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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. III. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. IV. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. V. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LAS CUOTAS ESTABLECIDAS POR ESTE SERVICIO SON DESPROPORCIONALES CUANDO NO GUARDAN UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO NI CON EL COSTO QUE IMPLICA CERTIFICAR UN DOCUMENTO [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y III, DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS; 25, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO; 25, FRACCIONES VI Y XV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MÉNDEZ; 21, FRACCIÓN II, LETRA A, DEL MUNICIPIO DE MIER; 24, FRACCIONES VI Y XV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS; 13, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "BÚSQUEDA, COTEJO Y/O CANCELACIÓN DE DOCUMENTOS 2 UMA", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS; 21, FRACCIÓN II, LETRA A Y 25, FRACCIONES VI, XV Y XVI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS; 20, FRACCIÓN II, INCISO A) Y 24, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUERRERO; 26, FRACCIONES VIII Y X, 28, FRACCIÓN VIII, INCISO I), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA; 25, FRACCIONES XVI Y XVII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA; 25, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CASAS; 25, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ; 24, FRACCIONES XVI Y XVII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BURGOS; 18, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO; 26, FRACCIONES V Y XXII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO Y 15, FRACCIÓN V, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TULA, TODAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO]. VI. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. EL COBRO POR LAS COPIAS SOLICITADAS NO DEBE SER COMO EN EL DERECHO PRIVADO, PUES NO PUEDE EXISTIR UN LUCRO O UNA GANANCIA PARA EL ESTADO, SINO QUE EL MONTO DEBE GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y III, DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS; 25, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO; 25, FRACCIONES VI Y XV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MÉNDEZ; 21, FRACCIÓN II, LETRA A, DEL MUNICIPIO DE MIER; 24, FRACCIONES VI Y XV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS; 13, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "BÚSQUEDA, COTEJO Y/O CANCELACIÓN DE DOCUMENTOS 2 UMA", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS; 21, FRACCIÓN II, LETRA A Y 25, FRACCIONES VI, XV Y XVI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS; 20, FRACCIÓN II, INCISO A) Y 24, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUERRERO; 26, FRACCIONES VIII Y X, 28, FRACCIÓN VIII, INCISO I), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA; 25, FRACCIONES XVI Y XVII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA; 25, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CASAS; 25, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ; 24, FRACCIONES XVI Y XVII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BURGOS; 18, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO; 26, FRACCIONES V Y XXII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO Y 15, FRACCIÓN V, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TULA, TODAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO]. VII. DERECHOS POR SERVICIOS. LAS NORMAS QUE NO ESPECIFICAN SI EL COBRO POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES O SU CERTIFICACIÓN ES POR HOJA O FOJA, VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, POR GENERAR INCERTIDUMBRE PARA LOS GOBERNADOS, EN VIRTUD DE QUE SE DEJA A LA DISCRECIONALIDAD DE LA AUTORIDAD SU DETERMINACIÓN, CON INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE HOJAS QUE IMPLIQUE EXPEDIR O CERTIFICAR UN DOCUMENTO O EXPEDIENTE [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y III, DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS; 25, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO; 25, FRACCIONES VI Y XV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MÉNDEZ; 21, FRACCIÓN II, LETRA A, DEL MUNICIPIO DE MIER; 24, FRACCIONES VI Y XV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS; 13, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "BÚSQUEDA, COTEJO Y/O CANCELACIÓN DE DOCUMENTOS 2 UMA", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS;

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2024. · Registro digital (IUS): 33751
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-11-14
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.46.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 12 DE AGOSTO DE 2024. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: VIOLETA ALEMÁN ONTIVEROS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El Poder Ejecutivo Federal impugna preceptos de las leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Tamaulipas, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, en diversos temas: 1. Cobro por la búsqueda y el cotejo de documentos no relacionados con el derecho de acceso a la información, la expedición de copias simples y otras certificaciones; 2. Cobro por la expedición de permisos para la celebración de eventos sociales; 3. Cobro por prueba de alcoholemia; 4. Multas por espectáculos con actuaciones que atenten contra la moral y las buenas costumbres y 5. Multas por simular la voz del artista sin conocimiento del público.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 38/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra diversas normas de Leyes de Ingresos de los Municipios de Tamaulipas para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. El Poder Ejecutivo Federal promovió acción de inconstitucionalidad mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veinticuatro en el buzón oficial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, en la que señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, el poder accionante expuso, sustancialmente, los conceptos de invalidez siguientes:

• PRIMERO. Los artículos impugnados prevén cobros injustificados por la búsqueda de información que se lleva a cabo en los archivos de distintos municipios de Tamaulipas, los cuales vulneran el derecho de acceso a la información y el principio de gratuidad que lo rige, pues determinan una tarifa para localizar la información solicitada sin importar la modalidad de su entrega.

