario transgreden el orden constitucional al realizar actos que están fuera de su competencia.

• Expuesto lo anterior, la demandante consideró que el contenido del artículo controvertido actualiza una infracción al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, toda vez que establece una indebida supletoriedad normativa respecto de ordenamientos como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

• Para ello, retomó el contenido del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Norma Fundamental(2) y puntualizó que de su contenido se desprende con claridad que es facultad del Congreso de la Unión expedir la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, en la que debe establecer, como mínimo, lo siguiente: a) los tipos penales y sus sanciones; b) la distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; y, c) las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Y se mantuvieron solamente aquellas facultades que el legislador federal les otorgó conforme al régimen de concurrencia y coordinación.

• El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas de la que destacó el contenido del artículo 2,(3) pues indicó que de él se desprende que, si bien las entidades federativas son competentes para investigar, procesar y sancionar los delitos, en los supuestos que no le correspondan a la Federación, la propia ley general establece categóricamente, conforme a su artículo 6o., que son aplicables supletoriamente las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y las legislaciones civiles aplicables, así como la Ley General de Víctimas y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, con lo cual no se deja margen de regulación, ni siquiera procesal, a las entidades federativas en este aspecto.

• Con base en ello, indicó, no resulta congruente con el sistema normativo que la norma estatal prevea que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, sea supletoria de la local. Lo anterior, puesto que la ley general define el contenido de la local, siendo ambas obligatorias para las autoridades de las entidades federativas respecto de aquellas cuestiones propias y diferenciadas que cada una regula.

• Así, únicamente el Congreso de la Unión es el facultado para distribuir competencias y establecer en qué términos participará cada uno de los órdenes de gobierno en la materia, siendo aplicable, a nivel local, en primer lugar, la ley general y, posteriormente, las normas emitidas por los Congresos Locales, en ejercicio de la competencia que aquélla les haya conferido

• En mérito de ello, no es admisible que la Legislatura Estatal haya dispuesto que en primer término serán aplicables las normas que expidió y, de manera supletoria, aquellas que emitió el Congreso Federal en uso de su facultad constitucional exclusiva, toda vez que es este último órgano legislativo quien define, por conducto de la ley general correspondiente, el parámetro de actuación que tienen los legisladores de las entidades federativas.

• Similares consideraciones, dijo, son aplicables a la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la legislación local no puede regular cuestiones relacionadas con la investigación, procedimiento y sanción de delitos, que el Congreso de la Unión reservó a la ley general, la cual prevé, en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Es por ello que el Congreso de Baja California Sur no está habilitado para establecer la supletoriedad de leyes que son de observancia general en toda la República Mexicana tanto para las autoridades federales como para las entidades federativas. Es decir, las legislaciones nacionales no pueden ser supletorias de las leyes locales, al ser precisamente estas dos primeras, en sus respectivos ámbitos de aplicación, las que definen el contenido de las locales, por lo cual los operadores jurídicos deben aplicarlas de manera directa respecto de las cuestiones que le son propias

• Para respaldar sus anteriores argumentos, la demandante recordó que este Tribunal Pleno ya ha emitido pronunciamientos relativos en la acción de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015, los que consideró aplicables.

• Con base en ello, agregó, el artículo 6o. impugnado infringe la Norma Fundamental al vulnerar el derecho a la seguridad jurídica de las personas, toda vez que transgrede la esfera competencial que la Constitución otorga para legislar, al establecer un régimen indebido de supletoriedad respecto de normas que son de observancia general y aplicación espacial en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

En el segundo concepto de invalidez, el denunciante procedió al análisis del contenido del artículo 58, fracción VIII, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur, en la que se establece como una de las atribuciones de la Fiscalía Especializada solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones.

Esencialmente, estima, dicha disposición vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica y al principio de legalidad puesto que es contraria al contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se establece que esa atribución, en el ámbito local, corresponde exclusivamente al titular del Ministerio Público de la entidad federativa. En síntesis, indicó:

• La determinación del legislador local de otorgar a la Fiscalía de personas desaparecidas la facultad de solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones privadas es contraria a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lejos de constituir una contradicción con el Texto Constitucional puede implicar un obstáculo y una dilación para la adecuada investigación y sanción del delito de desaparición forzada de personas.

• Lo anterior, en virtud de que dicha facultad es exclusiva de la autoridad judicial federal a petición de la autoridad federal que faculte la ley, o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente (autorizar la intervención de cualquier comunicación privada).

• Es decir, de la comparación entre el Texto Constitucional y el del ordenamiento local que por esta vía se impugna, se obtiene que la Carta Magna indica que la intervención de comunicaciones exclusivamente puede ser decretada por la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa, es decir, cualquier otra autoridad carece de competencia para realizar dicha solicitud.

• Por su parte, la ley especial local permite que la Fiscalía Especializada del Estado de Baja California Sur pueda solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones privadas.

