AGENTES DE SEÑALAMIENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COLIMA. SU RELACIÓN JURÍDICA CON ESA DEPENDENCIA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, Y DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS CON MOTIVO DE AQUÉLLA DEBE CONOCER EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 41/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: ÓSCAR PALOMO CARRASCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a las materias laboral y administrativa cuya especialidad es de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito que participaron en la solución de uno de los asuntos respecto de los que se hace dicha denuncia y, por ende, están facultados para hacerla en términos de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones expuestas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la sentencia dictada en la competencia 37/2007, en la parte que interesa, son del tenor siguiente:
"SEGUNDO. Este Tribunal Colegiado de Circuito estima que la autoridad competente para conocer de la demanda laboral promovida por Francisco Javier Cervantes Santiago, es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima. Se estima de esta manera, en razón de que los artículos constitucionales que sirvieron de sustento jurídico al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, para declinar la competencia a favor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la propia entidad, son el 123, apartado B, fracción XIII y el 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que señalan lo siguiente: (Se considera innecesaria su transcripción). La interpretación conjunta de los anteriores dispositivos constitucionales, condujo al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, a establecer que el vínculo jurídico existente entre los agentes de seguridad pública, miembros de la dirección de tránsito y vialidad, es de naturaleza administrativa y no laboral, por lo que sostuvo que para ellos no resulta aplicable la ley que rige al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima y, por tanto, los conflictos que se susciten derivados de dicha relación deben ser conocidos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del mismo Estado. Ahora bien, a fin de determinar si la relación jurídica que existe entre el actor Francisco Javier Cervantes Santiago y la demandada es de naturaleza administrativa o laboral, es necesario tener en cuenta que, si bien es cierto, de la interpretación integral de los artículos citados, se colige que las relaciones existentes entre los miembros de las instituciones policíacas, deberán regirse por sus leyes especiales, también es cierto que aun y cuando el trabajador apunta que desempeña sus funciones para la Dirección de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento Constitucional de Colima, las mismas no tienen el carácter de operativas, en razón de que el actor señala en los hechos de su demanda que sus funciones eran las siguientes (folio 1): ‘Hechos ... el trabajo que he desempeñado desde la fecha mencionada hasta en la actualidad no se encuentra contemplado como un puesto de confianza, no obstante que indebidamente la demandada le asigne a mi trabajo un puesto de confianza ... el trabajo personal subordinado que desempeño con obediencia consiste en lo siguiente: ... pintar machuelos de las banquetas, pintar líneas centrales en las avenidas, pintar zonas peatonales en las esquinas de las calles, así como también límites de velocidad y altos en las esquinas, cabe mencionar que también fabricó y pintó junto con otros compañeros de trabajo los señalamientos de lámina y ángulo, tales como los de alto, para personas discapacitadas, límites de velocidad, calles cerradas, en fin, todos los señalamientos de tránsito y vialidad que se encuentran por las calles de este Municipio de Colima.’. Siendo que las funciones que el actor manifestó desempeñar para la demandada, no fueron controvertidas por la misma al contestar la demanda, como se ve a continuación: (Es innecesaria la transcripción). En efecto, de la transcripción que antecede se aprecia que la parte demandada no impugnó lo expresado por el actor referente a las funciones que él mismo manifestó desempeñar para ésta, sino que controvierte diversos aspectos, por tanto, en el juicio laboral de origen no existe conflicto con relación a la actividad del demandante. Ahora bien, tomando en cuenta que en el caso concreto el actor desde la presentación de la demanda puntualizó las funciones que desempeñaba para la demandada, las cuales, como se puede apreciar, no corresponden a las que desarrollan los que conforman el personal operativo del ente público del cual depende, ya que los elementos de las instituciones policiales a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, son quienes real y verdaderamente realizan actividades inherentes a salvaguardar la vida, derechos, patrimonios y seguridad de la colectividad, puesto que son los que efectivamente conforman el personal operativo de los cuerpos de seguridad pública. Como puede advertirse de lo anteriormente asentado, es incuestionable que la incompetencia constitucional y legal que tienen los órganos jurisdiccionales en materia burocrática para conocer de conflictos entre los miembros de los cuerpos de seguridad pública y la institución de la cual dependan, se constriñe únicamente a los elementos de seguridad pública; ante lo cual, al no realizar el actor funciones de policía, ni de agente vial, es inconcuso que no forma parte de los cuerpos de seguridad pública y, por tanto, no realiza actividades tendientes a salvaguardar la vida, derechos, patrimonios y seguridad de la colectividad, en tal virtud, su relación no es de naturaleza administrativa, sino laboral. Se aplica al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 337, Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en el caso concreto es aplicable por analogía y que reza: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EN CONTRA DE SUS TITULARES.’ (En este momento no es oportuno transcribir el texto de la citada jurisprudencia). En tales condiciones, si en el caso concreto el demandante no desempeña funciones operativas dentro de la dependencia demandada, por disposición jurisprudencial y legal, no está excluido del régimen laboral, por lo que, al quedar de manifiesto que la naturaleza de la relación entre el actor y la Dirección de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Colima, no es de las que deben regirse por las leyes o reglamentos que regulan a los cuerpos de seguridad pública, atento a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, porque no realiza funciones operativas, es incuestionable que la autoridad competente para seguir conociendo del juicio entablado es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima. Además de lo anterior, se debe precisar que conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, sólo el personal operativo de las fuerzas de seguridad del Estado y Municipio, se regirán por sus propios reglamentos, lo cual no excluye al trabajador actor, dado que las actividades que manifestó desempeñar tales como: pintar machuelos de las banquetas, pintar líneas centrales en las avenidas, pintar zonas peatonales en las esquinas de las calles, así como también límites de velocidad y altos en las esquinas, etcétera, no son operativas, por lo cual, su relación con la demandada se debe entender de naturaleza laboral."
