PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. OPERA CUANDO SE CAMBIA EL RECLAMO DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL POR REINSTALACIÓN, O VICEVERSA, CON MOTIVO DEL DESPIDO, FUERA DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 518 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 51/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se refiere a tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en un tema que es de la competencia exclusiva de esta Segunda Sala, a saber la materia laboral.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formuló el Pleno del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
1. El denunciante Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 10696/2006, en sesión de siete de diciembre de dos mil seis, sostuvo en la parte conducente de su fallo, que:
Entre las acciones de reinstalación y de indemnización constitucional existían diferencias, ya que en la primera el actor pretendía que la relación laboral continuara en los términos y condiciones pactados, como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo; y, en la segunda, daba por concluido ese vínculo contractual y demandaba el pago de la indemnización constitucional, cuyo objeto era resarcir al trabajador, a través del pago, a cargo del patrón, de cierta cantidad de dinero, por haber sido separado del empleo sin causa justificada, sin que fuera obstáculo para llegar a dicha conclusión, la circunstancia de que ambas acciones fueran generadas por el mismo hecho "... o sea, cuando el trabajador es despedido y el patrono no justifique dicha separación, tomando en cuenta que sus efectos son totalmente opuestos."
Además, conforme a lo establecido en la fracción XXII, del apartado A, del artículo 123 constitucional, así como en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, dichas acciones se excluían entre sí, porque claramente señalaban que, para el caso de separación injustificada el trabajador podía solicitar, a su elección, el cumplimiento del contrato o exigir la indemnización de tres meses de salario; por lo que no era válido que se pudieran ejercitar al mismo tiempo las dos acciones, o sea, la reinstalación en el empleo y el pago de los tres meses de salario.
En tal virtud, agregó, si ambas acciones eran excluyentes entre sí y sus efectos eran totalmente diferentes, en el caso examinado la Junta de forma correcta había declarado procedente la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada, ya que si bien era cierto que en el escrito inicial de demanda presentado ante la Junta el diecinueve de agosto de dos mil uno, el actor había demandado la indemnización constitucional, señalando que había sido despedido el veintisiete de junio de dos mil uno; también lo era que por escrito fechado el veintiocho de octubre de dos mil tres, ratificado en audiencia de veintinueve de octubre del mismo año, la parte actora había modificado la demanda inicial, precisando que dejaba sin efecto la acción de reclamación correspondiente al pago de la indemnización constitucional y, en su lugar, demandaba como prestación principal la acción de reinstalación.
Así, concluyó, al haber cambiado el trabajador la acción de indemnización constitucional por la de reinstalación, el término de la prescripción respecto de esta última no se había interrumpido con la presentación de la demanda, ya que dicha interrupción exclusivamente surtía efectos respecto de las acciones que se habían hecho valer en dicha demanda y no en cuanto a las que en ella se habían omitido ejercitar o que se habían hecho valer con posterioridad.
Por tanto, agregó, era evidente que de la fecha en que el trabajador se dijo despedido a aquella en que reclamó la reinstalación, había transcurrido en exceso el término a que se refería el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo y, en consecuencia, había resultado procedente la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada y correcta la conclusión alcanzada por la autoridad responsable.
Lo anterior lo apoyó el Tribunal Colegiado de mérito, en la jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 399, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, página 331, Sexta Época, del siguiente tenor:
"PRESCRIPCIÓN, CÓMPUTO DE LA, CUANDO SE CAMBIE LA ACCIÓN. La sola presentación de la demanda interrumpe el curso del término prescriptivo de las acciones, pero exclusivamente respecto de las que se hacen valer en dicha demanda y no en cuanto a las que en ella se omite ejercitar."
Asimismo, en la diversa tesis pronunciada por la misma Cuarta Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volúmenes 151-156, Quinta Parte, página 168, que dice:
"PRESCRIPCIÓN, CÓMPUTO DE LA. CUANDO SE CAMBIE LA ACCIÓN. La sola presentación de la demanda interrumpe el curso del término prescriptivo de las acciones, pero exclusivamente respecto de las que se hacen valer en dicha demanda y no en cuanto a las que en ella se omite ejercitar o que se hacen valer, por cambio de acción en la audiencia de demanda y excepciones."
Y dijo compartir el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, septiembre de 1992, página 324, cuyos rubro y texto rezan:
"PRESCRIPCIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE LA. CUANDO SE CAMBIE LA ACCIÓN. Si en un juicio laboral, la parte actora en su demanda inicial, reclama la acción de indemnización constitucional por despido injustificado; y en la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, con fundamento en el artículo 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, cambia la acción ejercitada por la de reinstalación, debe decirse, que la prescripción respecto de ésta, no se interrumpe con la presentación de dicha demanda, en virtud de que se cambió la acción inicialmente reclamada y, por tanto, el cómputo de dos meses para declarar prescrita la acción de reinstalación de las actoras que fueron separadas del trabajo, de acuerdo con lo que establece el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, empezó a contar a partir del día siguiente en que consta fueron despedidas."
2. El propio Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en la ejecutoria pronunciada el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y dos, en el amparo directo 171/92, de donde derivó el criterio último citado, sostuvo, en lo que interesa, que:
La parte actora en el juicio laboral había sido despedida el veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve, por lo que el plazo de dos meses para que prescribiera su acción, de conformidad con el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, le comenzó a contar el treinta de junio siguiente para concluir el treinta de agosto del mismo año; motivo por el cual, si la audiencia trifásica se llevó a cabo el treinta y uno de este último mes, fecha en la que cambió la acción de indemnización constitucional originalmente ejercida por la de reinstalación, con fundamento en el artículo 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, entonces dicha acción se cambió fuera del plazo que concede dicho numeral 518 "... sin que se pueda estimar que hubo interrupción de la prescripción por la presentación de la demanda, en virtud de que se cambió, pues lo que está prescrita es la acción, que en el caso lo es la de reinstalación que hasta el treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, ejercitaron las actoras, hoy terceras perjudicadas, en lugar de la de indemnización, resultando, por un día, prescrita por haber fenecido los dos meses multicitados para hacerla valer el día treinta del mes y año en cita ..."
3. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 629/2002-I, en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil dos, determinó que:
Le asistía razón al peticionario de garantías cuando manifestaba que había sido incorrecto que la Junta responsable declarara fundada la excepción de prescripción hecha valer por el tercero perjudicado, en relación con el reclamo del pago de indemnización constitucional, en virtud del cambio de acción que dijo el quejoso había realizado el siete de junio de dos mil uno.
Lo anterior lo concluyó así dicho tribunal, con base en que: "... cuando se habla de acción, se hace referencia integral al reclamo de derechos laborales apoyados en una determinada actitud de la parte patronal, y no, a las prestaciones a través de las cuales el trabajador busca que se le restituya en tales derechos, por lo que basta en que tal reclamo se formule, para que se suspenda el término de prescripción para demandar las prestaciones que puedan derivar del mismo, por lo que, si en el caso, lo que varió el trabajador fue simplemente el tipo de prestación, y no la actitud que atribuyó al patrón, como lo fue el despido injustificado, ello no implicó la prescripción de su derecho a demandar el pago de una indemnización en sustitución de la demanda de reinstalación, que originalmente planteó, ya que, incluso no se le dejó en estado de indefensión a la patronal, pues, se insiste, no se varió el hecho que como base de la acción se le atribuyó en la demanda; y al no haberlo considerado así la responsable, es evidente que violó en perjuicio del quejoso la garantía de seguridad jurídica que para el efecto consagra el artículo 16 constitucional."
Para una mayor ilustración, citó lo expuesto por Mario de la Cueva en su obra "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo", en el sentido de que:
"No existe ninguna disposición en la Ley Federal del Trabajo que obligue a un trabajador a elegir entre las dos opciones constitucionales en el acto de formulación de la demanda, el artículo 722, única disposición que se ocupa de la forma de ejercicio de las acciones, cuando son varias, prohíbe solamente que se intenten a un mismo tiempo las que sean contradictorias, pero no obliga a elegir en la demanda misma entre las dos alternativas de un derecho. Y no podrá usarse el artículo 48, que dice: ‘El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario.’, porque ese precepto, colocado en la parte sustantiva de la ley, ratifica el derecho a la elección, pero no define el instante en que deba hacerse ni tiene la vista puesta en las formalidades procesales. ... La fracción XXII del artículo 123, de la norma constitucional, no habla de dos acciones distintas, sino de una obligación del patrono, la que se cumplirá a elección del trabajador, de una de dos maneras: la reinstalación en el trabajo o el pago de una indemnización. Por lo que no es lícito crear un abismo entre dos supuestas acciones y declararlas no solo distintas, sino contradictorias. ... Pensamos, en conclusión, con la vista fija en la naturaleza y en las finalidades del derecho del trabajo y en la idea de la justicia social, que el trabajador puede reclamar la injustificación del despido y una vez obtenida la declaración de que no hubo causa que lo justifique, elegir entre los dos derechos que le otorgan la Constitución y la ley, quiere decir, la elección puede hacerse en el acto en que se solicite la ejecución de la obra."
De la ejecutoria anterior, derivó la siguiente tesis aislada:
"PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. NO OPERA CUANDO EXISTE CAMBIO EN LAS PRESTACIONES DEMANDADAS, SI NO IMPLICA VARIAR LOS HECHOS BASE DE LA ACCIÓN. Cuando se habla de acción, se hace referencia integral al reclamo de derechos laborales apoyados en una determinada actitud de la parte patronal y no a las prestaciones a través de las cuales el trabajador busca que se le restituya en tales derechos, por lo que basta que tal reclamo se formule para que se suspenda el término de prescripción para demandar las prestaciones que puedan derivar del mismo, por lo que si en el caso, lo que varió el trabajador fue simplemente el tipo de prestación, y no la actitud que atribuyó al patrón, como lo fue el despido injustificado, ello no implica la prescripción de su derecho a demandar el pago de una indemnización en sustitución de la demanda de reinstalación que originalmente planteó, ya que, incluso, no se le dejó en estado de indefensión a la patronal pues, se insiste, no se varió el hecho que como base de la acción se le atribuyó en la demanda." (Novena Época. Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003, tesis XV.1o.16 L, página 1115).
4. Finalmente, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 543/2005, en sesión de once de noviembre de dos mil cinco, sostuvo, en lo que interesa, que:
En términos de los artículos 518; 521, fracción I, y 522 de la Ley Federal del Trabajo, si en el caso concreto, después de dos meses de presentada la demanda por despido injustificado, al "... celebrarse la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en la etapa correspondiente el trabajador, con fundamento en el diverso artículo 878, fracción II, de la indicada ley, modifica su demanda en cuanto a su pretensión de reinstalación por la de indemnización constitucional ...", no podía válidamente considerarse que procedía la excepción de prescripción, toda vez que lo único que el actor había variado era el tipo de prestación reclamada y no los hechos que había atribuido al patrón, como lo había sido el despido injustificado, máxime que, siendo la acción ejercitada oportunamente la de "despido injustificado", al patrón no se le había dejado en estado de indefensión al no haberse modificado el hecho en que se sustentaba.
Además, se sostuvo que cuando se hablaba de acción, se hacía referencia integral al reclamo de derechos laborales apoyados en una determinada actitud de la parte patronal y no a las prestaciones a través de las cuales el trabajador buscaba que se le restituyera en tales derechos, por lo que bastaba que tal reclamo se formulara para que se suspendiera el término de prescripción para demandar las prestaciones que pudieran derivar, por lo que si en el caso, lo que había variado el trabajador había sido simplemente el tipo de prestación y no la actitud atribuida al patrón, como lo había sido el despido injustificado, ello no implicaba la prescripción de su derecho a demandar el pago de una indemnización en sustitución de la demanda de reinstalación originalmente planteada, ya que, incluso, no se había dejado en estado de indefensión a la patronal, pues, se insistía, no se había variado el hecho que, como base de la acción, se le había atribuido en la demanda.
Consecuentemente, se estableció que si en el caso de la demanda inicial aparecía que la parte actora había expresado que fue despedida el veinticinco de marzo de dos mil dos, y había presentado su demanda un mes veinte días después (quince de mayo de dos mil dos), entonces había ejercitado la acción de despido injustificado dentro de los dos meses a que se refería el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que era claro que, como lo había concluido la Junta responsable, la prestación de reinstalación no se encontraba prescrita al momento en que se había sustituido por la diversa de indemnización constitucional y, por ello, lo alegado por la parte quejosa al respecto devenía infundado.
Finalmente, se dijo que no se oponía a lo concluido la tesis sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DESPIDO INJUSTIFICADO. CAMBIO DE ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR LA DE REINSTALACIÓN. PRESCRIPCIÓN."; pues en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, por tratarse de un criterio aislado, no obligaba al propio órgano colegiado.
