SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS HASTA ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE AGOSTO DE 2004, NO TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES DE LOS SEGUROS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y DE VEJEZ, CORRESPONDIENTES A SU CUENTA INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIOS: ÓSCAR PALOMO CARRASCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia de trabajo de la especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que participó en la solución de varios de los asuntos respecto de los que se hace dicha denuncia y, por ende, está facultado para hacerlo en términos de la fracción XIII del artículo 107 constitucional y del 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones expuestas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en la sentencia dictada en el amparo directo número 299/2006, en la parte que interesa, son del tenor literal siguiente:
"SÉPTIMO. ... 1. La quejosa demandó de la empresa aforista la devolución de las aportaciones realizadas por su patrón el Instituto Mexicano del Seguro Social a las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez y de vivienda del año mil novecientos noventa y siete, al quince de agosto del año dos mil dos. 2. La solicitud de la devolución de las aportaciones la sustentó toralmente en el hecho de haber sido jubilada en su empleo de enfermera por años de servicio según resolución que emitió la Comisión Nacional de Jubilaciones y Pensiones, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones que forma parte del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales entre el instituto de seguridad social en su carácter de patrón y el sindicato titular del pacto contractual. 3. También manifestó que la pensión que disfrutaba era superior en más de un treinta por ciento a la garantizada, con lo cual sostuvo, se cumplían los requisitos del artículo 190 de la Ley del Seguro Social. 4. La demandada en el juicio laboral negó la devolución de las cantidades bajo el argumento toral de que la actora al encontrarse sujeta a un plan privado de pensiones constituido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el mismo debería estar registrado ante la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, en términos del artículo 190 de la Ley del Seguro Social; agregando que las cantidades de la subcuenta de vivienda, eran administradas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. ... Ahora bien, en relación a la propiedad de los fondos acumulados en la subcuenta del sistema para el retiro que deriva del artículo 169 de la Ley del Seguro Social, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número 1918/2005, fallado en sesión del tres de febrero de dos mil seis, en las consideraciones de la ejecutoria estableció, entre otras cosas, en forma toral, que el citado numeral dispone que se trata de un derecho de los obreros para recibir los fondos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro, a través de su entrega total, más no así los acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, porque éstos serán entregados por las administradoras de fondos para el retiro al Gobierno Federal para cubrir las contingencias y proporcionar los servicios respecto de cada régimen en particular, mediante prestaciones y en especie, en las formas y condiciones previstas por la ley y sus reglamentos por ser ésta una forma de previsión social que deriva del artículo 123 constitucional, exponiendo que si bien el citado precepto dispone que los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador son propiedad de éste, su devolución está sujeta a las modalidades establecidas en esa ley y demás disposiciones aplicables, concluyendo que la propiedad de los mismos puede y debe estar regulada en esta última; evento que se corrobora de la parte conducente de la ejecutoria en mención donde textualmente apuntó: (en este momento se estima innecesaria su transcripción, debido a que en el desarrollo del presente asunto se abordará la ejecutoria citada). ... Delimitada la naturaleza especial de la propiedad de los fondos acumulados en la subcuenta del sistema para el retiro, que tiene su origen, como se apuntó, en el artículo 169 de la Ley del Seguro Social, es imprescindible dejar precisada, además, la doble naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de ente de derecho público y privado. En la primera hipótesis, como organismo público descentralizado, es un ente que forma parte de la administración pública y, consecuentemente, del Estado, dotado de autonomía en la que queda comprendida desde luego, su forma de autonormación y autogobierno lo que significa que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y sus recursos financieros se integran con un porcentaje otorgado por el Estado y, con las llamadas cuotas obrero patronales. A estas últimas se les atribuye naturaleza fiscal, para efectos de su cobro; por esa razón y sólo para los efectos indicados, el instituto asume el carácter de autoridad; es decir, tiene doble actuación: como prestador de servicio y como autoridad. Así, tales facultades de las cuales fue dotado fueron con el afán de que pudiera lograr la finalidad y objetivos de mayor eficacia en la prestación de servicios para la cual fue constituido como son, entre otros, el servicio de asistencia social a los asegurados que no pueden acceder a contratar un seguro privado por el alto costo de éste y los bajos ingresos del trabajador. En una segunda, es decir, entendido como un ente de derecho privado, el Instituto Mexicano del Seguro Social al contar con un patrimonio y personalidad jurídica propia, tiene la capacidad legal de contraer al igual que cualquier persona moral, derechos y obligaciones; en ese contexto, es claro que cuenta con facultades legales para celebrar y suscribir actos jurídicos, como son, entre otros, la suscripción de contratos colectivos de trabajo con la representación sindical titular del pacto contractual, el cual desde luego, obliga a ambas partes a su observancia y, por ende, las relaciones obrero patronales se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, supliendo, como se apuntó, la deficiencia en los conceptos de violación, en términos de lo que dispone la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado estima que la determinación de la Junta responsable de absolver a la empresa aforista de entregar las sumas aportadas a la subcuenta relativa a los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, y ordenar su transferencia al Gobierno Federal para financiar la pensión de que supuestamente goza la actora, es incorrecta por las siguientes razones. Es cierto que el legislador derivado del mandato constitucional establecido en el artículo 123, fracción XXIX, instituyó en favor de los trabajadores como una prerrogativa social, en la Ley del Seguro Social, entre otras prestaciones, el régimen del seguro obligatorio, al cual se ingresa ya sea por disposición legal, decreto presidencial, o por convenio, y el hecho generador que le da vida es la relación de trabajo, lo cual a su vez obliga de manera ineludible a la parte patronal, a inscribir al obrero ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y a enterar las cuotas obrero patronales correspondientes contempladas en esa ley. Siguiendo en el mismo orden de ideas, las sumas correspondientes al ramo del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que en la especie son los que interesan, se cubren de manera tripartita, es decir, con aportaciones del trabajador, el patrón y el Gobierno Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 167 y 168 de la legislación en cita, pues el primero de ellos dispone que los patrones y el Gobierno Federal están obligados a enterar al instituto el importe de las cuotas obrero patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, mismas que se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador; asimismo, el segundo de los numerales de la citada legislación establece que en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a los patrones y trabajadores les corresponde cubrir cuotas del tres punto ciento cincuenta por ciento y uno punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente, y que la contribución del Estado debe ser igual al siete punto ciento cuarenta y tres por ciento del total de las cuotas patronales de esos ramos, además de una cuota social equivalente al cinco punto cinco por ciento del salario mínimo general para el Distrito Federal, por cada día de salario cotizado, actualizado trimestralmente de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año; acorde a lo precisado, también se sigue el derecho de los trabajadores para recibir los fondos que se hubieran acumulado en la subcuenta de seguro de retiro, a través de su entrega total, excluyendo los acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, que serán entregados por las administradoras de fondos para el retiro al Gobierno Federal, postura, anterior, la cual delimitó con claridad la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1918/2005. Destaca además, que el objetivo fundamental de las aportaciones a este ramo de seguro es la de lograr que el asegurado al finalizar su vida productiva, tenga un ingreso mayor en la pensión que llegara a recibir y de esta forma, goce de una vida mas decorosa, ya que la propia ley al igual que otras legislaciones como la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, establecen los mecanismos legales mediante los cuales las empresas encargadas de manejar los fondos aportados y que le son transferidos por el instituto de seguridad social, pueden ser invertidos con el objeto de lograr mayores intereses. Ahora bien, aun cuando el artículo 169 de la Ley del Seguro Social, estatuye que los recursos depositados en la cuenta individual son propiedad del trabajador con las modalidades establecidas en esa legislación y demás disposiciones aplicables, no menos cierto resulta que si bien la citada devolución se encuentra sujeta a ciertas modalidades, el diverso numeral 190 de la ley en comento, establece como tales que éste o bien sus beneficiarios con derecho a disfrutar de una pensión proveniente de algún plan establecido por su patrón o derivado de contratación colectiva, el cual una vez autorizado y registrado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, tendrá derecho a que la administradora de fondos para el retiro, que opere su cuenta individual, le entregue los recursos que lo integran, para situarlos en la entidad financiera que el trabajador designe, a fin de adquirir una pensión en los términos del artículo 157, o bien entregándoselos en una sola exhibición, cuando la pensión de que disfrute sea mayor en un treinta por ciento a la garantizada; es decir, que el precepto en comento condiciona la citada devolución a esas dos modalidades. Así las cosas, precisada la finalidad que tienen los seguros en los ramos de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, quiénes y en qué monto participan en su constitución mediante las aportaciones que les impone la ley, la naturaleza de la propiedad de las sumas aportadas, es indispensable retomar dos situaciones que resultan relevantes: primero, que la accionante de acuerdo a los antecedentes del contradictorio laboral, fue jubilada bajo el amparo de un plan privado de pensiones. Segundo, que dicho plan no deriva precisamente de las aportaciones que realizó ésta, su patrón y el Gobierno Federal, en los porcentajes que a cada parte corresponde de acuerdo a los numerales 167 y 168 de la ley de la materia, sino de las aportaciones que realizó ésta en su carácter de trabajadora al igual que su patrón, con base en el que denominaron Reglamento de Jubilaciones y Pensiones y que forma parte del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el sindicato titular del pacto contractual. Luego, es claro que procede la devolución de la totalidad de las aportaciones de la subcuenta no sólo las de retiro, sino también las de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez por no estar la actora en posibilidad legal de disfrutar de la pensión que otorga la legislación social. El aserto relativo a las aportaciones del patrón y del Gobierno Federal cobra plena aplicación al imponerse a la sección primera, generalidades del capítulo relativo al régimen financiero del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en los artículos invocados, los cuales son del tenor siguiente: (es innecesaria su transcripción en este momento, debido a que se reproducirán en el desarrollo del proyecto). Según lo expuesto y lo que disponen los numerales transcritos, se puede concluir de una manera lógica y jurídica que tanto el patrón como el Gobierno Federal están obligados a enterar al seguro social, en los porcentajes precisados, el importe de las cuotas obrero patronales, y el monto en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, además del patrón y del trabajador, la contribución del Estado es un porcentaje igual al siete punto ciento cuarenta y tres por ciento del total de las cuotas patronales en estos ramos, la cual es del tres punto ciento cincuenta por ciento sobre el salario base de cotización, lo que evidencia no únicamente la participación, sino también el financiamiento del Gobierno Federal en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Ahora bien, tocante a la existencia del plan privado de pensiones y la afirmación de que en éste no participa el Gobierno Federal con ninguna aportación al mismo, es necesario imponerse al artículo 18 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones integrante del contrato colectivo de trabajo, el cual es del tenor siguiente: (se considera innecesaria su transcripción en este momento, debido a que se reproducirán en el desarrollo del proyecto). De una interpretación teleológica y literal del numeral transcrito, se desprende que el financiamiento del susodicho régimen de jubilaciones y pensiones, está constituido con el tres por ciento de las aportaciones que hacen los trabajadores sobre los conceptos que el mismo remite, y un mismo porcentaje del fondo de ahorro en forma anual, en tanto que el patrón, Instituto Mexicano del Seguro Social, está obligado a cubrir la parte restante de la prima necesaria, estando incluso facultado para elegir el sistema financiero que cubra el costo, además, también establece que para la administración y valuación actuarial, se constituirá un comité mixto integrado por tres representantes del instituto y del sindicato. De lo anterior puede concluirse que en el financiamiento no participa de ninguna forma el Gobierno Federal. Ese plan fue suscrito por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo. El primero lo hizo en su carácter de patrón, actuando como ente de derecho privado y no como una persona moral pública en su condición de organismo público descentralizado, que forma parte de la administración pública y, consecuentemente, del Estado. En ese contexto, es dable estimar que si los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, acorde al precepto 18 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones el cual forma parte del contrato colectivo de trabajo, participan en el financiamiento del mismo mediante una aportación del tres por ciento sobre los conceptos que perciben en los incisos de la a) a la n), del diverso artículo 5o. del citado régimen y el instituto en su calidad de patrón, en su carácter de sujeto de derecho privado y no de ente público, cubre la parte restante de la prima necesaria del citado fondo, éstas constituyen aportaciones de ambas partes y son realizadas con la finalidad de crear una reserva con cargo a la cual se pueda otorgar una jubilación o pensión en el momento en que el trabajador cumpla con los requisitos establecidos en el contrato colectivo de trabajo, la cual desde luego, no puede ni debe confundirse con la finalidad constitucional aludida para constituir los fondos de los seguros en las ramas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que son depositadas en la subcuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, los cuales sí constituyen un patrimonio afectado a un fin determinado como lo refiere la Ley del Seguro Social en sus artículos 169 y 190. Consecuentemente, dado el origen, finalidad y naturaleza del Régimen de Pensiones y Jubilaciones que forma parte integrante del contrato colectivo de trabajo, así como de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que son acorde a lo expuesto notoriamente diferentes porque el primero nace del acuerdo de la voluntad de dos partes en su carácter de sujetos de derecho privado, la segunda, porque deriva de una obligación constitucional en la que participa en las aportaciones el Gobierno Federal y que aunque si bien su objetivo puede ser parecido, las aportaciones para su constitución son distintas dado que éstas son de carácter obligatorio por disposición constitucional. Recapitulando, de la interpretación literal, armónica y teleológica de los artículos 167, 168, 169 y 190 de la Ley del Seguro Social, en relación con el diverso 18 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones que forma parte del pacto contractual, se arriba a la determinación de que los trabajadores jubilados conforme a dicho régimen, sí tienen derecho a la devolución total de las aportaciones en la subcuenta en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, porque las aportaciones son como se precisó, de naturaleza diferente al del régimen de jubilaciones y pensiones, independientemente de que la jubilada no está en posibilidad legal de disfrutar de una pensión conforme a la Ley del Seguro Social, por ser incompatible. ..."
De esta sentencia, conjuntamente con las resoluciones dictadas en los juicios de amparo directos 427/2006, 466/2006, 502/2006 y 503/2006, cuyas consideraciones no se transcriben dada la similitud con lo antes transcrito, derivó el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, identificado con el número IV.3o.T. J/62, visible en la página 1216, del Tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"TRABAJADORES JUBILADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES. TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES DE LOS SEGUROS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ REALIZADAS EN TÉRMINOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. De la interpretación literal, armónica y teleológica de los artículos 167 a 169 y 190 de la Ley del Seguro Social, en relación con el numeral 18 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones integrante del pacto colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social, se concluye que sus trabajadores jubilados conforme a dicho régimen tienen derecho a la devolución total de las aportaciones efectuadas a las subcuentas de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez de su cuenta individual previstas en la primera legislación citada, en virtud de que dichas aportaciones son de naturaleza diversa a las que conforman el financiamiento de aquel régimen privado de pensiones, en razón de que ya no estarán en posibilidad legal de disfrutar de una pensión en términos de la Ley del Seguro Social por ser incompatibles."
De igual forma, el citado tribunal siguiendo el criterio indicado, resolvió los juicios de amparo directos relacionados bajo los números 778/2006 y 779/2006, cuyas consideraciones no se transcriben en virtud de su intrínseca similitud con la sentencia antes reproducida dictada en el juicio de amparo directo 299/2006.
Por otra parte, las consideraciones en que se sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo número 936/2005, son las siguientes:
"QUINTO. ... Por otro lado debe decirse, que resulta infundado el tercer motivo de inconformidad, toda vez que el hecho de que la demandada administradora de Fondos para el Retiro Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable, no hiciera mención del numeral 18, fracción II, del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, no por ello la Junta estaba impedida para invocarlo como apoyo de su decisión, toda vez que como quedó precisado en líneas precedentes, conforme a los principios generales del derecho, corresponde a las partes en el juicio dar los hechos y al órgano jurisdiccional aplicar el derecho, por lo que si la accionante en el escrito inicial de demanda señaló que fue trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social y que en la actualidad se encuentra disfrutando de una pensión jubilatoria por años de servicios, el cual se rige precisamente por el Régimen de Jubilaciones y Pensiones integrador del contrato colectivo de trabajo, la responsable actúo conforme a derecho al citarlo como fundamento y aducir que si dicho numeral establece que el instituto cubrirá la parte restante de la prima necesaria (al trabajador se le descuenta tres por ciento sobre los conceptos señalados en los incisos a) al n) del artículo 5o. del propio reglamento), de ello se sigue que sí existe financiamiento público para el pago de la jubilación del instituto y, por ende, que no son solamente los recursos de esos trabajadores los que las financian, pues el Gobierno Federal es el que aporta precisamente los recursos al seguro social, de ahí se determinó que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que se pensionan por contratos colectivos en su doble carácter de trabajadores y asegurados, constituye una excepción a la regla general que deriva del numeral 190 de la Ley del Seguro Social. Tal consideración se encuentra apegada a derecho. En efecto, el artículo 190 de la Ley del Seguro Social establece: (es innecesaria su transcripción en este momento, debido a que se reproducirá en el desarrollo del proyecto). De una recta interpretación del precepto transcrito, se advierte que en él se establece el derecho del trabajador (o de sus beneficiarios) a quien se otorgue una pensión proveniente de algún plan establecido por su patrón o derivado de contratación colectiva, de que a la administradora de fondos para el retiro que opere su cuenta individual, le entreguen los recursos que lo integran, de dos maneras: 1. Situándolos en la entidad financiera que el trabajador designe, a fin de que adquiera una pensión en los términos del artículo 157, o bien, 2. Entregándoselos en una sola exhibición, cuando la pensión de que disfrute sea mayor en un treinta por ciento a la garantizada (prevista en el numeral 170 de la ley). Asimismo, del propio precepto se obtienen tres requisitos para que se le entreguen en una sola exhibición, a saber, que: 1. Exista un plan, establecido por el patrón o derivado de una contratación colectiva; 2. Ese plan haya sido autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; y, 3. La pensión de que disfrute sea mayor en un treinta por ciento a la garantizada por la ley. En ese contexto, si el precepto 190 de la citada ley autoriza entregar al pensionado la totalidad de los recursos que integran la cuenta individual, sin hacer distinción alguna entre las subcuentas y ello es porque la pensión será mayor en un treinta por ciento a la garantizada por