Por su parte, las consideraciones expuestas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la sentencia dictada en el conflicto competencial 37/2007 en la parte que interesa, son del tenor siguiente:
"SEGUNDO. Es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, el competente para conocer y resolver la demanda planteada por José Santos Encarnación Graciano toda vez que como enseguida se verá, la relación jurídica existente entre éste y los demandados es de naturaleza administrativa. Primeramente, debe precisarse que el conflicto de competencia deriva de la demanda presentada por José Santos Encarnación Graciano en contra del Ayuntamiento Constitucional de Colima y el director de Tránsito y Vialidad de dicho Municipio, en la que reclamó, el reconocimiento de antigüedad como trabajador de base a partir del primero de febrero de dos mil dos, así como el otorgamiento de la base en el puesto de operario general, pretensiones que sustentó en el hecho de que en su opinión indebidamente se le otorgó el nombramiento de agente A señalamiento (sic) puesto considerado de confianza, cuando que por las actividades que realiza como son pintar machuelos de las banquetas, pintar líneas centrales en las avenidas, de zonas peatonales en las esquinas de las calles, de límites de velocidad, y altos en las esquinas, en fin todo tipo de señalamientos de tránsito y vialidad de la ciudad de Colima, éstas deben considerarse como de base. En principio, es conveniente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 151/2006-SS entre lo sustentado por este órgano colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, sostuvo tocante a la relación que guardan los elementos de vialidad y tránsito con la dependencia para la que prestan servicios, que forman parte de una institución policial, de aquellas a las que alude el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, por lo que la relación que guardan los miembros de la corporación con esa dependencia es de carácter administrativo y, por ende, los conflictos que surjan entre esos sujetos, son competencia del Tribunal de lo (sic) Administrativo. Porque de acuerdo con la doctrina, el término policía se relaciona con la función del Estado de vigilar el respeto a la ley y el orden en la sociedad que, por ende, si se toma en cuenta el alcance de ese vocablo se advierte que éste no se limita a los cuerpos de seguridad pública encargados de la prevención e investigación de los delitos, ya que se debe partir de la idea de que policía es sinónimo de vigilancia en todos los órdenes de la sociedad, razón suficiente para considerar que los oficiales de vialidad y tránsito constituyen una institución policíaca. Que además consideró dicha Sala, el incremento de las necesidades de la sociedad, han obligado al Estado a crear distintas corporaciones que se especialicen en el cuidado del orden público y la paz de la comunidad, en determinados sectores o actividades de la sociedad y dentro de esas corporaciones, desde luego, se incluye a la policía de vialidad y tránsito, cuyo ámbito de operación tiene que ver con ejercer funciones entre otras, la orientación, participación y colaboración en la prevención de accidentes viales y de infracciones a las normas de tránsito; cuidar de la seguridad y respeto del peatón en las vías públicas; coadyuvar con otras autoridades en la conservación del orden público y la tranquilidad de la comunidad; cuidar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones de esa ley y sus reglamentos, así como levantar o hacer constar las infracciones que se cometan, por lo que debe concluirse que esos oficiales desempeñan una actividad administrativa que desde luego tiene el carácter de policial, pues del análisis a las funciones descritas se evidencia que tienen como objetivo salvaguardar no solamente el orden público y la paz social en la comunidad, sino que se trata de actividades que atienden al interés público de la sociedad, a la que le importa cuidar de la seguridad de los peatones en las vías públicas, finalidades las anteriores que si bien se encuentran limitadas al aspecto de tránsito y vialidad, no por ello dejan de ser funciones, tendentes a salvaguardar el orden público, la tranquilidad y la paz en una comunidad, por lo que es claro que los policías de vialidad y tránsito, sí forman parte de una institución de carácter policíaco. Que la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, no se limita a los cuerpos de seguridad pública, porque esa disposición constitucional se refiere en términos generales a instituciones policiales, y que sobre estas bases, si la policía de vialidad y tránsito es una institución policíaca de las que alude el precepto constitucional mencionado, es de concluir que rige para el caso, el criterio del Alto Tribunal que establece que la relación jurídica de los miembros de las instituciones policiales y de seguridad pública con el Estado, es de naturaleza administrativa y, consecuentemente, el órgano jurisdiccional al que compete conocer de los litigios que se susciten como resultado de esa relación