I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XXI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO (LEYES DE INGRESOS DE DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021). V. LIBERTAD DE REUNIÓN. SU MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. VI. LIBERTAD DE REUNIÓN. ALCANCE DE ESTE DERECHO HUMANO. VII. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN. SUS DIFERENCIAS. VIII. LIBERTAD DE REUNIÓN. SU EJERCICIO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS, EVENTOS Y BAILES PARTICULARES O FAMILIARES, EN CASA PROPIA O SALONES, SIN FINES DE LUCRO, NO DEBE CONDICIONARSE AL COBRO POR LA EMISIÓN DE UN PERMISO PREVIO SIN FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATOLINGA; 76, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUCHI PILA; 69, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENARO CODINA; 74, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA; 72, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LUIS MOYA; 73, FRACCIONES I Y VII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SUSTICACÁN; 72, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAÍN ALTO; 79, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE; 77, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES; 69, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO; 79, FRACCIONES I Y II, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA; 89, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALPA; 74, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL PÁNFILO NATERA; 95, FRACCIONES I –INCISOS A) Y D)– Y II –INCISO B)–, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA; 71, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC; 72, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL JIMÉNEZ DE TEUL; 68, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUANUSCO; 71, FRACCIÓN, I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA; 71 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO; 69, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO; 69, FRACCIONES I Y II, AMBAS EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y PARTICULARES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ; 70, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APOZOL; 75, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APULCO; 76, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR; 83, FRACCIONES I Y II, AMBAS EN SU INCISO B), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALERA; 72, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPETONGO; 94, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO; 82, FRACCIONES I –INCISO C)– Y II –INCISO B)–, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LORETO; 73, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA; 69, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ; 71, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VETAGRANDE; 73, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA; 69, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA; 74, FRACCIONES I Y II, ESTA ÚLTIMA ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y PARTICULARES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN; 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TRANCOSO; 79, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NOCHIXTLÁN DE MEJÍA; 70, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOYAHUA DE ESTRADA; 73, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOMAX; 70, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO; 70, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZAPIL; 84, FRACCIONES I, II, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN; 74, FRACCIONES I Y II, AMBAS EN SU INCISO B), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO; 65, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA; 117, FRACCIONES II, III Y IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE; 79, FRAC
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE AGOSTO DE 2021. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual del día diez de agosto de dos mil veintiuno.
VISTOS para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 31/2021, promovida por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la acción. Por oficio presentado el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dos de febrero siguiente, María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicita la invalidez de las normas que se precisan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se señalan.
2. Órganos que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Zacatecas.
3. Normas generales cuya invalidez se reclama. En la acción de inconstitucionalidad se impugnaron las siguientes normas generales, todas publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el día treinta de diciembre de dos mil veinte:
Artículo 71, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atolinga, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 76, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juchipila, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 69, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Genaro Codina, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 74, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Miguel Auza, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 72, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Luis Moya, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 79, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tabasco, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 73, fracciones I y VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Susticacán, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 72, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Saín Alto, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 79, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ojocaliente, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 77, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Noria de Ángeles, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 69, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Pánuco, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 79, fracciones I y II, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Juan Aldama, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 89, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jalpa, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 74, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 95, fracciones I, –incisos a) y d)– y II, –inciso b)–, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Enrique Estrada, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 71, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 72, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de el Jiménez de Teul, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 68, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huanusco, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 71, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 71, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 69, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Concepción del Oro, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 69, fracciones I y II, ambas en la porción normativa "y particulares", de la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 70, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Apozol, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 75, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Apulco, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021
Artículo 76, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 83, fracciones I y II, ambas en su inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Calera, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 72, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepetongo, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 94, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 82, fracciones I –inciso c)– y II –inciso b)–, de la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 73, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villanueva, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 69, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 71, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Vetagrande, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 73, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Trinidad de García de la Cadena, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 69, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Teul de González Ortega, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 74, fracciones I y II, esta última únicamente en la porción normativa "y particulares", de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepechitlán, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 79, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Trancoso, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 79, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 70, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Moyahua de Estrada, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 73, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Momax, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 70, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 70, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Mazapil, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 84, fracciones I, II, IV y V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 74, fracciones I y II, ambas en su inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Valparaíso, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 65, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa García, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 117, fracciones II, III y IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 79, fracciones I y II, ambas en su inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 83 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Cos, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 77, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 76, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 86, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Río Grande, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 106, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sombrerete, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 95, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Fresnillo, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021.
4. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. Al respecto, se hizo valer un único concepto de invalidez que se sintetiza a continuación:
5. ÚNICO.—Sostiene que las normas impugnadas de las leyes de ingresos de cincuenta y dos Municipios de Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, al prever el pago de derechos por permisos para realizar diversos eventos sociales, vulneran los derechos a la libertad de reunión e intimidad y se traducen en injerencias arbitrarias por parte de la autoridad municipal.
6. Lo anterior, debido a que la exigencia de que se cuente con una autorización para que las personas puedan realizar festividades o celebraciones, inclusive cuando no se utilice la vía pública, es una intrusión excesiva y desproporcionada en la vida privada de las personas.
7. La promovente sostiene que las normas impugnadas transgreden los derechos fundamentales referidos, porque establecen un cobro por la expedición de anuencias, permisos o autorizaciones municipales para la realización de diversos eventos sociales, tales como bailes sin fines de lucro, fiestas en salón –inclusive infantiles–, fiestas en domicilio particular, bailes, fiestas familiares y particulares, entre otras.
8. Manifiesta que el hecho de que dichos preceptos no señalen de manera expresa la utilización de vías públicas u otros bienes de uso común que se aprovechen especialmente confirma la inconstitucionalidad de exigir un permiso, toda vez que ello hace suponer que los cobros y las anuencias municipales se realizarán por el simple hecho de llevar a cabo festejos o celebraciones particulares, cuestiones que pertenecen exclusivamente a la esfera privada de las personas.
9. Refiere que incluso algunos de los artículos que contienen las fracciones y porciones normativas impugnadas prevén los permisos específicos por la utilización de bienes del dominio público municipales.
10. Aduce que las normas específicamente reclamadas prevén el cobro del permiso por la realización de eventos sociales en sí mismos, aun cuando los mismos puedan realizarse en locales establecidos para tal efecto; sin embargo, se considera que se mezclan dos cuestiones distintas. Por un lado, es admisible que se exijan permisos para que los dueños de establecimientos operen locales destinados para la realización de eventos sociales, pero lo que no es constitucionalmente válido es que se prevea un permiso por la realización del evento en sí mismo, pues ello constituye una medida arbitraria y restrictiva del derecho de reunión y a la vida privada de las personas.
11. Señala que el Estado no puede concesionar los actos que caen dentro de las actividades que la Constitución garantiza al individuo, que puede ejecutar libremente con el permiso o gracia de la autoridad.
12. Así, considera que el exigir el pago por permisos o anuencias para la celebración de reuniones privadas como aquellas a las que refieren las normas reclamadas por parte de las personas, constituye una intrusión injustificada en su vida privada, por lo que transgrede sus derechos fundamentales de reunión e intimidad.
13. Destaca que normas similares a las impugnadas fueron declaradas inconstitucionales por ese Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 34/2019, promovida por esa Comisión Nacional en contra de diversos preceptos de varias Leyes de Ingresos Municipales del Estado de San Luis Potosí, así como en diversa acción 95/2020, promovida en contra de leyes de Sonora, al estimar –en esencia– que eran medidas demasiado invasivas de la privacidad de las personas.
14. En relación con los efectos, solicita que de ser tildadas de inconstitucionales las normas impugnadas se extiendan los afectos a todas aquellas normas que están relacionadas, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV y 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
15. Asimismo, solicita de estimarlo procedente, se vincule al Congreso del Estado de Zacatecas a que en lo futuro se abstenga de expedir normas en el mismo sentido que incurran en la inconstitucionalidad alegada.
16. TERCERO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno, el Ministro presidente tuvo por presentada la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, registrándola bajo el número 31/2021, y la asignó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento.
17. Posteriormente, por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintiuno, el Ministro instructor dio cuenta de la demanda de inconstitucionalidad, la admitió a trámite y ordenó dar vista a los Poderes Legislativos y Ejecutivo de Zacatecas para que rindieran su informe dentro del plazo de quince días y enviaran copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas y del Periódico Oficial de la entidad en donde conste su publicación, además, se dio vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.
18. CUARTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. A través de un escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el ocho de marzo de dos mil veintiuno, el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas rindió su informe y expresó los razonamientos que se detallan a continuación.
19. Estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los numerales 20, fracción II, y 65, todos ellos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
20. Considera que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se encuentra legitimada para ejercer la presente acción de inconstitucionalidad, toda vez que, constitucionalmente, el citado organismo no cuenta con las atribuciones para intervenir en el diseño y configuración del sistema tributario.
21. Además, aduce que debe tomarse en cuenta que los derechos son un tributo previsto en las leyes de ingresos municipales, por lo tanto, su constitucionalidad sólo puede reclamarse a partir de la calidad de sujeto pasivo de una contribución específica.
22. En ese sentido, refiere que los argumentos de la Comisión contenidos en su demanda, al no presentar casos concretos para su estudio, son expresiones abstractas que impiden un estudio detallado para determinar si, efectivamente, hay una violación a los derechos humanos de los contribuyentes de los derechos previstos en las leyes de ingresos impugnadas, condición que se estima indispensable para que se actualice la legitimación del organismo para intentar la presente acción de inconstitucionalidad.
23. Por lo que hace al fondo del asunto, refiere que los conceptos de invalidez argumentados por la Comisión Nacional son infundados e inoperantes.
24. Manifiesta que conforme a lo expuesto, Zacatecas, como una entidad que integra el Pacto Federal, es soberana para determinar las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, sujetándose al marco establecido por nuestra Carta Magna.
25. Precisa que la Constitución Local establece en su artículo 121 el procedimiento que habrá de seguirse en la emisión de las leyes de ingresos municipales.
26. Refiere que los derechos que el Municipio cobra a los particulares por los permisos o licencias para la celebración de festejos son contribuciones previstas en las leyes de ingresos emitidas por esta soberanía popular.
27. Asegura que la autoridad municipal debe realizar acciones y estrategias para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la población mediante la vigilancia, prevención del delito y orientación que proporcionen las corporaciones de policía y protección civil a la población.
28. Aduce que hay otra responsabilidad que de manera coordinada le compete prestar a la autoridad municipal, la cual se relaciona con la prevención de riesgos en materia de protección civil, cuya definición la encontramos en el artículo 5, fracción XXIX, de la Ley de Protección Civil para el Estado y Municipios de Zacatecas.
29. Señala que la procuración del orden público y la paz social implican una ardua labor de planeación, organización y vigilancia constante por parte del ejecutor de la norma.
30. Manifiesta que cualquier actividad que realice la población que implique reuniones masivas de concentración de personas debe ser vigilada por la autoridad municipal con el fin de mantener el orden público y la paz social, previniendo la existencia de probables riesgos resultado de la concentración de personas y su interacción de esos eventos.
31. Así, sostiene que es por ello por lo que la Legislatura, al analizar las iniciativas de leyes de ingresos de los Municipios, no percibió una intromisión en la vida privada de las personas y mucho menos una vulneración a sus derechos humanos.
32. Precisa que los Ayuntamientos en sus iniciativas de leyes de ingresos, consideraron como un derecho la expedición de permisos para la celebración de bailes, festejos o eventos públicos con la finalidad de preservar el orden público y la paz social en el Municipio, velando por el respeto a los derechos humanos, a la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, lo cual no implica una intromisión arbitraria de la autoridad, por el contrario, es una obligación constitucional a cargo del Municipio.
33. Por otra parte, refiere que la pandemia de enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2, COVID-19, ha constituido un acontecimiento inédito en la historia contemporánea y ha exigido de autoridades y ciudadanos la adopción de medidas y conductas que han modificado, sin duda, la vida cotidiana de los individuos.
34. Así, argumenta que las leyes de ingresos municipales, cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, posibilitan la actividad de control y vigilancia de la autoridad municipal, indispensable para atender las consecuencias de la enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19.
