TRÁNSITO. CONFORME AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS LEGISLATURAS ESTATALES TIENEN ATRIBUCIONES PARA EMITIR NORMAS DE CARÁCTER GENERAL LOCAL QUE REGULEN LA PRESTACIÓN DE AQUEL SERVICIO Y LOS MUNICIPIOS PARA EXPEDIR DISPOSICIONES RELATIVAS A SU ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN (Fojas 43 a 50 de la sentencia. Razones aprobadas por unanimidad de diez votos). TRÁNSITO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA EMISIÓN DE LA LEY DE SEÑALAMIENTOS VIALES POR LA LEGISLATURA ESTATAL, QUE REGULA LAS BASES GENERALES DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA ENTIDAD, NO INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NI QUEBRANTA EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES II Y III, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (Fojas 51 a 62 de la sentencia. Razones aprobadas por unanimidad de diez votos). TRÁNSITO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY DE SEÑALAMIENTOS VIALES POR LA LEGISLATURA ESTATAL, QUE REGULA LA SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA ENTIDAD, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL HABER SIDO REALIZADA POR AUTORIDAD COMPETENTE CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE PARA ELLO Y CUYO FIN ES LOGRAR HOMOGENEIDAD EN AQUEL SERVICIO (Fojas 63 a 74 de la sentencia. Razones aprobadas por unanimidad de diez votos).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 87/2009. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 27 DE OCTUBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS. AUSENTE: JUAN N. SILVA MEZA. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE ORTIZ BLANCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de octubre de dos mil once.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Margain Berlanga, Ma. Emilda Ortiz Caballero y Cecilia Carolina Rodríguez Valdez, en su carácter de presidente municipal, secretaria y síndico segundo, respectivamente, todos actuando en representación del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, promovieron controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
Autoridades demandadas:
I. Poder Legislativo del Estado de Nuevo León; y,
II. Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
Acto reclamado:
La Ley de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León, expedida el veintinueve de julio de dos mil nueve y publicada en el periódico oficial el veintiuno de agosto del mismo año.
SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. Artículos 16 y 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Antecedentes. La parte actora narró los siguientes antecedentes del caso (fojas 6 a 7 del expediente principal):
"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos y las abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, fueron los siguientes:
"1. El titular del Ejecutivo del Estado de Nuevo León envió al Congreso Local la iniciativa de Ley de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León.
"2. La Ley de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León así aprobada, fue turnada al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales de su promulgación y publicación, habiendo sido publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, Número 410, tomo CXLVI, el 21 de agosto de 2009, para entrar en vigor al día siguiente de su publicación, atento a lo dispuesto en su artículo primero transitorio.
"3. A pesar de que la ley que se combate ya entró en vigor, aún no se ha materializado su aplicación, en razón a lo señalado en su artículo segundo transitorio: ‘En el caso de los señalamientos viales instalados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, éstos podrán permanecer como se hubieran instalado, mas su proceso de mantenimiento, reubicación, sustitución o cualquier acto que implique la adecuación de los mismos, se sujetará a las disposiciones de esta ley.’, razón por la cual por este medio se combaten y se impugnan no solamente la Ley de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León, en sí misma, sino también todos los actos que son o lleguen a ser consecuencia directa e inmediata de su aplicación.
"4. Con la finalidad de facilitar el ejercicio de la función jurisdiccional de ese H. Tribunal Supremo en la presente controversia constitucional, específicamente por lo que toca a la consulta general y total o parcial, o específica de la ley que se impugna, como ya se ha dicho, los promoventes adjuntamos a este escrito como anexo ‘3’ del mismo, un ejemplar original del ya mencionado Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, tomo CXLVI, Número 410, publicado en fecha 21 de agosto de 2009."
CUARTO. Conceptos de invalidez. La parte actora formuló los conceptos de invalidez (fojas 8 a 17 del expediente principal) que estimó pertinentes en los que, esencialmente, adujo:
1. La expedición y promulgación del Decreto Número 410, que contiene la Ley de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León vulneran la autonomía concedida por el artículo 115 constitucional en su fracción III, inciso h), al no haber considerado la opinión del Municipio, ni existir convenios previamente celebrados entre éste y el Estado, en lo correspondiente a la homologación de los señalamientos viales.
