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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES (DECRETOS 264, 267, 268, 272, 273, 274, 275, 276 Y 277, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). III. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. IV. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. V. DERECHOS POR SERVICIOS. AUNQUE LA RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DATOS SEA CALIFICADA COMO APROVECHAMIENTO, SU NATURALEZA ES LA DE UNA CONTRIBUCIÓN DE ESA ÍNDOLE, PUES SE GENERA CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO INDIVIDUALIZADO POR PARTE DEL ESTADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALVILLO). VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL COBRO DE DERECHOS POR BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, DATOS O DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIR, EN SU CASO, COPIA SIMPLE, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, TODA VEZ QUE DICHA LABOR IMPLICA LA INTERVENCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO, SIENDO ASÍ UNA ACTIVIDAD INHERENTE AL TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN V, NUMERAL 2), INCISO A); 13, FRACCIÓN V; 15, FRACCIÓN I; 16, FRACCIÓN IV; 18, FRACCIÓN IV; 19, FRACCIÓN II, NUMERAL 1) Y, FRACCIÓN XVI, NUMERAL 1, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 55, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALVILLO; 35, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS; 28, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA; 55, INCISO H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA; 120, NUMERAL 7, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO; Y 39, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ, TODAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023]. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL COBRO POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN, DATOS O DOCUMENTACIÓN EN COPIAS SIMPLES, RESULTA DESPROPORCIONADO, PUES NO RESPONDE AL GASTO QUE EFECTUÓ EL ESTADO Y/O MUNICIPIO PARA PRESTAR EL SERVICIO, NI TAMPOCO RESULTA OBJETIVAMENTE JUSTIFICABLE QUE LA TARIFA CAMBIE SEGÚN EL NÚMERO DE FOJAS O QUE SE ESTABLEZCA UN COBRO ADICIONAL POR LA ENTREGA DE ÉSTAS SEGÚN SE REBASE CIERTO TOPE [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN V, NUMERAL 2), INCISO A); 13, FRACCIÓN V; 15, FRACCIÓN I; 16, FRACCIÓN IV; 18, FRACCIÓN IV; 19, FRACCIÓN II, NUMERAL 1) Y, FRACCIÓN XVI, NUMERAL 1, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 55, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALVILLO; 35, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS; 28, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA; 55, INCISO H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA; 120, NUMERAL 7, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO; Y 39, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ, TODAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023]. VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA NORMA QUE OMITE PREVER SI LOS MONTOS QUE SE ESTABLECEN POR LA BÚSQUEDA DE DATOS Y/O DOCUMENTOS SE COBRARÁN CON MOTIVO DE UNA HOJA O POR UN DOCUMENTO COMPLETO, GENERA INCERTIDUMBRE RESPECTO DE LA CANTIDAD QUE DEBERÁ PAGARSE Y, POR ENDE, VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN V, NUMERAL 2), INCISO A); 13, FRACCIÓN V; 15, FRACCIÓN I; 16, FRACCIÓN IV; 18, FRACCIÓN IV; 19, FRACCIÓN II, NUMERAL 1) Y, FRACCIÓN XVI, NUMERAL 1, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 55, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALVILLO; 35, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS; 28, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA; 55, INCISO H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA; 120, NUMERAL 7, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO; Y 39, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ, TODAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023]. IX. LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE ASOCIACIÓN. MARCO CONSTITUCIONAL. X. LIBERTAD DE REUNIÓN. ALCANCE DE ESTE DERECHO HUMANO. XI. LIBERTAD DE REUNIÓN. SU EJERCICIO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS SOCIALES PARTICULARES, TALES COMO FIESTAS PARTICULARES, BAILES FAMILIARES (EN SALÓN O DOMICILIO PARTICULAR) Y BAILES

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 52/2023. · Registro digital (IUS): 32581
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-07-05
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Julio de 2024, Tomo I, Volumen 1, Pág.393.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 52/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, impugna diversos artículos de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, así como de distintas leyes de ingresos municipales del Estado citado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, que establecen el cobro por la búsqueda de información no relacionada con el derecho al acceso a la información pública, por realizar eventos sociales y por la iluminación municipal.

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Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la sesión del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 52/2023, promovida por María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, contra el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y el Poder Ejecutivo del citado Estado respecto de diversas disposiciones normativas contenidas en la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes y en distintas leyes de ingresos municipales del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demanda inicial y normas impugnadas. Por escrito recibido el veintisiete de enero de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado el treinta de enero siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 4, fracción V, numeral 2), inciso A); 13, fracción V; 15, fracción I; 16, fracción IV; 18, fracción IV; 19, fracción II, numeral 1), fracción III, numeral 28), fracción X, numeral 2), inciso A), fracción XV, numeral 1) y, fracción XVI, numeral 1), de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes; 55, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo; 35, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Asientos; 28, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga; 55, inciso h), de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María; 120, numeral 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo; y 39, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, por el cobro por la expedición y búsqueda de documentos y/o datos no relacionada con el derecho al acceso a la información pública; 32, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo; 7, fracción I, inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga; 114, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo; y, 2, fracción II, letra D, de la Ley de Ingresos del Municipio de San José de García (sic),(1) por el cobro por realizar eventos sociales; 76, de la Ley de Ingresos del Municipio de Rincón de Romos y 104, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo, por el cobro de iluminación municipal; todas las normas del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veintitrés, publicadas el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del citado Estado.

2. Señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Aguascalientes.

3. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. El Poder Ejecutivo accionante estima violados los artículos 6o., apartado A, fracción III, 9, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4. Conceptos de invalidez. El Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica expresó, en esencia, lo siguiente:

• PRIMERO. Las porciones combatidas en lo correspondiente a "búsqueda de datos" y "búsqueda de documentos" vulneran los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, previstos en los artículos 6o., apartado A, fracción III y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A) Principio de gratuidad en materia de acceso a la información

• El artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, prevé el principio de gratuidad en materia de acceso a la información, esto es, que el derecho a la información deberá ser garantizado por el Estado; por tanto, para su acceso la federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben guiarse por el citado principio para garantizar que toda persona tenga acceso gratuito a la información pública, así como a sus datos personales o la rectificación de éstos.

• El principio de gratuidad constituye una garantía para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el cual está expresamente previsto en el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del numeral 6, de la Constitución Federal, al establecer que el ejercicio de este derecho es gratuito y únicamente se requerirá el pago que corresponda a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, sin que permita el cobro por la búsqueda o la disponibilidad momentánea de la información.

• De una interpretación sistemática a los principios en materia de acceso a la información pública, se obtiene que el de gratuidad está dirigido a los procedimientos administrativos que las autoridades estatales y municipales establecen para la obtención de la información, razón por la cual resulta injustificado aplicar cobros por la realización de dichos procesos internos, porque en todo caso, sólo puede imponerse una carga al solicitante de la información con motivo de los soportes en los que la información deba ser entregada, tales como medios magnéticos, copias o mensajería.

• Refiere que los artículos impugnados establecen un pago de derechos que van desde los $17.00 (diecisiete pesos 00/100 moneda nacional) hasta los $133.00 (ciento treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional), por cada hoja impresa que implique búsqueda de información de datos, lo que contraviene el artículo 6o., de la Constitución Federal y, en específico, el principio de gratuidad, al prever diversas tarifas para localizar los datos solicitados sin importar la modalidad de entrega correspondiente.

• Indica que el pago de una tarifa por la búsqueda de información pública tiene implicaciones negativas que trascienden al ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que representa un elemento discriminatorio para el ejercicio del tal derecho al negar la búsqueda de la información a quien no cuenta con los recursos para cubrir las tarifas establecidas para la simple localización de la información.

B) Principio de proporcionalidad tributaria

• Los artículos cuya invalidez se solicita transgreden el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que no existe una relación razonable entre las tarifas establecidas por el legislador local y el costo del servicio público que proporcionan las diversas áreas administrativas del gobierno de Aguascalientes, así como de los gobiernos municipales respectivos.

• Expresa que el derecho por servicio cobrado constituye un cobro excesivo y desproporcionado, aunado a que no está justificado ni guarda relación con el costo de los materiales empleados para la localización de la información pública solicitada.

• Sostiene que solo puede cobrarse el servicio por los costos de los materiales utilizados en la reproducción, el costo de envío y la certificación de documentos, por lo que debe de analizarse que las cuotas se hayan fijado de acuerdo con la base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos, de lo contrario la tarifa transgrede el principio de proporcionalidad tributaria.

• Aduce que el legislador estableció las cuotas por la búsqueda de documentos o información, pero ninguna justifica los elementos que sirvieron de base para determinarlas, por lo que no es posible establecer si los mismos corresponden o no al costo de los materiales que los Estados tienen permitido cobrar por acceso a la información.

• Argumenta que a diferencia de otros servicios que presta el Estado, tratándose de ejercicio del derecho de acceso a la información rige en principio de gratuidad, por lo cual cualquier cobro debe justificarse por el legislador a efecto de demostrar que no está gravando indebidamente el acceso a la información pública.

• Menciona que, en las leyes impugnadas, el congreso local no justificó el cobro por la búsqueda de datos o documentos con una base objetiva, cuya razonabilidad pudiera ser estudiada por la Suprema Corte, sino que lo determinó de forma arbitraria, lo cual transgrede el principio de proporcionalidad.

• SEGUNDO. Cobro por realizar eventos sociales

• Las tarifas establecidas por concepto "fiestas familiares" y "baile en el interior del domicilio particular" vulneran los principios de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad tributaria, además del derecho a la libertad de reunión e intimidad previstos en los artículos 9o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

• Posteriormente, detalla los principios de seguridad jurídica y legalidad, de proporcionalidad tributaria, el derecho de libertad de reunión e intimidad.

• Así, refiere que las porciones normativas impugnadas no generan certeza jurídica, porque las mismas deben ser claras y precisas para los gobernados, lo cual no acontece en el caso, ya que se pretende establecer la obligación de pagar un impuesto por concepto de "fiestas familiares" y "baile en el interior del domicilio particular", sin definir con claridad qué se entiende por "fiesta" o "baile" y tampoco indica los elementos para determinar cómo se actualiza dicho supuesto impositivo, porque si bien el objetivo de esa contribución es la diversión o los espectáculos de carácter público, el legislador local no justifica el por qué se incluye en dicha categoría a los eventos privados realizados en el domicilio particular de los ciudadanos de los municipios de que se trata.

• Los artículos impugnados no especifican de forma precisa en que se causará dicho impuesto, ni el momento en el que se determinará actualizada la tarifa especificada para el caso de realizar "fiestas familiares" o "baile en el interior del domicilio particular", lo cual genera incertidumbre y falta de certeza jurídica en contravención de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales.

• En el caso del impuesto por espectáculos, los sujetos pasivos de dicho tributo deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad económica: esto es, mediante la aportación de una porción justa y adecuada de los ingresos, utilidades o rendimientos que obtengan por la explotación de los eventos públicos, lo cual no se acredita, pues se trata de eventos privados en domicilio particular en el que no existe una actividad lucrativa.

• Las porciones reclamadas establecen un impuesto cuando se realicen "fiestas familiares" y "baile en el interior del domicilio particulares", para lo cual se establecen tarifas fijas para cada permiso que van desde los $332.00 (trescientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional) hasta los $1101.00 (mil ciento un pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente.

• La forma en que se encuentra determinado dicho impuesto impide que los sujetos pasivos del tributo realicen su respectivo pago atendiendo a su capacidad económica, esto es, conforme a los ingresos, utilidades o rendimientos que obtengan con motivo de la realización de los eventos especificados en las normas que reclama.

• Por lo que las normas impugnadas no cumplen con el principio de proporcionalidad en materia fiscal, porque prevén la obligación de pagar un impuesto por concepto de permiso, cuando se realicen los eventos citados, para lo cual se indica una tarifa única a todos los contribuyentes, lo que impide que el pago de ese impuesto revele la manifestación de riqueza por parte del gobernado.

• Las normas reclamadas restringen de forma injustificada la libertad de reunión y el derecho a la intimidad, tutelados por los numerales 9o. y 16, de la Constitución Federal, 11 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al establecer un impuesto por concepto de "fiestas familiares" y "baile en el interior del domicilio particular", situación que implica una intromisión a la intimidad de los gobernados, porque las autoridades municipales no pueden restringir el derecho de reunión en los domicilios particulares por tratarse de actividades privadas que la Constitución Federal garantiza al individuo, razón por la que aduce debe ejecutarlos libremente sin tener que pagar, previamente, un impuesto por la realización de dichos eventos.

• Concluye que las disposiciones impugnadas establecen el cobro de un impuesto por concepto de permiso para la realización de reuniones o celebraciones familiares en los domicilios de los municipios que se trata, lo que implica la imposición de una restricción injustificada al ejercicio de un derecho fundamental como es la libertad de reunión.

• La noción de lo privado se encuentra vinculada con aquello que no constituye vida pública, lo que se reserva frente a la acción y conocimiento de los demás, lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige.

• De esa forma, al exigir un pago por concepto de impuesto para la celebración de reuniones privadas en domicilio privado (no salón de fiestas) como a las que se refieren las normas reclamadas, constituye una intromisión injustificada en la vida privada de las personas.

• Es indudable la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados, porque condicionan el ejercicio del derecho de reunión de los habitantes de dichos municipios al pago por concepto de permiso para celebrar fiestas familiares en los domicilios privados, lo cual pone en evidencia que la medida legislativa analizada resulta violatoria de los preceptos constitucionales invocados, pues condiciona la libertad de reunión al pago de un impuesto previo.

• Las porciones normativas impugnadas violan el derecho a la libertad de reunión e intimidad pues condicionan a los habitantes de los municipios de Calvillo, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia y San Francisco de los Romo, todos del Estado de Aguascalientes, al pago de un impuesto para realizar fiestas familiares, con lo que se transgrede el derecho humano a la intimidad y la libertad de reunión consagrados en la Constitución Federal.

• TERCERO. Cobro por la iluminación municipal. Las normas reclamadas vulneran el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Las porciones reclamadas transgreden el principio tributario de proporcionalidad, porque la tarifa por la prestación del servicio de iluminación municipal se estableció por el legislador local a partir de circunstancias que no atienden al valor que representa a los municipios del estado prestar dicho servicio, pues se impone una tarifa fija mensual por la cantidad de $224.00 (doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional) y $195.82 (ciento noventa y cinco pesos 82/100 moneda nacional) o en su caso, un pago bimestral de $448.00 (cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y $391.64 (trescientos noventa y un pesos 64/100 moneda nacional), respectivamente, los cuales se aplicarán según el periodo de facturación de la Comisión Federal de Electricidad.

• Conforme las normas reclamadas, el derecho por el servicio público de alumbrado se causará en forma mensual o bimestral y se pagará mediante los recibos que para tal efecto emitida la citada Comisión, conforme a la tarifa que determina el legislador de acuerdo con lo dispuesto en las leyes respectivas de hacienda de los municipios en cuestión, sin establecer en esas normas la forma en que se integra dicho cobro arbitrario.

• El Alto Tribunal al resolver las acciones de inconstitucionalidad 101/2020 y 21/2020, precisó que para la cuantificación de las cuotas en el caso de los derechos por servicio, debe identificarse, por una parte, el tipo de servicio público de que se trate y, por otra, el costo que representa al Estado prestar el servicio, porque no pueden considerarse para tales efectos, aspectos ajenos a éstos.

• Por tanto, las normas reclamadas vulneran el principio de proporcionalidad consagrado en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque el congreso local establece las tarifas respectivas, sin justificar los costos que para los municipios representa prestar el servicio público de iluminación municipal.

• Finalmente, solicita se vincule al Congreso local para que en lo futuro se abstenga de expedir normas en el mismo sentido y que no incurran en la inconstitucionalidad alegada.

5. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de Presidencia de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta acción de inconstitucionalidad con el número 52/2023 y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para su trámite y la elaboración del proyecto correspondiente.

6. Admisión y trámite. Por auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite este asunto, ordenó dar vista a las autoridades que emitieron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes; de igual forma, dio vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción manifestara lo que a su representación correspondiera.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. Mediante escrito recibido el doce de abril de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, compareció en representación del Poder Legislativo de la entidad a rendir el informe correspondiente. En el cual expresa lo siguiente:

En cuanto al fondo

• El Estado se encuentra legitimado para detraer recursos de su parte de los particulares para las finanzas públicas y sufragar los gastos públicos, conforme lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

• Se requiere que los Ayuntamientos recauden, gestionen y apliquen conforme a la legislación correspondiente, recursos públicos.

• Los municipios tienen la facultad de administrar libremente su hacienda pública y para ello es que requieren estructurar de manera adecuada sus gastos e ingresos, por ese motivo las respectivas leyes de ingresos de los municipios, con el propósito de generar un adecuado destinado de los recursos que percibe el Estado y así poder sufragar los servicios que la población requiere y administrar los recursos para ello, de forma eficaz y equitativa, como lo dispone el artículo 134, primer párrafo, constitucional.

• Los municipios deben determinar los ingresos que habrán de percibir por concepto de pagos de contribuciones, derechos, aprovechamientos y cualquier otro concepto por el que perciban ingresos.

• El numeral 27, fracción II, de la Constitución Local prevé que el Congreso local puede determinar las contribuciones indispensables para sufragar los gastos del estado y de los municipios, por lo que tales entidades pueden proyectar y emitir los ingresos que durante el próximo ejercicio fiscal habrán de percibir, para efectos de destinarlos a las distintas políticas públicas y económicas que den cumplimiento al plan de desarrollo Estatal. • El Estado gracias a las contribuciones pueden sufragar el gasto público y así proporcionar los servicios que requiere la población para cubrir sus necesidades básicas, motivo por el que el Congreso de la Unión tiene dentro de sus facultades, imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, como lo establece la fracción VII del artículo 73, constitucional.

• La imposición de las contribuciones tiene dos finalidades, la primera, solventar el gasto público y, la segunda, distribuir los recursos obtenidos en los distintos organismos del Estado, para de esa manera sufragar los servicios que la ciudadanía requiere, ello conforme lo previsto en el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal.

• Lo anterior, dio origen a los dictámenes emitidos por la Comisión de Vigilancia, los que una vez que fueron sometidos a votación nominal, fueron aprobados por unanimidad de las diputadas y diputados presentes, solicitándose por parte de una de las diputadas la expedición de los decretos respectivos.

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. Por escrito recibido el diecinueve de abril de dos mil veintitrés en Correos de México y el veintiséis de abril siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de Consejero Jurídico del Ejecutivo, compareció a nombre del Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a rendir el informe solicitado.

9. Expresó que es cierto el acto que se le atribuye al Poder que representa, pues, acorde a lo previsto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, al Ejecutivo local le corresponde la promulgación y orden de publicación de las leyes emitidas por el Congreso local.

10. Pedimento del Fiscal General de la República. El citado funcionario no formuló pedimento.

11. Alegatos. Por escritos recibidos el veintiuno, veintitrés y treinta de junio, todos de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la delegada del Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, la delegada del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la LXV Legislativa del Congreso del Estado, respectivamente, formularon alegatos.

12. Cierre de la instrucción. Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, se decretó el cierre de la instrucción y se tuvieron por formulados los alegatos.

I. COMPETENCIA

13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés; toda vez que en ella el Poder Ejecutivo Federal plantea la posible contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes y diversas leyes de ingresos de los municipios del Estado, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veintitrés.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

14. Las normas impugnadas por el Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, en la demanda son los artículos 4, fracción V, numeral 2), inciso A); 13, fracción V; 15, fracción I; 16, fracción IV; 18, fracción IV; 19, fracción II, numeral 1), fracción III, numeral 28), fracción X, numeral 2), inciso A), fracción XV, numeral 1) y, fracción XVI, numeral 1), de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes; 55, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo; 35, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Asientos; 28, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga; 55, inciso h), de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María; 120, numeral 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo y 39, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, por el cobro de búsqueda de información no relacionada con el derecho al acceso a la información pública;(2) 32, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo; 7, fracción I, inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga; 114 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo; y 2, fracción II, letra D, de la Ley de Ingresos del Municipio de San José de Gracia,(3) por el cobro por realizar eventos sociales; 76 de la Ley de Ingresos del Municipio de Rincón de Romos y 104 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo, por el cobro de iluminación municipal; todas del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veintitrés, publicadas el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del citado Estado, los cuales se insertan a continuación:

15. En cuanto al cobro por la búsqueda de información no relacionada con el derecho al acceso a la información pública, se transcriben las normas reclamadas:

Ver normas reclamadas

16. En cuanto al cobro por realizar eventos sociales, se impugnaron las normas siguientes:

Ver normas impugnadas

17. Respecto del cobro por la iluminación municipal, se reclamaron los preceptos siguientes:

Ver preceptos reclamados

III. OPORTUNIDAD

18. De acuerdo con lo previsto en el artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

19. En el caso, las normas impugnadas fueron publicadas mediante los Decretos 264, 267, 268, 272, 273, 274, 275, 276 y 277, en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Aguascalientes, el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.

20. El plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, así como de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Calvillo, Asientos, Pabellón de Arteaga, Jesús María, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá, Aguascalientes, todas para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veintitrés, transcurrió del domingo uno al lunes treinta de enero de dos mil veintitrés.

21. En ese sentido, si la demanda se presentó a través del buzón judicial de este Alto Tribunal el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se concluye que su presentación resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

22. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejera Jurídica, es un ente legitimado para promover este medio de control constitucional; por otra parte, el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia(5) prevé que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello y, por su parte, el párrafo segundo del referido precepto dispone que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el o la Consejera Jurídica del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.

23. En el caso, el Poder Ejecutivo Federal acude por conducto de la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, quien acredita su personalidad con la copia certificada de su nombramiento, y presenta la demanda contra diversos preceptos contenidos en la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes y de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Calvillo, de Asientos, de Pabellón de Arteaga, de Jesús María, de Rincón de Romos, de San Francisco de los Romo, de San José de Gracia y Tepezalá, todas del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés.

24. Cabe precisar que se impugnan preceptos de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes y de diversas leyes de ingresos de diversos municipios del Estado, expedidas por el Poder Legislativo de la misma entidad federativa, que establecen el cobro por la búsqueda de información no relacionada con el acceso a la información pública, por realizar eventos sociales y por la iluminación municipal, lo cual la promovente estima violatorio de los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad, reserva de ley, legalidad tributaria, entre otros.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

25. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, de forma que se procede al análisis de las causas de improcedencia formuladas por las partes, así como aquellas que se adviertan de oficio.

26. El Poder Ejecutivo local expresa que no participó en la formación de las normas impugnadas, pues sus atribuciones e intervención en el proceso legislativo de las normas reclamadas se limitaron únicamente a la promulgación y publicación, por lo que deberá declararse su constitucionalidad, debido a que no se transgredió el Pacto Federal ni disposición alguna de la Constitución Federal.

27. Tales argumentos se desestiman porque lo cierto es que el ejecutivo local, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas impugnadas para otorgarles plena validez y eficacia –tal como el propio poder local lo reconoce en su informe–, se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma, por lo que debe res

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32581-738d1845/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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