• Con base en ello, concluye, la disposición impugnada transgrede lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puesto que en todo caso, de conformidad con la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, la titularidad del Ministerio Público en esta entidad federal recae en el procurador general de Justicia, hoy fiscal general, era el único facultado para tales efectos, tal y como se precisa en el artículo 85, letra A,(4) y no puede considerarse propia de la Fiscalía de personas desaparecidas por no estar facultada por la Carta Magna.

• Lo anterior, agregó, sin que pase inadvertido que el artículo 70, fracción VIII, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,(5) establece que la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República, tiene entre sus facultades "Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones ...;"

• Y el diverso arábigo 71 de ese ordenamiento(6) señala que las Fiscalías Especializadas de las entidades federativas deben contar, al menos, con las características y atribuciones previstas en el artículo 70 antes referido.

• Sin embargo, la correcta interpretación de esas disposiciones debe ser, aseveró, conforme al artículo 16 del Texto Constitucional, que es tajante en señalar que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

Por último, para robustecer sus consideraciones, la accionante aseveró que las normas impugnadas constituyen una grave restricción para el ejercicio pleno del derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, así como para alcanzar los objetivos planteados en la resolución 70/1 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el veinticinco de septiembre de dos mil quince, denominada "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible".

6. Admisión y trámite. En relación con la instrucción del asunto, destaca que recibida la demanda de acción de inconstitucionalidad, mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesta la demanda y la registró bajo el número de expediente 104/2019, designando como instructor del asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales.(7)

7. En esa data, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur para que rindieran su informe dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo; asimismo, requirió al Poder Legislativo de esa entidad a enviar copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada y, a su vez, requirió al Poder Ejecutivo a exhibir un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad. Por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para la formulación del pedimento correspondiente.(8)

8. En relación con las opiniones e informes de las autoridades demandadas, se advierte lo siguiente:

9. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur. A través de escrito recibido el veintidós de octubre de dos mil diecinueve,(9) Miguel Ángel Esquinca Kuri, quien se ostentó como subsecretario de la Consejería Jurídica dependiente de la Secretaría General de Gobierno de esa entidad en representación del gobernador del Estado de Baja California Sur, señaló que es cierto que publicó el Decreto 2621 en el que se emitió la Ley de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para ese Estado y se adicionan o derogan diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa.

10. Lo anterior, agregó, se materializó en el Boletín Oficial extraordinario de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, tomo XLVI, número 36 y que de conformidad con sus artículos transitorios entró en vigor al día siguiente de tal acto.

11. Informe del Poder Legislativo. El Poder Legislativo de la entidad, a través del oficial mayor, Rubén Atilio Perea de la Peña, por escrito recibido el seis de noviembre de dos mil diecinueve,(10) rindió informe en el que argumentó:

a) Que las normas impugnadas fueron emitidas por el Poder Legislativo que representa, aprobadas en sesión pública de veintisiete de junio de dos mil diecinueve y expedidas a través del Decreto 2621.

b) En relación con el primer concepto de invalidez informó que estiman que le asiste la razón a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

c) Por lo que hace al segundo de ellos, estima que debe declararse infundado y, por tanto, desestimar las alegaciones del demandante.

Aseguró que, si bien la interpretación del contenido del artículo 54, fracción VIII, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur pudiera hacerse a la luz del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y concluir que no tiene facultades expresas para solicitarla, cierto es que no debe soslayarse que dicha fiscalía depende directamente del procurador general de Justicia del Estado de Baja California Sur, quien representa al Ministerio Público y por ese solo hecho, la fiscalía especializada puede, por conducto de su superior jerárquico, solicitar al Juez Federal la intervención de comunicaciones en términos de los ordinales 52 y 53 de la legislación local en comento, en concordancia con los arábigos 6, 12, 13, 20 y 79 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.

Es por ello que la solicitud que formule debe considerarse válida puesto que lo hace en el desempeño de sus funciones y con el objeto de desempeñar a cabalidad su encomienda. En esa línea, un Juez Federal no aceptará solicitud, ni obsequiará orden para intervenir comunicaciones privadas si ésta no es formulada por el procurador general de Justicia quien preside el Ministerio Público y ejerce la autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Procuraduría, entre ellos, la Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y delitos vinculados.

Por ende, la falta de disposición expresa no implica que se vulnera la norma constitucional federal, pues como lo expuso, el procurador, de quien depende la fiscalía, puede hacer la petición para cumplir a cabalidad la tarea de procurar justicia a través de la institución del Ministerio Público con lo que se cumple lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, el no vulnerar el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la norma impugnada debe declararse válida.

12. Cierre de la instrucción. Realizado el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.(11)

II. Competencia

13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(12) toda vez que se plantea la posible infracción de disposiciones de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur y a artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Oportunidad

14. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal(13) dispone que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnado, considerando para el cómputo cuando se trate de materia electoral, todos los días como hábiles. En el caso de que el último día del plazo sea inhábil, podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

15. En el caso, se controvierten artículos de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur, reformados mediante Decreto 2621 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.

