DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE. ACORDE CON EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI LA AUTORIDAD CONSIDERA QUE DEBEN SUBSANARSE IRREGULARIDADES DE LA SOLICITUD RESPECTIVA O DE SUS ANEXOS, A QUIEN DEBE REQUERIR ES AL SOLICITANTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO, TODOS DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: ÓSCAR PALOMO CARRASCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa cuya especialidad es de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formula el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que participó en la solución de uno de los asuntos respecto de los que se hace dicha denuncia y, por ende, está facultado para hacerla en términos de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción resolvieron, en esencia, lo siguiente:
A) Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Este órgano colegiado conoció del recurso de revisión fiscal 367/2007, interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante la cual declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas consistentes en diversos oficios en los que se negó a la parte actora la devolución del saldo a favor que solicitó.
El apoyo para rechazar la devolución, consistió en que la autoridad exactora advirtió la existencia de dos inconsistencias en la constancia de retenciones, a saber: 1. La firma del representante legal ahí asentada no coincide con la que está registrada en sus archivos y, 2. Dicho documento no contiene los datos del domicilio fiscal del contribuyente.
La Sala Fiscal consideró que las irregularidades que la autoridad encontró en la constancia de retenciones por salarios y conceptos asimilados, solamente le son atribuibles al retenedor por ser el responsable de su emisión, por lo que la autoridad recaudadora debió requerir al empleador del solicitante para el efecto de aclarar las inconsistencias y no al contribuyente.
En contra de esta determinación la autoridad demandada interpuso recurso de revisión, que fue resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia, y en el cual estableció que si bien no existe disposición expresa que permita a la autoridad exactora requerir al recaudador para solventar irregularidades existentes en una solicitud de devolución, lo cierto es que: "... las obligaciones recaen en los patrones retenedores de elaborar las constancias para los contribuyentes, entonces, debe concluirse que sí es dable jurídicamente a la autoridad fiscal, requerir al retenedor para que aclare los datos que le sean necesarios para proveer lo relativo a la procedencia o no de las solicitudes de devolución que le son presentadas, toda vez que tiene la obligación legal de realizar esas constancias de retención en la forma y términos que exigen los artículos 18 y 31 del Código Fiscal de la Federación, en concomitancia con el numeral 83 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ..."
B) Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
Este órgano colegiado conoció del recurso de revisión fiscal 37/2005, interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante la cual declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas consistentes en los oficios mediante los cuales se negó a la parte actora la devolución del saldo a favor que solicitó.
La autoridad exactora negó la devolución solicitada porque advirtió dos inconsistencias en la constancia de retención por salarios y conceptos asimilados, a saber: 1. No contiene el domicilio del contribuyente, y 2. La firma del representante legal no coincide con la que se encuentra registrada en los archivos de la Administración Local de Recaudación de Zapopan.
La Sala Fiscal declaró nulas las resoluciones impugnadas, porque las irregularidades que la autoridad encontró solamente le eran atribuibles al retenedor, por lo que estableció que la autoridad recaudadora debió requerir al empleador del solicitante para el efecto de aclarar las inconsistencias y no al contribuyente.
En contra de esta determinación la autoridad demandada interpuso recurso de revisión, que fue resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia, y en el cual estableció que: "... no se puede considerar que las inconsistencias advertidas sean atribuibles a la actora, ya que las mismas constan en la constancia que elabora el retenedor, por lo que no se puede forzar a la empleada a que las subsane, dado que se trata de obligaciones que no son de la contribuyente." (sic)
En este sentido, precisó que de conformidad con los numerales 118, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 31 del Código Fiscal de la Federación: "... es obligación única del retenedor lo relativo a los datos asentados en las constancias que se expiden al empleado, por lo que las inconsistencias detectadas en ellas, no podían ser subsanadas mediante requerimiento que se hiciera a la actora para ello, puesto que si bien es cierto que los empleados deben verificar la información contenida en las constancias que se les entregan, no debe perderse de vista que la actora no participa en el proceso de elaboración de dichos documentos. ..."
Finalmente, estableció que la facultad que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación confiere a la autoridad exactora para requerir al contribuyente a fin de que subsane las inconsistencias advertidas en la solicitud de devolución: "... debe entenderse que ... se hará cuando las inconsistencias detectadas le sean imputables, es decir, cuando a consideración de la autoridad, sean datos, informes o documentos adicionales y que estén relacionados con la misma, pero no puede entenderse que ello también deba aplicarse cuando los datos faltantes o incorrectos, provengan de un documento que no fue elaborado por el contribuyente, sino que proviene de un tercero como consecuencia de una obligación derivada de las disposiciones fiscales. ..."