• El promovente aduce también que los preceptos legales impugnados transgreden el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque no existe una relación razonable entre la tarifa determinada y el costo del servicio que proporcionan efectivamente los municipios del Estado de Tamaulipas.

• Refiere que las porciones normativas combatidas determinan el pago de derechos que va desde los $54.28 (cincuenta y cuatro pesos 28/100 M.N.) hasta los $651.42 (seiscientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.), por la búsqueda de la información, lo que implica un cobro excesivo que no corresponde al costo de los materiales empleados para otorgar el servicio.

• Agrega que los municipios no pueden construir barreras desproporcionales al derecho de acceso a la información, pues si el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o mecanismo necesario para reproducir la información, ésta debería ser entregada sin costo alguno.

• El accionante señala que el costo por búsqueda de información debe ser justificado por el legislador, en el sentido de que sólo puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, del envío o, en su caso, el de su certificación, conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución General.

• Aunado, el promovente alega que los preceptos legales impugnados prevén un pago de $12.00 (doce pesos 00/100 M.N.) hasta $651.42 (seiscientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.) por la certificación, el cotejo de documentos y la expedición de copias simples, lo que representa un cobro excesivo, pues la cuota referida no encuentra justificación alguna, ya que no puede considerarse que ese sea el costo de los materiales utilizados para la reproducción de información.

• Sin que en dichos artículos, continúa, se exponga la forma en que se cuantificó la contribución, ni los elementos tomados en cuenta para ello, por lo que impide determinar si las cuotas corresponden o no al costo real de los materiales que los municipios utilizan para la reproducción de la información.

• SEGUNDO. Los artículos impugnados prevén una cuota por la obtención de permisos para bailes privados y eventos sociales en casa habitación la cual resulta inconstitucional, al no generar certeza jurídica, ya que su redacción no es clara ni precisa para los gobernados, pues pretende determinar un cobro por la simple celebración de bailes privados y permisos de evento social en casa habitación, sin que se defina con claridad qué debe entenderse por ese tipo de bailes, ni señalar los elementos para determinar cómo se actualiza dicha contribución; tampoco precisa el momento en que debe ser pagada por la realización de un baile o evento, si es en vía pública o en el interior del domicilio particular, o qué debe entenderse por baile privado, lo cual transgrede los principios de seguridad jurídica y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

• El promovente aduce que los preceptos legales impugnados vulneran el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, pues los sujetos obligados deben contribuir al gasto público en función de su capacidad económica mediante la aportación de una porción justa y adecuada de los ingresos, utilidades o rendimientos que obtengan por la explotación de los eventos públicos, lo que en el caso no está acreditado, pues se trata de eventos en los que no existe una actividad lucrativa.

• El costo por la realización de esos actos va de los $217.14 (doscientos diecisiete pesos 14/100 M.N.) hasta los $325.71 (trescientos veinticinco pesos 71/100 M.N.), sin que tal cobro esté justificado, pues impide que el pago de tal concepto de derecho revele la manifestación de riqueza por parte del gobernado, que implica el principio de proporcionalidad tributaria.

• Por otra parte, el accionante alega que los preceptos impugnados transgreden también el derecho de reunión, el cual está consagrado en el artículo 9 de la Constitución Federal, y su ejercicio no puede condicionarse al pago de permisos, cuando tales actividades sean pacíficas y su objeto sea lícito, como ocurre en el caso, además de que no se determinan lugares específicos para la celebración de bailes privados.

• TERCERO. El poder promovente impugna diversas normas en materia de imposición de multas por "permitir los encargados, dueños o administradores de locales donde se presenten o realicen eventos, espectáculos, diversiones públicas, bailes o conciertos, que se lleven a cabo acciones o actuaciones obscenas o que atenten contra la moral y las buenas costumbres, así como que se ofenda a los asistentes con señas o palabras altisonantes"; "por simular la voz el artista mediante aparatos electrónicos o cintas grabadas sin conocimiento del público", y por "prueba de alcoholemia".

• Desde la óptica del promovente, las multas previstas en los artículos impugnados vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución.

• Lo anterior, porque las normas jurídicas que prevean una falta o sanción deben expresarse en forma escrita (abstracta, general e impersonal) para que los destinatarios conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad, condiciones que en el caso no se satisfacen.

• En opinión de la parte accionante, las porciones normativas impugnadas constituyen infracciones ambiguas, abiertas e imprecisas, las cuales permiten a las autoridades administrativas aplicarlas de forma discrecional y subjetiva, además de no permitir a los gobernados conocer con certeza y anticipación a los hechos, las posibles conductas tipificadas como infracciones.

• El poder accionante refiere que el legislador local faltó a su obligación de determinar las conductas infractoras en la ley de manera precisa y clara, pues la forma en la que se encuentran plasmadas permite un margen amplio para la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación, ya que a éstas corresponde establecer qué conductas pueden ser sancionadas y el destinatario de la norma no conoce las hipótesis que constituyen dichas infracciones a la ley, con lo cual se genera falta de certeza jurídica.

• Así, la porción normativa "permitir los encargados, dueños o administradores de locales donde se presenten o realicen eventos, espectáculos, diversiones públicas, bailes o conciertos, que se lleven a cabo acciones o actuaciones obscenas o que atenten contra la moral y las buenas costumbres, así como que se ofenda a los asistentes con señas o palabras altisonantes", no responde a criterios objetivos, al no determinar la acción y permitir una sanción de manera discrecional a las personas que realicen un acto que es impreciso y pudiera no considerarse lo suficientemente grave para ser reprochable. En ese sentido, el grado de afectación puede variar entre cada persona dependiendo de su entorno social, familiar o educativo, lo cual definirá qué tipo de acción o expresión puede resultar obscena o intentar contra la moral, las buenas costumbres y el orden público, mientras que para otros no.

• En relación con la infracción "simular la voz el artista mediante aparatos electrónicos" debe determinarse qué se entiende por ello, pues la interpretación de la norma dependerá de la perspectiva y la apreciación subjetiva del operador de la norma, por lo que su determinación no puede ser valorativa, ni atender a criterios objetivos; además de no determinar a través de qué elementos definirá que el público no tenía conocimiento de dicha "simulación de voz".

• Finalmente, el poder actor manifiesta que el cobro por la "prueba de alcoholemia" carece también de los elementos que integran la infracción, al no ser clara y precisa, porque no especifica si lo que el municipio va a cobrar es la prueba en sí o una multa derivada del resultado que arroje la prueba por rebasar los límites permitidos de alcohol en el cuerpo para conducir un automóvil.

3. Admisión y trámite. Por proveído de treinta de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el expediente de la acción de inconstitucionalidad 38/2024 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien, mediante acuerdo de veinte de febrero siguiente, admitió tal medio de control constitucional y realizó los requerimientos y trámites ordenados por ley.

4. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. El Poder local argumentó, en síntesis, lo siguiente:

• Manifiesta que el Gobernador del Estado de Tamaulipas intervino en el proceso de creación de las normas sólo por lo que hace a su promulgación y orden de publicación y, por tanto, cumplió con lo que le mandata la Constitución local; sin embargo, tales actos carecen de vicios propios.

• Respecto al primer concepto de invalidez, sobre la inconstitucionalidad de los artículos en los que se determina el cobro por concepto de búsqueda de información, cotejo de documentos, copias simples y otras certificaciones legales, argumenta que no se transgreden los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y de proporcionalidad tributaria en las contribuciones, puesto que, en los decretos impugnados se determinó la leyenda "Los derechos que establece este artículo no se causarán en materia de transparencia y de acceso a la información conforme a los principios de gratuidad", con lo cual es suficiente para justificar los cobros sobre esos conceptos; además, tales cobros no son excesivos o desproporcionados, pues guardan congruencia con el costo del servicio proporcionado.

• En relación al segundo concepto de invalidez, relacionado con cobros por bailes privados y eventos sociales en casa habitación, estima que no se vulnera el derecho a la libertad de reunión ni a los principios de seguridad jurídica y de legalidad, así como el de proporcionalidad tributaria, pues si bien el artículo 9 de la Constitución Federal prevé el derecho a la libertad de reunión y la privacidad de los individuos, ello no significa que el Estado no pueda imponer cobro de derechos mediante la expedición de leyes, en aquellos casos en que la reunión lícita de los individuos implique el uso o el aprovechamiento de bienes públicos, o bien aquellos casos en que exista riesgo para el orden público en razón de la congregación multitudinaria de individuos.

• Abunda diciendo que, si bien, las normas legales impugnadas contienen limitaciones indirectas a los referidos derechos fundamentales, ello obedece a que también coexiste el derecho de los individuos a un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de la sociedad a encontrarse en un ámbito de orden y paz pública; por tanto, tales preceptos no contienen limitación alguna al derecho a la libre reunión, pues no restringen la posibilidad de que los particulares destinen tiempo, esfuerzo y demás elementos para la celebración de una reunión.

• La expedición del permiso para la celebración de fiestas o bailes es un cobro regulado a manera de contribución conforme a la institución jurídica denominada "derechos", sin que ello obstruya la libertad de reunión, al no imponer requisito extraordinario alguno que conduzca a la autoridad administrativa a una pretensión de limitación; además, la expedición de tal permiso presupone el conocimiento por parte de las autoridades municipales de la existencia de una reunión, que se traduce en velar por los intereses tanto de los participantes de los festejos, celebraciones o bailes, como de la sociedad en general que, en su caso, resienta alguna consecuencia derivada de tales celebraciones, esto es, lejos de que el permiso administrativo se traduzca en una limitante, constituye la base para tratar de conservar el orden público.

• Por lo que se refiere al tercer concepto de invalidez, sobre la inconstitucionalidad de los preceptos legales que imponen multas, argumenta que tampoco se vulneran los principios de seguridad jurídica y de legalidad, en su vertiente de taxatividad, pues las porciones normativas impugnadas están descritas con precisión y claridad, máxime que el monto fijado puede ser un indicativo de capacidad contributiva del gobernado, que válidamente puede constituir la base del impuesto, pues se trata de contribuciones que gravan situaciones económicas de las que puede desprenderse que el sujeto pasivo puede contribuir al gasto público.

5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. El órgano parlamentario local referido argumentó, en síntesis, lo siguiente:

• Respecto al principio de gratuidad en el derecho de acceso a la información, manifestó que en cada ley impugnada se aprobó por los legisladores locales lo siguiente: "Los derechos que establece este artículo no se causarán en materia de transparencia y de acceso a la información conforme a los principios de gratuidad", con lo cual queda justificado que los actos legislativos de aprobación y de expedición de tales normas se efectuaron conforme a los lineamientos legales y constitucionales previstos para tal efecto.

6. Pedimento de la Fiscalía General de la República. No se formuló pedimento ni manifestaciones en este asunto.

7. Alegatos. El Poder Ejecutivo Federal, así como los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas, formularon alegatos mediante escritos presentados en el buzón judicial el dieciocho de abril y mediante el Servicio Postal Mexicano el dieciséis y el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, respectivamente.

8. Cierre de instrucción. El veintiséis de abril siguiente, al haberse llevado a cabo el trámite legal correspondiente y al advertir que había concluido el plazo para formular alegatos, se declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) y punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023,(3) toda vez que el Poder Ejecutivo Federal, por medio de su Consejera Jurídica, promueve este medio de control constitucional contra normas generales pertenecientes a leyes del ámbito local, al considerar que su contenido es violatorio de diversos preceptos de la Constitución General.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

10. De la demanda se advierte que el Poder Ejecutivo Federal impugna diversas normas comprendidas en las leyes de ingresos de los municipios de Tamaulipas, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro. Las normas son las que se enlistan enseguida:

Ver normas

III. OPORTUNIDAD

11. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. Asimismo, señala que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

12. Las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el miércoles veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; por tanto, el plazo de impugnación transcurrió del jueves veintiocho de diciembre al veintiséis de enero de dos mil veinticuatro.

13. Consecuentemente, si la demanda de acción de inconstitucionalidad se presentó en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, resulta que su promoción es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

14. En términos de lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) así como en el artículo 63, en relación con el 11, párrafo tercero, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia,(6) el Poder Ejecutivo Federal cuenta con legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas generales de las entidades federativas, lo cual hará por conducto de quien ocupe la titularidad de la Consejería Jurídica del Gobierno.

15. Lo anterior acontece en el caso, puesto que el Presidente de la República acude por conducto de su Consejera Jurídica, quien acredita su personalidad con la copia certificada de su nombramiento y presenta la demanda en contra de diversos preceptos contenidos en las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Tamaulipas, de manera que cuenta con legitimación para impugnarlos.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

16. Del análisis del informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas se advierten un par de argumentos que, si bien no los identificó expresamente como causales de improcedencia, por su contenido son de esa naturaleza. Así, en cumplimiento al deber de exhaustividad, se da respuesta a los planteamientos.

17. Por una parte, señala que el poder promovente no le atribuye algún acto de forma directa, es decir, que no se formularon conceptos de invalidez que controviertan su actuar por vicios propios respecto de la promulgación y publicación del decreto impugnado.

18. Este argumento es infundado porque el Ejecutivo local forma parte del proceso de creación del decreto impugnado, por lo que tanto su participación como la consiguiente constitucionalidad de su actuación es susceptible de analizarse en este medio de control conforme a lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia. 19. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 38/2010, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES".(7)

20. En otro aspecto, el Poder Ejecutivo de Tamaulipas refiere que el congreso local no agregó cobros nuevos con motivo de "bailes privados" y "en casa habitación" para los municipios de Nuevo Laredo y El Mante, puesto que esas cuotas ya existían en las anteriores leyes de ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés.

21. En consideración de este Tribunal Pleno, el planteamiento no actualiza una causal de improcedencia, pues lo cierto es que en el presente caso se impugnan ordenamientos de vigencia anual, por lo que su emisión cada año representa un nuevo acto legislativo, susceptible de ser impugnado, dentro del plazo legal posterior a su publicación.

22. Así, al no existir otro motivo de improcedencia planteado ni advertirse alguno otro de oficio por este Tribunal Pleno, se procede a realizar el estudio de fondo.

VI. ESTUDIO DE FONDO

23. Metodología de estudio. De la lectura de la demanda de acción de inconstitucionalidad se advierte que se impugnan diversos artículos en temas diferentes, por lo que el estudio de fondo se dividirá en las siguientes materias:

Ver materias

24. En los apartados siguientes se da respuesta a los conceptos de invalidez hechos valer por el accionante en cada uno de los tópicos en el orden expuesto.

VI.1. Cobro por la búsqueda y el cotejo de documentos no relacionados con el derecho de acceso a la información, la expedición de copias simples y otras certificaciones

25. El poder accionante aduce que diversos artículos de las leyes de ingresos de los municipios de Tamaulipas para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro trasgreden el principio de gratuidad que rige en materia de acceso a la información, al establecerse cobros por la búsqueda en los archivos municipales.

26. Asimismo, argumenta que las normas son violatorias del principio de proporcionalidad tributaria, dado que los cobros por la búsqueda, el cotejo de documentos, la expedición de copias simples y de certificaciones son injustificados y desproporcionados, al no corresponderse con los costos que le representan al municipio para proporcionar el servicio.

27. El planteamiento es fundado con base en las consideraciones que enseguida se plasman.

28. De forma preliminar al análisis de constitucionalidad de la norma, es necesario precisar que, de la lectura de los artículos impugnados, no se aprecia que reglamenten aspectos relativos al derecho de acceso a la información, como lo refiere la Consejera Jurídica en su demanda, pues las porciones normativas cuestionadas no refieren al ejercicio de este derecho y, en cambio, se aprecia que los ordenamientos disponen que los derechos en cuestión no se causarán en materia de transparencia y acceso a la información, conforme al principio de gratuidad.

29. Por tanto, el estudio de la norma cuestionada se realizará bajo la óptica de los principios de justicia tributaria y no bajo la del derecho de acceso a la información. Esto, de conformidad con el criterio de este Tribunal Pleno(8) en el sentido de que las normas que establecen cuotas relacionadas con el servicio de expedición de copias y su certificación o búsqueda que no se relacionan con el derecho de acceso a la información deben ser analizados a la luz de los principios de justicia fiscal, tutelados por el artículo 31, fracción IV, constitucional, y no del principio de gratuidad.

30. Ahora bien, el principio de proporcionalidad tributaria se encuentra contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su aplicación en el ámbito de los derechos por servicios ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

31. Este Alto Tribunal ha sostenido en diversos precedentes como las acciones de inconstitucionalidad 93/2020(9) y 42/2022,(10) 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022,(11) así como en la 179/2021 y su acumulada 183/2021(12) que, para considerar constitucionales las normas que prevén las contribuciones denominadas derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cosas, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser iguales para todos aquellos que reciban el mismo servicio.

32. Lo anterior, porque la naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta a la de los impuestos, de manera que, para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributarios es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, el costo que implica para el Estado la ejecución del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé determinado derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio.(13)

33. En relación con la emisión de certificaciones, en las acciones de inconstitucionalidad 66/2022 y sus acumuladas 69/2022 y 71/2022,(14) se determinó que las Salas de este Alto Tribunal han considerado que la solicitud de copias certificadas y el pago de los correspondientes derechos implica para la autoridad la obligación concreta de expedirlas y certificarlas, por lo que dicho servicio es un acto instantáneo, porque se agota en el mismo acto en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo.

34. Además, se precisó que, a diferencia de las copias simples, que son meras reproducciones de documentos que para su obtención se colocan en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado; las copias certificadas involucran la fe pública del funcionario que las expide, la cual es conferida expresamente por la ley como parte de sus atribuciones.

35. Se explicó que la fe pública es la garantía que otorga el funcionario respectivo al determinar que el acto de reproducción se otorgó conforme a derecho y que lo contenido en él es cierto, proporcionando así seguridad y certeza jurídica al interesado. Luego, las Salas concluyeron que certificar cualquier documento consiste en compararlo con su original y después de confrontarlo reiterar que son iguales, esto es, que la reproducción concuerda exactamente con su original. Así, el servicio que presta el Estado en ese supuesto se traduce en la expedición de copias que se soliciten y el correspondiente cotejo con el original que certifica el funcionario público en ejercicio de las facultades que le confiere una disposición jurídica.

36. Tales razonamientos quedaron contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 132/2011(15) de la Primera Sala, así como en la tesis 2a. XXXIII/2010(16) de la Segunda Sala, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

37. En atención a lo expuesto anteriormente, se procede a analizar el contenido de los artículos impugnados:

Ver artículos impugnados

38. Los artículos transcritos prevén cuotas por cotejo de documentos desde $12.00 (doce pesos 00/100 M.N.) y búsqueda de documentos desde 0.50 UMA, equivalente a $54.28 pesos (cincuenta y cuatro pesos 28/100), hasta 6 UMA, equivalente a $651.42 (seiscientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.); mientras que por la expedición de copias simples y otras certificaciones el Congreso local fijó cobros que van desde 1 UMA, equivalente a $108.57 pesos (ciento ocho pesos 57/100 M.N.) hasta 6 UMA, lo que equivale a $651.42 (seiscientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.).

39. A consideración de este Tribunal Pleno, las cuotas previstas resultan desproporcionales, como lo sostiene la accionante, pues no guardan una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio.

40. En efecto, las normas impugnadas prevén cobros diferenciados respecto de los cuales no se advierte razonabilidad entre el costo de los materiales usados, el costo que implica certificar un documento y el gasto efectivamente erogado por el ente municipal para prestar el servicio, de donde deriva que los cobros relativos resultan desproporcionados, pues no responden al gasto que efectuó el municipio para brindar el servicio.

41. Ello es así, pues en el caso de derechos por servicios, la relación entablada entre las partes no es de derecho privado, de modo que no puede existir un lucro o ganancia para el Estado, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado. En todo caso, ello no puede dar lugar a un cobro injustificado ni desproporcionado por la prestación del servicio, de lo contrario se vulneraría el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

42. Asimismo, se observa que algunos preceptos impugnados no especifican si el cobro por la expedición de la copia simple o la certificación será por hoja o foja, lo que resulta violatorio al principio de seguridad jurídica, garantizado en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues todas estas circunstancias dan lugar a arbitrariedades en el cobro respectivo, ya que se deja a la discrecionalidad de la autoridad su determinación, con independencia del número de hojas que implique expedir o certificar un documento o expediente.

43. Además, respecto a las cuotas por búsqueda de documentos, este Pleno llega a la conclusión de que resultan abiertamente desproporcionales, pues como se ha sostenido, las tarifas establecidas deben guardar una relación razonable con el costo del servicio y los materiales utilizados. En ese sentido, y por mayo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33751-03389781/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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