I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES. IV. SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL APLICABLE SOBRE LOS REQUISITOS PARA QUE OPERE. V. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA PREVER LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN LO NO PREVISTO POR LA NORMATIVA LOCAL. VI. EXTINCIÓN DE DOMINIO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR EN LA MATERIA CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. VII. SUPLETORIEDAD DE LEYES LOCALES. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE COMO RÉGIMEN SUPLETORIO DE LEY PARA PREVENIR, ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, TRANSGREDE LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y A LA LEGALIDAD, YA QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE RESERVADA DE MANERA EXCLUSIVA LA FACULTAD DE LEGISLAR EN ESTAS MATERIAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS," Y "EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS,", DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VIII. TRATA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO. IX. TRATA DE PERSONAS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TIENEN LA FACULTAD PARA LEGISLAR EN ESTA MATERIA, CONFORME AL RÉGIMEN DE CONCURRENCIA Y COORDINACIÓN QUE LES OTORGUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN. X. TRATA DE PERSONAS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE: 1) LAS COMPETENCIAS Y FORMAS DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PERSECUCIÓN Y SANCIÓN DE LOS DELITOS ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS; 2) LOS TIPOS Y SANCIONES; 3) LOS PROCEDIMIENTOS PENALES APLICABLES; 4) LAS COMPETENCIAS Y FORMAS DE COORDINACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS; 5) LOS MECANISMOS PARA TUTELAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CUANDO ÉSTAS SE VEN AMENAZADAS O LESIONADAS POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS; Y 6) LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN DE LOS DAÑOS GENERADOS. XI. TRATA DE PERSONAS. EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL LEGISLAR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PREVISIÓN DE LOS DELITOS REGULADOS POR LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2 TER DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS RETROACTIVOS A LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, Y CORRESPONDE A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 2 TER Y 3, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS," Y "EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS,", DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 2 TER Y 3, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS," Y "EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS,", D
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 169/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 12 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIOS: OSCAR VÁZQUEZ MORENO Y FABIÁN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
ACTO IMPUGNADO: Artículos 2 TER y 3, en las porciones normativas que indican: "de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos", "el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley General de Víctimas", de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, reformada mediante Decreto número 251 publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 169/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se impugnan diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, reformada mediante Decreto número 251 publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 2 TER y 3, en las porciones normativas que indican: "de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos", y "el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley General de Víctimas", de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, reformada mediante Decreto número 251 publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.
2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima transgredidos los numerales 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Conceptos de invalidez. En el ocurso inicial la accionante hizo valer, esencialmente, lo siguiente:
En el único concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que los artículos 2 TER y 3 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, transgreden el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, toda vez que la primera de las disposiciones regula un supuesto previsto en la diversa Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; mientras que el segundo numeral, establece que se observarán supletoriamente leyes de carácter nacional o general de aplicación directa en el territorio mexicano.
En principio, la accionante endereza una serie de consideraciones relacionadas con el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, conforme a la doctrina jurisprudencial emitida por este Alto Tribunal.
1. Indebida supletoriedad de normas.
La Comisión estima que el artículo 3 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, reformada mediante Decreto número 251 publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, establece un indebido régimen de supletoriedad.
Aduce que ello es así, debido a que en diversas porciones normativas de ese numeral, el legislador local determinó que frente a algún vacío legal de la ley impugnada, se podrá aplicar supletoriamente y de manera secundaria: la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley General de Víctimas.
Sostiene que el legislador local no puede establecer la aplicación supletoria de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, ya que desde la entrada en vigor del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, la potestad normativa punitiva por el delito de trata de personas, quedó depositada exclusivamente al Congreso de la Unión, privando a los Estados de la atribución con la que anteriormente contaban en términos del artículo 124 constitucional, manteniendo sólo facultades para prevenir, investigar y castigar dicho delito conforme al régimen de concurrencia de facultades derivado de lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 73 constitucional.
Por tanto, no resulta acorde con el andamiaje constitucional que el Congreso del Estado de Nuevo León contemple en su ordenamiento local la supletoriedad de una ley general, cuando es ésta la que establece las competencias, formas de coordinación, los tipos penales en la materia y sus relativas sanciones, los procedimientos aplicables a los delitos, entre otras cuestiones esenciales, para que las entidades federativas emitan las leyes respectivas en la materia.
Asimismo, indica que, en relación con la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General, atribuyó igualmente al Congreso de la Unión la facultad de legislar para prever las normas que regulen el proceso penal y que, por tanto, serán de observancia directa en todo el territorio nacional.
