I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULOS 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. TRATA DE PERSONAS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LA INVESTIGACIÓN, EL PROCEDIMIENTO Y LAS SANCIONES EN LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "...LA LEY GENERAL, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES..."). IV. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA LEY GENERAL EN LA MATERIA NO PUEDE SER PARTE DEL RÉGIMEN DE SUPLETORIEDAD DE LA LEGISLACIÓN LOCAL QUE RIGE ESA MATERIA, AL CONSTITUIR SU PARÁMETRO DE VALIDEZ (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "...LA LEY GENERAL, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES..."). V. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO PUEDE FORMAR PARTE DEL RÉGIMEN DE SUPLETORIEDAD DE LA LEGISLACIÓN LOCAL QUE RIGE ESA MATERIA, TODA VEZ QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIR LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "...LA LEY GENERAL, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES..."). VI. SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. VII. DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN COMPETENCIA PARA LEGISLAR EN TORNO AL TIPO Y SANCIONES CORRESPONDIENTES, Y PARA LEGISLAR RESPECTO DE OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS, DEBEN ESTARSE A LO QUE DISPONGAN LAS LEYES GENERALES CORRESPONDIENTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "...LA LEY GENERAL, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES..."). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA, POR SER VIOLATORIA DE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE LEGALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "...Y LOS TRATADOS"). IX. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. CORRESPONDE AL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SOLICITAR A LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL SU AUTORIZACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). X. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS. LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DELITOS VINCULADOS DE LA ENTIDAD, CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 6 DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "...LA LEY GENERAL, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES..." Y 52, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPONIBLES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 6 DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "...LA LEY GENERAL, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES..." Y 52, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 128/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 21 DE JULIO DE 2020. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: MÓNICA JAIMES GAONA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de julio de dos mil veinte.
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación. Por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 6, en la porción "... la ley general, el Código Nacional de Procedimientos Penales..."; y 52, fracción VIII, ambos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas, expedida mediante el Decreto Número 010, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, cuyo texto es el siguiente:
Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas
"Artículo 6. En todo lo no previsto en la presente ley, son aplicables supletoriamente las disposiciones establecidas en la ley general, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal para el Estado de Chiapas, el Código Civil para el Estado de Chiapas, así como la Ley de Víctimas y los tratados."
"Artículo 52. La fiscalía tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:
"...
"VIII. Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables."
Señaló como autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada, a las siguientes:
I. Poder Legislativo del Estado de Chiapas.
II. Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas.
SEGUNDO.—Normas constitucionales y convencionales que se aducen violadas.
• Artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Artículos 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. La Comisión accionante expuso los siguientes argumentos:
"Primero. El artículo 6 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas, establece como disposiciones supletorias la ley general en la materia y el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.
"La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es la que define el contenido de la local, siendo aplicable en primer lugar y no supletoriamente.
"Por lo que hace al código adjetivo penal nacional, tampoco puede preverse como supletorio, ya que es el código único en la materia.
"...
"A. Seguridad jurídica y principio de legalidad.
"El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, los cuales buscan que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre y, por tanto, en estado de indefensión.
"Dichos mandatos constitucionales son prerrogativas fundamentales cuyo contenido esencial radica en ‘saber a qué atenerse’ garantizando que toda persona encuentre en una situación de incertidumbre y, por tanto, en estado de indefensión.
"...
"B. Vulneración al derecho de seguridad jurídica y del principio de legalidad en razón del sistema de supletoriedad.
"En el caso concreto, este organismo autónomo considera que se actualiza una transgresión al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, toda vez, que el artículo 6 de la ley impugnada establece una indebida supletoriedad normativa respecto de ordenamientos como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y, el Código Nacional de Procedimientos Penales, situación que genera un estado de incertidumbre tanto para los operadores jurídicos como para las personas.
"...
"De lo anterior se desprende que, si bien las entidades federativas son competentes para investigar, procesar y sancionar los delitos, en los supuestos que no le correspondan a la Federación, la propia ley general estable (sic) categóricamente, conforme a su artículo 6 que son aplicables supletoriamente las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y las leyes aplicables, así como la Ley General de Víctimas y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, con lo cual no se deja margen de regulación, ni siquiera procesal, a las entidades federativas en este aspecto.
"Ahora bien, el artículo 6 de la ley impugnada señala lo siguiente: (se transcribe).
"Esta Comisión Nacional considera que dicho precepto no resulta congruente con el orden normativo nacional establecido por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
"El efecto de la disposición impugnada es que la disposición local se aplica en primer lugar y supletoriamente se observará la ley general.
"Sin embargo, la ley general no puede ser supletoria de la local, en razón de que es la propia ley general la que define el contenido de la local, siendo ambas obligatorias para las autoridades de las entidades federativas respecto de aquellas cuestiones propias y diferenciadas que cada una regula.
"Así, únicamente el Congreso de la Unión es el facultado para distribuir competencias y establecer en qué términos participará cada uno de los órdenes de gobierno en la materia, siendo aplicable, a nivel local, en primer lugar, la ley general y, posteriormente, las normas emitidas por los Congresos Locales, en ejercicio de la competencia que aquellas les haya conferido.
"Por lo tanto, no es admisible que la Legislatura Estatal haya dispuesto que en primer término serán aplicables las normas que expidió y de manera supletoria, aquellas que emitió el Congreso Federal en uso de su facultad constitucional exclusiva, toda vez que es este último órgano legislativo quien define, por conducto de la ley general correspondiente, el parámetro de actuación que tienen los legisladores de las entidades federativas.
"En el mismo sentido, la ley local tampoco puede prever la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales en lo no previsto por la legislación en materia de desaparición de personas del Estado de Chiapas, pues ésta no puede regular cuestiones relacionadas con la investigación, procedimiento y sanción de los delitos, ya que ello es una competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
"Es por ello que la ley general, emitida por el Congreso de la Unión, prevé en su artículo 6o. la supletoriedad del referido Código Nacional respecto de sus disposiciones, sin embargo, esta disposición no puede replicarse a nivel local porque redundaría en una incongruencia normativa, como ocurre en el caso concreto.
"Bajo esta tesitura, el Congreso de Chiapas no se encuentra habilitado para establecer la supletoriedad de las leyes que son de observancia directa en toda la República Mexicana tanto para las autoridades federales como para las entidades federativas.
"Es decir, tanto la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, como el Código Nacional de Procedimientos Penales aplicables de forma directa, y no supletoria, respecto de las disposiciones emitidas por los Congresos Locales.
"Se reitera, la legislación general y nacional de las materias de desaparición de personas y procesal penal, respectivamente, no pueden ser supletorias de las leyes locales, al ser precisamente éstas dos primeras, en sus respectivos ámbitos de aplicación, las que definen el contenido de las locales, por la cual los operadores jurídicos deben aplicarlas de manera directa respecto de las cuestiones que le son propias.
"A efecto de robustecer lo anterior, ese Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015, determinó que tanto las leyes generales como el Código Nacional de Procedimientos Penales no pueden preverse como supletorios de una ley local, por virtud de haberse expedido en uso de atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión, pues a (sic) las entidades no tienen potestad para regular cuestiones relacionadas con la investigación, procedimiento y sanción de delitos, que ya se encuentran regulados en la legislación de la materia.
"Así, como se ha hecho patente, el precepto impugnado de la legislación local, transgrede el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, por regular situaciones fuera de los límites que la Constitución Federal.
"Por lo anterior, el artículo 6 impugnado de la ley que nos ocupa, infringe la Norma Fundamental al vulnerar el derecho a la seguridad jurídica de las personas, al establecer un régimen indebido de supletoriedad respecto de normas que son de observancia general y aplicación directa en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
"...
"Segundo. El artículo 52, fracción VIII, de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas, establece como una de las atribuciones de la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas, y la Cometida por Particulares, solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones.