De la ejecutoria reseñada derivó la siguiente tesis:
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO. NO OPERA AUN CUANDO SE MODIFIQUE POR LA DIVERSA DE REINSTALACIÓN SI NO SE VARÍA EL HECHO QUE COMO BASE DE LA ACCIÓN SE HIZO VALER EN LA DEMANDA. Los artículos 518, 521, fracción I y 522 de la Ley Federal del Trabajo establecen, respectivamente, que el término de prescripción de las acciones de los trabajadores que sean separados de su empleo será de dos meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de la separación; que la sola presentación de la demanda ante la Junta lo interrumpe; y que debe computarse por el número de días calendario que corresponda. Ahora bien, cuando un trabajador después de presentada su demanda en la que reclama la reinstalación por despido injustificado, en términos de la fracción II del artículo 878 de la citada legislación, la modifica por la de indemnización constitucional, no puede considerarse que la acción por despido injustificado haya prescrito, dado que, por una parte, únicamente se está cambiando el tipo de prestación reclamada; y, por otra, con ello no se deja en estado de indefensión al patrón, al no variarse el hecho que como base de la acción se hizo valer en la demanda." (Novena Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, tesis XV.3o.8 L, página 1288).
En razón de que de la sentencia reseñada, se advierte que el Tribunal Colegiado hace alusión en un par de ocasiones a que la prestación original reclamada fue la de reinstalación y que posteriormente se modificó por la de indemnización constitucional, conviene aclarar que, concretamente de los antecedentes que se transcriben en las páginas de la veintitrés a la veintinueve del propio fallo, se demuestra que, en realidad, el trabajador demandó en el escrito inicial la indemnización constitucional, la que cambió por la de reinstalación en la audiencia trifásica.
CUARTO. En el presente caso sí existe contradicción de tesis.
El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, emitió la jurisprudencia número P./J. 26/2001, visible en la página 76, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."
De la citada jurisprudencia se advierte que para que exista contradicción de tesis y, como consecuencia de ello, esta Segunda Sala determine qué criterio debe prevalecer, deben de actualizarse los siguientes requisitos:
a) Que al resolver negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
De las consideraciones sintetizadas en el considerando tercero se advierte que los Tribunales Colegiados examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, pues analizaron los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en los que la litis planteada se circunscribió a determinar si operaba la figura de la prescripción establecida en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, cuando un trabajador cambió la indemnización constitucional, solicitada en la demanda laboral, por la reinstalación, pedida en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, a que se refiere el artículo 873 de la propia ley (amparos directos 1069/96, 171/92 y 543/2005), o viceversa, esto es, si operaba dicha figura cuando en la demanda se pidió reinstalación y en la audiencia se demandó la indemnización constitucional (amparo directo 629/2002-I).
Además, los tribunales adoptaron criterios discrepantes, pues mientras el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito determinaron que la petición de indemnización constitucional por la de reinstalación implica un cambio de acción y que, por ende, esta última debe ejercerse antes de que transcurra el plazo prescriptivo de dos meses a que se refiere el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo; en cambio, los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Décimo Quinto Circuito determinaron que esa petición no implica un cambio de acción, sino de prestación, dado que no se varía el hecho que como base de la acción se hizo valer en la demanda y, por ende, a ese cambio de prestaciones no le es aplicable el apuntado plazo prescriptivo.
De lo expuesto en el párrafo precedente se advierte, además, que la diferencia de criterios se presentó en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y que los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos.
En consecuencia, sí existe la contradicción de tesis denunciada, y el punto de derecho a dilucidar radica en determinar la naturaleza del cambio de indemnización constitucional por la reinstalación, o viceversa, esto es, si la solicitud respectiva implica un cambio de acción o no y, por ende, si ese cambio o modificación debe realizarse antes de que transcurra el plazo prescriptivo de dos meses a que se refiere el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo.
No es obstáculo para lo antes considerado, la existencia de las jurisprudencias de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llevan por rubro, ambas, el siguiente: "PRESCRIPCIÓN, CÓMPUTO DE LA, CUANDO SE CAMBIE LA ACCIÓN.", invocadas por el denunciante Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; debido a que los tribunales contendientes no estaban vinculados a ellas, supuesto que se refieren a cuestiones de legalidad en la materia laboral, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, quienes están facultados para interrumpirlas o modificarlas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se reformó y modificó la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, que dispone:
"Artículo sexto. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia hasta le fecha en que entren en vigor las reformas y adiciones que contiene el presente decreto, en las materias cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito de acuerdo a las propias reformas, podrá ser interrumpida y modificada por los propios Tribunales Colegiados de Circuito."
Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS ESTÁN FACULTADOS PARA MODIFICAR LA ESTABLECIDA CON ANTERIORIDAD AL 15 DE ENERO DE 1988, CUANDO VERSE SOBRE CUESTIONES QUE SEAN DE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA. De lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reformó y adicionó la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 5 de enero de 1988, que entró en vigor el 15 del mismo mes y año, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden interrumpir y modificar la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esta facultad sólo pueden ejercerla respecto de jurisprudencias que hubiesen sido establecidas hasta esta última fecha y cuando versen sobre cuestiones que sean de la competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados, esto es, que se refiera a temas respecto de los cuales no sea competente de modo directo la Suprema Corte de Justicia, aunque pueda llegar a conocer de ellos en virtud del ejercicio de su facultad de atracción." (Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, tesis P./J. 26/94, página 14).
Al respecto debe añadirse que la expresión "de su exclusiva competencia", según se infiere de la propia tesis reproducida, es de carácter genérico, y aún existiendo la atribución de la Suprema Corte de ejercer la facultad de atracción, en principio, todos los asuntos de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito podrían ser de la competencia del más Alto Tribunal, con lo que nunca serían de "su exclusiva competencia". Sin embargo, esa interpretación, por ese mismo motivo, haría nugatorio el precepto, lo que resulta inadmisible, pues tratándose de una situación excepcional, la del ejercicio de la facultad de atracción, debe estimarse que el legislador, en el supuesto examinado en la tesis que se aplica, se refirió a la situación general relativa a la competencia que, salvo el caso de excepción de la facultad de atracción, les corresponde a ellos.
QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determina que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis que se sustenta en la presente resolución.
Para determinar la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia, resulta pertinente acudir, en primer lugar, al texto de los artículos 518, 521, fracción I y 522 de la Ley Federal del Trabajo, cuya interpretación resulta fundamental para alcanzar ese objetivo.
Dichos numerales disponen:
"Artículo 518. Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo.
"La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación."
"Artículo 521. La prescripción se interrumpe:
"I. Por la sola presentación de la demanda o de cualquiera promoción ante la Junta de Conciliación o ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, independientemente de la fecha de la notificación. No es obstáculo para la interrupción, que la Junta sea incompetente."
"Artículo 522. Para efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que les corresponda. El primer día se contará completo, aun cuando no lo sea, pero el último debe ser completo y cuando se feriado, no se tendrá por completa la prescripción sino cumplido el primero útil siguiente."
De los anteriores preceptos se advierten el plazo que tienen los trabajadores para ejercer las acciones cuando sean separados del trabajo, una de las formas de interrupción de la prescripción y la manera en que habrá de computarse ese plazo.
En ese sentido, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo primeramente transcrito debe determinarse el alcance de la expresión "acciones de los trabajadores que sean separados" de su empleo, pues mientras algunos de los tribunales que entran en conflicto de criterios consideraron que se trata de acciones independientes la indemnización y la reinstalación y, por tanto, el término de prescripción sólo se interrumpía en cuanto a la que se ejercitó, los otros tribunales consideraron que no se trataba propiamente de acciones sino de prestaciones reclamadas al ejercitarse la acción con motivo del despido y, por tanto, al hacerse referencia a la indemnización, el plazo de la prescripción se interrumpía en relación con las diversas prestaciones que podían reclamarse con motivo del despido. Esto implica, en esencia, que existe discrepancia en cuanto a si la indemnización constitucional y la reinstalación constituyen o no acciones, por lo que conviene analizar el concepto de "acción procesal" a la luz de algunas opiniones doctrinales y de algunos de los criterios que sobre el particular ha sustentado este Alto Tribunal, debiendo aclararse que es válido acudir a aquéllas, como elemento de análisis y apoyo en la formulación de sentencias, con la condición de atender objetiva y racionalmente a sus argumentaciones jurídicas, de acuerdo con la tesis siguiente:
"DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que ‘En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’; mientras que en su párrafo tercero dispone que ‘En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.’. Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20376-8d1aa4ae/prescripcion-en-materia-laboral-opera-cuando-se-cambia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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