es al Tribunal de lo (sic) Administrativo. La jurisprudencia en comento puede ser consultada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, diciembre de 2006, página 208, ‘POLICÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE JALISCO. SUS OFICIALES SE RIGEN POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (En este momento es innecesaria la transcripción del texto de esta jurisprudencia). Luego, si como se vio, el actor es agente A de señalamientos cuyas funciones son las de pintar zonas peatonales en las esquinas de las calles, de límites de velocidad y altos en las esquinas de calles cerradas, señalamientos de lámina y ángulo de alto y para personas discapacitadas y, en general, todo tipo de señalamientos de tránsito y vialidad, cuyas funciones atienden al interés público de la sociedad, con el objetivo de cuidar de la seguridad de los peatones y conductores en la vías públicas, finalidades las anteriores que como se destacó en la jurisprudencia citada si bien se encuentran limitadas al aspecto de tránsito y vialidad, no por ello dejan de ser funciones tendentes a salvaguardar el orden público, la tranquilidad y la paz en una comunidad, máxime que la demandada al contestar el escrito reclamatorio, dijo que las actividades que realiza el actor están incluidas en las previstas en la fracción VI del artículo 10 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Colima, las cuales, son atribuciones del servicio de tránsito que tiene el carácter de confianza, de conformidad con el artículo 7, fracción II, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, por lo que dicho actor, sí forma parte de una institución de carácter policíaco y, por ende, se ubica en la hipótesis que contempla el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, de que los miembros de los cuerpos de seguridad, así como los militares, marinos y el personal del servicio exterior, debido a la naturaleza de las actividades que desempeñan y que están encomendadas a vigilar y proteger el orden público de los gobernados, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el Gobierno del Estado o de los Municipios, a las (sic) que presten servicios con lo cual se les excluye considerar a los miembros de los cuerpos de seguridad pública como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución para la que presten servicios y, por tanto, la relación que guarda con los demandados, es de carácter administrativa y, por ende, del conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Máxime que acorde con lo anterior la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en el artículo 16, dispuso: ‘El personal operativo de las fuerza de seguridad del Estado de Jalisco y Municipios, que no desempeñen funciones administrativas, se regirán por sus propios reglamentos, los cuales deberán contener las disposiciones legales para proteger los derechos que les correspondan a estos servidores públicos’, lo que desde luego excluye al Tribunal de Arbitraje de conocer de aquellos asuntos en que se involucren los miembros de las instituciones policiales, de ahí que el conocimiento del asunto, se insiste, corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No se desatiende que dicho tribunal en un principio reconoció que es (sic) de su conocimiento los conflictos que se susciten entre los agentes de tránsito y vialidad con la dependencia a la que prestan servicios, sin embargo, sostuvo que para que un acto de autoridad pueda considerase como de contenido materialmente administrativo no bastaba que fuera emitido por una dependencia administrativa, sino que sus elementos también sean de la misma naturaleza y que en el caso, no se reunían tales elementos, pues los actos reclamados, como era el reconocimiento de la antigüedad y el otorgamiento de un puesto de base, apuntaban a la preservación de los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional y, por consecuencia, enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, cuyo conocimiento es materia que deben conocer los tribunales laborales. Pues si bien es cierto que los reclamos del actor aparentemente son similares a los laborales, pues en ambos casos existe una prestación de servicios, sin embargo, como se vio, la competencia que ahora se le confiere no estriba en la naturaleza de las actividades, sino que por disposición constitucional, los miembros de las instituciones policiales tienen una relación administrativa, luego si los reclamos de su demanda son consecuencia directa de ese vínculo jurídico dadas las características apuntadas respecto de la relación administrativa que existe entre los policías y las instituciones en que prestan servicios que no es laboral sino administrativa, entonces la acción para obtener la satisfacción de sus reclamaciones debe ser de la misma naturaleza, en la medida en que ello deriva de la misma relación jurídica y, por tanto, lo procedente es declarar insubsistente el desechamiento de la demanda por notoriamente improcedente, y declarar a dicho tribunal el competente para conocer de la demanda formulada. ..."