"Lo anterior, vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, al contradecir el mandato del numeral 16 de la Constitución Federal, el cual establece que dicha atribución en el ámbito local corresponde exclusivamente al titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente.
"...
"En el caso específico, esta Comisión Nacional considera que el artículo 52, fracción VIII, de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas, contradice lo previsto en el diverso 16, párrafo décimo tercero, de la Norma Fundamental.
"No obstante, más allá de una mera contradicción con el Texto Constitucional, la norma impugnada puede implicar un obstáculo y una dilación para la adecuada investigación y sanción del delito de desaparición forzada de personas.
"El texto de la norma impugnada es el siguiente: (se transcribe)
"Como se puede apreciar de la transcripción, la norma que se impugna prevé como una de las atribuciones de la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares el solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones privadas.
"Sin embargo, el artículo 16 de la Constitución dispone que las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, puede autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
"Para mayor precisión, se debe contrastar el contenido del texto impugnado a la luz de la Norma Fundamental: (se transcribe)
"De la comparación a las disposiciones normativas transcritas se colige que la Constitución Federal, establece en su artículo 16, párrafo décimo tercero, que la intervención de comunicaciones exclusivamente puede ser decretada por la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa, es decir, que cualquier otra autoridad carece de competencia para realizar dicha solicitud.
"Contrario al precepto constitucional en cita, la fracción VIII del artículo 52 de la ley impugnada, permite que la fiscalía pueda solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones privadas, lo que transgrede lo previsto en el artículo 16 del Máximo Ordenamiento Constitucional.
"En relación al párrafo que antecede, se debe puntualizar que la autoridad competente, en términos de la Norma Fundamental, para solicitar al Juez Federal la intervención de comunicaciones, que en el ámbito local es el titular del Ministerio Público, en el caso del Estado de Chiapas es el fiscal general del Estado tal y como se precisa en el artículo 92 de su Constitución Política, mismo que a continuación se trae a la literalidad: (se transcribe)
"Como se puede apreciar, la propia Constitución del Estado de Chiapas dispone que el fiscal general ocupa la titularidad del Ministerio Público de esa entidad y, por tanto, es el único habilitado, en términos de la Constitución Federal, para solicitar la intervención de comunicaciones.
"En este orden de ideas, puede concluirse que la facultad de mérito no es propia de la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, pues la Constitución Federal no la faculta para solicitar de manera directa la intervención de comunicaciones, ya que tal atribución se arroga al fiscal general de esa entidad.
"En efecto, la norma impugnada dispone que la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares tiene la atribución de solicitar a la autoridad competente la autorización para la intervención de comunicaciones privadas, sin embargo, ello transgrede el artículo 16 constitucional, pues la facultad para solicitarla, le corresponde únicamente a dos sujetos determinados; primero a la autoridad federal que faculte la ley y segundo, al titular del Ministerio Público de las entidades federativas.
"Lo anterior en atención a los antecedentes del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en el dictamen de veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, emitido por las ‘Comisiones de Puntos Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia del Distrito Federal y de Estudios Legislativos Primera Sección’ de la Cámara de Senadores, se incluyó la facultad limitada a los titulares del Ministerio Público en las entidades federativas para que aquellos únicamente pudieran solicitar a la autoridad judicial federal la intervención de comunicaciones privadas.
"Luego entonces, quien se encuentra facultado para solicitar la autorización de las comunicaciones privadas a la autoridad judicial federal, en caso de delitos locales, es el titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, de acuerdo con el párrafo décimo tercero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo tal, en el presente asunto, de conformidad con la Constitución Política de ese Estado, el fiscal general.
"No pasa inadvertido para esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, el artículo 70, fracción VIII, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, establece que la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República, tiene entre sus facultades ‘solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones ...’
"Así como, el artículo 71 de la ley citada señala que las Fiscalías Especializadas de las entidades federativas deben contar con al menos, con (sic) las características previstas en el artículo 70. Es decir, podría interpretarse que la ley general, mandata que la Fiscalía Especializada Local tengan (sic) facultad de solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la internación de comunicaciones.