35. Aunado a lo anterior, refiere que no es correcto afirmar que las leyes de ingresos expedidas por esta Legislatura Local están invadiendo la privacidad de las personas ni violando el derecho de asociación, pues no se prevé en ninguno de tales ordenamientos la posibilidad de impedir la celebración de alguna reunión o festejo familiar ante la falta de pago de la contribución establecida.
36. Asume que tampoco es posible afirmar que las porciones normativas impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituyan una intromisión arbitraria en la vida privada e intimidad de las personas, pues, finalmente, sólo se trata de la expedición de una autorización que debe ajustarse a los principios constitucionales previstos en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, esto es, "mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."
37. Además, aduce que el cobro es constitucional, toda vez que la fracción IV del artículo 115 de nuestra Carta Magna faculta a los Municipios a establecer contribuciones por la prestación de funciones o servicios públicos encomendados por el Constituyente, como son la seguridad pública y la protección civil.
38. Finalmente, afirma que las únicas leyes de ingresos que podrían transgredir los derechos humanos referidos por el organismo nacional son las correspondientes a los Municipios de Miguel Auza, Genaro Codina, Susticacán, Jalpa, Villanueva, Guadalupe y Sombrerete, al establecer un derecho por la celebración de fiestas familiares o en domicilios particulares, pues resultaría excesivo establecer una contribución para la celebración de este tipo de festejos que por su naturaleza habrán de desarrollarse en el domicilio de los individuos, espacio físico protegido por nuestra Constitución Federal.
39. En cambio, sostiene que las leyes de ingresos restantes establecen como un derecho el cobro por los permisos para celebrar bailes particulares o privados; en este sentido, se estima la necesidad de proponer una distinción entre ambos términos, circunstancia omitida por la Comisión Nacional y que propició la impugnación de prácticamente, la totalidad de las leyes de ingresos de los Municipios del Estado.
40. En efecto, manifiesta que tal protección constitucional no se puede hacer extensiva a los bailes particulares, pues en éstos, dada su denominación, no sólo participan integrantes de la familia, sino que pueden tener acceso otras personas; es decir, se trata de eventos masivos que se pueden llevar a cabo en espacios cerrados o abiertos, pero no pueden considerarse como un domicilio para efectos de la protección constitucional.
41. Considera que conforme a lo expuesto para esa autoridad legislativa, resulta evidente que el establecimiento de una contribución para otorgar permisos para la celebración de tales eventos tiene una justificación constitucional, pues la congregación masiva de personas actualiza el ejercicio de funciones públicas a cargo de los Municipios: la seguridad pública y la protección civil, sin que su ejercicio implique la vulneración de los derechos humanos de los zacatecanos, como argumenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
42. Refiere que las autoridades municipales están obligadas a contribuir, en el marco de su competencia, a la protección del derecho a la salud de los habitantes de su territorio.
43. Sostiene que, en este contexto, el establecimiento de una contribución para permitir la celebración de bailes particulares posibilita a las autoridades municipales el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, pues como se ha expresado, los eventos masivos propician la propagación de la enfermedad por coronavirus SARS-CoV2, COVID-19.
