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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. AUN CUANDO ESTÁ SUJETO A LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, EL QUE NO SE DÉ A CONOCER AL PARTICULAR EL CONTENIDO Y FUNDAMENTO DEL DICTAMEN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 144, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY RELATIVA, PREVIAMENTE AL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, NO VIOLA DICHA GARANTÍA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE FEBRERO DE 2006). CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA SURGIDA DE CRITERIOS SUSTENTADOS EN AMPARO DIRECTO Y EN REVISIÓN FISCAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20373
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 1010.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, vigente a partir del treinta de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la denuncia de una posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia administrativa de la especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue realizada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Sexto Circuito.

TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver la revisión fiscal RF-18/2007, en lo conducente, son las siguientes:

"SEXTO. ... Por otro lado, dentro del agravio tercero la inconforme combate el pronunciamiento vertido en el considerando quinto de la sentencia recurrida; al efecto aduce que la a quo pierde de vista que no existe precepto legal alguno que obligue a la autoridad a dar a conocer al contribuyente el dictamen de clasificación arancelaria, cotización y valor de la mercancía, de manera previa a la determinación del crédito fiscal; que dicho administrado no quedó en estado de indefensión, porque durante el juicio de nulidad tuvo la oportunidad de combatir aquella clasificación y ofrecer los medios de prueba idóneos para tal fin; que la demandada, en ejercicio de las facultades conferidas en materia de comercio exterior, estableció la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor del vehículo de mérito, a través del dictamen técnico emitido por el perito aduanal; que este último no es el emisor de un acto que afecte la esfera jurídica del enjuiciante, sino la autoridad aduanera, quien mediante la liquidación impugnada hizo del conocimiento del particular el resultado del mencionado dictamen, por lo que es en todo caso esa resolución de la demandada y no la opinión emitida por el técnico, la que pueda causar perjuicio al gobernado, en términos del artículo 144, fracción XIV, de la Ley Aduanera.

"Es fundado el agravio resumido.

"Los numerales 144, fracción XIV, 150 y 153 de la Ley Aduanera vigente en dos mil cinco, indicaban:

"‘Artículo 144. La secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:

"‘...

"‘XIV. Establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de importación y exportación.

"‘Para ejercer las facultades a que se refiere el párrafo anterior, la secretaría podrá solicitar el dictamen que requiera, al agente aduanal, al dictaminador aduanero o a cualquier otro perito.’

"‘Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta ley.

"‘En dicha acta se deberá hacer constar:

"‘I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.

"‘II. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento.

"‘III. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías.

"‘IV. La toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente.

"‘Deberá requerirse al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso, podrán señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción, apercibiéndolo de que, de no hacerlo o de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designará.

"‘Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga. La autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar al interesado en ese mismo acto, copia del acta de inicio del procedimiento, momento en el cual se considerará notificado.’

"‘Artículo 153. El interesado deberá ofrecer por escrito, las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley, dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de dicha acta. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación.

"‘Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país; desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor declarado fue determinado de conformidad con el título III, capítulo III, sección primera de esta ley en los casos a que se refiere el artículo 151, fracción VII de esta ley, la autoridad que levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley, dictará de inmediato la resolución, sin que en estos casos se impongan sanciones ni se esté obligado al pago de gastos de ejecución; de existir mercancías embargadas se ordenará su devolución. Cuando el interesado no presente las pruebas o éstas no desvirtúen los supuestos por los cuales se embargó precautoriamente la mercancía, las autoridades aduaneras deberán de dictar resolución definitiva, en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. De no emitirse la resolución definitiva en el término de referencia, quedarán sin efectos las actuaciones de la autoridad que dieron inicio al procedimiento.

"‘En los casos en que el interesado no desvirtúe mediante pruebas documentales los hechos y circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento, así como cuando ofrezca pruebas distintas, las autoridades aduaneras dictarán resolución determinando, en su caso, las contribuciones y las cuotas compensatorias omitidas, e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la fecha en que se levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley.

