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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA POR LITISPENDENCIA NO SE ACTUALIZA POR LA EXISTENCIA DE UN DIVERSO JUICIO DE ESA NATURALEZA CON IDENTIDAD DE PARTES Y DE ALGUNOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, SI LOS ACTOS Y NORMAS GENERALES RECLAMADOS SON DIVERSOS [ARTÍCULOS 3, FRACCIONES VIII, X, XXV, XXXII Y XLIV, 8, FRACCIÓN I, INCISOS C), D) Y E), FRACCIÓN II, INCISOS B), E), H) Y K), 9, FRACCIÓN IV, 11, 12, FRACCIONES III Y VIII, 13, FRACCIÓN III, 15, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, 18, FRACCIÓN IV, 19, 66, 73, 74, 75, 79, 91, 92, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 147, 148, PÁRRAFO SEGUNDO, 152, 157, 158, 160, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIONES I, IV Y VI, 161 Y 162 DE LA LEY NÚMERO 561, DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 153 Y 159 DE LA LEY NÚMERO 561, DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA MUNICIPAL. ESQUEMA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE DERIVAN DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. TRÁNSITO. SU REGULACIÓN IMPLICA EL REGISTRO Y CONTROL DE VEHÍCULOS, LA AUTORIZACIÓN Y REQUISITOS PARA SU CIRCULACIÓN, LA EMISIÓN DE PLACAS Y LICENCIAS, DE LAS REGLAS QUE DEBEN OBSERVAR CONDUCTORES Y PASAJEROS, DE CIRCULACIÓN, DE ESTACIONAMIENTO Y DE SEGURIDAD, ASÍ COMO DE LAS CONDUCTAS QUE SE CONSIDERARÁN INFRACCIONES Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. VI. TRÁNSITO. CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS, EN SU ÁMBITO TERRITORIAL, EMITIR LAS NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y OPERACIÓN A DICHO SERVICIO, A FIN DE QUE SE PRESTE DE MANERA CONTINUA, UNIFORME, PERMANENTE Y REGULAR. VII. TRÁNSITO. CORRESPONDE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES EMITIR LAS NORMAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO PARA DARLE UNIFORMIDAD EN TODO EL ESTADO, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO NORMATIVO HOMOGÉNEO (LEY NÚMERO 561, DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. PROCESO LEGISLATIVO. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA EMISIÓN DE NORMAS (LEY NÚMERO 561, DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA EMISIÓN DE LA LEY DE TRÁNSITO ESTATAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN (LEY NÚMERO 561, DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). X. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LOS PRECEPTOS LOCALES QUE SEÑALAN EL CONCEPTO DE "DIRECTOR DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL" Y DEFINEN LOS "SERVICIOS AUXILIARES" NO VULNERAN LA ESFERA COMPETENCIAL MUNICIPAL (ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN X Y 110 DE LA LEY NÚMERO 561, DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XI. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. EL PRECEPTO LOCAL QUE DESCRIBE LOS TÉRMINOS DE "DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL", "SEGURIDAD VIAL", "VÍA PÚBLICA" Y "POLICÍA VIAL" NO VULNERA LA ESFERA COMPETENCIAL MUNICIPAL, AL PERMITIR LA EXISTENCIA DE DENOMINACIONES EQUIVALENTES PARA ESTE ÚLTIMO (ARTÍCULO 3, FRACCIONES VIII, XXXII, XLIV Y XXV, DE LA LEY NÚMERO 561, DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XII. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. EL PRECEPTO LOCAL QUE DESCRIBE EL TÉRMINO DE "SEGURIDAD VIAL" SE CONCRETA A LA COMPETENCIA ESTATAL POR LO QUE NO SE VULNERA LA ESFERA COMPETENCIAL MUNICIPAL (ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XXXII, DE LA LEY NÚMERO 561, DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE). XIII. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. EL PRECEPTO LOCAL QUE DESCRIBE EL TÉRMINO DE "VÍA PÚBLICA" NO VULNERA LA ESFERA COMPETENCIAL MUNICIPAL, AL PRECISAR QUE AQUÉLLA COMPRENDE LOS PUENTES, BRECHAS Y CAMINOS VECINALES, AVENIDAS, BULEVARES, CALLES, CALLEJONES, CALZADAS, BANQUETAS, PLAZAS, PASEOS, ZONAS PEATONALES, PASOS A DESNIVEL Y ANDADORES COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LÍMITES COMPETENCIALES DEL ESTADO (ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XLIV, DE LA LEY NÚMERO 561, DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XIV. SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. EL PRECEPTO LOCAL QUE FACULTA AL "POLICÍA VIAL" INTEGRANTE DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL, INCLUYENDO TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, PARA REALIZAR FUNCIONES DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA CIUDADANA, MANTENER LA SEGURIDAD Y BRINDAR APOYO VIAL, ASÍ COMO PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS Y PARA APLICAR SANC