44. Asegura que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debió contextualizar su reclamo y no incluir en su escrito de demanda la celebración de los bailes particulares que se prevé en los artículos 71, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atolinga, Zacatecas, 76, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juchipila, Zacatecas, 72, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Luis Moya, Zacatecas, 73, fracciones I y VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Susticacán, Zacatecas, 72, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Saín Alto, Zacatecas, 79, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ojocaliente, Zacatecas, 77, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Noria de Ángeles, Zacatecas, 69, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Pánuco, Zacatecas, 79, fracciones I y II, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Juan Aldama, Zacatecas, 74, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas, 95, fracciones I –incisos a) y d)– y II –inciso b)–, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Enrique Estrada, Zacatecas, 71, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas, 72, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de el Jiménez de Teul, Zacatecas, 68, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huanusco, Zacatecas, 71, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas, 71, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro, Zacatecas, 69, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Concepción del Oro, Zacatecas, 69, fracciones I y II, ambas en la porción normativa "y particulares", de la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez, Zacatecas, 70, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Apozol, Zacatecas, 75, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Apulco, Zacatecas, 76, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, 83, fracciones I y II, ambas en su inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Calera, Zacatecas, 72, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepetongo, Zacatecas, 94, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, 82, fracciones I –inciso c)– y II –inciso b)–, de la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Zacatecas, 69, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, 71, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Vetagrande, Zacatecas, 73, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Trinidad de García de la Cadena, Zacatecas, 69, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Teul de González Ortega, Zacatecas, 74, fracciones I y II, esta última únicamente en la porción normativa "y particulares", de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepechitlán, Zacatecas, 79, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Trancoso, Zacatecas, 79, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, 70, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Moyahua de Estrada, Zacatecas, 73, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Momax, Zacatecas, 70, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, 70, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Mazapil, Zacatecas, 84, fracciones I, II, IV y V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, 74, fracciones I y II, ambas en su inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Valparaíso, Zacatecas, 65, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa García, Zacatecas, 79, fracciones I y II, ambas en su inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Zacatecas, 83 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Cos, Zacatecas, 77, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, 76, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, 86, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Río Grande, Zacatecas, 95, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Fresnillo, Zacatecas.
45. Asimismo, manifiesta que la Comisión Nacional comete el error de incluir en su demanda el artículo 79, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tabasco, donde se establece el cobro de un derecho por concepto de "cierre de calle", circunstancia que, sin lugar a duda, constituye un aprovechamiento de un bien de uso público y respecto del cual no se vulneran los derechos humanos que alega la Comisión Nacional en su escrito de demanda.
46. Refiere que en ninguno de los supuestos previstos en las leyes de ingresos impugnadas –bailes en domicilio familiar y bailes particulares– se da una "intromisión arbitraria" en la vida privada o íntima de las personas, pues son éstas las que en un momento dado actualizan la posibilidad de que la autoridad municipal ejerza las funciones públicas a su cargo en materia de salud, seguridad pública y protección civil, pues, como se ha señalado, la aglomeración de personas en un espacio físico limitado propicia efectos diversos en los entornos social y natural.
47. Asimismo, señala que la existencia de las contribuciones impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos obliga a las autoridades municipales a sujetar su actuación de manera estricta a las disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, pues para hacer efectivo el tributo tendrá que emitir, en todo caso, el documento firmado por el servidor público competente.
48. QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas. Refiere que por lo que hace a los actos relativos a la orden de promulgación y de publicación de las normas cuya invalidez se demanda, encuentran sustento en el contenido del artículo 82, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
49. Por lo que hace a los conceptos de invalidez expresados por la actora, el Poder demandado refiere lo siguiente:
50. Afirma que no existe violación al derecho a la privacidad o intimidad, pues la regulación de las porciones normativas que transcribe obedece meramente a un tema recaudatorio para las arcas de los diversos Municipios, regulación que, además, se sujeta a la necesidad generalizada de recabar recursos económicos destinados a la satisfacción de necesidades comunes de la colectividad de que se trata, respectivamente; que las porciones normativas no refieren a un tema de injerencia o invasión al derecho de intimidad, pues para la expedición de los permisos en cita, la autoridad emisora no solicita de los particulares diverso requisito al pago del permiso correspondiente.
51. Manifiesta que no puede hablarse de violación del derecho a la intimidad cuando aquélla se entiende reservada a un solo sujeto o respecto a elementos sobre los que tenga total dominio para sí y no cuando convergen diversos sujetos.
52. Refiere que es totalmente necesario traer a colación el papel que en la actualidad juegan las redes sociales en las tareas cotidianas, pues con ellas se ha modificado totalmente lo que entendíamos como público y lo privado, ya que, a la fecha, un número mínimo de la población general puede estimarse ajena a las redes sociales, lo anterior cobra relevancia en el tema si se considera que, bajo el contexto que propone, carece de toda lógica la apreciación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de la configuración de una violación al derecho a la intimidad cuando el tema de origen, regulado en los permisos de que se duele la promovente, no involucra en sí mismo un tema que pueda ser materia de reserva
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30267-54b83104/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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