"‘Tratándose de mercancías excedentes o no declaradas embargadas a maquiladoras y empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cuando dentro de los diez días siguientes a la notificación del acta a que se refiere este artículo, el interesado presente escrito en el que manifieste su consentimiento con el contenido del acta, la autoridad aduanera que hubiera iniciado el procedimiento podrá emitir una resolución provisional en la que determine las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas y las sanciones que procedan. Cuando el interesado en un plazo de cinco días a partir de que surta efectos la notificación de la resolución provisional acredite el pago de las contribuciones, accesorios y multas correspondientes y, en su caso, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, la autoridad aduanera ordenará la devolución de las mercancías.’

"Como puede observarse, conforme a la fracción XIV del artículo 144 antes transcrito, la autoridad aduanera se halla facultada para establecer la naturaleza, características arancelarias, origen y valor de las mercancías de importación y exportación, así como para solicitar el dictamen que se requiera, al agente aduanal, al dictaminador aduanero o a cualquier otro perito.

"Por su parte, los artículos 150 y 153 también reproducidos anteriormente, no exigen como formalidad dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera que fue practicado al ahora demandante, que la autoridad notifique a dicho contribuyente el contenido del aludido dictamen.

"No obstante ello, sí se otorga al particular un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acta de inicio correspondiente, a fin de que tenga la posibilidad de formular alegatos por escrito y ofrecer las pruebas que estime pertinentes.

"Cuando el interesado no presente dichas pruebas o las aportadas no desvirtúen las irregularidades atribuidas, que hayan motivado el embargo precautorio de la mercancía, la autoridad aduanera habrá de dictar la resolución definitiva en un plazo de cuatro meses, en la cual determinará, en su caso, las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, además de imponer las sanciones que procedan.

"En esa medida, asiste razón a la inconforme cuando aduce que en la especie no existe la obligación legal de que la autoridad aduanera notifique al gobernado el dictamen de clasificación arancelaria, cotización y valor del vehículo de procedencia extranjera, en forma previa a la emisión de la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento y en la que se liquide, de ser la hipótesis, un crédito fiscal a cargo de aquél, entre otras determinaciones, toda vez que en contra de esta resolución, el contribuyente tiene a su alcance el recurso de revocación, o bien el juicio contencioso-administrativo, en los que puede impugnar la clasificación arancelaria de la mercancía respectiva a través del ofrecimiento de pruebas que la desvirtúen, habida cuenta que en materia impositiva no es necesario que la garantía de audiencia sea previa, sino que puede otorgarse con posterioridad a la determinación del gravamen correspondiente, de ahí que resulte legal que la enjuiciada diera a conocer al contribuyente la clasificación arancelaria del vehículo que había sido embargado de manera precautoria y que posteriormente pasó a ser propiedad del fisco federal, hasta el momento en que dictó la resolución administrativa de carácter definitivo, pero al no haberlo estimado así, la a quo causó el agravio que en esta instancia se hace valer.

"Por las razones anteriores, este órgano jurisdiccional no comparte la tesis aislada número I.7o.A.80 A del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, invocada por la Sala, publicada en la página 1037 del Tomo XI, febrero de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente se lee:

"‘CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE DAR A CONOCER AL PARTICULAR PREVIAMENTE A LA RESOLUCIÓN FINAL, LOS PRECEPTOS LEGALES QUE FACULTEN A LA PERSONA QUE VAYA A ACTUAR COMO VISTA ADUANAL Y/O COORDINADOR DE RECONOCIMIENTO ADUANERO.’ (Para mayor claridad, su texto se transcribe junto con la ejecutoria respectiva, en la parte conducente de la presente resolución).