El servicio público de tránsito y vialidad que se concede a los Municipios tiene el propósito de garantizar la libertad municipal para ordenar el tránsito vehicular y la vialidad peatonal dentro de su territorio, sin injerencia o subordinación a las decisiones del Gobierno del Estado.
La propia Constitución General de la República, en su artículo 73, fracción XVII, concede facultad al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, entre las que se consideran los caminos cuando entronquen con alguna vía de país extranjero, comuniquen a dos o más entidades federativas entre sí, y cuando en su totalidad o en su mayor parte, sean construidos por la Federación. Conforme al artículo 124 de la propia Ley Fundamental del país, las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.
Interpretados en su contexto los artículos 73 y 124 constitucionales y considerando lo previsto en el artículo 115, fracción III, inciso h), de la propia Carta Magna, es dable concluir que en materia de tránsito y vialidad, sin que implique una jurisdicción concurrente, intervienen los tres niveles de gobierno: la autoridad federal, si se trata de todo lo relacionado con las vías generales de comunicación; los Gobiernos de los Estados, en concurso con los Municipios, cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes; y los Municipios, dentro de sus respectivas jurisdicciones, cuando no se estime necesario, ni las leyes prevengan que con ellos colaboren las autoridades estatales.
Es indiscutible que la Carta Magna atribuye, en principio, a los Municipios la facultad de expedir reglamentos en materias tales como la "circulación, vialidades peatonales, seguridad, estacionamientos y otras afines", en la medida en que no trasciendan al ámbito de sus respectivas jurisdicciones y eviten la eventual colisión con otras disposiciones municipales.
Resulta evidente que el Decreto Número 410, que contiene la Ley de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León, atenta contra la autonomía del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como contra el espíritu del artículo 115 constitucional, en su fracción III, inciso h), al haber sido expedida y promulgada sin que se considerara la opinión o, en su caso, se llevaran a cabo convenios entre el Municipio antes señalado y el Estado, para el efecto de homologar los señalamientos viales tal como lo prevé la norma general que por esta vía se impugna. En cambio, las demandadas, al expedir y promulgar la ley antes mencionada, se limitaron a actuar de manera anárquica atentando contra la autonomía que otorga la Constitución Federal a todos los Municipios del país.
2. Causa perjuicio al actor la expedición y promulgación del Decreto Número 410, que contiene la Ley de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León, en razón de que dicha ley vulnera la autonomía concedida por el artículo 115 constitucional, en su fracción III, inciso h), al pretender regular un área cuyas facultades y competencias están consagradas al actor; por lo que al no existir un convenio de homologación (Estado-Municipio) en la regulación general (tránsito), el Estado se encuentra impedido para expedir una ley que pretenda regular lo específico (señalamientos viales), al ser parte esta última de la primera.
En el sistema jurídico mexicano toda autoridad que despliegue su actuación con carácter de imperio frente a los gobernados o en un nivel igual ante otra autoridad, debe garantizar la prevalencia de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obligan a las autoridades para que, al momento de emitir un acto de privación o de molestia, actúen dentro de su marco de atribuciones, funden y motiven la emisión de sus actos a través de mandamiento escrito, respeten la garantía de audiencia y observen las formalidades esenciales del procedimiento. Tal criterio fue sostenido por ese H. Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia dictada con motivo de la controversia constitucional 12/2003, en la cual se estableció que siendo éste uno de los medios de control de la regularidad constitucional respecto de los órdenes jurídicos federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, se permite la defensa integral del orden constitucional federal, con independencia de que pueda tratarse de la parte orgánica o de la dogmática de la Constitución Federal.
El razonamiento lógico jurídico contenido en el presente concepto de invalidez se encuentra orientado a salvaguardar el respeto del orden primario, a fin de eliminar los actos arbitrarios que atenten contra el orden federal, la división de poderes y el régimen municipal.
Se sostiene que el Decreto Número 410 incumple lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la razón que enseguida se expone:
La Constitución es el Ordenamiento Fundamental y Supremo en el que se proclaman los fines primordiales del Estado y se establecen las normas básicas a las que debe ajustarse el ejercicio del poder para garantizar el cumplimiento para el que fue previsto.
Lo que hace superior a la Constitución sobre las demás normas del sistema, es su carácter fundamental. La Constitución es fundamental porque sirve de principio, cimiento y apoyo al resto de las normas del orden; de tal manera, el orden jurídico no puede concebirse como tal sin la existencia de la Constitución. La Constitución queda establecida como Norma Suprema a la cual ha de ajustarse todo el sistema político.