De ahí que, conforme a la Constitución Federal, al legislador local únicamente le corresponde llevar su actividad legislativa respecto de la normatividad complementaria que permita la implementación de esa legislación nacional, sin que tenga facultades para determinar en qué casos vinculados al proceso penal será aplicable la norma nacional de la materia y mucho menos su supletoriedad.
Arguye la accionante que la aplicación supletoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que prevé la ley impugnada, de manera similar que los casos anteriores, también carece de congruencia con el sistema constitucional vigente, porque en términos del artículo 73, fracción XXX, de la Norma Fundamental, el Congreso de la Unión es el único órgano facultado para legislar en materia de extinción de dominio.
Señala que, en esa tesitura, es posible advertir que, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional de dos mil diecinueve, en materia de extinción de dominio, las legislaturas locales dejaron de tener competencia para legislar en materia de extinción de dominio, al facultar exclusivamente al Congreso de la Unión para expedir una legislación única.
Aduce la Comisión que, por las mismas razones, la Ley General de Víctimas tampoco puede ser supletoria de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, porque, precisamente, se trata de una ley general que fue expedida por el legislador federal por mandato expreso del artículo 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Federal.
Menciona que, en función de ello, la Ley General de Víctimas es el ordenamiento que contempla las bases para que las entidades federativas emitan su ley local en la materia, por ende, es de aplicación directa en todo el territorio nacional y obliga a las autoridades, dentro de sus respectivas competencias, a actuar conforme a los principios y criterios contenidos en ella.
Así manifiesta la promovente, que las leyes nacionales y generales mencionadas, como parte del fundamento de validez de la normativa expedida por las legislaturas de las entidades federativas, en este caso del Estado de Nuevo León, no pueden ser al mismo tiempo supletorias, pues de lo contrario se generaría una confusión al equiparar una relación competencial y de validez, con otra de supletoriedad, distorsionando así el sistema jurídico mexicano.
Refiere que, por lo anterior, el precepto impugnado vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad, debido a que no establece una supletoriedad normativa que sea congruente con la Constitución Federal, habida cuenta que el Congreso del Estado de Nuevo León no se encuentra habilitado para determinar la supletoriedad de leyes que son de observancia directa en toda la Nación, tanto para las autoridades federales como para las entidades federativas.
Adicionalmente, expone que este Alto Tribunal ha declarado la invalidez de normas que establecen un régimen de supletoriedad en leyes locales respecto de disposiciones de observancia directa en todo el territorio nacional, como es en las acciones de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015, 79/2019, 95/2019, 104/2019, 114/2020 y 260/2020.}
Señala que, por tanto, debe declararse la invalidez del artículo 3, en las porciones normativas "de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos", "el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley General de Víctimas", de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, al establecer un indebido régimen de supletoriedad, transgrediendo el derecho de seguridad jurídica y principio de legalidad.
2. Inhabilitación constitucional para legislar sobre materias relacionadas con el delito de trata de personas.
Sostiene la Comisión promovente que el legislador local no está habilitado para adicionar, modificar o replicar las reglas comunes aplicables para los delitos de trata de personas, ya que por mandato del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la norma fundamental, corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en dicha materia mediante la expedición de una ley general.
De ahí que, en la actualidad, las legislaturas locales únicamente tienen una facultad residual en la materia, es decir, sólo pueden legislar referente a lo que expresamente les confiere la Ley General y en aquellas cuestiones que no estén previstas en el ordenamiento, siempre y cuando no contradigan o establezcan parámetros diferenciados a los regulados por la ley.
Expone que el Congreso de la Unión expidió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil doce, cuyo artículo 40, prevé una disposición que, precisamente, prohíbe que se considere como causa de exclusión de responsabilidad penal cuando exista consentimiento otorgado por la víctima, de la misma manera que lo hace el numeral 2 TER de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León.
Para corroborar lo anterior, la accionante expone el siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo 1
Agrega que, dado que el contenido del artículo impugnado regula una cuestión que ya está prevista en la ley general relativa, ello genera una doble regulación sobre un mismo supuesto jurídico, lo que vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad, ya que fue emitida por una autoridad que no se encuentra constitucionalmente habilitada para ello.
Reitera que la Constitución General estableció como facultad exclusiva del Poder Legislativo Federal, la atribución de expedir la ley general que regule cuestiones de delito de trata de personas, razón por la cual, no existe una autorización constitucional que habilite al Congreso del Estado de Nuevo León para abordar cuestiones que están previstas en aquélla, toda vez que ello resulta innecesario e indisponible para el legislador estatal.
Sostiene que, por tales razones, el artículo 2 TER de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.
4. Registro del expediente y turno de la demanda. Por acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el número 169/2022. Por razón de turno, le correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.