"Cabe apuntar, además, que sobre el tema cuestionado por la quejosa, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito, ha emitido la tesis aislada número VI.2o.A.19 A, visible en la página 1096 del Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época del Semanario y Gaceta antes mencionados, que a la letra dice:

"‘CLASIFICACIÓN ARANCELARIA, COTIZACIÓN Y AVALÚO. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DAR A CONOCER AL PARTICULAR, EN FORMA PREVIA A LA RESOLUCIÓN FINAL, LOS PRECEPTOS LEGALES QUE FACULTAN A LA PERSONA DESIGNADA PARA EMITIR EL DICTAMEN RELATIVO Y SU CONTENIDO.’ (Para mayor claridad, su texto se transcribe junto con la ejecutoria respectiva, en la parte conducente de la presente resolución).

"Sin embargo, como se ha dicho, este órgano jurisdiccional no comparte los criterios anteriores y sí, en cambio, comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la tesis aislada número VI.3o.A.194 A, consultable en la página 1688 del Tomo XX, julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente:

"‘CLASIFICACIÓN ARANCELARIA EMITIDA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA SE CONCEDE HASTA LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL.’ (Para mayor claridad, su texto se transcribe junto con la ejecutoria respectiva, en la parte conducente de la presente resolución)."

CUARTO. Las consideraciones en que se apoyó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal RF-747-99, en la parte que interesa a la presente contradicción, son las siguientes:

"QUINTO. El agravio es inoperante en parte e infundado en otro aspecto.

"...

"No asiste razón al recurrente en la primera parte del agravio, en la que estima que la Sala procedió indebidamente al declarar la nulidad de la resolución combatida en el juicio natural, con apoyo en el razonamiento de que en ésta no se especificó el carácter con el que actuó Estela Martínez Martínez; puesto que de la lectura de esa resolución, se advierte que confirmó la resolución provisional de veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y siete, dictada por el administrador de la Aduana de Veracruz, en la que se le dio a conocer al particular que tal persona actuó en su carácter de Vista Aduanal; siendo que en términos de la fracción XIV del artículo 144 de la Ley Aduanera, la administración en cita tenía facultad de apoyar su determinación en el dictamen emitido por la auxiliar de la autoridad administrativa invocada con anterioridad quien a su vez y con fundamento en ese numeral tiene la atribución para establecer la naturaleza, carácter, clasificación arancelaria, origen y valor de la mercancía importada o exportada.

"En efecto, es infundada la parte del agravio sintetizada en el párrafo que antecede por los siguientes motivos:

"Como ya se apuntó, de la lectura de la sentencia combatida, se advierte que la responsable manifestó que Estela Martínez Martínez fue quien determinó la clasificación arancelaria, como se observaba en la resolución combatida en el juicio de nulidad, sin fundar su competencia para actuar de esa manera, lo que había ocasionado que se dejara al particular en estado de indefensión al desconocer los motivos por los cuales dicha persona había hecho tal determinación y si tenía facultades para ello (foja 95).

"De igual forma, adujo la Sala que no pasaba inadvertido para ella el argumento que hizo valer la demandante al contestar la demanda, en el sentido de que de conformidad a la fracción XIV del artículo 144 de la Ley Aduanera, la autoridad puede solicitar dictamen al agente aduanal, al dictaminador aduanero o a cualquier perito, con el fin de obtener un mejor desempeño de sus funciones; que sin embargo, la autoridad debió precisar el carácter con el que emitió el dictamen Estela Martínez Martínez y acreditar el mismo; por lo que al no haber acontecido así en el acto impugnado, afirmó la Sala, era de desestimarse esa cuestión (foja 95).

"Finalmente, la responsable concluyó que en atención a que la persona multicitada no tenía facultad para determinar la clasificación arancelaria de la mercancía importada, y la resolución impugnada en el juicio natural resultaba ilegal y, en consecuencia, declaró su nulidad (foja 95).

"En ese estado de cosas, se infiere que, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, el hecho de que el particular tuvo conocimiento de que Estela Martínez Martínez actuó como Vista Aduanal y/o coordinador de reconocimiento aduanero, por medio de la resolución provisional de veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y siete (fojas 40 a 42); es decir, previamente a la emisión de la resolución combatida en el juicio de nulidad, que confirmó la primera; no es suficiente para considerar que no se dejó en estado de indefensión al gobernado; puesto que, como bien lo afirmó la Sala, éste desconoció los preceptos legales que facultaban a la persona señalada en varias ocasiones, para emitir su dictamen en la que determinó la clasificación de la mercancía importada.