La anterior ejecutoria dio lugar a la emisión de la tesis aislada III.2o.T.10 A, visible en la página 1804, del Tomo XXIII, correspondiente al mes de febrero de dos mil seis, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:
"DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO LA AUTORIDAD DETECTA INCONSISTENCIAS ATRIBUIBLES AL RETENEDOR, DEBE REQUERIR A ÉSTE Y NO AL CONTRIBUYENTE PARA QUE LAS ACLARE. Es incorrecto que en un trámite de devolución de impuestos la autoridad hacendaria devuelva la solicitud y documentos, bajo el argumento de que detectó inconsistencias, invitando al contribuyente para que las aclare. Lo anterior, porque no es dable requerirlo si los datos faltantes se señalaron en la constancia de retenciones y percepciones, ya que lo correcto, en virtud de que se trata de una obligación del empleador, es requerir a éste para que realice las aclaraciones conducentes; ello porque debe tenerse en cuenta que en realidad el retenedor no es un tercero a la cuestión propuesta, sino que forma parte de la relación que se da en el cumplimiento de las obligaciones fiscales; o sea, existe vinculación entre la autoridad, el contribuyente y el empleador, por lo que si las inconsistencias son atribuibles al retenedor, debe requerírsele, para que de este modo se agilice el trámite respectivo, dado que si le deja la obligación al contribuyente, es decir, que éste recabe los datos faltantes, podría prolongarse dicho trámite ante la posible tardanza del retenedor."
C) Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Este órgano colegiado conoció de los recursos de revisión fiscal 61/2005, 62/2005 y 112/2005, en los que sostuvo un criterio similar en relación con la facultad que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación confiere a la autoridad exactora para requerir al contribuyente a fin de que subsane las inconsistencias derivadas de su solicitud de devolución.
La Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conoció en primera instancia de los asuntos que motivaron las revisiones fiscales antes identificadas, declarando la nulidad de las resoluciones impugnadas porque la autoridad exactora en vez de requerir al contribuyente, debió requerir a su empleador para que aclarara las inconsistencias encontradas en las solicitudes de devolución (las irregularidades encontradas fueron que no coincide el domicilio fiscal del contribuyente con el señalado en la declaración del ejercicio anual y que la firma del representante legal del retenedor no concuerda con la que está registrada en los archivos de la autoridad exactora).
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito revocó la sentencia recurrida en todos los recursos de revisión fiscal antes descritos, estableciendo que: "... la Sala fiscal infringe lo dispuesto en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, ya que aplicó e interpretó en forma incorrecta el artículo 22 de ese ordenamiento legal, al obligar a la autoridad demandada a requerir al patrón retenedor de impuestos para que aclare la inconsistencia que detectó en la constancia de retenciones por salarios y conceptos asimilados que fue exhibida por la contribuyente al solicitar la devolución de impuestos ..."
Lo anterior se estimó así: "... ya que si el legislador ... estableció, en el aludido artículo 22 del código tributario, que las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la petición; ello, pone de manifiesto que la exigencia de cualquier dato o documento necesario para verificar la procedencia de la devolución, indudablemente es adicional a la solicitud o en su caso a la declaración del ejercicio en que se haya manifestado la existencia de cantidades pagadas indebidamente o saldo a favor y, en esa medida, es dable derivar que es el contribuyente, previo el requerimiento del caso, el único obligado a realizar las aclaraciones necesarias a fin de que la autoridad hacendaria esté en aptitud de resolver lo procedente respecto a su solicitud de devolución de impuestos ... puesto que considerarlo como lo hizo la Sala, implicaría modificar el contenido del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, al establecerse supuestos jurídicos que no prevé. ..."
CUARTO. El análisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, porque los Tribunales Colegiados: Segundo en Materia de Trabajo y Cuarto en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, determinaron que si en la solicitud de devolución de contribuciones existen irregularidades, debe requerirse al responsable de éstas para que las subsane, de tal manera que si las inconsistencias son atribuibles al retenedor, debe solicitarse a éste que las aclare y no al trabajador-contribuyente que solicita la devolución; mientras que, por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del indicado circuito, consideró que el contribuyente que solicita la devolución es el único obligado a realizar las aclaraciones de las irregularidades que la autoridad exactora advierta en esa petición y en sus anexos, porque el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación no permite requerir a persona diversa.
Como se advierte, los tribunales contendientes analizaron una cuestión jurídica esencialmente igual, adoptando mediante sus consideraciones criterios discrepantes, no obstante que examinaron los mismos elementos, a saber: a) la presentación del trabajador-contribuyente de una solicitud de devolución de contribuciones; b) la negativa de la autoridad exactora de acordar de conformidad lo pedido por existir inconsistencias en la constancia de percepciones y retenciones que se acompañó a la solicitud respectiva, invitando al contribuyente para que subsane las irregularidades encontradas; c) la impugnación ante la Sala Fiscal de esta determinación, resolviendo su nulidad por estimar que a quien debe requerirse para enmendar las inconsistencias encontradas es al empleador del solicitante y no al contribuyente y; finalmente, d) el conocimiento de estas resoluciones por los Tribunales Colegiados contendientes.
La concurrencia de los supuestos antes enumerados, demuestra la existencia de la contradicción denunciada, con apoyo, además, en la tesis jurisprudencial número P./J. 26/2001, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(1)
Por tanto, el punto a dilucidar consiste en determinar si para verificar la procedencia de la solicitud de devolución de contribuciones, regulada por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad exactora puede o no requerir a personas distintas de los interesados para que subsanen las irregularidades advertidas en las solicitudes y en sus anexos.
No constituye un obstáculo, que los tribunales contendientes hayan arribado a sus conclusiones tomando como referencia el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación vigente de mil novecientos noventa y ocho a dos mil tres, actualmente reformado, en virtud de que no obstante lo anterior, no ha quedado resuelto el punto en contradicción, porque el numeral en comento, vigente en dos mil ocho, sigue estableciendo que: "... las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que se consideren necesarios...", sin especificar si se puede o no requerir a personas distintas de los interesados para que subsanen las irregularidades advertidas en las solicitudes y en sus anexos.
En este tenor, es conveniente resolver la contradicción de tesis denunciada puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica, en la inteligencia de que el criterio a que se arribe en el presente asunto puede ser aplicado a la disposición reformada actualmente en vigor.(2)
QUINTO. El primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal,(3) establece la garantía de seguridad jurídica, la cual implica que ningún gobernado puede ser molestado sino a través de un mandamiento escrito de la autoridad competente, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento.
La seguridad jurídica es la certeza del individuo de que su situación jurídica no será afectada más que por los procedimientos regulares establecidos previamente.
Dentro de un régimen jurídico, esa afectación de diversa índole y de múltiples y variadas consecuencias que opera en el status de cada gobernado, debe obedecer a determinados principios previos, llenar ciertos requisitos, en síntesis, debe estar sometida a un conjunto de modalidades jurídicas, sin cuya observancia no sería válida desde el punto de vista del derecho.
Ese conjunto de modalidades jurídicas a que debe sujetarse un acto de cualquier autoridad para producir válidamente, desde el punto de vista jurídico, la afectación en la esfera del gobernado a los diversos derechos de éste, traducida en una serie de requisitos, condiciones, elementos, etcétera, es lo que constituye la garantía de seguridad jurídica, de ahí que ésta implica un conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado; por ende, un acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico particular de un individuo, sin observar dichos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias previos, no será válido a la luz del derecho.
Lo anterior encuentra su fundamento, además, en el principio de legalidad, según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina, es decir, que sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza de un modo expreso, mientras que el particular disfruta de un derecho de libertad que le permite hacer lo que quiera, menos lo que la ley le prohíbe también de un modo expreso.
Ahora bien, en virtud de que la contradicción de criterios gira en torno a lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación vigente de mil novecientos noventa y ocho a dos mil tres, conviene señalar que de tal numeral, en la parte que interesa para este asunto, se desprende que:
a) Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales, ya sea mediante cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente, o bien, a través de certificados expedidos a nombre de este último;
b) La devolución se efectuará mediante depósito en cuenta bancaria del contribuyente dentro del plazo de cuarenta días contados a partir de la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, informes y documentos que señale el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, cuando éste le proporcione el número de cuenta en la solicitud de devolución o en la declaración correspondiente. En los demás casos, el plazo para efectuar la devolución será de cincuenta días; y
c) Las autoridades fiscales para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la misma, bajo apercibimiento de que de no subsanar la prevención en el término indicado, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente.(4)
De lo anterior se deduce, por una parte, que los contribuyentes pueden solicitar la devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco federal o que procedan de conformidad con las leyes fiscales y, por la otra, que con motivo de dicha promoción las autoridades hacendarias se encuentran obligadas, según sea el caso, a realizar alguno de los siguientes actos:
• Devolver las cantidades reclamadas dentro de los plazos que prevé el propio artículo 22 del Código Fiscal de la Federación;
• Solicitar a los particulares en un plazo no mayor a veinte días, contados a partir del día de la presentación, datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que tengan que ver con la misma; o
• Negar la devolución solicitada exponiendo las razones para llegar a tal conclusión.
Antes de continuar, es útil señalar que el numeral en comento se reformó en dos mil cuatro, estableciendo en lo que a este asunto interesa, la facultad de las autoridades fiscales para efectuar un nuevo requerimiento hacia el contribuyente para solicitarle datos, informes o documentos que hayan sido aportados por este último al desahogar el primer requerimiento.(5)
Asimismo, al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, se le adicionó un párrafo (el quinto), en dos mil seis, estableciendo la hipótesis relativa a que cuando en la solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de diez días aclare dichos datos.(6)
Finalmente, el numeral en comento fue nuevamente adicionado en dos mil siete, estableciendo a favor de la autoridad exactora, la posibilidad de iniciar sus facultades de comprobación con el objeto de verificar la procedencia de la devolución solicitada, previendo que el ejercicio de las facultades de comprobación debe concluir dentro de un plazo de noventa días, salvo en el caso en que la autoridad deba requerir información a terceros relacionados con el contribuyente, caso en el cual el plazo de conclusión será de ciento ochenta días.(7)
Precisado lo anterior, se pone de manifiesto que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, establece que la autoridad exactora, para verificar la procedencia de la devolución, sólo puede requerir al contribuyente a fin de que éste le proporcione datos, informes o documentos adicionales que se consideren necesarios y que estén relacionados con la misma.
Conviene señalar, que antes de la reforma de dos mil seis, el artículo de referencia no preveía qué es lo que debía hacer la autoridad cuando en la solicitud de devolución existieran errores en los datos contenidos en la misma, sin embargo, si advertía alguna irregularidad, por orden práctico se requería al contribuyente en términos de lo establecido por el legislador para verificar la procedencia de la devolución.
A partir de la reforma citada, cuando existan errores en los datos contenidos en la solicitud de devolución, el numeral de referencia prevé la posibilidad de que se requiera al contribuyente -solamente-, para que mediante escrito y en un plazo de diez días aclare dichos datos.
En este sentido, se pone de relieve que el numeral en comento no prevé expresamente la posibilidad de que la autoridad exactora requiera a personas distintas de los interesados para que subsanen las irregularidades advertidas en las solicitudes de devolución y en sus anexos.
Inclusive, tomando en cuenta la evolución antes señalada del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que el legislador siempre ha limitado la facultad que le confirió a la autoridad exactora de solicitar que se subsanen errores o de requerir datos, informes o documentos adicionales para resolver la solicitud de devolución, únicamente al contribuyente, es decir, al directamente interesado de que se resuelva la petición respectiva.
Consecuentemente, las autoridades fiscales con base en la disposición en comento, para verificar la procedencia de la solicitud de devolución, no están facultadas para formular requerimientos a personas distintas de los interesados, a fin de subsanar las irregularidades advertidas en las solicitudes y en sus anexos.
La potestad que prevé hacia la autoridad fiscal, es la de emitir o no un requerimiento para que se aclaren datos, informes o documentos adicionales a la solicitud de devolución de contribuciones, es decir, no establece como obligación ineludible realizar siempre y en todos los casos un requerimiento al contribuyente, sino que la invitación para que se subsanen las irregularidades encontradas se originará, en su caso, a partir de la apreciación de la petición respectiva y de sus anexos.
Efectivamente, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, prevé que: "Las autoridades fiscales para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma ...", de lo que se colige que tal numeral atribuye a la autoridad exactora la facultad de que a partir de la apreciación de la solicitud de devolución de contribuciones y de sus anexos, decida si emite o no un requerimiento con el objeto de verificar su procedencia.
Pero, atendiendo a los principios de legalidad y seguridad jurídica que se derivan del artículo 16 de la Constitución Federal, cuyo ejercicio implica que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, el legislador limita esa facultad para que el requerimiento se realice solamente a cargo del contribuyente.
Consecuentemente, si a partir de la apreciación de la solicitud de devolución de contribuciones y de sus anexos, la autoridad exactora debe decidir si emite o no un requerimiento con el objeto de verificar su procedencia, conviene tomar en consideración bajo qué lineamientos deben realizarse dichas peticiones y qué documentos pueden anexarse.
Esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 30/2003-SS, estableció que cuando la solicitud de devolución de contribuciones se realice a petición de parte, los contribuyentes podrán realizarla utilizando la declaración correspondiente en que aparezca el saldo a favor, o bien, el formato 32 denominado "solicitud de devolución", ya que ambas son formas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal efecto, en el número de ejemplares que se requiera y con los datos, informes y documentos que establezcan tanto el Reglamento del Código Fiscal de la Federación,(8) como la forma respectiva.
Entonces, basta con que el contribuyente presente la declaración correspondiente o el formato 32, en el número de ejemplares que corresponda, y cumpla con los requisitos que prevé el reglamento citado, para que se obligue a la autoridad a que resuelva lo conducente en torno a la solicitud de devolución, ya sea en el sentido de devolverle esas cantidades; solicitarle datos, informes y documentos adicionales; o, en su caso, negarle dicha devolución.(9)
En relación con lo anterior, conviene señalar que el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta dos mil tres, por una parte, establece que las personas que presenten promociones ante las autoridades fiscales deberán utilizar las formas que al efecto apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el número de ejemplares que establezca la forma oficial y acompañar los anexos que en su caso ésta requiera y, por la otra, que cuando no existan formas aprobadas por la secretaría, bastará con que presenten un escrito que cumpla por lo menos con los requisitos que prevé dicho numeral.(10)
Actualmente, el numeral citado en el párrafo anterior, prevé la posibilidad de que las promociones se realicen por medios electrónicos, pero bajo la condición de que el Servicio de Administración Tributaria establezca las promociones que deberán ser presentadas por esa vía, según se advierte de la fracción II del artículo segundo de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación para dos mil cuatro.(11)
La regla II.2.2.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil ocho, prevé que en tanto entre en vigor el formato electrónico para presentar las solicitudes de devolución, los contribuyentes efectuarán la misma mediante la forma oficial 32 "solicitud de devolución" y sus anexos A, 1, 1-A, 2, 3 y 4 según corresponda, contenidos en el anexo 1, excepto tratándose de las personas físicas que soliciten la devolución del saldo a favor en el impuesto sobre la renta en su declaración del ejercicio.(12)
Por su parte, el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta dos mil tres, establecía que las personas que conforme a las disposiciones fiscales tuvieran obligación de presentar solicitudes en materia de registro federal de contribuyentes, declaraciones o avisos, ante las autoridades fiscales, así como expedir constancias o documentos, lo deberían hacer en las formas que al efecto apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo proporcionar el número de ejemplares, datos e informes y adjuntando los documentos que dichas formas requieran.(13)
Actualmente, dicho numeral prevé que las solicitudes, avisos e informes que se realicen al fisco federal deberán hacerse mediante formatos electrónicos, sin embargo, se sigue ponderando esta situación cuando las formas de las declaraciones y expedición de constancias que prevengan las disposiciones fiscales no hubieren sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, caso en el que los obligados a presentarlas deberán utilizar las últimas formas publicadas por las autoridades fiscales y si éstas no existen, se formularán por escrito.(14)
De lo anterior se desprende que, por regla general, las personas físicas y morales deberán presentar sus promociones ante las autoridades fiscales en las formas que al efecto apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el número de ejemplares, con los datos, informes y documentos que en dichas formas se requiera y, por excepción, en los casos en que no existan las formas autorizadas por dicha secretaría, podrán presentar un escrito que cumpla con al menos los requisitos que prevé el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación.
De igual forma se advierte, en la materia que corresponde a esta contradicción, que los contribuyentes pueden solicitar la devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco federal o que procedan de conformidad con las leyes fiscales, a través de la declaración correspondiente (medios electrónicos) o del formato 32 (formato por escrito).
Al respecto, conviene señalar que cuando se deseen acompañar documentos que sirvan de apoyo para que la autoridad exactora resuelva favorablemente la devolución solicitada, tendrá que utilizarse el formato 32. Los documentos a que se refiere el apartado 9 del indicado formato, que pueden acompañarse al mismo o que la autoridad puede requerir para su cotejo a fin de verificar la procedencia de la solicitud de devolución de contribuciones y subsanar irregularidades son, entre otros, los siguientes:
• Acta constitutiva y poder notarial que acredite la personalidad del representan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21189-2aae8c3e/devolucion-de-cantidades-pagadas-indebidamente-acorde-con-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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