El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos juega un papel preponderante en nuestro sistema jurídico, toda vez que se encuentra estatuido para garantizar que el ejercicio del poder público cumpla una serie de exigencias mínimas para ajustar la actuación de las autoridades al principio de legalidad, lo cual no sólo resulta necesario, sino imprescindible en un Estado democrático y de derecho. La garantía constitucional de legalidad es aplicable a cualquier acto de autoridad que afecte o infrinja alguna molestia a los particulares, con independencia de la privación de sus derechos.
La construcción normativa del artículo constitucional en comento impone a las autoridades tres exigencias mínimas que deben cumplir para tener como válidas sus actuaciones, siendo éstas las siguientes:
a) Que se exprese por escrito;
b) Que provenga de autoridad competente; y,
c) Que el documento escrito en el que se exprese el acto de autoridad se encuentre debidamente fundado y motivado.
Con independencia de que se cumplan o no las exigencias constitucionales referidas con los números 1) y 2), el estudio del presente apartado se centrará mayoritariamente en determinar si el Decreto Número 410 impugnado, se encuentra debidamente fundado y motivado.
Nuestra Carta Magna atribuye, en principio, a los Municipios la facultad de expedir reglamentos en materias tales como la "circulación, vialidades peatonales, seguridad, estacionamientos y otras afines", en la medida en que no trasciendan el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y eviten la eventual colisión con otras disposiciones municipales.
El Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyos artículos 1 y 2 contemplan que dicho reglamento tiene como objeto el establecer las limitaciones y restricciones para la vialidad, así como las normas relativas a la circulación y vialidad tanto de peatones como de vehículos.
Desde este momento niego lisa y llanamente la existencia de un convenio de homologación entre el Estado de Nuevo León y el actor en lo correspondiente a la regulación del tránsito, por lo que lo concerniente a la vialidad de peatones y vehículos se encuentra contemplado en el reglamento antes señalado, y al no existir un convenio de homologación en su parte general (tránsito), el Estado queda impedido de regular lo específico (señalamientos viales), en razón de que de una simple deducción lógica que se realice al caso en concreto, a quien se le atribuyan las facultades de reglamentar lo general, tiene facultades para reglamentar lo específico y no así como lo pretende realizar el Congreso del Estado de Nuevo León, al haber expedido, sin ningún fundamento jurídico y en total contravención a la autonomía municipal, el Decreto Número 410.
El Congreso del Estado de Nuevo León no fundó ni motivó su acto de autoridad al expedir el Decreto Número 410, por las razones siguientes:
• No acredita que el Municipio haya firmado un convenio de homologación respecto a la reglamentación del tránsito en dicho Municipio.
• No señala los preceptos legales aplicables en los cuales se funda para efectos de legislar respecto a la señalización vial, siendo la autoridad competente para realizarlo el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
• No especifica los motivos y la relación de éstos con los preceptos legales aplicables, para efecto de acreditar su actuar, vulnerando la autonomía que otorga nuestra Carta Magna al Municipio, en su artículo 115, fracción III, inciso h).
QUINTO. Trámite. Mediante proveído de presidencia de veintiocho de septiembre de dos mil nueve (foja 84 del expediente principal) se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 87/2009 y se designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento quien, por diverso auto del mismo día, le reconoció personalidad únicamente al síndico y al presidente municipal, ambos del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, para representar a la parte actora y admitió a trámite la controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del mismo Estado, a quienes ordenó emplazar para que contestaran la demanda (fojas 87 a 89 del expediente principal).
Asimismo, se ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación conviniera.
SEXTO. Contestación de la demanda. El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, al contestar la demanda (fojas 116 a 139 del expediente principal), manifestó lo siguiente:
Contestación a los antecedentes
En cuanto a los antecedentes de la parte actora, por lo que respecta al número uno del capítulo de antecedentes, es cierto que el titular del Ejecutivo del Estado envió al Congreso Local la iniciativa de la ley reclamada.
Asimismo, es omisa la parte actora en mencionar que dicha iniciativa fue presentada de manera conjunta por las siguientes autoridades:
a) Gobernador del Estado.
b) Secretario general de Gobierno.
c) Secretario de Obras Públicas.
d) Presidente ejecutivo de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León.
e) Director general de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León.
f) Presidente municipal de Monterrey, Nuevo León.
g) Presidente municipal de Apodaca, Nuevo León.
h) Presidente municipal de García, Nuevo León.
i) Presidente municipal de Escobedo, Nuevo León.
j) Presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León.
k) Presidente municipal de Juárez, Nuevo León.
l) Presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
m) Presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.
n) Presidente municipal de Santa Catarina, Nuevo León.
De lo anterior destaca que dicha iniciativa fue propuesta por el Municipio actor, tal como se desprende de la foja 250 de la iniciativa allegada al Congreso del Estado el diecinueve de junio del año dos mil siete (foja 119 del expediente principal).
Aunado a lo anterior, la representación del mencionado Municipio en la referida iniciativa estuvo a cargo de Fernando Margain Berlanga, quien tanto en la fecha de la presentación de la iniciativa, como en la de presentación de la controversia que se contesta, ostentaba el cargo de presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, y en dicho carácter suscribe ambos actos jurídicos.
Por lo que se refiere al número dos del capítulo de antecedentes, es cierto que el veintinueve de julio de dos mil nueve se envió al Ejecutivo, una vez aprobado por el Congreso Local para los efectos de la promulgación y su publicación en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 410, que contiene la Ley de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León, publicación que se realizó el veintiuno de agosto de dos mil nueve.
Por lo que se refiere a los puntos tercero y cuarto del indicado capítulo, no se afirman ni se niegan por no ser hechos propios del titular del Ejecutivo del Estado.
Contestación a los actos impugnados
Por otra parte, no es cierto que el Decreto Número 410 sea inconstitucional, pues el acto realizado por el Ejecutivo tiene su fundamento en los artículos 68, 75, 77 y 85, fracción X, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y fue emitido con absoluto respeto a lo previsto tanto en la Constitución Federal como en la Local, ya que el titular del Ejecutivo Estatal se encuentra obligado a publicar las leyes aprobadas por el Congreso; y en el presente caso no se formula inconformidad respecto de los vicios que en el ejercicio de las facultades y obligaciones constitucionales locales realizó el titular del indicado Poder Ejecutivo, en la emisión de la ley impugnada.
El ejercicio del derecho de presentar iniciativas no es algo que sea contrario, obstaculice o impida el procedimiento legislativo y nunca debe cuestionarse la capacidad del Ejecutivo para formular iniciativas según lo establece el artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
Por tanto, el acto que reclama la actora se encuentra dictado dentro del proceso legislativo establecido en la Constitución Local, el cual fue debidamente cumplido; tan es así, que no formula conceptos de invalidez por vicios cometidos en el procedimiento legislativo y que además, como se mencionó, también participó el Municipio actor.
Contestación a los conceptos de invalidez
El primero de los conceptos de invalidez de la parte actora resulta infundado, ya que no se vulneró su autonomía concedida por el artículo 115, fracción III, inciso h), constitucional, por no haberse reclamado previamente a la emisión de la norma impugnada la opinión de la actora, o haberse suscrito con ella un convenio.
Si bien es cierto que el artículo referido les otorga a los Municipios autonomía en lo relativo al servicio público de tránsito, también lo es que la ley que pretende invalidar no regula nada relativo al servicio público indicado.
Para afirmar lo anterior, debe atenderse a lo previsto por los artículos 1 y 2 de la ley impugnada, los artículos 1 y 2 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio actor, de los que se advierte que el objeto de la ley impugnada es establecer la colocación y las bases generales referentes a los señalamientos viales para el control de tránsito, con la finalidad de brindar mayor seguridad a los usuarios de las vías públicas, así como estandarizar y ordenar la información vial necesaria para la circulación de vehículos y peatones dentro del territorio estatal.
Conviene destacar que la colocación de señalamientos viales para el control de tránsito, corresponderá a las autoridades estatales cuando se trate de carreteras y caminos de jurisdicción estatal, y a las autoridades municipales respecto de las vías públicas del Estado.
De esta forma, lo infundado del agravio se acredita con la lectura de los dispositivos 1 y 2 del Reglamento de Tránsito y Vialidad que invoca la parte actora, pues en ninguno de ellos se aprecia que el Municipio tenga reservada la facultad de reglamentar todo lo relativo a los señalamientos viales, ya que esta actividad no está ni siquiera mencionada en los mismos, ni en el diverso artículo 127.
Lo anterior se robustece con la lectura íntegra de la ley impugnada en la que no se aprecia disposición alguna tendiente a regular el servicio público de tránsito.
Por otra parte, el artículo 105 del reglamento que invoca el actor establece: "que las señales y dispositivos que en este Municipio se utilicen para el control del tránsito y verificación del cumplimiento de las normas de este ordenamiento, deberán registrarse en lo que corresponda a lo establecido en el Manual de Dispositivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en los acuerdos internacionales"; lo que robustece que la reglamentación de los señalamientos viales no es una actividad que se encuentre reservada a los Municipios en el artículo 115 constitucional.
En otro aspecto, se destaca la confesión que el actor hace en su demanda en relación con la intervención de los tres poderes en materia de tránsito y vialidad, aduciendo que los Estados intervienen en dicha materia cuando lo determinen las leyes y fuere necesario, y en el caso se acreditó la necesidad de reglamentar la señalización del tránsito vehicular y peatonal, actividad que no se encuentra reservada a la autoridad municipal, por lo que debe declararse infundado el mencionado concepto de invalidez, ya que la manifestación expresa del actor constituye una confesión, medio de prueba que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 93, fracción I, 95, 199, 200 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme lo dispone su artículo 1o.
Lo anterior se hace extensivo a la confesión que la parte actora lleva a cabo en el segundo concepto de invalidez, en la parte que señala que el Municipio puede reglamentar sobre los señalamientos viales, por la razón de que al poder reglamentar lo relativo al tránsito, automáticamente tiene la facultad exclusiva de reglamentar sobre los señalamientos.
Este argumento, por una parte, constituye un reconocimiento expreso de que no tiene atribuciones para reglamentar en materia de señalamientos viales y, en segundo término, pasa por alto el principio de legalidad en el que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les autoriza.
Al adoptar el Municipio actor el razonamiento referido y no aplicar el mismo a las autoridades, sino solamente a los particulares, resulta infundado y jurídicamente incorrecto.
Finalmente, si la parte actora reconoce que no cuenta con la facultad legal y menos constitucional para reglamentar en materia de señalamientos viales, por no encontrarse dicha facultad en las Constituciones Federal ni Local, ni en el reglamento municipal de tránsito y vialidad, es evidente que la ley impugnada no es violatoria de los artículos 16 y 115, fracción III, inciso h), constitucionales, ya que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.
SÉPTIMO. Contestación de la demanda del Congreso del Estado de Nuevo León. El presidente de la Mesa Directiva de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, al contestar la demanda (fojas 208 a 237 del expediente principal), en resumen, expuso:
A) En relación con los actos reclamados respecto del Decreto Número 410, se afirma categóricamente su existencia.
B) En cuanto a los antecedentes, después de hacer un resumen de lo expresado en el capítulo respectivo de la demanda de la parte actora, la autoridad legislativa refiere:
C) Excepción de falta de legitimación de la parte actora.
La parte actora carece de legitimación procesal, dado que en ningún momento acredita que la decisión de promover la controversia constitucional haya surgido de una decisión colegiada del Ayuntamiento.
Lo anterior se desprende de los artículos 115, fracción I, de la Constitución Federal y 118 de la Constitución del Estado de Nuevo León, en relación con los numerales 10, 27, primer párrafo, 31, fracción segunda y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal de dicha entidad federativa, de los cuales se advierte que los Ayuntamientos serán cuerpos colegiados deliberantes y autónomos, constituirán el órgano responsable de administrar cada Municipio y representarán la autoridad superior en los mismos, y si bien el presidente municipal y el síndico segundo tienen la representación conjunta legal del Municipio, en todo caso, es indispensable que el Ayuntamiento se pronuncie sobre el particular, para que sus representantes estén en condiciones de actuar bajo la decisión de mérito, pues en forma colegiada y por mayoría de los presentes en la sesión respectiva deberán deliberar si es preciso acudir a la controversia constitucional y ante la ausencia de un acta de Cabildo que avale dicha cuestión, resulta que los firmantes de esta controversia carecen de legitimación procesal para acudir en la vía propuesta.
Aunado a lo anterior, no existe disposición que establezca que el presidente municipal y el síndico segundo estén facultados expresamente para presentar controversias constitucionales, pues su actuación no puede estar por encima de sus propias facultades, de conformidad con los artículos 16 de la Norma Fundamental y 27 y 30, primer párrafo, de la Constitución del Estado. Esto es así, pues constituye un requisito sine qua non el que previamente el Cabildo haya tomado dicha determinación, situación que no se actualiza en la especie, lo cual se puede corroborar con las actas de Cabildo que pueden consultarse en la página de Internet del Municipio actor del periodo del veintiuno de agosto al primero de octubre de dos mil nueve, en las que en ninguna se acordó la presentación de la controversia constitucional.
En virtud de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el numeral 11, párrafo primero, al derivarse la carencia de legitimación procesal.
D) Contestación al primer concepto de invalidez de la parte actora.
Contrariamente a los argumentos del impetrante, la iniciativa de Ley de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León fue firmada por el presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, el doce de junio de dos mil siete, según consta en la foja número 935 del expediente formado con motivo de la expedición del Decreto No. 410, en consecuencia, no puede alegar que no fue tomada en cuenta su opinión o, en su caso, no se llevó a cabo la elaboración de convenios entre el Municipio y el Estado para el efecto de homologar los señalamientos viales, cuando el propio accionante fue quien puso a consideración de la legislatura la iniciativa mencionada en conjunto con otros presidentes municipales del área metropolitana y el Ejecutivo del Estado. Por tanto, no puede aducir que no fue tomado en cuenta, cuando al haber atendido su propuesta, se aprobó la normativa que está combatiendo y, en todo caso, se trata de un acto consentido; tampoco puede reclamar que no se llevó a cabo un convenio de colaboración entre Municipio y Estado, si el inconforme suscribió la iniciativa del ordenamiento impugnado.
De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Local, que establece quiénes tienen facultad de enviar una iniciativa de ley, y en atención a tal prerrogativa, quien firma la presente demanda, también suscribió la iniciativa de ley que culminó con la aprobación y expedición de la norma impugnada, se advierte la actualización de la improcedencia que se está haciendo valer, que de acuerdo con la sana lógica, no puede aducirse falta de opinión o convenio de la parte actora, cuando en ejercicio de su derecho establecido por el indicado artículo 68, inició el trámite legislativo.
Fue consentido expresamente por la parte actora al haber suscrito como suyo el documento que contiene la iniciativa de mérito, por lo que ahora no puede alegar que no se tomó en cuenta su opinión, o bien, la ausencia de un convenio.
Si el Municipio actor refiere que de acuerdo con el artículo 115, fracción III, inciso h), en relación con los diversos 117, 118 y 124, todos de la Carta Magna, es facultad exclusiva de su parte el servicio público de tránsito y, consecuentemente, reglamentar en materia de señalamientos viales, resulta contradictorio que quien firme una iniciativa de ley donde pide se legisle sobre el particular, despojándose de una facultad que reclama ahora como suya, es decir, si sostiene que reglamentar en materia de señalamientos viales es una facultad del Municipio, entonces, por qué pide que se legisle en dicha materia, actitud que deja de manifiesto su consentimiento en el legal desempeño de las atribuciones del Poder Legislativo Estatal.
E) Contestación al segundo concepto de invalidez de la parte actora.
Contrariamente a lo sostenido por la actora, la ley impugnada de ninguna manera tiene como propósito invadir el ámbito de jurisdicción del Municipio, establecido en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
La ley combatida no trasciende a sus facultades reglamentarias, las mismas siguen intactas, dado que el propósito y finalidad del ordenamiento en cuestión es uniformar los señalamientos viales, pero en todo momento es el Municipio quien decide sobre la reglamentación de los temas relativos al tránsito en su territorio.
La finalidad de la ley combatida está plasmada en su artículo 1, y en tal contexto el Municipio sigue conservando su facultad de proporcionar el servicio público y funcionamiento del tránsito, sin que el espíritu del legislador fuese disminuir su legado constitucional, al contrario, y conforme al dictamen de la Comisión de Transporte del Congreso Estatal, la finalidad de la ley consiste en uniformar los señalamientos viales, considerando el impacto que ést
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23447-7a27b089/transito-conforme-al-articulo-115-fraccion-ii-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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