5. Admisión de la demanda. El veinticuatro de febrero siguiente, el Ministro instructor dictó acuerdo en el que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León para que rindieran sus respectivos informes, en términos del numeral 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, requirió al Congreso de la citada entidad para que al rendir su informe remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas; en tanto que, al Ejecutivo del propio Estado le solicitó que exhibiera un ejemplar del periódico oficial correspondiente a la publicación del decreto por el que fueron reformadas diversas disposiciones de la ley impugnada.
6. Acuerdo que tiene por rendidos los informes de las autoridades demandadas. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León; así como por exhibidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normativas impugnadas y del ejemplar del Periódico Oficial que contiene el decreto por el que fueron reformadas, cuyo contenido esencial, es el siguiente:
I. Informe de la autoridad promulgadora.
Señala que es cierto que el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, previa la promulgación por parte del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, se publicó en el Periódico Oficial de la propia entidad federativa el Decreto número 251, mediante el cual se adicionó entre otros, el artículo 2 TER y se reformó el artículo 3 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León.
Menciona que la promulgación se efectuó con fundamento en lo establecido en los artículos 90, 91 y 125, fracción IX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
Aduce que el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León no presentó la iniciativa en virtud de la cual se realizó la adición y reforma de los preceptos reclamados de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas de esa entidad federativa, por lo que su intervención se limitó a la promulgación del mencionado Decreto número 251 y en la demanda no se expone cuestionamiento en torno a ello, sino sólo la impugnación de la normatividad cuya invalidez se demanda.
II. Informe de la autoridad emisora.
Manifiesta que es cierta la expedición del Decreto número 251, publicado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, previa promulgación respectiva por parte del Ejecutivo del Estado de Nuevo León, mediante el cual se adicionó entre otros, el artículo 2 TER y se reformó el diverso numeral 3 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León.
Expresa que deviene infundado e improcedente el concepto de invalidez hecho valer por la Comisión accionante, en el que aduce que no es constitucionalmente válido que la ley impugnada establezca la aplicación supletoria de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley General de Víctimas; y que el legislador local excedió sus facultades al haber estipulado en la ley combatida una previsión ya contenida en la Ley General mencionada en primer orden.
Sostiene que el Congreso del Estado de Nuevo León actuó dentro de la esfera competencial que le corresponde, en términos de lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Federal y los diversos 63, 70 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, por lo que no violentó ninguna de las garantías que las que se duele la promovente, tal como ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio jurisprudencial de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA."(1)
Indica que la porción normativa impugnada que prevé la aplicación supletoria de diversas legislaciones federales no transgrede el derecho de seguridad jurídica ni el principio de legalidad.
Refiere que el decreto combatido no excede las facultades de creación normativa al haber establecido en la Ley que se impugna una previsión ya contenida en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, pues de su lectura se obtiene que el legislador determinó que serán aplicables supletoriamente, a lo que a sus materias corresponda, lo que no se contradice con el texto constitucional.
Señala que, además, en el penúltimo párrafo del artículo 5 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el legislador federal dispuso contener todos los supuestos de aplicación no previstos en esa ley general a las entidades federativas, siempre y cuando no se contravengan las normas fundamentales.
Finalmente, indica que la norma impugnada no es transgresora de los principios que precisa la accionante, puesto que, en primer lugar, la ley local dispone y aplica las disposiciones de la ley general y, en segundo lugar, dicha Ley General dispone la competencia de las entidades federativas.
7. Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos presentados por la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción de este asunto, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
8. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que se cuestiona la constitucionalidad de disposiciones normativas contenidas en la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, reformada mediante Decreto número 251 publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por violar los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad. II. OPORTUNIDAD
9. De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y el cómputo inicia a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial, en el entendido de que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
10. En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el viernes veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad transcurrió del sábado veintiséis de noviembre al domingo veinticinco de diciembre del mismo año.
11. Luego, si el escrito de demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el lunes veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, es claro que su interposición resulta oportuna, ya que ello ocurrió el primer día hábil siguiente al último día del plazo para su vencimiento, tal como lo establece el referido artículo 60 de la legislación reglamentaria en comento.
12. Al arribar a esa conclusión, no es ajeno para quienes resuelven que mediante Decreto Número 279 publicado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de la entidad federativa de mérito, se modificaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León; sin embargo, de su contenido se advierte que los artículos aquí impugnados no sufrieron ninguna modificación.
13. Esto es así, pues del Artículo Único del mencionado decreto se desprende que se reformó "la fracción III y IX del artículo 13, la fracción V del artículo 15 y la fracción VI del artículo 22; por adición de un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 13 y el artículo 21 Bis, todos de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León."
III. LEGITIMACIÓN
14. Se procede a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
15. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de las entidades federativas y otras normas de carácter general que vulneren los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
16. Bajo esa premisa, de la lectura de la demanda relativa se advierte que la referida Comisión hace diversos planteamientos por los que considera que los artículos 2 TER y 3 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, son violatorios de los derechos de legalidad y seguridad jurídica.
17. En consecuencia, se estima que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para interponer la presente acción de inconstitucionalidad.
18. Aunado a lo anterior, la demanda de acción de inconstitucionalidad fue firmada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada de la comunicación emitida por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo comprendido del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.(5)
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
19. El Ejecutivo del Estado de Nuevo León señala en su informe,(6) que no presentó la iniciativa mediante la cual se adicionaron y reformaron los artículos impugnados, por lo que su intervención se limitó, únicamente, a la promulgación del Decreto número 251, la cual se efectuó conforme a sus atribuciones legales previstas en la Constitución local, sin que en la demanda se hubieren expresado cuestionamientos en torno a ello.
20. Así las cosas, se estima que aun cuando ese planteamiento no se señaló expresamente como causa de improcedencia, debe tenerse presente que este Tribunal Pleno ha sostenido que cuando el Ejecutivo local alega que realizó la promulgación y publicación de la norma combatida conforme a las facultades que le otorgan las disposiciones locales, tal argumento debe desestimarse, toda vez que al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, aquél se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma controvertida en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República.(7)
21. En consecuencia, no se actualiza una causa de improcedencia en virtud de ese argumento.
22. Finalmente, debe destacarse que este Tribunal Pleno no advierte de oficio que se actualice algún motivo de improcedencia diverso.
V. ESTUDIO DE FONDO
23. Del único concepto de invalidez es posible advertir que los temas planteados por la accionante consisten en determinar, básicamente, la regularidad constitucional de: I) El artículo 3 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, al prever la aplicación supletoria de diversas leyes generales y del ámbito nacional; y, II) El numeral 2 TER de la referida ley local por haberse emitido por autoridad incompetente; cuyo análisis será abordado en ese orden.
Tema I. Estudio del artículo 3 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León.
24. La Comisión accionante aduce, esencialmente, que dicho precepto transgrede los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al establecer la supletoriedad "de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos", "el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley General de Víctimas", esto, porque considera que tal supletoriedad no es congruente con la Constitución Federal, habida cuenta que el Congreso del Estado de Nuevo León no se encuentra habilitado para determinar la aplicación supletoria de leyes que son de observancia directa en toda la Nación.
25. El concepto de invalidez expuesto es fundado.
26. Al respecto, es oportuno reproducir el contenido del precepto impugnado:
"Artículo 3. En todo lo no previsto por esta Ley serán aplicables supletoriamente, en lo que a sus materias corresponda, las disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, del Código Penal para el Estado de Nuevo León, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley General de Víctimas, así como la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, y demás leyes aplicables."
27. Como se observa del precepto transcrito, el legislador local estableció el régimen supletorio aplicable para la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León y, en lo que aquí interesa, previó la supletoriedad de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley General de Víctimas.
28. Ahora, en relación con el tema de la supletoriedad y la indebida remisión por parte del legislador local a leyes generales o nacionales emitidas por el Congreso de la Unión, este Alto Tribunal ha emitido una amplia doctrina jurisprudencial, la cual resulta aplicable para declarar la invalidez de las porciones normativas impugnadas.
29. Así es, por lo que ve a la materia de trata de personas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015,(8) en la que se pronunció, entre otros temas, sobre la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas, el cual preveía como norma de aplicación supletoria a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.
30. En dicho asunto, se analizó la facultad del Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de trata de personas y se determinó que, al facultarse constitucionalmente al Congreso de la Unión para emitir la ley general respectiva, se privó a las entidades federativas de la atribución con la que anteriormente contaban, en términos del artículo 124 de la Constitución Federal, para legislar sobre esta materia, quedando limitadas a aquellas facultades que, conforme al régimen de concurrencia y coordinación, les otorgara el Congreso de la Unión.
31. Asimismo, se determinó que el precepto impugnado era inconstitucional en su segundo párrafo, derivado de que la Ley General en materia de trata de personas no puede ser supletoria de la ley local en dicha materia, al ser la primera la que define el contenido de la segunda; siendo ambas obligatorias para las autoridades de las entidades federativas respecto de aquellas cuestiones propias y diferenciadas que cada una regula, siendo aplicable, a nivel local, en prim
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32458-178ac1ab/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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