Corpus
Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR ACTOS RELACIONADOS CON EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES A SUS SERVIDORES PÚBLICOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 41/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20555
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, , Pág. 270.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 41/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio del año dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia administrativa cuya competencia exclusiva corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló un Magistrado integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que participa en la presente contradicción de tesis.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver este asunto, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados contendientes en las respectivas ejecutorias.

Las consideraciones del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 117/2006, promovido por el Ayuntamiento del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, demandado en el juicio natural que dio origen a la tesis materia de la contradicción denunciada, se transcriben a continuación:

AD. 117/2006

"IV. Previo a transcribir y analizar los conceptos de violación, es preponderante el estudio de la causa de improcedencia alegada por el tercero perjudicado, en términos de lo que dispone el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo. En dicho alegato se manifiesta que el Ayuntamiento de Zapopan no tiene posibilidad legal de acudir al amparo, al afirmar que el juicio natural de donde emana la resolución definitiva reclamada, tuvo por objeto revisar el procedimiento administrativo de responsabilidades instaurado y la sanción impuesta al servidor público actor, actividad en la que la ahora demandante de amparo obró como ente público y no como patrón. Asiste razón al tercero perjudicado. Para el estudio de la hipótesis de improcedencia señalada, conviene hacer precisión del acto de autoridad reclamado y de sus antecedentes que se desprenden de las constancias del juicio y del presente sumario, como se hace a continuación: 1. El día veintiocho de junio del año dos mil cuatro, el síndico del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, dictó un acuerdo mediante el cuál instauró el ‘procedimiento disciplinario de responsabilidad administrativa’ contra el servidor público Rubén Ruiz Hernández, en su carácter de chofer adscrito a la Dirección de Aseo Público de ese Gobierno Municipal, en relación con hechos que se atribuyeron a ese empleado, del día veinticuatro de junio de dos mil cuatro. A ese procedimiento se le otorgó el número de expediente RA. 082/2004. 2. Seguidas las etapas del procedimiento de referencia en el punto anterior, el día veinticinco de agosto de dos mil cinco, el presidente municipal de Zapopan, Jalisco, pronunció resolución en que impuso a Rubén Ruiz Hernández una sanción que consistió en ‘la destitución en el encargo de operador de camión adscrito a la Dirección de Aseo Público’. 3. El día veintinueve de octubre de dos mil cuatro, Rubén Ruiz Hernández, por conducto de sus apoderados, demandó ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, al Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, la reinstalación en su puesto de trabajo, el pago de salarios caídos, y otras prestaciones. En los antecedentes de la demanda, el actor se refirió al procedimiento RA. 82/2004, que se le instauró, asimismo, hizo notar que de allí se había derivado su cese en el cargo que desempeñaba. 4. El veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, se admitió la demanda, y se le asignó el expediente número 1469/2004, del índice de la autoridad responsable. Emplazada la parte demandada Ayuntamiento Constitucional Zapopan, Jalisco, dio contestación a la demanda, y promovió incidente de incompetencia. Tramitado el incidente planteado, el que se declaró improcedente y seguidos los demás trámites del procedimiento, se dictó la resolución de veinticinco de abril de dos mil seis, que constituye el acto reclamado. En esa resolución, se resolvió lo siguiente: ‘Proposiciones: Primera ...’ (resulta innecesaria la transcripción). Ahora bien, de un análisis íntegro de la demanda de amparo, se aprecia que dicho libelo está encaminado a combatir la resolución de la autoridad responsable, en relación con la nulidad que decretó la sanción de destitución del servidor público, aquí tercero perjudicado. Lo anterior, porque está claro que no ataca la condena al pago de prestaciones laborales, consideradas en sí mismas, dado que, aun cuando es materia de condena, éstas son una consecuencia de la nulidad que se decretó. Al respecto, resulta importante precisar que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco -autoridad responsable-, tiene facultades, por una parte, para dirimir controversias entre servidores públicos y autoridades u órganos de gobierno en su calidad de patrón, correspondiente a su competencia en materia laboral y, por otra, para actuar como tribunal revisor, cuando ante él se impugna alguna sanción emitida en un procedimiento administrativo en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Lo anterior se desprende del artículo 14 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que establece: ‘artículo 114.’ (no se transcribe por innecesario). Y de los artículos 64 y 76 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Jalisco, que prevén: ‘Artículo 64’ (no es necesaria su transcripción). Sobre esa doble función del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se comparte la tesis III.2o.T.20 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral de este circuito, consultable en la página 1284 del Tomo XVII, correspondiente a mayo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: ‘TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. DEBE ACTUAR COMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO AL CONOCER DE LA DESTITUCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO SANCIÓN IMPUESTA EN UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.’. (resulta innecesaria la transcripción). Precisado lo anterior, es claro que en el juicio del que emana la resolución reclamada, el tribunal responsable al analizar el procedimiento sancionador, que concluyó con la destitución del servidor público, actuó como tribunal administrativo, y la autoridad demandada Ayuntamiento de Zapopan, persona moral oficial, intervino como ente público, en razón de que acudió a defender la legalidad del acto administrativo a través del cual impuso una sanción. Por cuanto a la naturaleza jurídica de la actividad que realiza la autoridad de gobierno que instaura un procedimiento administrativo sancionador, es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 99/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1565 del Tomo XXIV, de agosto 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.’ (se estima innecesario transcribir el texto de la tesis). Así con apoyo en la jurisprudencia que precede, el Ayuntamiento de Zapopan aplicó la sanción de destitución a un servidor público después de haber instaurado un procedimiento administrativo en materia de responsabilidades, por ende, obró en ejercicio de su potestad punitiva, por lo que es indudable que en el juicio ordinario se impugnó dicha sanción tenía calidad de persona moral oficial o ente de poder público, no obstante que fue parte demandada. Se excluye así que la demandante de amparo hubiese intervenido con el carácter de persona moral oficial de derecho privado, carente de su investidura de imperio, lo que tiene lugar cuando actúa en su calidad de patrón o en el caso de que el conflicto se derive de negocios jurídicos de orden privado, supuesto en el que sí es susceptible la aplicación del artículo 9o. de la Ley de Amparo para legitimarla como quejosa. Sentado lo anterior, dado que no se afectan sus intereses patrimoniales, la persona moral oficial Ayuntamiento de Zapopan, no tiene legitimación para acudir al juicio de amparo. Es de ese modo porque el amparo tiene como finalidad restablecer las garantías individuales, y en estas no se resguardan intereses de una entidad pública en ejercicio de su potestad soberana. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 45/2003, legible en la página 254 del Tomo XVII, correspondiente a junio de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro dicen: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.’ (se estima innecesario transcribir el texto de la tesis. Se cita en apoyo, la ejecutoria de la que derivó dicha jurisprudencia, misma que se inserta a continuación: (resulta innecesaria la transcripción). A mayor abundamiento, resulta conveniente involucrar los antecedentes constitucionales y legales del recurso de revisión fiscal, en referencia a las reformas al artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigentes a partir de mil novecientos ochenta y ocho. De la exposición de motivos que se acompañó el seis de abril de mil novecientos ochenta y siete, al proyecto de reformas a la Constitución Federal, que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se advierte en relación con este tema, lo siguiente: (no se transcribe por innecesario). El dictamen de la primera lectura del veintitrés de abril de mil novecientos ochenta y siete expresa sobre el particular, lo siguiente: (no es necesaria su transcripción). El texto de la reforma fue aprobado y se publicó en el Diario Oficial de la Federación del diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, con el siguiente tenor: (resulta innecesaria la transcripción). Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, se reformó la citada disposición, agregándose para los tribunales de la Federación, la facultad de conocer de los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, además de los referidos en la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Federal, de los señalados en la fracción IV, inciso e), del artículo 122 del mismo Ordenamiento Fundamental, en los siguientes términos: ‘Artículo 104’. (resulta innecesaria la transcripción del texto). De los datos transcritos, se advierte que el Poder Revisor de la Constitución creó a favor de la autoridad que obtuvo un fallo adverso de los Tribunales Contenciosos Administrativos, un medio de defensa de la legalidad, especificando que las autoridades no cuentan con la facultad de acudir al juicio de garantías, sin establecer, en esa medida, hipótesis determinadas de procedencia del recurso respecto de autoridades demandadas ante los Tribunales Contencioso Administrativos de la entidades federativas, sino únicamente respecto de aquellas que tienen dicho carácter en las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares. En esas condiciones, resulta que si bien el artículo 9o. de la Ley de Amparo autoriza que las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas, esto sucede única y exclusivamente cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, lo que no acontece cuando un órgano administrativo sancionador ha sido demandado en juicio, con el objeto de que se revise su actuación en el procedimiento seguido para la aplicación de sanciones, porque en ese supuesto carece de legitimación para promover amparo, no obstante que tenga el carácter de parte demanda en el juicio. En ese contexto, si el Ayuntamiento de Zapopan solicita amparo en contra de la resolución que dictó el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, que declaró la nulidad de su acto de imposición de sanción al servidor público actor, aquí tercero perjudicado, donde siendo demandado, actuó como ente de derecho público, se materializa la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I, interpretado en sentido contrario, 4o. y 9o. de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, porque los derechos que pretende defender no están salvaguardados por las garantías individuales. Y si bien es cierto las sentencias definitivas dictadas en los juicios contenciosos administrativos por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, actuando como órgano revisor de sanciones aplicadas en el procedimiento administrativo en materia de responsabilidades de los servidores públicos de la administración pública federal, análogos al aquí planteado, admiten su impugnación, legalmente, ante los Tribunales Colegiados de Circuito, por los mismos órganos sancionadores de ese nivel de gobierno, que asumen el carácter de demandados, a través del recurso de revisión, previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo -vigente a partir del primer día del mes de enero de dos mil seis-, antes en el 248, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación; también es verdad que ese medio de impugnación o uno equivalente, no está conferido en las leyes a las autoridades que, de igual forma, aplican sanciones administrativas a los servidores públicos de la administración pública Estatal de Jalisco, que asumen el carácter de parte demandada en los procedimientos contencioso administrativos planteados contra dichas sanciones ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Luego, al operar la causal de improcedencia en mención, lo conducente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo expuesto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Sin que se haga necesario el análisis de la diversa causal de improcedencia, prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse acreditado diversa hipótesis de improcedencia."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 2/2006, promovido por el secretario de Educación del Estado de Jalisco, parte demandada en el juicio natural, se apoyó, en la parte conducente, en las consideraciones que se transcriben a continuación:

AD. 2/2006

"QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, párrafo último, de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es preferente al de fondo de la cuestión constitucional planteada, lo aleguen o no las partes. Lo anterior, con apoyo además en la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil ochocientos sesenta del Tomo CI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: ‘IMPROCEDENCIA, ESTUDIO DE LA, EN EL AMPARO.’. En el caso, mediante escrito presentado el dos de enero de dos mil seis, ante la Oficialía Común de los Tribunales Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el tercero perjudicado sostuvo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente, toda vez que la Secretaría de Educación Jalisco es una dependencia oficial dependiente del gobierno del Estado y no existe afectación a sus intereses patrimoniales, debido a que ‘la condena de restitución de prestaciones a favor del hoy tercer perjudicado, son derivadas del derecho por el desempeño de mi trabajo y, en consecuencia, son prestaciones debidamente presupuestadas por la Secretaría de Educación y que de hecho existen en mi beneficio y no de la dependencia quejosa.’. Agregó, que en el procedimiento de responsabilidad administrativa como en el tramitado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, la secretaría invocó sus facultades como autoridad sancionadora de un servidor público. Es infundada la causa de improcedencia aludida por el tercero perjudicado. En efecto, los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier acto que se reclame. Por su parte, el artículo 9o. de la propia ley de esta materia dispone que también las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales. En el presente juicio, el acto reclamado de la Secretaría de Educación Jalisco se hizo consistir en el laudo de dieciocho de julio de dos mil cinco, dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el juicio laboral número 834/2004, promovido por Luis Enrique Arteaga Uribe, en contra de la ahora quejosa, en la cual se decidió: ‘PRIMERA. La parte actora Luis Enrique Arteaga Uribe acreditó sus acciones y la demandada Secretaría de Educación Jalisco no acreditó sus excepciones, como consecuencia de lo anterior. SEGUNDA. Se condena a la Secretaría de Educación Jalisco, a la nulidad de la resolución de fecha 13 de febrero del año 2004 emitida dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa número 308/2003-F y, en consecuencia, a reinstalar al C. Luis Enrique Arteaga Uribe en el puesto de director de la Escuela Secundaria Técnica Número 144 en los mismos términos y condiciones en que lo venía haciendo hasta antes de haber sido destituido injustificadamente, así como al pago de salarios retenidos por motivo de la suspensión provisional del periodo comprendido del 16 dieciséis de noviembre del año 2003 al 16 de febrero del año 2004; asimismo al pago de salarios caídos e incrementos salariales que se generen a partir de la fecha de la destitución injustificada (16 de febrero del año 2004) y hasta que se cumplimente la presente resolución. Igual manera se condena a la secretaría demandada a que quite de su expediente laboral personal nota alguna motivo de la sanción que le fuera decretada en el procedimiento de responsabilidad administrativa número 308/2003-F. Asimismo se condena a la demandada al pago de vacaciones y aguinaldo correspondientes al periodo comprendido del 15 al 31 de diciembre del año 2003, así como al pago de aguinaldo correspondiente al periodo comprendido del 05 al 18 de abril del año 2005, así como el que se genere hasta que se cumpla la presente resolución. Asimismo, se condena a la demandada a cubrir el pago de prima vacacional correspondiente al periodo comprendido del 05 al 18 de abril del año 2004. De igual manera se condena a la entrega de la carta de liberación de responsabilidad que se requiere para el trámite de jubilación del actor. Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el considerando X, Xl y XII de la presente resolución. TERCERA. Se absuelve a la demandada de cubrir al actor el pago de prima vacacional por el periodo comprendido del 15 al 31 de diciembre del año 2003; asimismo se absuelve del pago de vacaciones por el periodo comprendido del 05 al 18 de abril del 2004. Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el considerando Xl de la presente resolución.’ (foja 107 del juicio de nulidad). De ese juicio natural, del cual emana el acto reclamado, se advierte que Luis Enrique Arteaga Uribe reclamó los siguientes ‘Conceptos: a) Por mi restitución o reinstalación a la fuente de trabajo a la cual estoy adscrito, Escuela Secundaria Técnica No. 144 C.C.T.DSTE0152Q, con clave presupuestal 8414E0421/140163, ya que no existe motivación alguna para que se me remueva o destituya de la misma. b) Por la nulidad y en consecuencia, dejar sin efecto la destitución (cese) que me fue decretada en el resolutivo de fecha 13 de febrero del 2004, emitido por el secretario de Educación del Estado, C.P. Luis Guillermo Martínez Mora, cuya copia se anexa al presente escrito, ya que la misma resulta improcedente por infundada y, por ello, se constituye en injustificado. c) Por el pago de los salarios retenidos desde el día 16 de noviembre de 2003 y hasta el día 15 de abril del año en curso, a razón de $39,675.00 treinta y nueve mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N. que resulta ser mi salario mensual que devengaba al momento de mi suspensión provisional y posterior destitución. d) Por la limpieza de mi expediente laboral para que no contenga ninguna nota de sanción o amonestación derivado de actos como los que se me atribuye, así como su debida integración con todos los documentos que hayan sido desaparecidos durante la auditoría practicada a la Escuela Secundaria Técnica 144 y hasta mi reintegración a la misma. e) Por el pago de las vacaciones, primas correspondientes a las mismas del periodo del 15 al 31 de diciembre del 2003 y hasta el 5 al 18 de abril del 2004, aguinaldos del año 2003 y los que se acumulen hasta la resolución de este procedimiento y los ajustes de sueldo que haya sufrido mi plaza durante el tiempo que he estado suspendido y aquellos que se generen hasta la fecha en que se resuelva el presente conflicto. f) Por el pago de los salarios caídos desde el 16 de abril del año en curso y hasta la fecha en que se cumplimente el laudo condenatorio con el que se me restituya en mis labores normales como director de la Escuela Secundaria Técnica No. 144, mismos que deberán ser ajustados e incrementados en la misma forma y proporción en que se hagan el resto del personal docente dependientes de la hoy demandada. g) Para el caso de que la demandada me niegue la reinstalación que le reclamo, por el pago de la indemnización a que se refieren los artículos 49 y 52 de la Ley Federal del Trabajo, así como por la entrega de la carta de liberación de responsabilidad que se requiere para el trámite de la jubilación a que tengo derecho.’ (fojas 1 y 2 íd). Del mismo juicio, también se advierte, que el dieciséis de junio de dos mil cuatro, la autoridad responsable admitió la demanda en contra de la Secretaría de Educación Jalisco y previno al actor para que aclarara la misma, entre otras cosas, para que precisara cuál es la acción principal que ejerció, esto es, la de reinstalación o la de indemnización constitucional. Por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil cuatro, ante el tribunal responsable, el actor indicó que su acción consistió en la reinstalación o restitución a su trabajo. También se encuentra en los autos del juicio de nulidad, que la mencionada autoridad, mediante escrito presentado el cuatro de agosto siguiente contestó la demanda entablada en su contra y exhibió entre otras constancias, las actuaciones del procedimiento administrativo de responsabilidad que se instó contra el demandante, registrado como expediente número 308/2003-F. (fojas 30 a 44 íd.). En la sentencia reclamada, como se puso de manifiesto en líneas anteriores, el tribunal responsable declaró la nulidad de la resolución de trece de febrero de dos mil cuatro, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa número 308/2003-F, porque no otorgó valor probatorio a este último, toda vez que consideró que la demandada se limitó a tener las irregularidades acreditadas, únicamente con el informe de auditoría realizado por la Dirección General de Control y evaluación de la Contraloría del Estado, sin que aportara prueba que adminiculada a la citada auditoría, justificara la responsabilidad del actor, esto es, carece de los elementos en los que se soportó la auditoría; por lo que condenó a la demandada a reinstalar al actor en el puesto de director de la Escuela Secundaria Técnica Número 144; al pago de salarios retenidos por motivo de la suspensión provisional del periodo comprendido del 16 de noviembre de dos mil 2003 al 16 de febrero siguiente; al pago de salarios caídos e incrementos salariales generados, a partir de la destitución (16 de febrero de dos mil cuatro) y hasta que se cumplimente la resolución; a quitar del expediente laboral nota alguna motivo de la sanción; al pago de vacaciones y aguinaldo correspondientes del 15 al 31 de diciembre del año dos mil tres; al pago de aguinaldo correspondiente del 05 al 18 de abril del año dos mil cinco, así como el que se genere hasta el cumplimiento de la resolución; al pago de prima vacacional correspondiente al periodo del 5 al 18 de abril de dos mil cuatro; y a la entrega de la carta de liberación de responsabilidad. (fojas 91 a la 107 íd). Pues bien, de acuerdo a lo anteriormente relatado, es cierto que la Secretaría de Educación Jalisco es una dependencia oficial dependiente del Gobierno del Estado y que actuó en su carácter de autoridad al emitir los actos cuya nulidad se planteó, es decir, en un plano de supra subordinación respecto del funcionario sancionado, y que concurrió ante el tribunal responsable con ese carácter, pero esa circunstancia no le impide ejercer la acción constitucional contra la resolución que tuvo por objeto elucidar sus actos de autoridad. Esto es así, porque la sentencia reclamada anuló la resolución sancionadora impugnada, lo que indiscutiblemente trae como consecuencia que se afecten los intereses patrimoniales de la Secretaría de Educación Jalisco, en tanto que tendrá que restituir los derechos que privó al servidor por su determinación administrativa, incluidos los de carácter laboral y económico, entre ellos, el pago de los salarios retenidos, salarios caídos, incrementos salariales, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, o el de cualquier otra prestación o derecho que hubiera perdido el funcionario público, por lo que, se tendrán que cubrir necesariamente del patrimonio de esa autoridad, aun cuando no laboró el ahora tercero perjudicado, debido a su destitución. Además, no es verdad que la condena de restitución de prestaciones a favor del ahora tercero perjudicado es derivada del derecho por el desempeño de su trabajo y que existen en su beneficio, toda vez que fue suspendido provisionalmente desde el dieciséis de noviembre de dos mil tres, y evidentemente no laboró. Y si bien es cierto, el pago de salarios y prestaciones son parte del presupuesto de la Secretaría de Educación, no significa que las partidas respectivas tienen como finalidad el pago de condenas, de ahí que el laudo reclamado que resolvió el pago de numerario, sí afecta los intereses patrimoniales de la quejosa. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número J. 51/98, que se encuentra publicada en la página trescientos noventa y siete del ‘Tomo VIII agosto de 1998’, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘SERVIDORES PÚBLICOS. LA RESTITUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS DE QUE HUBIERAN SIDO PRIVADOS CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN SANCIONADORA DICTADA CON FUNDAMENTO EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE SEA ANULADA POR SENTENCIA FIRME DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDE ÍNTEGRAMENTE A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A LA QUE PRESTABAN SUS SERVICIOS.’ (se estima innecesario transcribir el texto de la tesis). Entonces, es incuestionable que en el caso, la Secretaría de Educación Jalisco se encuentra en la hipótesis prevista por el citado artículo 9o. de la ley de esta materia, para que pueda intentar válidamente el juicio de garantías, aun cuando tiene el carácter de autoridad, ya que la decisión de la responsable, de declarar la nulidad de su determinación, implica la afectación directa a sus intereses patrimoniales, toda vez que como ya se dijo, tendrá que disponer de su numerario para cubrir una condena. De ahí que el juicio de amparo no sea improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, último párrafo, en relación con los diversos 4o. y 9o., todos de la Ley de Amparo, como sugiere el tercero perjudicado. No pasa inadvertido para este tribunal la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./J. 45/2003, publicada en la página doscientos cincuenta y cuatro, del Tomo XVII, junio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.’ (se estima innecesario transcribir el texto de la tesis). Esto es así, en razón de que en principio, dicha tesis de jurisprudencia refiere a los actos relacionados con servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, lo cual no sucede en la especie, porque en el caso, se trata de un servidor que pertenece a la Secretaría de Educación Jalisco. Y si bien es cierto, dic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20555-80fcbf45/amparo-directo-carecen-de-legitimacion-para-promoverlo-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.