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 32/2015. · Registro digital (IUS): 30067
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-09-03
Promovente: MUNICIPIO DE BOCA DEL RÍO, ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo I, Pág. 655.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 32/2015. MUNICIPIO DE BOCA DEL RÍO, ESTADO DE VERACRUZ. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver los autos de la controversia constitucional identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por oficio presentado el veintiséis de mayo de dos mil quince en la Oficina del Servicio Postal Mexicano de la Ciudad de Boca del Río, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,(1) recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiocho siguiente, quien se ostentó como síndico y representante legal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Boca del Río, Estado de Veracruz, promovió controversia constitucional, en la que demandó la invalidez de los actos emitidos por las autoridades que más adelante se precisan.

2. SEGUNDO.—Autoridades demandadas y actos cuya invalidez se demandan.

Autoridades demandadas:

• Poder Legislativo del Estado de Veracruz.

• Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

Actos cuya invalidez se demanda:

• Del Poder Legislativo del Estado de Veracruz:

• La aprobación y expedición de la Ley Número 561, de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,(2) publicada en el número extraordinario 146 de la Gaceta Oficial del Estado de trece de abril de dos mil quince.

• Las consecuencias legales y de facto de lo anterior.

• Del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz:

• La promulgación y publicación el treinta de marzo de dos mil quince, así como la ejecución de la propia norma.

• Las consecuencias de tales actos.

3. TERCERO.—Preceptos constitucionales cuya violación se plantea. El Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz, señaló violados los artículos 1o., párrafos primero, segundo y tercero, 16, párrafo primero, 17, 40, 115, párrafo primero, fracciones I, párrafo primero, II, párrafos primero y segundo, III, inciso h), IV, párrafo primero, inciso c), párrafos primero, cuarto y quinto, VII, párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. CUARTO.—Antecedentes y conceptos de invalidez. El Municipio actor hizo valer los que a continuación se sintetizan:

Antecedentes:

1. El Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 22 de diciembre de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 siguiente, que entró en vigor noventa días después de su publicación (23 de marzo de 2000), convierte en atribución exclusiva de los Municipios la función y prestación del servicio público de tránsito dentro de su jurisdicción; según su artículo tercero transitorio los Municipios podrían asumirla previa aprobación del Ayuntamiento.

2. El Congreso del Estado de Veracruz expidió la Ley Número 24, denominada "Para la transferencia de funciones y servicios públicos del Estado a los Municipios".

3. El siete de enero de dos mil once se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Convenio para la Operación y Administración del Servicio Público de Tránsito en el Municipio de Boca del Río, Veracruz, celebrado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, a fin de que el Gobierno Estatal se hiciera cargo de manera formal y material del mando y operación del servicio en el territorio de ese Municipio.

4. En fecha 13 de febrero del 2014, el Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, para el periodo 2014-2017 celebró sesión extraordinaria de Cabildo en la que acordó:

a) Dar por terminado el Convenio para la Operación y Administración del Servicio Público de Tránsito, celebrado con el Estado, y todos sus efectos legales;

b) Que el Ayuntamiento reasumiera la prestación del servicio público de tránsito de manera formal y material, así como recibir la transmisión de los recursos materiales y financieros afectos a ese servicio; y

c) Autorizó al síndico municipal para que realizara los trámites y gestiones necesarios ante el Gobierno del Estado para recibir la transmisión de dichos recursos para la prestación del servicio.

5. El presidente municipal dirigió al gobernador del Estado el oficio P0066/2014, de 14 de febrero del 2014, como comunicado de los acuerdos de Cabildo y solicitud de transferencia del servicio público.

6. El 13 de abril de 2015 se publicó el decreto de 30 de marzo de 2015, por medio del cual se promulgó y publicó la Ley Número 561, que entró en vigor al día siguiente.