"Sin embargo, la interpretación del artículo 71 de la ley general en cita, debe ser conforme al artículo 16 del Texto Constitucional, mismo que es tajante en señalar que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
"Así, lo previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, al establecer las atribuciones de la Fiscalía Especializada de la Procuraduría, ya que no puede concretarse en perjuicio de la previsión expresa del artículo 16 constitucional. Ello puesto que no puede traducirse en que las Fiscalías Especializadas de las entidades federativas, cuenten con dicha atribución, ya que la Constitución Federal el sujeto legitimado (sic) –en caso de asuntos locales– para solicitar a la autoridad judicial federal la intervención de las comunicaciones privadas, recae únicamente en el titular del Ministerio Público de la entidad que corresponda.
"Finalmente, debe señalarse que el Pleno de ese Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad registrada con el número 77/2018 determinó la inconstitucionalidad de un precepto análogo al que se impugna en el presente medio de control, al estimar que quien se encuentra facultado para solicitar la autorización de intervención de las comunicaciones privadas a la autoridad judicial federal, en caso de delitos locales, es únicamente el titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el párrafo décimo tercero del artículo 16 constitucional, no así otros funcionarios como el fiscal especializado aludido.
"Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el artículo 52, fracción VIII, de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas, vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, en razón de que el legislador de esa entidad federativa, estableció como de las atribuciones de la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, el poder solicitar la intervención de comunicaciones, atribución que conforme al párrafo décimo tercero del artículo 16 de la Constitución Federal, es propia de la autoridad federal competente o del titular del Ministerio Público Local, consecuentemente debe declararse su invalidez al ser contraria al texto de nuestra Norma Fundamental."
CUARTO.—Turno y admisión. Mediante proveído de presidencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad presentada y turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para su trámite y la elaboración del proyecto correspondiente (foja 49 del expediente).
Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve se admitió a trámite el asunto, se ordenó requerir a las autoridades demandadas para que rindieran sus informes de ley, y se acordó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
QUINTO.—Informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. María Lourdes López Sánchez, en su carácter de subconsejera Jurídica de lo Contencioso en representación del gobernador del Estado de Chiapas, rindió el informe correspondiente (fojas 163-166 del expediente), en el cual manifestó lo siguiente:
"Esta representación constitucional, acepta la certeza de los actos atribuidos, toda vez que la promulgación y publicación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas, se llevaron a cabo en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44, 59, fracción I, y 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; por lo que tales actos se encuentran debidamente fundados y motivados, de conformidad con la tesis jurisprudencial P.C/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro digital número: 198428, página 162, Tomo V, de junio de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"‘PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO.’ (se transcribe)."
SEXTO.—Informe rendido por el Poder Legislativo del Estado de Chiapas. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, compareció en representación del Poder Legislativo Local a rendir el informe correspondiente (fojas 189-205 del expediente), en el que en esencia, manifestó lo siguiente:
"Tercero. Dicho dictamen, fue puesto a consideración del Pleno de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, se procedió a emitir el Decreto Número 010, de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, mismo que es constitucional, toda vez fue emitido por autoridad competente y legítima para ello, puesto que fue dictado con apego a las disposiciones constitucionales, tal y como se estipula en el artículo 45, fracción I, que faculta a este Congreso, a legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así como, en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a las leyes federales; por lo que en ese sentido, el Poder Legislativo, en esencia, tiene la función de legislar, elaborar y modificar las leyes existentes de acuerdo con la opinión de los ciudadanos, la función específica es la aprobación de las leyes y, generalmente está a cargo de un cuerpo deliberativo (Congreso, parlamento o asamblea de representantes), motivo por el cual el Poder Legislativo es un grupo de representantes populares que se ocupan tanto de proponer, estudiar, discutir, votar y aprobar o rechazar las iniciativas de ley que presente el propio Poder Legislativo, las legislaciones de los Estados, el Ejecutivo y hasta cierto punto la ciudadanía, esto mediante la emisión de decretos y leyes, el Poder Legislativo se ocupa de crear y recrear constantemente un marco de acción para las principales relaciones económicas, políticas y sociales del país, a través de las reformas o iniciativas que aprueba, máxime si en este caso concreto, se trata de una Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas, para efectos de otorgar el bienestar común y seguridad jurídica de la ciudadanía chiapaneca, y que con dicha acción legislativa se implementan acciones conjuntas de búsqueda de protocolos de acción homologadas para la eficiencia en la atención a los casos que padecen los ciudadanos alrededor del país.
"Con ello se garantiza que las autoridades hagan prevalecer en su actuación, los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, tal y como lo mandata la Constitución General y las leyes que de ella emanan; así como de los tratados internacionales que México ha suscrito, para proteger y hacer valer los derechos humanos de toda persona, más allá de credos, ideología, raza, género, preferencias sexuales y la situación económica y cultural.
"En esa virtud, es necesario que en nuestro Estado, se establezcan los estatutos legales que prevean el acceso a la debida justicia en el caso de violaciones a los derechos humanos, hasta conseguir castigo a los responsables y evitar la impunidad que tanto ha lacerado a las familias chiapanecas, consolidando las vías legales y de coordinación nacional para la exigibilidad de los derechos sociales o civiles, y en general a nuevos y más eficaces instrumentos sustantivos y adjetivos a favor de los ciudadanos.
"Tomando en consideración lo anterior, y consciente de que es menester instaurar los mecanismos legales y de actuación de la autoridad para que, ante la sola presunción de la desaparición forzada de una persona, se investigue y atienda el caso de forma inmediata, y así sentar las bases para cumplir con una de las principales recomendaciones en el orden nacional e internacional; atendiendo una de las mayores preocupaciones de la sociedad Chiapaneca; por tanto, el proceso legislativo efectuado con la emisión del Decreto Número 010, no puede tomarse como contrario a la Constitución Federal y en contra de los derechos a que de manera indebida considera el promovente de la presente acción, toda vez que va encaminado en garantizar, proteger y salvaguardar a la ciudadanía chiapaneca en contra de las acciones de desaparición de personas, de tal manera, que la presente acción deviene improcedente e inoperante, toda vez que el hoy promovente parte de una indebida interpretación de los artículos 6 y 52, fracción VIII, de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas, en virtud de que dicho precepto en ningún momento violenta los artículos constitucionales que cita ni los tratados a que hace referencia, ya que como se ha referido, busca el bien común de la ciudadanía chiapaneca otorgando mejores mecanismos y prerrogativas para erradicar esas acciones delictivas.
"Se hace del conocimiento a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en representación del Congreso de Chiapas, expresar las siguientes consideraciones de derecho, por las cuales se sostiene que la disposición normativa impugnada, no es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, debe decretarse su validez.
"Toda vez que los conceptos de invalidez a que aduce el accionante, resultan improcedentes e inoperantes, en virtud que la norma reclamada está encaminada a otorgar una mejor protección a los derechos de los gobernados y a la de otorgar el bienestar común y seguridad jurídica de la ciudadanía chiapaneca, y que con dicha acción legislativa se implementan acciones conjuntas de búsqueda inmediata, medidas de atención a víctimas, y la de erradicar esas acciones punibles.
"Por ende, no ocasiona ninguna violación a los derechos humanos, ni es contraria a las normas que de manera equivocada invoca el promovente, en virtud de que dicha reforma es acorde a la normativa constitucional, por ello, el Decreto Número 010, de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, resulta constitucionalmente válido, en virtud de que la misma fue realizada con fundamento en las facultades que le son otorgadas al Congreso de Estado, por los artículos (sic) 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus numerales 73, fracción XXI, inciso a), segundo párrafo, y 124, dispositivos que establecen lo siguiente:
"Constitución Política del Estado de Chiapas
"‘Artículo 45.’ (se transcribe)
"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"‘Artículo 73.’ (se transcribe)
"‘Artículo 124.’ (se transcribe)
"Toda vez que, existen facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, por ello, en aras de una mayor protección a los derechos de las personas integrantes de la sociedad chiapaneca, y con el afán de que exista un verdadero estado de derecho, en ese sentido, el fin esencial de las normas de la reforma, radica en la convicción de seguir brindando a la sociedad las mejores condiciones de seguridad jurídica y de protección a los gobernados, es por ello, como se establece a través del Decreto Número 010, de diecisiete de octubre del año en curso, pues dicha cuestión es un tema prioritario para otorgar el mejor bienestar a la sociedad chiapaneca, y a la de fortalecer aún más a las personas a su estabilidad y seguridad jurídica, castigando el hecho punible de desaparición de personas y otorgando mejores mecanismos de protección a las víctimas, tal como lo dispone el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Amén de lo anterior, es importante determinar que la norma impugnada es constitucional, toda vez que la misma es en beneficio del gobernado, estableciendo el mayor beneficio a la sociedad chiapaneca, satisfaciendo las necesidades e intereses colectivos, además de que las normas pueden ser interpretadas al mayor beneficio y que la misma no invade esferas competenciales, y no violentan los derechos humanos, así como tampoco es discriminatoria, como erróneamente lo interpreta el promovente, partiendo de la máxima, ‘que la interpretación de una norma general analizada en acción de inconstitucionalidad, debe partir de la premisa de que cuenta con la presunción de constitucionalidad’, en este sentido, la presunción de constitucionalidad obliga a que para declarar su inconstitucionalidad debe haber elementos específicos que sostenga que es contraria a la norma general, pues una norma que parte de una interpretación conforme a la constitución no puede alegarse su inconstitucionalidad pues no es contraria a lo que la misma establece, esto en razón de que en dicha norma no contraviene ninguna disposición constitucional y ni vulnera los derechos de las personas, puesto que es acorde a los estándares constitucionales, toda vez que el accionante parte de un error en su interpretación toda vez que dicha norma busca una mayor protección a las personas estableciendo los mecanismos y prerrogativas para garantizar los derechos humanos de las personas víctimas de dicho delito.
"Por lo que, en esas circunstancias, es evidente que el promovente de la presente acción parte de una premisa errónea, toda vez, que dicha legislación se encuentra acorde a los estándares constitucionales, por lo consiguiente no se violenta los derechos humanos de las personas, como de manera indebida y errónea lo quiere hacer valer el promovente de la presente acción, ya que el mismo no contraviene ninguna disposición constitucional o algún tratado internacional en que México sea Parte, sirva de sustento el siguiente criterio; Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1343, P IV/2008.
"‘INTERPRETACIÓN CONFORME EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUANDO UNA NORMA ADMITA VARIAS INTERPREATCIONES DEBE PREFERIRRSE LA COMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN.’
"Entonces, cuando una norma legal admita distintas interpretaciones, alguna de las cuales podrían conducir a declarar su oposición con la Ley Suprema, siempre que sea posible, la Suprem
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30380-fade5afa/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [AR (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. II. (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMA (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [AR (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUPLETORIEDAD EN MATERIA PROCESAL PENAL. LA NORMA QUE PREVÉ LA APLICACIÓN DE UN ORDENAMIENTO PROCESAL PENAL LOCAL ABROGADO POR LA LEGISLACIÓN NACIONAL, VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGA (P./J. 106/2026 (12a.))
- CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN EL AMPARO INDIRECTO. SI SE IMPUGNA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE APLICARLO SI ADVIERTE QUE ÉSTA VIOLA ALGÚ (IV.3o.A.19 K (10a.))
- ACTOS FUNDADOS EN UNA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL CON EFECTOS GENERALES POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. PUEDEN IMPUGNARSE, A ELECCIÓN DEL AFECTADO, (P./J. 4/2023 (11a.))
- JUSTICIA CÍVICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY RELATIVA ES INCONSTITUCIONAL, AL ESTABLECER LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (P./J. 38/2026 (12a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis