I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA INTERVENIR EN ELLA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS PARA ACREDITAR SU IMPROCEDENCIA POR LITISPENDENCIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO DEROGADA (ARTÍCULOS 12, 21, 22, 24, 31, 62, FRACCIONES XII Y XXII, 68, FRACCIÓN VIII, 70, 74, 75, 77 Y 78 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, ESTADO DE COLIMA). V. SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. AQUÉL ESTÁ DIRIGIDO A LOS USUARIOS EN GENERAL, ES DE GESTIÓN PÚBLICA Y CONSTANTE; EN TANTO QUE EL DE TRANSPORTE ESTÁ DIRIGIDO A USUARIOS EN PARTICULAR, ES DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA Y COTIDIANA. VI. TRÁNSITO. SU REGULACIÓN IMPLICA EL REGISTRO Y CONTROL DE VEHÍCULOS, LA AUTORIZACIÓN Y REQUISITOS PARA SU CIRCULACIÓN, LA EMISIÓN DE PLACAS Y LICENCIAS, DE LAS REGLAS QUE DEBEN OBSERVAR CONDUCTORES Y PASAJEROS, DE CIRCULACIÓN, DE ESTACIONAMIENTO Y DE SEGURIDAD, ASÍ COMO DE LAS CONDUCTAS QUE SE CONSIDERARÁN INFRACCIONES Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. VII. TRÁNSITO. CORRESPONDE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES EMITIR LAS NORMAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO PARA DARLE UNIFORMIDAD EN TODO EL ESTADO, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO NORMATIVO HOMOGÉNEO. VIII. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS RESPECTIVOS ESTÁ SUPEDITADA A LO DISPUESTO EN LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. IX. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE COLIMA. EL REGLAMENTO MUNICIPAL QUE ESTABLECE UNA INFRACCIÓN PARA EL CONDUCTOR QUE NO RESPETE EL SEMÁFORO PEATONAL Y LA CONSECUENCIA DE SER CANALIZADO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE ESA ENTIDAD PARA EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE LICENCIA EN CASO DE REINCIDENCIA NO INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL ESTADO (ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, ESTADO DE COLIMA). X. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. LAS FACULTADES DE LOS MUNICIPIOS EN LA MATERIA ESTÁN ACOTADAS A QUE SE AFECTE SU ÁMBITO TERRITORIAL. XI. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE COLIMA. LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS RESPECTIVOS NO IMPLICA QUE PUEDAN PRESTARLO DE FORMA DIRECTA. XII. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. NO ES DABLE PRESUMIR LA COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS EN LA MATERIA. XIII. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE COLIMA. LA PREVISIÓN EN UN REGLAMENTO MUNICIPAL QUE ESTABLECE QUE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO ASEGURARÁ VEHÍCULOS EN AUXILIO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE ESA ENTIDAD CUANDO EL VEHÍCULO REALICE FUNCIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, MIXTO O DE CARGA, SIN TENER EL PERMISO O LA CONCESIÓN NECESARIOS, CONSTITUYE UNA NORMA COLABORATIVA QUE NO INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL ESTADO (ARTÍCULO 251, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, EN SU TEXTO ORIGINAL PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 309/2017. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.
Sentencia
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 309/2017, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en contra del acto atribuido al Municipio de Manzanillo, en la misma entidad federativa.
Resultando
1. PRIMERO.—Demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Gerardo García Noriega, consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, promovió demanda de controversia constitucional en contra del Municipio de Manzanillo, Colima, en la que demandó la invalidez de los artículos 12, 17, 21, fracciones I, IV, V y VII, 22, 24, 31, 62, fracciones XII y XXII, 68, fracción VIII, 70, 74, 75, 77, 78 y 251, fracción IX, del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de Manzanillo, Colima (en adelante Reglamento de Tránsito Municipal), aprobado mediante acuerdo que se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en el suplemento número 1 de la edición correspondiente al treinta de septiembre de dos mil diecisiete.
2. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. El consejero jurídico del Gobierno del Estado de Colima refirió, esencialmente, lo siguiente:
I. En lo general, adujo: i. Una invasión a la esfera de competencias del Ejecutivo Estatal por la entrada en vigor del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de Manzanillo; ii. Que dicho reglamento infringe los artículos 16, 28 y 115 de la Constitución General, por regular cuestiones de servicio público de transporte, siendo que dicha facultad está reservada al Ejecutivo Estatal; iii. El Municipio confunde el significado de "servicio público de tránsito" con el de "servicio público de transporte"; iv. El reglamento infringe el artículo 16 de la Constitución Federal, porque su emisión no tuvo apoyo en ninguna ley que autorice reglamentar sobre concesiones de transporte público de pasajeros, ni para la emisión de licencias para conducir; v. No existe una norma que autorice al Municipio para legislar en materia de servicio público de transporte; y, vi. El Municipio, al expedir y promulgar el reglamento, transgrede lo dispuesto por el artículo 115, fracción III, de la Constitución Federal.
II. En lo particular, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima estableció un análisis entre los preceptos impugnados y las normas contenidas en la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, a partir del cual, evidenció lo que, a su parecer, se traduce en una invasión de competencia, en materia de servicio de transporte público, por parte del Municipio demandado. Dentro de este marco, adujo lo siguiente:
a. El artículo 12 del reglamento invade la esfera competencial del Estado de Colima, para emitir normas que regulen la prestación del servicio de transporte público, dado que es el Estado, a través de la secretaría correspondiente, quien tiene la facultad originaria de regular, coordinar, conducir y vigilar el servicio de movilidad y transporte en dicha entidad federativa.
b. El artículo 17 del reglamento invade la competencia que tiene el Estado de Colima para emitir normas que regulen el servicio de tránsito, toda vez que es facultad de dicha entidad federativa regular lo relativo a la expedición y cancelación de licencias y permisos para conducir.
c. El artículo 21 del reglamento es inconstitucional, porque invade la competencia que tiene el Estado, por exclusión, para emitir normas que regulen la prestación del servicio de transporte público, respecto de las autorizaciones para operar en distintas modalidades de servicio, como son las especificaciones de antigüedad, técnicas ecológicas, físicas, antropométricas, de seguridad, de capacidad, de comodidad y especiales.
d. Los artículos 22 y 24 del reglamento son inconstitucionales, al invadir la competencia residual que tiene el Estado para emitir normas que regulen la prestación del servicio de transporte público, respecto de los derechos y obligaciones de los usuarios.
e. El artículo 31 del reglamento es inconstitucional, por invadir la competencia, reservada al Estado, para emitir normas que regulen la prestación del servicio de tránsito; en particular, sobre aquellas que se refieren a las especificaciones de vehículos no dotados de medios de propulsión o aquellos que son "llevados" por otro vehículo.
f. Las fracciones XII y XXII del artículo 62 del reglamento son inconstitucionales, en tanto invaden la esfera competencial que está reservada a los Estados para emitir normas que regulen la prestación del servicio público de transporte, respecto al establecimiento de restricciones en materia de equipos de sonido; así como de transporte de pasajeros en estado de ebriedad en autobuses y camiones de pasajeros del servicio público.
g. La fracción VIII del artículo 68 del reglamento es inconstitucional por invadir la esfera competencial que está reservada a los Estados para la emisión de normas que regulen la prestación del servicio público de transporte, respecto al establecimiento de lineamientos para la cromática de los vehículos destinados al servicio de transporte público.
h. El artículo 70 del reglamento es inconstitucional, pues invade la competencia del Estado de Colima para legislar sobre normas que regulen la prestación del servicio de tránsito, en particular modo, respecto del tema de verificación vehicular.
i. El artículo 74 del reglamento es inconstitucional, toda vez que invade la competencia del Estado para emitir normas que regulen la prestación del servicio de tránsito, en relación con las definiciones del subsistema de operación, dentro de los que se encuentra la clasificación y tipos de licencias y permisos para conducir.
j. El artículo 75 del reglamento es inconstitucional, por invadir la competencia que se encuentra reservada a favor de dicha entidad federativa respecto de la emisión de normas que regulen la vigencia de la licencia para conducir.
k. El artículo 77 del reglamento es inconstitucional, por invadir la competencia que se encuentra reservada a favor de dicha entidad federativa, en relación con la emisión de normas que se refieren a la expedición de licencias o permisos provisionales para conducir.
l. El artículo 78 del reglamento es inconstitucional, por invadir la competencia del Estado en la emisión de normas que regulen el tema de obligaciones de los conductores que operan el servicio público concesionado.
m. El artículo 251, fracción IX, del reglamento es inconstitucional, por invadir la competencia que se encuentra reservada a favor del Estado, respecto de la emisión de normas que regulen la prestación del servicio de transporte público, en relación con la supervisión, vigilancia y control del servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades.
3. TERCERO.—Admisión. En proveído de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 309/2017 y designó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como instructora del procedimiento. En proveído de esa misma fecha, la instructora admitió la demanda de controversia constitucional y ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formulara la contestación respectiva.
4. CUARTO.—Contestación a la demanda. El dos de febrero de dos mil dieciocho, el Municipio de Manzanillo, Colima, a través de su síndico, el C. Abel Jiménez Naranjo, dio contestación a la demanda argumentando lo siguiente:
a. Reconoció que el treinta de enero de dos mil diecisiete fue aprobado el proyecto de Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, por parte de dicho Ayuntamiento, el cual fue promulgado por el presidente municipal el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete y publicada el veintitrés de octubre siguiente, el cual entró en vigor el treinta del mismo mes y año.
b. A pesar de ello, manifestó que dicha municipalidad recibió el oficio SEMOV/DJ1280/2017 de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (el cual exhibió), en el que la Dirección Jurídica de la Secretaría de Movilidad del Estado de Colima solicitó la derogación de los artículos 12, 17, 21, 24, 31, 62, fracciones XII y XXII, 68, fracción VIII, 70, 74, 75, 77, 78 y 251, fracción IX, del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de Manzanillo, Colima; asimismo, informó que en sesión pública de cabildo, dicha solicitud fue turnada a la Comisión de Gobernación y reglamentos de dicho Municipio, para la emisión del dictamen correspondiente.
c. En relación con lo anterior, sostuvo que debería sobreseerse en la presente controversia constitucional, por actualizarse la figura de litispendencia, de conformidad con los artículos 19 y 20 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que está pendiente que la Comisión de Gobernación y reglamentos de dicho Municipio, resuelva la solicitud formulada por la Secretaría de Movilidad del Estado de Colima, en el sentido de derogar diversos artículos del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de Manzanillo, Colima.
d. Finalmente, solicitó la aplicación, en su beneficio, de la suplencia de la queja, de conformidad con los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. QUINTO.—Requerimiento. Mediante proveído de tres de julio de dos mil dieciocho, la Ministra instructora requirió al Municipio de Manzanillo, Colima, que informara el estado que guardaba el dictamen que refirió en su contestación de demanda; en particular modo, en lo referente a la solicitud realizada por la Dirección Jurídica de la Secretaría de Movilidad del Estado de Colima, en el sentido de derogar diversos preceptos del Reglamento de Tránsito impugnado.
6. El treinta de julio de dos mil dieciocho, el Municipio de Manzanillo, Colima, a través del síndico municipal, desahogó dicho requerimiento y exhibió copia certificada de la sesión de Cabildo número 108, de carácter extraordinario, punto cinco, donde se aprobó la derogación de los artículos 12, 21, 22, 24, 31, 62, fracciones XII y XXII, 68, fracción VIII, 70, 74, 75, 77 y 78 del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de Manzanillo, Colima.
7. De la lectura a dicho dictamen se aprecia que, en relación con los artículos 17 y 251, fracción IX, del citado reglamento, respecto de los cuales también se solicitó su derogación, el Cabildo refirió que los mismos no fueron derogados dado que su contenido normativo está en función del ánimo de colaboración y auxilio propio de sus atribuciones.
8. En proveído de dos de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por desahogado el requerimiento formulado a la autoridad demandada.
9. SEXTO.—Cierre de instrucción. El procedimiento en la controversia constitucional fue debidamente sustanciado, por lo que, a partir de las nueve horas con treinta minutos del trece de marzo de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, en la que, en términos del artículo 34 de dicho ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se admitieron las diversas pruebas documentales que en copia simple y certificada exhibieron las partes, habiéndose abierto el periodo de alegatos sin que ninguna de las partes hiciera ejercicio de tal derecho; y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
10. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal (en adelante ley reglamentaria de la materia) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre un Estado y uno de sus Municipios, específicamente, el Estado de Colima y el Municipio de Manzanillo, en la cual se impugna la invalidez de diversos artículos del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial de la municipalidad citada.
11. SEGUNDO.—Precisión y existencia de los actos impugnados. Del análisis integral tanto de la demanda, como del resto de las constancias que obran en el expediente, se aprecia que los preceptos legales impugnados,(1) por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, son los artículos 12, 17, 21, fracciones I, IV, V y VII, 22, 24, 31, 62, fracciones XII y XXII, 68, fracción VIII, 70, 74, 75, 77, 78 y 251, fracción IX, del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en el suplemento número 1 de la edición correspondiente al treinta de septiembre de dos mil diecisiete.
12. La existencia del reglamento citado está acreditado con la publicación en el medio oficial de difusión local, tomo CII, Número 62,(2) la cual hace prueba plena en términos de la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que este Tribunal Pleno comparte, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN."(3)
13. TERCERO.—Oportunidad. El artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia(4) prevé que cuando en una controversia constitucional se impugnen normas generales, la demanda puede promoverse en dos momentos, a saber: a) dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación; y, b) dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
14. En el caso, se está en presencia del primer supuesto, dado que el Poder Ejecutivo del Estado de Colima impugna los artículos 12, 17, 21, fracciones I, IV, V y VII, 22, 24, 31, 62, fracciones XII y XXII, 68, fracción VIII, 70, 74, 75, 77, 78 y 251, fracción IX, del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, por consecuencia de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en el suplemento número 1 de la edición correspondiente al treinta de septiembre de dos mil diecisiete.
15. Por lo que el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del lunes dos de octubre de dos mil diecisiete al viernes diecisiete de noviembre del mismo año;(5) luego, si la demanda se depositó en la Oficina de Correos de México en la ciudad de Colima, Colima, el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete,(6) y se recibió el veintinueve del mismo mes y año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, es evidente que su presentación fue oportuna.
16. CUARTO.—Legitimación activa. De conformidad con los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(7) tendrá el carácter de actor en las controversias constitucionales la entidad, poder u órgano promovente, que podrá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en los términos de las normas que lo rigen, esté facultado para representarlo.
17. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Colima compareció Andrés Gerardo García Noriega, quien en la fecha de la presentación de la demanda que originó este expediente, tenía el cargo de consejero jurídico del gobierno de dicha entidad federativa, personalidad acreditada con la copia certificada de su nombramiento expedido por el Gobernador Constitucional del citado Estado el once de febrero de dos mil dieciséis.(8)
18. Los artículos 49, fracción I, 13, fracción VII y 38, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, en relación con el numeral 65 de la Constitución del referido Estado,(9) disponen que corresponde a la Consejería Jurídica representar al Ejecutivo del Estado y promover en las controversias constitucionales en las que éste sea parte; aunado a que es uno de los poderes contemplados en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal para intervenir como tal en las controversias constitucionales. En esa medida, tiene legitimación para promover la presente controversia constitucional.
19. QUINTO.—Legitimación pasiva. De conformidad con los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia,(10) en las controversias constitucionales tendrán el carácter de demandados las entidades, poderes u órganos que hayan emitido y promulgado las normas generales o actos impugnados, quienes podrán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
20. En el caso, la contestación a la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Abel Jiménez Naranjo, en su carácter de síndico municipal del Municipio de Manzanillo, Colima, lo cual acreditó con la copia certificada del acta de sesión solemne de Cabildo de quince de octubre de dos mil quince, donde dicho ciudadano tomó protesta como síndico municipal del citado Ayuntamiento por el trienio 2015-2018.(11)
21. El artículo 51, fracción II, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima dispone que dentro de las facultades de los síndicos se encuentra la procuración, defensa, promoción y representación jurídica de los intereses municipales.(12)
22. De lo anterior, se desprende que corresponde a los síndicos municipales la representación jurídica del Municipio; además, es uno de los órganos contemplados en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, en el caso, se advierte que el promovente cuenta con legitimación para intervenir en el presente asunto.
23. SEXTO.—Causales de improcedencia. Se analizará la causa de improcedencia invocada por el Municipio demandado y, además, se estudiará la que este Tribunal Pleno advierte de oficio.
24. A. Invocada por la autoridad demandada. El síndico del Municipio de Manzanillo aduce que es improcedente la controversia constitucional, por actualizarse la figura de litispendencia, en términos de los artículos 19 y 20 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que está pendiente que la Comisión de Gobernación y reglamentos de dicho Municipio resuelva la solicitud formulada por la Secretaría de Movilidad del Estado de Colima, en el sentido de derogar diversos artículos del reglamento impugnado.
25. Tal proposición es incorrecta. Para que exista litispendencia, en términos del artículo 19, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia,(13) es necesario que (i) el acto impugnado sea materia de una controversia pendiente de resolver; y que, además, (ii) exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez. En ese sentido, es infundada la causa de improcedencia invocada, pues, con independencia de que la demandada confunde el concepto de litispendencia, en el caso analizado, no existe otra controversia constitucional en la que se haya demandado la invalidez de los mismos preceptos del reglamento impugnado; en consecuencia y por lógica elemental, tampoco podría existir identidad de partes, ni de normas generales o actos impugnados, mucho menos identidad en la exposición de los conceptos de invalidez.
26. B. Advertida de oficio. En concepto de este Tribunal Pleno, de oficio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia,(14) dado que han cesado los efectos de los artículos 12, 21, 22, 24, 31, 62, fracciones XII y XXII, 68, fracción VIII, 70, 74, 75, 77 y 78 del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de Manzanillo, Colima.
27. Para que se acredite este motivo de improcedencia, sólo se requiere que se dejen de producir los efectos de la norma general que motivaron la controversia constitucional, pues la eventual declaratoria de invalidez que se pronuncie no tendría efectos retroactivos, salvo en materia penal, en términos de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.(15)
28. En el caso, la cesación de efectos está acreditada, dado que, en sesión de Cabildo número 108, de carácter extraordinario, punto cinco, el Municipio de Manzanillo derogó los artículos 12, 21, 22, 24, 31, 62, fracciones XII y XXII, 68, fracción VIII, 70, 74, 75, 77 y 78 del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de Manzanillo, Colima.
29. Para dar claridad a esta conclusión, a continuación se presenta un cuadro en el que se relacionan las normas impugnadas y aquellas que han sido derogadas:
Ver cuadro
30. De lo anterior se advierte que el Municipio de Manzanillo, Colima, ha derogado los artículos 12, 21, 22, 24, 31, 62, fracciones XII y XXII, 68, fracción VIII, 70, 74, 75, 77 y 78 del Reglamento de Tránsito impugnado; en consecuencia, por lo que hace a dichos preceptos, procede sobreseer en la controversia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.
31. No existiendo otro motivo de improcedencia planteado por la parte demandada, ni advertido de oficio por este Tribunal Pleno, lo procedente es entrar al estudio del fondo del asunto.
32. SÉPTIMO.—Estudio. A continuación se realizará el análisis de fondo de la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima:
33. Delimitación del tema. Este Tribunal Pleno únicamente analizará aquellos conceptos de invalidez donde se controvierte la competencia del Municipio de Manzanillo, Colima, para legislar en las materias de tránsito y transporte públicos, en relación con el contenido normativo de los artículos 17 y 251, fracción IX, del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial de dicha municipalidad. Lo anterior, pues respecto de los diversos artículos 12; 21; 22; 24; 31; 62, fracciones XII y XXII; 68, fracción VIII; 70; 74; 75; 77 y 78 del reglamento citado, la controversia constitucional fue sobreseída.
34. Conceptos de invalidez. Respecto del artículo 17 del reglamento impugnado se aduce que el Municipio demandado no tiene competencia para legislar sobre la expedición y cancelación de licencias y permisos para conducir, pues, no obstante que se refiere a la materia de tránsito público, es el Estado quien debe "expedir normas que regulen la prestación del servicio de tránsito para darle uniformidad en todo el Estado, mediante el establecimiento de un marco homogéneo en la materia"; asimismo, sostiene que el Estado de Colima ya legisló en esa materia en los artículos 17, numeral 1, fracción XLVII y 131, numerales 1 y 2, de la Ley de Movilidad Sustentable para esa entidad federativa.
35. En relación con la fracción IX del artículo 251 del reglamento, se aduce que el Municipio demandado, al establecer que "la Dirección de Tránsito, en auxilio de la Secretaría de Movilidad, asegurará vehículos cuando realicen funciones de transporte público sin tener permiso o concesión para prestar dicho servicio público de pasajeros, mixto o de carga", invade la competencia del Estado para legislar en materia de "transporte público"; adicionalmente, manifiesta que el Estado de Colima ya legisló en esa materia en el artículo 381, numeral 1, de la Ley de Movilidad citada.
36. Planteamiento del problema. Los argumentos del Poder Ejecutivo Estatal giran en torno a dos materias en particular: tránsito y transporte públicos. En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene un ámbito competencial específico que se establece en las fracciones II, III y V del artículo 115, que continuación se transcriben:
"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"...
"II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
"Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
"El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
"a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;
"b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;
"c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;
"d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y,
"e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.—Las Legislaturas Estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores.
"III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
"a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
"b) Alumbrado público.
"c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
"d) Mercados y centrales de abasto.
"e) Panteones.
"f) Rastro.
"g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
"h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e
"i) Los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
"Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
"Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de Municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las Legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.
"Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.
"...
"V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:
"...
"h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial."
37. De esta norma constitucional se desprende que: i) Los Ayuntamientos tendrán las facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; ii) El objeto de las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados será, entre otros, establecer las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo; iii) Corresponde a los Municipios, entre otras funciones y servicios públicos, el de tránsito; iv) En el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios deben observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales, sin perjuicio de su competencia constitucional; y, v) Los Municipios,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29468-f3f04578/i-controversia-constitucional-el-poder-ejecutivo-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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