"No es obstáculo para arribar a la conclusión anterior, que el ocursante afirme que de conformidad a la fracción XIV del artículo 144 de la Ley Aduanera, la secretaría está en posibilidad de solicitar el dictamen que requiera para determinar la clasificación de la mercancía importada a cualquier perito; toda vez que no realiza argumento alguno que ponga de manifiesto que se le dio a conocer al particular los preceptos legales que otorgan facultades a la persona que afirma actuó como Vista Aduanal, para emitir el dictamen de que se trata."

De la ejecutoria anterior derivó la tesis I.7o.A.80 A, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, febrero de dos mil, página mil treinta y siete, del rubro y texto siguientes:

"CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE DAR A CONOCER AL PARTICULAR PREVIAMENTE A LA RESOLUCIÓN FINAL, LOS PRECEPTOS LEGALES QUE FACULTEN A LA PERSONA QUE VAYA A ACTUAR COMO VISTA ADUANAL Y/O COORDINADOR DE RECONOCIMIENTO ADUANERO. Es verdad que de conformidad a la fracción XIV del artículo 144 de la Ley Aduanera, la autoridad administrativa tiene la facultad de apoyar su determinación en el dictamen emitido por sus auxiliares, quienes a su vez y con fundamento en ese numeral tienen atribuciones para establecer la naturaleza, carácter, clasificación arancelaria, origen y valor de la mercancía importada o exportada; sin embargo, el hecho de que el particular se entere en la resolución final que finca el crédito fiscal, que cierta persona actuó en ese procedimiento con el carácter aludido, esa circunstancia deja al contribuyente en estado de indefensión, por ser indispensable que previamente la autoridad administrativa dé a conocer al particular los preceptos legales que facultan al sujeto designado para emitir dictamen respecto a la clasificación de la mercancía."

QUINTO. Las consideraciones en que se sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver los amparos directos 95/2000 y 42/2000, de las cuales, a efecto de evitar repeticiones innecesarias, únicamente se transcriben las correspondientes a la sentencia relativa al amparo directo enunciado en primer término, por ser similares, en la parte conducente, son las siguientes:

Amparo directo 95/2000.

"SEXTO. ... De igual forma, es fundado el concepto de inconformidad identificado con el inciso h), que consiste en que aun cuando la Sala reconoció que la clasificación arancelaria, cotización y avalúo constituye un peritaje propiamente dicho, y pese a que la Ley Aduanera no dispone que la clasificación arancelaria ha de notificarse al particular, debe apreciarse que la institución jurídica de ‘peritaje’ recibe una normatividad especial del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia fiscal, lo que no fue atendido por la responsable, cuando que debió estimarse que había de hacerse del conocimiento de la parte actora las disposiciones que rigen la sustanciación del procedimiento administrativo en materia aduanera, así como que la autoridad demandada solicitaría el auxilio de un perito para determinar impuestos omitidos, y el peritaje emitido, para que estuviera en aptitud de formular alegatos y, en el mejor de los casos, ofrecer un peritaje, y al no hacerse así contravino el principio de economía procesal al impedir que se inconformara en la primera instancia con el peritaje y, por ende, la sentencia al considerar lo contrario (que era innecesaria la notificación de la clasificación arancelaria) carece de fundamentación y motivación; transcribe en apoyo a su argumento, la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, titulada: ‘CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE DAR A CONOCER AL PARTICULAR PREVIAMENTE A LA RESOLUCIÓN FINAL, LOS PRECEPTOS LEGALES QUE FACULTEN A LA PERSONA QUE VAYA A ACTUAR COMO VISTA ADUANAL Y/O COORDINADOR DE RECONOCIMIENTO ADUANERO.’

"Lo acertado de dicho argumento estriba en que se aprecia indebido que la Sala considerara innecesaria la notificación de la clasificación arancelaria con base en la cual se le determinó un crédito fiscal, en virtud de que la clasificación arancelaria, cotización y avalúo constituye un peritaje propiamente dicho, pues la fracción XIV del artículo 144 de la Ley Aduanera, establece que la autoridad administrativa está facultada para fincar su determinación (crédito) en el dictamen (peritaje) que rindan sus auxiliares (en el caso, el Vista Aduanal), y no obstante que la propia ley no dispone que esa clasificación deba notificarse al contribuyente, lo cierto es que, atento a la garantía de audiencia inmersa en el artículo 14 de la Constitución Federal, y con el objeto de no dejar al gobernado en estado de indefensión, resulta indispensable que previamente al dictado de la resolución definitiva que se apoye en tal opinión pericial, la autoridad administrativa dé a conocer al particular los preceptos legales que facultan a la persona designada para emitir dicho dictamen, y su contenido, a fin de que el particular se encuentre en aptitud de impugnarlo, de solicitar se reciba su peritaje, de formular alegatos al respecto, es decir, que se le dé al afectado la oportunidad eficaz de defenderse contra aquél; al no hacerlo se desatiende el mandato constitucional en perjuicio del peticionario, lo que, en el caso, conlleva a la concesión del amparo impetrado, máxime que, según se aprecia en la resolución que obra a fojas de la cuarenta y cinco a la cincuenta y nueve del expediente de origen, la determinación del crédito fiscal impugnado en el juicio natural, tiene sustento en el contenido de la opinión pericial que emitió el Vista Aduanal designado al efecto, dado que de la resolución que se combatió ante la Sala, en específico del considerando primero, se desprende: ‘... la referida clasificación arancelaria se encuentra contenida en el informe sin número de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve, que obra en original dentro del expediente administrativo en que se actúa, en el que se manifiesta que el vehículo en estudio sí requiere permiso de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para su importación definitiva a territorio nacional y está afecto al pago de los impuestos aduanales y sus adicionales.’, conclusión que, entre otros aspectos, dio lugar a fijar crédito fiscal contra el quejoso, así como a proveer que el vehículo pasaba a propiedad del fisco federal.

"Lo acabado de considerar tiene apoyo, por su sentido, en la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, publicada en la página un mil treinta y siete, Tomo XI, febrero de dos mil, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y tenor siguientes:

"‘CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE DAR A CONOCER AL PARTICULAR PREVIAMENTE A LA RESOLUCIÓN FINAL, LOS PRECEPTOS LEGALES QUE FACULTEN A LA PERSONA QUE VAYA A ACTUAR COMO VISTA ADUANAL Y/O COORDINADOR DE RECONOCIMIENTO ADUANERO.’ (Su texto ya quedó transcrito en esta resolución)."

Con motivo de las sentencias en cita se sustentó la tesis VI.2o.A.19 A, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, página mil noventa y seis, que es del tenor siguiente:

"CLASIFICACIÓN ARANCELARIA, COTIZACIÓN Y AVALÚO. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DAR A CONOCER AL PARTICULAR, EN FORMA PREVIA A LA RESOLUCIÓN FINAL, LOS PRECEPTOS LEGALES QUE FACULTAN A LA PERSONA DESIGNADA PARA EMITIR EL DICTAMEN RELATIVO Y SU CONTENIDO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 144, fracción XIV, de la Ley Aduanera, la autoridad administrativa está facultada para determinar un crédito fiscal con base en el dictamen que rindan sus auxiliares; no obstante que ese dispositivo no establece que la clasificación arancelaria, cotización y avalúo, que constituye un peritaje propiamente dicho, deba notificarse al contribuyente, lo cierto es que en estricta observancia a la garantía de audiencia inmersa en el artículo 14 de la Constitución Federal, y para no dejar al gobernado en estado de indefensión, resulta indispensable que en forma previa al dictado de la resolución definitiva que se apoye en esa opinión, la autoridad hacendaria dé a conocer al particular los preceptos legales que facultan a la persona designada para emitir tal dictamen y su contenido, a fin de que aquél se encuentre en aptitud de impugnarlo, de solicitar se reciba peritaje de su parte y formule alegatos, es decir, se le otorgue oportunidad eficaz de defenderse; de lo contrario se desatiende el mandato constitucional y debe concederse el amparo."