la ley; entonces es de concluirse que, respecto de ese tipo de pensionados por contratación colectiva, no opera de manera absoluta la regla establecida en el artículo décimo tercero transitorio, inciso b) de la vigente Ley del Seguro Social, que establece que sólo se entreguen a los pensionados que se acojan a los beneficios de la ley anterior, los fondos que se hubieran depositado en la subcuenta de seguro de retiro y que los acumulados en los de cesantía en edad avanzada y vejez, sean entregados por las respectivas administradoras al Gobierno Federal; ni la del octavo transitorio de la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que establece que las aportaciones posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, deberán abonarse para cubrir las pensiones de quienes se acojan a los beneficios de la Ley del Seguro Social abrogada; pues estas disposiciones transitorias, en todo caso, deben entenderse aplicables para los trabajadores que no se pensionan por contratación colectiva, ya que es claro que los recursos respectivos se destinarán a cubrir el pago de las pensiones de cesantía o vejez, lo que no acontecerá en el caso de los primeros, o sea, los pensionados por contratación colectiva, pues éstos tienen a su favor que la pensión que se les entrega es superior en treinta por ciento a la garantizada por la ley. En el mismo orden, el contenido de los numerales 82, 83 y 9o. transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro son coherentes con la Ley del Seguro Social, en cuanto a que se deben entregar a los pensionados bajo un régimen colectivo, la totalidad de los recursos que integran la cuenta individual, sin hacer distinción alguna entre las subcuentas; por lo que entonces, la disposición contenida en el último -noveno transitorio- acerca de que únicamente se entreguen las aportaciones del ramo de retiro y sus rendimientos, no así las demás, o sea, las de los ramos relativos a las cuotas de cesantía en edad avanzada, vejez y cuota social, por entregarse éstas al Gobierno Federal, no opera respecto de dichos pensionados por contratación colectiva. Es decir, la regla general consiste en que a todos los trabajadores que se pensionen con base en un régimen de contratación colectiva, cuya pensión sea mayor de un treinta por ciento a la que garantiza la ley y que ese régimen haya sido registrado y autorizado por la autoridad competente, previos los requisitos legales, se les debe entregar la totalidad de los recursos habidos en las cuentas individuales respectivas. La segunda conclusión apuntada, deriva de que la regla general anterior tiene como excepción a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que se pensionen de manera analógica, es decir, por contratación colectiva; ello por dos razones: 1. Porque la pensión que se otorgará a éstos, en efecto, será mayor en un treinta por ciento a la garantizada por la ley; pero (en esto radica la diferencia). 2. El pensionado por contratación colectiva como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social no podrá ser pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez, ya que si se acoge a los beneficios de la jubilación por años de servicio, como en el caso, entonces éstas -pensiones de cesantía en edad avanzada o vejez- son incompatibles con la jubilación citada. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia 5/93, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 481, con el número 590, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, del Apéndice 1917-2000, que dispone: ‘SEGURO SOCIAL, LA PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA (LEY DEL SEGURO SOCIAL) ES INCOMPATIBLE CON LA JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL.’. (es innecesaria su transcripción debido a que se abordará lo establecido en esta tesis durante el desarrollo del proyecto). En consecuencia, como la pensión jubilatoria es periódica y la pensión de vejez está incluida en aquella, es claro que los recursos de la propia pensión jubilatoria de la actora, se obtienen de los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a que se refieren en dichas disposiciones transitorias y, por ende, no cobra aplicación el numeral 190 de la Ley del Seguro Social, tratándose de los jubilados en su doble carácter de trabajadores y asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el cuarto concepto de violación, la impetrante alega en esencia, que la responsable tenía la obligación al emitir el laudo impugnado, tomar en consideración lo estipulado por los artículos 159 y 169 de la Ley del Seguro Social, los cuales establecen que a quien corresponde la propiedad de los recursos depositados en las subcuentas de retiro, cesantía y vejez, en la cuenta individual son propiedad del trabajador. Tal motivo de inconformidad resulta infundado. El artículo 159 de la Ley del Seguro Social dispone: (es innecesaria su transcripción en este momento, debido a que se reproducirá el desarrollo del proyecto). Por su parte, el diverso numeral 169, del mismo cuerpo de leyes, prevé: (se considera innecesaria su transcripción en este momento, debido a que se reproducirá en el desarrollo del proyecto). De la interpretación armónica de los preceptos legales
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20389-65eadfcc/seguro-social-sus-trabajadores-jubilados-hasta-antes-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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