Conceptos de invalidez de la demanda.

1. Reclama esencialmente, la falta de competencia objetiva del Congreso del Estado de Veracruz para dictar la norma general impugnada, pues en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, así como los numerales 4 y 33 de la Constitución del Estado de Veracruz, las autoridades sólo tienen las atribuciones concedidas expresamente en la ley.

Ninguna norma lo faculta para legislar en materia de tránsito municipal, pues la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sólo le conceden atribuciones genéricas para aprobar, reformar y abolir las leyes, sin precisar qué tipo de leyes.

Legisló en materia municipal y además estatal, contrario al espíritu del precepto 115, fracción II, de la Constitución Federal, la cual prevé que no debe en una sola ley legislar en materia de tránsito estatal y municipal al mismo tiempo.

2. Indebida fundamentación y motivación, en transgresión a las garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas en el artículo 16 constitucional. El decreto impugnado se fundó en los artículos 33, fracción I y 38 de la Constitución Local, 18, fracción I y 47, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 76 del Reglamento para el Gobierno Interior para el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Veracruz, que no otorgan atribuciones al Estado para legislar en materia municipal el servicio público de tránsito a cargo de los Municipios.

El fundamento para legislar en materia municipal es el precepto 115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal; sin embargo, no fue invocado para la aprobación y expedición de la norma general cuya invalidez se demanda. Además, dicho precepto establece la competencia municipal en la prestación del servicio de tránsito.

3. Carece de motivación, porque no señala las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para su emisión.

4. La invasión de atribuciones exclusivas afecta la autonomía del Municipio sobre la regulación, ordenación y prestación del servicio municipal de tránsito, precisamente mediante los artículos 3, fracciones VIII, X, XXV y XXXII; 8, fracción I, incisos c), d) y e), fracción II, incisos b), e), h) y k), 9, fracción IV, 11, 12, fracciones III y VIII, 13, fracción III, 15, párrafos tercero y cuarto, 18, 66, 73, 74, 75, 79, 91, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 147, 148, 152, 153, 157, 158, 159, 160, párrafo primero y fracciones I y IV, 161 y 162, de la norma de que se trata.

Tales dispositivos definen a las autoridades estatales, pero no a las municipales en la materia. Omiten indicar la competencia que a éstas corresponde en la prestación del servicio público de tránsito y vialidad; lo que invade su autonomía municipal porque faculta al secretario de Tránsito y Seguridad Vial del Estado a promover el cierre de vialidades para destinarlas al uso peatonal, proponer al gobernador del Estado las tarifas de los estacionamientos públicos, autorizar la operación, funcionamiento y tarifas de éstos; supervisión y calificación de infracciones impuestas por la policía vial. Además, concede atribuciones en materia de infraestructura urbana, ello en las zonas de los Municipios.

Lo relativo a programas en materia de tránsito y seguridad vial sobre peatones, conductores operarios y pasajeros del transporte público y particular, así como al resto de los usuarios de las vías públicas.

5. Atribuye a la policía vial la detención de personas que infrinjan la ley o reglamento, sin limitar su actuación a la jurisdicción estatal, implícitamente faculta hacerlo en zonas urbanas competencia de los Municipios.

6. Se da competencia exclusiva al secretario de Seguridad Pública para otorgar, modificar, suspender, revocar y ejercer autorizaciones; al director de Tránsito y Seguridad Vial para proponer lo relativo a la prestación de servicios auxiliares de seguridad vial, lo referente a vehículos de carga especializada para el arrastre y salvamento de vehículos (grúas), así como a su depósito (corralones) no obstante que, en opinión del actor, dichos servicios auxiliares y facultades corresponden en exclusiva al Ayuntamiento en jurisdicción municipal, es decir, dentro de las zonas urbanas.

7. Confiere atribuciones a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial del Estado para instalar puestos de revisión a fin de detectar la presencia de alcohol en aire aspirado en los conductores de los vehículos en las vías públicas de competencia estatal, sin otorgarlas a las autoridades del Ayuntamiento en zonas urbanas del Municipio; por lo que implícitamente impide al mismo ejercer tales atribuciones.