SEXTO. Las consideraciones que sirvieron de sustentó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver la revisión fiscal 62/2004, son las siguientes:

"SÉPTIMO. ... Por último, la autoridad recurrente aduce en el tercer agravio que no es necesario notificar al contribuyente la clasificación arancelaria, cotización y avalúo en que se basó para determinare el crédito fiscal, ya que la simple negativa lisa y llana del actor en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, no obliga a la autoridad a notificar la Vista Aduanal, ya que en términos del artículo 144, fracción XIV, de la Ley Aduanera, no está obligada a tal extremo, además que no se trata de una resolución de las contempladas en el artículo 38 del Código de referencia, que afecte al gobernado.

"Lo anterior, es sustancialmente fundado.

"En la sentencia que se analiza se concluyó de la forma siguiente:

"(No se transcribe en esta resolución por ser innecesario).

"En efecto, la Sala del conocimiento decretó la nulidad lisa y llana porque la autoridad no probó la existencia de la constancia de notificación relativa a la clasificación arancelaria, que al haber sido negado lisa y llanamente su conocimiento del actor, debió haberlo acompañado, a fin de desvirtuar la negativa.

"Lo sustancialmente fundado del agravio radica en que contrario a lo sostenido por la Sala Fiscal, la simple negativa lisa y llana del actor de desconocer la clasificación arancelaria no puede ser suficiente para obligar a la autoridad hacendaria a notificarla y, por ende, exhibir constancia de dicho acto, pues como la autoridad recurrente lo sostiene, el artículo 144, fracción XIV, de la Ley Aduanera, que establece la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda solicitar el dictamen que requiera el agente aduanal, al dictaminador aduanero o a cualquier otro perito no lo exige ni establece como formalidad dentro del procedimiento administrativo de que se trata.

"Al caso, el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, dispone:

"‘Artículo 68.’ (No se transcribe en esta resolución por ser innecesario).

"De la transcripción anterior se advierte que todos los actos y resoluciones de las autoridades tendrán una presunción de legalidad, pero si el actor niega lisa y llanamente el conocimiento de los actos y resoluciones la autoridad deberá probar su existencia, con excepción a que cuando la negativa del contribuyente involucre una afirmación, pues en ese caso la carga de la prueba la tendrá el actor.

"Sin embargo, dicha obligación de demostrar los actos y los hechos que la inconforme negara lisa y llanamente descansan en la determinación de la ley de obrar en determinado sentido, es decir, para que exista la obligación de un hacer o un no hacer de la autoridad deber estar previsto en al normatividad especial que al caso rija el procedimiento aplicable, de no hacerlo como lo sostiene la propia autoridad recurrente, no habría una obligación de actuar en ese sentido.

"Pues bien, el artículo 144, fracción XIV, de la Ley Aduanera, precepto aplicable al caso, literalmente establece:

"‘Artículo 144.’ (Su texto ya quedó transcrito en esta resolución).

"De lo anterior se advierte que el precepto que faculta a la autoridad a solicitar el dictamen necesario, no prevé la obligación a efectuar la notificación del mismo, pues contrario a lo sostenido por la Sala del conocimiento la simple negativa lisa y llana no puede obligar a la autoridad a realizar algo a lo que no está obligada, como lo sostiene la autoridad recurrente, de ahí que sea sustancialmente fundado el concepto de agravio a estudio y suficiente para revocar la sentencia reclamada.

"A mayor abundamiento, es conveniente dejar apuntando que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en materia impositiva no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia recogida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna, y la audiencia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20373-dede5e3d/procedimiento-administrativo-en-materia-aduanera-aun-cuando-esta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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