16. Así, el plazo para impugnarlo transcurrió del diecisiete de agosto al quince de septiembre de dos mil diecinueve pero, al ser día inhábil, el plazo concluyó el diecisiete de septiembre de ese año, puesto que también fue inhábil el dieciséis de ese mes y año.

17. Por lo que, si la acción de inconstitucionalidad se presentó el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se arriba al convencimiento de que es oportuna.

IV. Legitimación

18. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que este medio de control podrá iniciarse por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como órgano legitimado para impugnar leyes de las entidades federativas que estime violatorias de derechos humanos.

19. Así, el escrito inicial fue signado por Luis Raúl González Pérez, quien acreditó su personalidad con copia certificada del oficio DGPL-1P3A.-4858, de trece de noviembre de dos mil catorce, signado por el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, que lo reconoce como el presidente de dicha Comisión.(14)

20. Ahora bien, en términos del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, el promovente debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados.

21. Por tanto, si el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(15) confiere a su presidente la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad, es de concluirse que este medio de control constitucional fue promovido por un órgano legitimado a través de su representante.

V. Causas de improcedencia

22. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia y esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no advierte de oficio la actualización de alguna.

23. Adquiere relevancia señalar que las normas impugnadas fueron objeto de una reforma posterior a la que se analiza en la presente acción.

24. En efecto, el veinte de enero de dos mil veinte se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el Decreto 2698 por el que se reforman los artículos 6o. y 54, fracción VIII, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur.(16)

25. Los textos impugnados quedaron en los siguientes términos:

Ver textos impugnados

26. De lo anterior, se obtiene que el legislador local, por medio del Decreto 2698, modificó el contenido de los artículos 6o. y 54, fracción VIII, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur.

27. En el caso del primero de los numerales en comento, decidió suprimir la aplicación supletoria de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, en el texto que actualmente se encuentra vigente, el Código Penal Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte continúan siendo instrumentos jurídicos a los que los destinatarios de esa ley pueden acudir para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes.

28. Ahora, en el caso del artículo 54, fracción VIII, el Constituyente Local decidió puntualizar que la Fiscalía Especializada seguirá contando con la facultad de solicitar a la autoridad judicial competente, la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones pero en su texto vigente puntualizó que ello atenderá a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.

29. Es de señalarse que conforme al artículo primero transitorio del Decreto 2698 la vigencia de esa modificación inició al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, es decir, el martes veintiuno de enero de la presente anualidad.

30. Sin embargo, se estima que en atención a la naturaleza penal de las disposiciones legales combatidas, no es dable estimar alguna causa de improcedencia de la acción de inconstitucionalidad con motivo de la publicación de la reforma en comento.(17)

31. Máxime que, ante una eventual declaratoria de invalidez, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción III, párrafo segundo y 45, segundo párrafo, de la ley reglamentaria podrían generarse efectos retroactivos.

32. Consecuentemente, procede el análisis de los conceptos de invalidez.

VI. Estudio

33. Como se ha relatado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna la regularidad constitucional de los artículos 6o. y 54, fracción VIII, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur; por ende, se procede al análisis de los conceptos de invalidez formulados, lo que se hace en los siguientes términos.

I. Análisis de la constitucionalidad del artículo 54, fracción VIII, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur

34. La disposición legal en comento, indica:

"Artículo 54. La Fiscalía Especializada tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:

"...

"VIII. Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables; ..."

35. Sustancialmente, la accionante estima que esa disposición legal es contraria al contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la facultad para solicitar la intervención de comunicaciones privadas únicamente le corresponde a la autoridad federal facultada por la ley o al titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, y no a la Fiscalía Especializada del Estado.

36. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba al convencimiento de que ese concepto de invalidez es fundado.

37. Para ello, es oportuno señalar que este Tribunal Constitucional retoma las consideraciones expuestas al resolver las acciones de inconstitucionalidad 77/2018(18) y 5/2019,(19) en las que se analizaron disposiciones de la Ley Número 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, respectivamente, cuyo contenido es similar a la norma que ahora se estudia y que también fueron confrontados con lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Magna.

38. En ambos casos se analizó el contenido y desarrollo del arábigo en comento del Pacto Federal y se destacó que entre otros aspectos, reconoce el derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas; de igual forma, puntualiza los requisitos para autorizar y efectuar la intervención de comunicaciones privadas.(20)

39. Lo anterior, puesto que la evolución legislativa ha dejado patente la intención de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de introducir en el Texto Constitucional la regulación para la intervención de comunicaciones privadas, estableciendo particularmente que la autoridad competente para intervenirlas es únicamente la autoridad judicial federal y que las intervenciones deben ajustarse a los requisitos que las leyes prevean; ello, con la finalidad de limitar y restringir el uso de tal diligencia pero a la vez, fortaleciendo las herramientas y estrategias para enfrentar a la delincuencia.

40. Ahora, en relación con los sujetos legitimados para solicitarla adquiere relevancia el contenido del dictamen de veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, emitido por las "Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, del Distrito Federal y, de Estudios Legislativos Primera Sección" de la Cámara de Senadores, qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29804-68833b62/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.