8. El establecimiento de bases de servicios o paradas para ascenso y descenso de pasajeros del transporte público, se concreta a la obtención del visto bueno de las autoridades municipales, ello en total invasión de la autonomía municipal, porque las bases de servicio y paradas para ascenso y descenso de vehículos del transporte público se encuentran ubicadas generalmente en las zonas urbanas de los Municipios y, por tanto, corresponde regular su autorización, revocación, modificación, reubicación o cancelación exclusivamente a la autoridad de tránsito municipal en las zonas urbanas.

9. Impide al Municipio administrar libremente su hacienda, al no permitir que capte los recursos provenientes de prestar el servicio público de tránsito e imponer multas por transgresión a las disposiciones reglamentarias que debiera emitir en términos de lo dispuesto por el artículo 115, fracciones II, párrafo segundo y IV, párrafo primero, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Veda al Municipio la facultad de levantar actas y boletas de infracción en materia de tránsito municipal, pues dichas atribuciones únicamente se le confieren a la policía vial adscrita a la Dirección de Tránsito dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; en tanto el Municipio sólo puede realizar actos para los que se encuentre expresamente facultado.

10. Detrimento de su libre administración y hacienda. Sobre señales de estacionamiento de vehículos en la vía pública y uso de parquímetros, se le sujeta a dar aviso y obtener apoyo de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial del Estado.

Lo tocante a la recuperación de licencia o permiso para conducir, tarjeta de circulación del vehículo y retiro del mismo de la vía pública por violación a lo dispuesto por la ley y su reglamento, en caso de que la autoridad municipal las retenga, debe informar a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial del Gobierno del Estado y cuando el titular del documento no las recupere dentro del término de 45 días, debe remitirlas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; lo cual, en opinión del actor, invade su autonomía, pues dichas licencias deben quedar a disposición de la autoridad municipal como garantía del pago de multa, la cual corresponde al Municipio y afecta la exclusiva administración libre de su hacienda.

Así que en aplicación de multas, la referencia a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hace nugatoria la atribución de la autoridad de tránsito municipal por no citarle.

11. La ley impugnada no delimita atribuciones entre la autoridad estatal y la municipal.

12. Invasión de competencias exclusivas que el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal, le otorga al accionante.

Los servicios públicos de tránsito y policía preventiva son totalmente diferentes en su naturaleza y objetivos, ya que el primero pone orden a la circulación de conductores, peatones, vehículos o semovientes, busca asegurar objetivamente la conducción de personas y sus bienes por las vías públicas de jurisdicción municipal; y el segundo, consiste en dar seguridad a la población en general, tanto en la persona como en su patrimonio.

De ahí que no debe mezclar en una misma disposición legal, la función de seguridad pública con la municipal en materia del servicio público de tránsito; esta debe preverse a través de una ley en materia municipal.

En opinión del actor, el Estado podría crear una policía vial dentro de la estructura orgánica de la policía estatal preventiva, pero no una policía vial adscrita a la Dirección General de Tránsito del Estado, con funciones de policía preventiva y de agente de tránsito, porque con ello permite a las policías estatales ejercer atribuciones que competen a la autoridad municipal, además dentro de su jurisdicción, contrariando el Pacto Federal por invasión de sus competencias.

5. QUINTO.—Contestaciones de la demanda.

6. El Poder Legislativo del Estado de Veracruz, por conducto de la presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de esa entidad dio contestación a la demanda, en los términos siguientes:

"1. Por cuanto al antecedente marcado con el arábigo 1 es cierto.

"2. Antecedente número 2, es necesario llevar a cabo un análisis jurídico; el criterio es equivocado, por lo siguiente:

"a) La reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determinó, por única ocasión, para los que ya tenían anteriormente los servicios de tránsito municipal, se les reintegrara en un plazo no mayor a 90 días, previa solicitud que se hiciera al Poder Ejecutivo del Estado, justificada en que ese servicio ya antes dependía del solicitante.

"b) Dicha reforma se emitió por el Congreso de la Unión el día 23 de diciembre del año 1999, fecha en la que el Municipio de Boca del Río, Veracruz, no tenía ni había tenido la organización del tránsito municipal, por lo que no aplica el término de 90 días, ni aplica esa disposición constitucional a ningún Municipio que no justificara que ya existían anteriormente los servicios de tránsito municipal, y que se les hubiesen retirado por convenio expreso, atendiendo [a]l artículo 115 de la Constitución Mexicana ...

"[E]n el caso que nos ocupa, nunca menciona el actor cuándo solicitó al Poder Ejecutivo la transferencia de dicho servicio de tránsito, como tampoco justifica si ya lo tenía anteriormente para poder determinar jurídicamente su procedencia o improcedencia, por eso no tienen razón de ser sus manifestaciones.

"3. Por lo demás que dice, estatuido en la fracción III del artículo 115 constitucional, lo que debiera impugnar es que en tiempo y forma solicitó la transferencia de dicho servicio al Poder Ejecutivo y que éste no cumplió, (suponiendo sin conceder que así fuera); de aquí que sea necesario precisar que no nos encontramos ante un acto de carácter inconstitucional, sino tal vez se trate de incumplimiento de un convenio celebrado entre dos partes que se llaman Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz y Poder Ejecutivo del Estado, no se debe confundir la acción constitucional con la acción administrativa; por lo tanto este Congreso de Veracruz que represento no ha violado ninguna norma constitucional federal, estatal y mucho menos del Municipio Libre.

"4. En cuanto expresa que el día 13 de febrero del año 2014 celebró sesión extraordinaria de Cabildo, determinó dar por terminado el Convenio para la Operación y Administración del Servicio Público de Tránsito celebrado con el Estado; si anteriormente la propia administración municipal celebró un convenio con el Poder Ejecutivo del Estado para que éste administrara el servicio de tránsito que le pertenecía, debió dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 reformado en el año 1999, es decir mandar su acta de Cabildo, en especial el acuerdo al respecto y justificar que el Poder Ejecutivo no ha cumplido con esta disposición constitucional, pero no pretender que el Congreso del Estado ha emitido una ley, un reglamento o un decreto que tenga el carácter de inconstitucional; son acciones total y absolutamente diferentes y, por lo tanto, no existe ninguna responsabilidad para el Poder Legislativo Estatal.

"5. La parte actora ignora el procedimiento que debe seguir cuando no se cumple con un convenio establecido que previene la Constitución y Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Veracruz.

"6. Por lo que respecta al número 5, si el Ejecutivo no le ha dado cumplimiento a su solicitud, no es responsabilidad del Congreso del Estado de Veracruz, no está en sus facultades intervenir en cuestiones propias del Poder Ejecutivo, a menos que alguien lo solicite apegado a derecho justificando su procedencia.

"7. Por lo que respecta al arábigo 6, las disposiciones jurídicas están realizadas en tiempo y conforme a derecho.

"8. En el arábigo número 7, se mal interpretan las normas jurídicas que en ese apartado se citan, ya que de ninguna manera la Ley Número 561, trastoca lo dispuesto en la reforma al artículo 115 de la Constitución Mexicana; en lo que a esta materia se refiere, debe observarse que en sus artículos 17 y 18 la ley impugnada reconoce al Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, facultades para que organice los servicios de tránsito y vialidad, en un acuerdo que emita en sesión de Cabildo.

"Si no se ha dado curso o cumplimiento al convenio entre el Poder Ejecutivo y el Municipio, pudo demandar la recisión, por lo que se está ante un problema jurídico común, pero no federal de invasión de competencias.

"Por lo antedicho, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocados en la demanda no son aplicables al caso, las disposiciones reclamadas se refieren a la circunscripción territorial en que opera la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado.

"De tal modo se niega la invasión de autonomía municipal y que se trastoque la Constitución Federal en sus artículos 115, 124 y 133, ya que la propia ley que se impugna respeta todas las facultades que en su caso debe tener la autoridad municipal, defendiendo la constitucionalidad de los artículos 3, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 66, 73, 74, 75, 79, 91, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 147, 148, 152, 153, 157, 158, 159, 160, 161 y 162 de la Ley Número 561. ..."

7. El gobernador del Estado de Veracruz, representante del Poder Ejecutivo, compareció a contestar la demanda e hizo valer la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 19 de la ley reglamentaria, según lo que se indica a continuación:

1. El antecedente marcado en el arábigo 1o. del escrito de demanda, es parcialmente cierto por cuanto hace a la reforma efectuada al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la función y prestación del servicio público de tránsito que se concibió por el Constituyente Permanente ya como una atribución propia del Municipio, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, así como el periodo en que entró en vigor después de su publicación; sin embargo, este hecho se niega en cuanto a la aseveración que hace el actor en el sentido de que la prestación de dicho servicio público, sea una atribución exclusiva del Municipio, pues en el propio texto del artículo 115 constitucional, concretamente en el antepenúltimo párrafo de su fracción III, se estableció que "sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales", lo cual, el Municipio actor pretende ignorar promoviendo la presente controversia constitucional.

2. Se expidió la Ley Número 24 para la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios, asimismo, el servicio público de tránsito se transfirió al Municipio de Boca del Río, Veracruz, el diecisiete de enero de dos mil tres. Niega que tal transferencia se haya hecho de manera arbitraria.

Sobre la aplicación de la ley sostiene que una vez efectuado el acto administrativo de transferencia, la ley no puede ser aplicada nuevamente en perjuicio; sobre esto último, el Municipio actor se encuentra reclamando invalidez en la diversa controversia constitucional 43/2014.

3. La fracción III del artículo 115 de la Carta Magna, la fracción III del numeral 71 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y fracción XXII del artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio respectivo, se refieren a la celebración de convenios que pueden llevar a cabo los Ayuntamientos con el Estado, para que éste se haga cargo de manera temporal de algún servicio público, como en el caso lo celebró con el Municipio actor el tres de enero de dos mil once, respecto del servicio público de tránsito; negando la falta de temporalidad en dicho acuerdo de voluntades; además, constituye un tema planteado en la controversia constitucional indicada con anterioridad.

4. La solicitud que presentó el presidente municipal para que se transfiriera el servicio público de tránsito, no respetó lo establecido en el artículo 4 de la Ley Número 24 para la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios, es decir que acompañara copia del acta de Cabildo que contuviera el acuerdo del Ayuntamiento para solicitar la devolución del servicio, pues en la petición referida, sólo se transcribió una parte del acuerdo de Cabildo de fecha trece de febrero de dos mil catorce, pero no se acompañó el acta en sí como lo marca la ley. Lo cual, también forma parte de la litis en diversa controversia constitucional.

5. Por tal incumplimiento niega que el Municipio se encuentre prestando actualmente el servicio público de tránsito, pues no se llevó a cabo la devolución del servicio al Municipio; además todo ello, también forma parte del planteamiento que formuló el Municipio actor en la controversia constitucional referida.

6. Niega que la Ley Número 561, concretamente, sus artículos 3, fracciones VIII, X y XXXII; 8, fracción 1, incisos c), d) y e), II, incisos b), e), h) y k); 11; 12, fracciones III y VIII, 13, fracción II; 15, párrafos tercero y cuarto; 18, fracción IV, 66, 73, 79, 91, 92, párrafos primero, segundo y tercero; 101, 103, 110, 112, 113, 114, 147, 148, párrafo segundo; 152, 153, 157, 158, 160, párrafo primero y fracciones I y VI, 161 y 162; vulneren las atribuciones y la autonomía que como Municipio le pertenecen al accionante en relación al servicio público de tránsito.

Estima que más bien, dicha ley en sus artículos 2, 17, 18, 19 y 20, faculta a los Ayuntamientos para que adecuen a la misma sus reglamentos; asimismo, para el control y designación del servicio público de tránsito municipal y seguridad vial, no ejerciendo ninguna función de policía, tampoco dependen de las instituciones policiales, sólo en el supuesto de que transfieran ese servicio público mediante convenio que celebren con el Estado, que en el caso del Municipio actor, el Gobierno del Estado sigue prestando en su territorio el mencionado servicio público; situación que forma parte de la litis de la controversia constitucional 43/2014, que se encuentra en trámite.

Los actos que reclama el Municipio actor, no violan los preceptos de la Constitución de la República ni la del Estado, ya que precisamente el párrafo segundo de la fracción III del artículo 115 de la Constitución General, establece que "sin prejuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales".

Erróneamente el Municipio pretende una protección de los derechos fundamentales previstos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ya que en su carácter de autoridad adolece de tales derechos.

Respecto a la falta de competencia objetiva para dictar la norma impugnada que el Municipio actor atribuye al Congreso del Estado, refiere que en términos del artículo 124 constitucional, todo aquello que no está expresamente concedido a la Federación, se encuentra reservado a los Estados.

Reitera que el párrafo segundo fracción III del artículo 115 de la Constitución General, establece que "sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales" de suerte que, el propio texto supremo permite al legislador local emitir leyes en materia de los servicios públicos que corresponden a los Municipios y a su vez obliga a éstos a su observancia.

Además, la materia de seguridad pública es concurrente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Federal.

En ese contexto, al Poder Legislativo Local, sí le es permitido legislar en esa materia; los hoy policías de seguridad vial, pertenecen a los cuerpos de seguridad pública de la entidad federativa, por lo que, no se transgrede el principio de legalidad ni los preceptos constitucionales que alega el actor.

7. Por cuanto se aduce "norma general cuya invalidez se demanda del Congreso del Estado ... se encuentra indebidamente fundada y carente de motivación, que transgrede la garantía de legalidad y seguridad jurídica contemplada en el artículo 16 constitucional" el Ejecutivo insiste en que, el párrafo segundo fracción III del artículo 115 de la Constitución Federal, establece que "sin perjuicio de su competencia constitucional en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.". Y como facultad residual, en la fracción XL del artículo 33 de la Constitución Local está señalada como atribución del Congreso del Estado: "Las demás que le confieren la Constitución Federal, esta Constitución y las que sean necesarias para hacer efectivas sus atribuciones". Así las cosas, la facultad para legislar en la materia, deriva del propio texto de la Constitución Federal, lo cual no puede pararle ningún agravio al Municipio.

8. La norma general cuya invalidez se demanda, artículos 3, fracciones VIII, X y XXXII; 8, fracción I, incisos c), d) y e), fracción II, incisos b), e), h) y k); 11, 12, fracciones III y VIII, 13, fracción III, 15, párrafos tercero y cuarto; 18, fracción IV, 66, 73, 79, 91, 92, párrafos primero, segundo y tercero, 101, 103, 110, 112, 113, 114, 147, 148, párrafo segundo; 152, 153, 157, 158, 160, párrafo primero y fracciones I y VI; 161 y 162 de la Ley Número 561, [no] transgreden lo dispuesto en el artículo 115, fracciones I, primer párrafo, II, segundo párrafo, y párrafo tercero, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tampoco invade la autonomía del Municipio de Boca del Río, Veracruz, como el accionante señala porque no limitan la jurisdicción con la cual la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial debe fungir en las vías públicas de competencia estatal, erróneamente aduce que dicho servicio se ejerce en las zonas urbanas del Municipio, ya que el artículo 10, fracción I, con relación al numeral 3, fracción XLV, define las atribuciones de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, entre ellas, aplicar la ley y su reglamento en las vías públicas de competencia estatal, entendiéndose por éstas: "Las vialidades comprendidas dentro del territorio del Estado que no sean de competencia federal y las que en su totalidad o en su mayor parte sean constituidas por el Estado, con fondos estatales o por particulares mediante concesión estatal, excepto aquellas que se encuentren dentro de las áreas urbanas de los Municipios cuando el mando y operación de tránsito y seguridad vial de los mismos no recaiga en la Secretaría".

En cuanto el Municipio aduce que la ley desaparece el agente de tránsito y vialidad, al establecer una nueva figura con dualidad de funciones, confunde las atribuciones que el Estado le confiere al Municipio, ya que la misma ley en el artículo 17 le deja a su cargo el servicio público de tránsito municipal y su denominación. Por tanto, no desaparece la figura del agente de tránsito. El policía vial es la nueva figura que contempla la ley impugnada.

8. Mediante proveído de cinco de agosto de dos mil quince, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda por parte de los citados Poderes; ordenó dar vista a la actora y a la entonces procuradora general de la República. Asimismo, señaló fecha para la celebración de la audiencia de ley.

9. SEXTO.—Cierre de instrucción. El primero de septiembre de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que se hizo constar la comparecencia del delegado del Poder Legislativo del Estado de Veracruz; la relación de constancias de autos y admisión de pruebas de las partes. Por formulados los alegatos del síndico del Municipio actor y el delegado del Poder Ejecutivo demandado. Finalmente, se puso el expediente en estado de resolución.

10. La propia actuación denota que la entonces procuradora general de la República no formuló pedimento ni expresó alegato alguno.

CONSIDERANDO:

11. PRIMERO.—Competencia. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30067-aae1c8ec/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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