Por su parte, las consideraciones expuestas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la sentencia dictada en el conflicto competencial 10/2007 en la parte que interesa, son del tenor siguiente:
"IV. Como se verá, la competencia se surte en favor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima. Francisco Javier Orozco Delgado, ante el distinto Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, promovió demanda en contra del ‘H. Ayuntamiento Constitucional de Colima’ y del ‘director de Tránsito y Vialidad del Municipio de Colima’, en la que reclamó, como prestaciones, el reconocimiento de su antigüedad como trabajador de base desde el primero de febrero de dos mil dos, así como la basificación de su puesto como trabajador. En el capítulo de hechos señaló que se desempeña en el Ayuntamiento Constitucional de Colima, pintando machuelos de las banquetas, líneas centrales en las avenidas, zonas peatonales en las esquinas de las calles, los límites de velocidades y altos en las esquinas. Agregó que también fabrica y pinta los señalamientos de lámina y ángulo, tales como los de alto, para personas discapacitadas, límites de velocidad y calle cerrada. A su demanda adjuntó una constancia expedida por el citado Ayuntamiento, donde aparece que desempeña el puesto de ‘agente A señalamientos, en la Dir. de Tránsito y Vialidad’. Ahora bien, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, con motivo del incidente de incompetencia planteado por las autoridades al contestar la demanda, en resolución de quince de enero de dos mil siete, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, pues señaló que: (Es innecesario la transcripción para resolver este asunto). Por tanto, remitió los autos al tribunal que estimó resultaba legalmente competente. Al respecto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, en proveído de veintiocho de febrero de dos mil siete, previo a examinar la competencia que podía recaerle, requirió al actor cumpliera con los requisitos previstos en el artículo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, prevención la cual, acató, señalando como actos impugnados: (No es necesaria la transcripción). A dicho escrito adjuntó el demandante, entre otros documentos, copia de su identificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Colima, de la cual se aprecia que tiene el puesto de ‘agente A señalamientos’, en la dependencia ‘Dir. de Tránsito y Vialidad’, así como copia de ‘recibo de honorarios asimilables a salarios’, en la que consta que recibió del Municipio de Colima, Colima, la cantidad de $1,948.59 (mil novecientos cuarenta y ocho pesos 59/100, moneda nacional), por concepto de honorarios asimilables a salarios, por servicios prestados como ‘agente de señalamientos viales adscrito a tránsito y vialidad’. Por resolución dictada el doce de abril del año en curso, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima determinó no conocer de la demanda, en síntesis, porque aun cuando le correspondía el conocimiento de los conflictos derivados de la prestación de servicios de los agentes de vialidad al servicio del Ayuntamiento Constitucional de Colima ‘por existir una relación administrativa entre aquéllos y la dependencia citada’, en la especie, se reclaman actos de naturaleza laboral, pues es ello precisamente lo que argumenta el demandante al manifestar que no obstante que su nombramiento es de ‘agente A, adscrito a Tránsito y Vialidad’, la naturaleza de sus funciones son laborales, ya que se dedica a pintar machuelos de las banquetas, líneas centrales en las banquetas, zonas peatonales en las esquinas de las calles, así como también límites de velocidad y altos en las esquinas. Por eso, determinó el tribunal, que al tratarse de actos cuya naturaleza no es administrativa o fiscal, sino laboral, procedía, con fundamento en los artículos 11 y 44, fracción XII, desechar la demanda por notoriamente improcedente y ordenar el archivo del asunto. Inconforme, el actor promovió recurso de reclamación, cuya resolución fue dictada por el propio tribunal administrativo el tres de septiembre último, en la cual resolvió declararlo improcedente, confirmar el auto recurrido y, además, ordenó remitir el asunto a los Tribunales Colegiados de este Circuito para que resolviera (sic) el conflicto competencial suscitado. Pues bien, como se indicó, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es el legalmente competente para conocer de la demanda promovida por Francisco Javier Orozco Delgado, toda vez que las prestaciones reclamadas derivan de la relación administrativa que tiene con la Dirección de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Colima, con motivo de su puesto de ‘agente A señalamientos’, adscrito a dicha dirección, según se advierte de las constancias que adjuntó a los escritos de demanda. Para corroborar que corresponde conocer de este asunto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, es preciso establecer el objeto de la legislación, y las funciones y atribuciones de la Dirección General de Tránsito y Vialidad del Municipio de Colima, contenidas en los artículos 1, 2 y 8 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Colima, preceptos los cuales disponen: (En este momento se considera innecesario realizar la transcripción de los citados numerales). Como se ve, el objetivo esencial de la Dirección General de Transporte y Vialidad del Municipio de Colima, es vigilar el respeto a la ley para preservar el orden en la sociedad, en cuanto al servicio vial se refiere. En efecto, la citada dirección es una corporación especializada creada para vigilar el respeto a la ley y el orden en la sociedad, por ende, debe considerarse que los agentes adscritos a aquéllas constituyen una institución policíaca. Además, los artículos 4o., fracción V, 10, 108, 109 y 111 del aludido Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Colima, establecen que son autoridades de tránsito y vialidad, ‘el cuerpo operativo de tránsito y vialidad’, que estará integrado, entre otros, por los ‘agentes de vialidad o tránsito, en sus diferentes niveles y/o modalidades’, cuyas atribuciones serán, vigilar el cumplimiento del reglamento, para lo cual, inclusive, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública, así como también regular operativamente la vialidad, a favor de la fluidez y seguridad del tránsito vehicular y peatonal, restringir total o parcialmente el tránsito vehicular cuando las condiciones de la seguridad vial lo demanden y brindar las máximas medidas de seguridad, mediante los señalamientos corporales que garanticen la seguridad de los peatones y las personas con capacidades diferentes. Así es, tales preceptos, señalan: (En este momento se considera innecesario realizar la transcripción de los citados numerales). De ahí que los agentes de vialidad o tránsito que integran ‘el cuerpo operativo de tránsito y vialidad’, desempeñan una actividad administrativa que tiene carácter policial, pues del análisis de las funciones descritas se evidencia que tienen como objetivo salvaguardar no solamente el orden público y la paz social en la comunidad, sino también el interés público de la sociedad. En consecuencia, al tener el carácter de institución policial, se rigen (sic) por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los criterios jurisprudenciales que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente el relativo a la naturaleza administrativa de la relación jurídica de los miembros de las instituciones policiales y de seguridad pública con el Estado. Sobre el tema, es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 167/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ocho del Tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘POLICÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE JALISCO. SUS OFICIALES SE RIGEN POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (En este momento no es necesario realizar la transcripción del texto de la indicada jurisprudencia). Ahora bien, el Máximo Tribunal del país sostuvo en dicho criterio jurisprudencial que la Secretaría de Tránsito y Vialidad, al tener el carácter de institución policial, se rigen por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los criterios jurisprudenciales que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente el relativo a la naturaleza administrativa de la relación jurídica de los miembros de las instituciones policiales y de seguridad pública con el Estado; por tanto, para determinar cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de las controversias que surjan como resultado de esa relación, debe aplicarse, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 77/2004 de la Segunda Sala, publicada en la página cuatrocientos veintiocho del Tomo XX, correspondiente al mes de julio de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: ‘SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.’ (En este momento no es necesario realizar la transcripción del texto de la indicada jurisprudencia). Como se observa, la superioridad, estimó que la Constitución y las leyes secundarias relativas al Estado de Jalisco no señalan con precisión la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o del Tribunal de lo (sic) Administrativo para conocer de las demandas promovidas por elementos de seguridad pública contra autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, para que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de sus servicios en su condición de servidores públicos, y que por ello dicha competencia debe recaer en el mencionado Tribunal de lo (sic) Administrativo. Con relación a ello, en el asunto en concreto, los preceptos de la Constitución del Estado de Colima y las leyes secundarias que regulan las funciones del Tribunal de Arbitraje y Escalafón y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tampoco señalan con precisión la competencia de dichos tribunales para conocer de demandas promovidas por agentes adscritos a la Dirección de Tránsito y Vialidad contra autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, derivadas de la prestación de sus servicios en su condición de servidores públicos. Efectivamente, los artículos 77 y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21069-db9e8e8a/agentes-de-senalamientos-adscritos-a-la-direccion-general · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE. ACORDE CON EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI LA AUTORIDAD CONSIDERA QUE DEBEN SUBSANARSE IRREGULARIDADES DE LA S (CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/2008-SS)
- AMPARO DIRECTO. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 41/2007-SS)
- REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA CONTRA SENTENC (CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2008-SS)
- CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A SUS TRABAJADORES DE CONFIANZA CUANDO DECIDE NO RENOVAR SUS NOMBRAMIENTOS. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 66/2008-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- EXCLUYENTES. (s/clave)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. DEBE CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- EXCLUYENTES.- (4462)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis