I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL POR AUSENCIA DE CAUSA DE PEDIR (INVALIDEZ DE DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA). III. DERECHOS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SON INCONSTITUCIONALES, PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY NÚMERO 140 DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). IV. IMPUESTOS ADICIONALES. SU OBJETO IMPONIBLE ES DIFERENTE AL DE LOS IMPUESTOS PRIMARIOS, AUNQUE PUEDE PARTICIPAR DE ALGUNOS ELEMENTOS DE ÉSTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY NÚMERO 140 DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). V. IMPUESTOS ADICIONALES. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN UN IMPUESTO ADICIONAL DEL 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) SOBRE EL MONTO QUE LOS CONTRIBUYENTES PAGUEN POR CONCEPTO DE LOS IMPUESTOS SOBRE LOTERÍAS, RIFAS Y SORTEOS, ASÍ COMO DE LOS DERECHOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE CARGA, POR PERMISOS POR MANIOBRA Y PARA TRANSPORTAR MAQUINARIA PESADA, POR SERVICIOS CATASTRALES Y POR EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, CONTRAVIENEN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA LEY NÚMERO 126 DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). VI. IMPUESTOS ADICIONALES. LOS QUE TIENEN COMO BASE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DE PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES A QUE SE ENCUENTRA OBLIGADO EL CONTRIBUYENTE, DESATIENDE SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, AL NO DENOTAR UNA MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA POR PARTE DEL CAUSANTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY NÚMERO 140 DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). VII. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DIFERENCIAS ENTRE COPIAS SIMPLES Y COPIAS CERTIFICADAS. IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN EL COBRO POR LA REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DERIVADA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS, EN HOJA IMPRESA POR MEDIO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, EN DISCO FLEXIBLE DE TRES PUNTO CINCO PULGADAS Y EN DISCO COMPACTO, SON CONTRARIAS AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD QUE LO RIGE [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 88, FRACCIÓN V, Y 150, FRACCIÓN XVIII, INCISOS B), C), D), E), F) Y G), DE LA LEY NÚMERO 126 DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS]. X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD IMPLICA QUE NO PUEDE ESTABLECERSE COBRO ALGUNO POR LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN QUE REALICE EL SUJETO OBLIGADO, PUES ÚNICAMENTE PUEDE SER OBJETO DE COBRO, LO RELATIVO A LAS MODALIDADES DE REPRODUCCIÓN Y DE ENTREGA SOLICITADAS. XI. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS. LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN NO PUEDE GENERAR COBRO ALGUNO, PORQUE NO SE MATERIALIZA EN ALGÚN ELEMENTO Y PORQUE SÓLO PUEDEN COBRARSE LOS COSTOS DEL MATERIAL EN QUE SE REPRODUCE, LOS DE ENVÍO UNA VEZ PLASMADO O MATERIALIZADO, O BIEN, LOS DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. XII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS CUOTAS POR DERECHOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL CONTRIBUYENTE, COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, DE ANTECEDENTES CATASTRALES Y DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE SERVIDORES PÚBLICOS, CUYO MONTO SE CALCULA A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, RESULTAN DESPROPORCIONALES, PUES NO GUARDAN UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI CON EL COSTO QUE IMPLICA CERTIFICAR UN DOCUMENTO [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 123, FRACCIÓN III, INCISO A), Y 125, FRACCIONES III Y VI, DE LA LEY NÚMERO 126 DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, 29, FRACCIONES I, II Y XI, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL CONTRIBUYENTE Y", Y 30, FRACCIÓN III, DE LA LEY NÚMERO 101 DE INGRESOS Y PRESUPUESTO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 60/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 9 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
ÍNDICE TEMÁTICO
TEMA: Disposiciones contenidas en diversas leyes de ingresos de nueve Municipios del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, publicadas en el Boletín Oficial de la indicada entidad federativa el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós (derechos por el servicio de alumbrado público, impuestos adicionales, reproducción de información relacionada con el derecho de acceso a la información pública, derechos por búsqueda y expedición de copias simples y certificadas de documentos oficiales no relacionados con el derecho de acceso a la información pública y derechos para la obtención de permisos para fiestas sociales o familiares).
Ver índice temático
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día nueve de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 60/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de disposiciones contenidas en diversas leyes de ingresos de nueve Municipios del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, publicadas en el Boletín Oficial de la indicada entidad federativa el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Presentación de la demanda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por escrito presentado el treinta de enero de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovió acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones legales atribuidas al Congreso y al gobernador del Estado de Sonora, como órganos legislativo y ejecutivo encargados de su emisión y promulgación, a saber:
• Artículos 29, fracciones I, II y XI, en la porción normativa "Por búsqueda de información solicitada por el contribuyente y", 30, fracción III, y 31, fracción II, numeral 1, de la Ley Número 101 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés;
• Artículo 68, fracciones I, II y XVI, en la porción normativa "Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y", de la Ley Número 107 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bácum, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés;
• Artículos 81, fracciones II, inciso e), y III, inciso a), y 83, fracción I, numeral 3, de la Ley Número 114 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés;
• Artículos 67, fracciones I, II y XVI, en la porción normativa "Por búsqueda de información solicitada por contribuyente", y 69, fracción II, último párrafo, numeral 4, de la Ley Número 121 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Empalme, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés;
• Artículo 40, fracción I, numeral 7, de la Ley Número 120 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés;
• Artículos 74, fracciones I, II y IV, en la porción normativa "Búsqueda de información solicitada por contribuyente y", y 77, fracciones III y VI, inciso d), numeral 3, de la Ley Número 125 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas de Zaragoza, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés;
• Artículos 31, 32, 88, fracción V, 123, fracción III, inciso a), 125, fracciones III y VI, y 150, fracción XVIII, incisos b), c), d), e), f) y g), de la Ley Número 126 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés;
• Artículo 32, fracción I, inciso b), de la Ley Número 131 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Ímuris, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; y,
• Artículos 77, 104, fracciones I, II y XVI, en la porción normativa "Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y", y 121, fracción II, numeral 1, de la Ley Número 140 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.
2. La parte accionante estimó violados los artículos 1o., 6o., 9o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 19 y 21 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
3. Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, la presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 60/2023 y designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.
4. Por auto de siete de marzo del mismo año, el Ministro instructor admitió a trámite la acción referida y ordenó dar vista a los órganos legislativo que emitió la norma y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.
5. Informes de las autoridades. Mediante oficios presentados, respectivamente, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y el doce de abril del mismo año en la Oficina Local de Correos de México, el Congreso y el gobernador del Estado de Sonora rindieron sus respectivos informes.
6. Informes que se tuvieron por recibidos a través de los autos de veintiuno de abril y ocho de mayo siguientes del Ministro instructor.
7. Alegatos y cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, en ese mismo proveído, se declaró cerrada la instrucción.
I. COMPETENCIA
8. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés –modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año–, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve este medio de control contra leyes locales por considerarlas violatorias de derechos humanos.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
9. A partir del contenido integral de la demanda que dio lugar a esta acción de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 41, fracción I,(1) en relación con el diverso 73, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Alto Tribunal tiene como normas impugnadas las que se enlistan a continuación:
• Artículos 29, fracciones I, II y XI, en la porción normativa "Por búsqueda de información solicitada por el contribuyente y", 30, fracción III, y 31, fracción II, numeral 1, de la Ley Número 101 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés;
• Artículo 68, fracciones I, II y XVI, en la porción normativa "Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y", de la Ley Número 107 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bácum, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés;
• Artículos 81, fracciones II, inciso e), y III, inciso a), y 83, fracción I, numeral 3, de la Ley Número 114 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés;
• Artículos 67, fracciones I, II y XVI, en la porción normativa "Por búsqueda de información solicitada por contribuyente", y 69, fracción II, último párrafo, numeral 4, de la Ley Número 121 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Empalme, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés;
• Artículo 40, fracción I, numeral 7, de la Ley Número 120 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés;
• Artículos 74, fracciones I, II y IV, en la porción normativa "Búsqueda de información solicitada por contribuyente y", y 77, fracciones III y VI, inciso d), numeral 3, de la Ley Número 125 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas de Zaragoza, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés;
• Artículos 31, 32, 88, fracción V, 123, fracción III, inciso a), 125, fracciones III y VI, y 150, fracción XVIII, incisos b), c), d), e), f) y g), de la Ley Número 126 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés;
• Artículo 32, fracción I, inciso b), de la Ley Número 131 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Ímuris, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; y,
• Artículos 77, 104, fracciones I, II y XVI, en la porción normativa "Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y", y 121, fracción II, numeral 1, de la Ley Número 140 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.
III. OPORTUNIDAD
10. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal dispone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada; mientras que el diverso 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que "el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente".
11. Lo que permite establecer que, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a aquél en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, sin que deban excluirse los días inhábiles, en la inteligencia de que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.
12. En el caso, las normas cuya declaración de invalidez se solicita fueron publicadas en el Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora el jueves veintinueve de diciembre de dos mil veintidós; de ahí que el plazo de treinta días naturales para ejercer la acción de inconstitucionalidad corrió del viernes treinta de diciembre de dos mil veintidós al sábado veintiocho de enero de dos mil veintitrés.
13. Por tanto, si el escrito de demanda relativo a la presente acción de inconstitucionalidad fue presentado el lunes treinta de enero de dos mil veintitrés en el Buzón Oficial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el primer día hábil siguiente al último día del plazo –que resultó inhábil–, es claro que la promoción resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
14. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, establece:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: ...
"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; ..."
15. Disposición que ha sido interpretada por este Tribunal Pleno en la jurisprudencia de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA.",(2) conforme a la cual las acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales pueden promoverse, entre otros, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal.
16. Ahora bien, en el caso, la demanda fue presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su Presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, lo que acredita con la copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Senado de la República, por el periodo que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro; funcionaria que tiene las facultades de representación de ese órgano autónomo en términos de lo dispuesto por el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(3)
17. Por tanto, si se plantea la inconstitucionalidad de diversos artículos contenidos en las leyes de ingresos de diversos Municipios del Estado de Sonora –por considerarlos violatorios de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, acceso a la información pública y libertad de reunión, así como de los principios de proporcionalidad y equidad tributarias–, dicha comisión tiene legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad.
V. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO
18. Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso diversos conceptos de invalidez divididos en cinco temas, en los que medularmente sostuvo lo siguiente:
Primero. Derechos por el servicio de alumbrado público previstos en el artículo 77 de la Ley Número 140 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora.
I. La indicada norma legal viola el principio de legalidad, toda vez que, al determinar la cuota a pagar dependiendo de las tarifas fijadas por la Comisión Federal de Electricidad por tipo de suministro del fluido eléctrico de cada contribuyente, el legislador local en realidad establece un impuesto por el consumo de energía eléctrica y, en esa virtud, se excede en sus atribuciones, ya que, en términos del artículo 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), de la Constitución Federal, la facultad impositiva corresponde al Congreso de la Unión.
II. La citada disposición legal viola el principio de legalidad tributaria, en la medida en que:
• Es incongruente en cuanto a la forma de obtener la cuantía del tributo, ya que si bien, en su primer párrafo, dispone que el monto del derecho se cuantificará en función del costo total del servicio entre el número de usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad y el número de propietarios y poseedores de predios construidos o sin construir o baldíos que no sean usuarios ante esa comisión, lo cierto es que, en su segundo párrafo, introduce como elemento indispensable para la cuantificación una tabla de tarifas usadas por la Comisión Federal de Electricidad para determinar el consumo de energía eléctrica, según su destino e intensidad de uso.
• Esta incongruencia se aprecia aun más si se atiende a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora que, en sus artículos 108, 108 bis, 109, 110, 110 bis y 111, reiteran que la cuota a pagar por el servicio de alumbrado público debe calcularse en función del costo total del servicio entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos que no estén registrados.
III. El precepto legal de trato viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, dado que determina el derecho considerando un elemento totalmente ajeno al costo real del servicio prestado por el Municipio, en los términos siguientes:
• Los derechos por alumbrado público únicamente pueden establecerse en función del costo que le genera la prestación del servicio al Municipio de que se trate, además de que las cuotas deben ser fijas e iguales para los que reciban el mismo servicio, y no diferenciadas respecto del consumo personal de los habitantes.
• Las tarifas aplicables al derecho no guardan relación con el costo que para el Estado tiene la realización del servicio, sino que impone diversos montos por su prestación, lo que hace presumir que se atiende a la capacidad económica de la persona a partir del tipo de tarifa y servicio suministrado por la Comisión Federal de Electricidad.
Segundo. Impuestos adicionales establecidos en los artículos 31 y 32 de la Ley Número 126 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.
Los citados preceptos legales violan el principio de proporcionalidad tributaria, en tanto prevén la obligación a cargo de los contribuyentes de pagar un impuesto adicional sobre diversos impuestos y derechos municipales, sin que ello atienda a su efectiva capacidad para contribuir al gasto público, habida cuenta de que:
• Esos impuestos adicionales no pueden entenderse como una sobretasa, en virtud de que su hecho imponible se materializa hasta el momento de cumplir con el pago de las contribuciones municipales; de ahí que tampoco participen de la misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio sobre el cual se calcula su monto, pues no se encuentran circunscritos a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje, sino que tienen por objeto todos los pagos por concepto de diversos impuestos y derechos municipales.
• Al tratarse de impuestos adicionales, que tienen como hecho imponible el pago de otros impuestos y derechos municipales, no atienden a la verdadera capacidad contributiva de los sujetos pasivos, ya que los pagos de dichas contribuciones no revelan una manifestación de riqueza por parte de los gobernados.
• Invoca como apoyo de su dicho la jurisprudencia de la Segunda Sala de este Alto Tribunal de rubro: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."(4)
Tercero. Derechos en materia de servicios relacionados con el acceso a la información pública, establecidos en los artículos 88, fracción V, y 150, fracción XVIII, incisos b), c), d), e), f) y g), de la Ley Número 126 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. Los citados preceptos legales vulneran el derecho de acceso a la información pública, específicamente el principio de gratuidad que lo rige, toda vez que:
• Establecen cuotas injustificadas y excesivas por la reproducción de información pública (en copias simples y certificadas, planos, impresiones, discos flexibles y discos compactos), siendo que únicamente pueden realizarse cobros equivalentes a los costos del material de entrega, del envío, en su caso, y el de su certificación.
• Máxime que el legislador local no atendió a la obligación constitucional de hacer explícitos los costos y, en general, la metodología que le permitió arribar a las tarifas por la reproducción de la información, a efecto de que se pudiera analizar si dichas cuotas se fijaron de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos.
• Las cuotas tienen un impacto desproporcional sobre el sector mediático, pues al realizar cobros por la entrega de información, las normas inhiben y tornan ilícita la tarea de los periodistas de buscar información sobre temas de interés público.
Cuarto. Derechos por búsqueda y expedición de copias simples y certificadas de documentos oficiales no relacionados con el derecho de acceso a la información pública, previstos en los artículos 123, fracción III, inciso a), y 125, fracciones III y VI, de la Ley Número 126 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; 74, fracciones I, II y IV, y 77, fracción III, de la Ley Número 125 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas de Zaragoza, Sonora; 29, fracciones I, II y XI, y 30, fracción III, de la Ley Número 101 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, Sonora; 81, fracciones II, inciso e), y III, inciso a), y 83, fracción I, numeral 3, de la Ley Número 114 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio Cajeme, Sonora; 68, fracciones I, II y XVI, de la Ley Número 107 de Ingresos y Presupuestos de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bácum, Sonora; 67, fracciones I, II y XVI, de la Ley Número 121 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Empalme, Sonora; 104, fracciones I, II y XVI, de la Ley Número 140 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora; 40, fracción I, numeral 7, de la Ley Número 120 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora; y 32, fracción I, inciso b), de la Ley Número 131 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Ímuris, Sonora.
Las mencionadas disposiciones legales transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, habida cuenta de que:
• Las tarifas no atienden al costo real que implica al Ayuntamiento la prestación del servicio de búsqueda y expedición de copias, además de que establecen cobros diferenciados para los mismos servicios.
• Respecto de las cuotas por entrega de información no se advierte razonabilidad, pues no hay relación entre el costo de los materiales que usa el gobierno para prestar ese servicio (hojas y tinta) y el monto cobrado.
• Por lo que hace a la búsqueda de información, se trata de una actividad que no genera costos, pues basta que el funcionario encargado la localice, de manera que no puede existir un lucro o ganancia.
• Sobre el cobro de certificaciones, las cuotas resultan desproporcionadas porque si bien el servicio implica la reproducción del documento original y el asentamiento de la leyenda respectiva del funcionario con fe pública, lo cierto es que el costo es excesivo sin que pueda existir un lucro en favor del gobierno municipal; máxime que no puede cobrarse la impresión de la firma de ese funcionario, pues ello, más bien, corresponde al cumplimiento de sus atribuciones.
Quinto. Derechos para la obtención de permisos para fiestas sociales o familiares establecidos en los artículos 77, fracción VI, inciso d), numeral 3, de la Ley Número 125 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas de Zaragoza, Sonora; 31, fracción II, numeral 1, de la Ley Número 101 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, Sonora; 69, fracción II, último párrafo, numeral 4, de la Ley Número 121 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Empalme, Sonora; y 121, fracción II, numeral 1, de la Ley Número 140 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora.
Las mencionadas disposiciones legales violan el derecho a la libertad de reunión en el espacio público o privado, habida cuenta de que:
• El legislador estableció cobros entre cinco y diez unidades de medida de actualización por el otorgamiento de permisos para la realización de fiestas, lo que sujeta la posibilidad de reunión de los habitantes a la previa autorización municipal.
• El permiso no se refiere a la utilización de vías públicas u otros bienes de uso común que se aprovechen o que justificaran de algún modo la cuota, sino que supone cobros por el simple hecho de llevar a cabo festejos o celebraciones particulares, lo que pertenece exclusivamente a la esfera de derechos privados de las personas, como la materialización de una libertad constitucionalmente reconocida.
• Si bien es admisible que se exijan permisos para el funcionamiento de establecimientos comerciales en los que puedan realizarse eventos sociales, lo cierto es que no es válido cobrar a los particulares para poder reunirse, pues ello constituye una medida arbitraria.
• Dada la generalidad de las normas impugnadas que prevén el cobro de un derecho por la emisión de un permiso para que los gobernados tengan reuniones o eventos sociales, se advierte que el ejercicio del derecho de reunión queda condicionado al pago para la obtención del permiso respectivo.
19. Informe del Poder Legislativo del Estado de Sonora. Expuso los argumentos siguientes:
A. Procedencia. Solicitó que se sobreseyera en la acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
B. Fondo. Esgrimió los argumentos de defensa que se resumen a continuación:
• El Congreso del Estado de Sonora cuenta con las facultades constitucionales y legales para expedir las leyes de ingresos municipales y, específicamente, para incluir en ellas las cuotas en materia de alumbrado público, de conformidad con los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5, último párrafo, y 115 de la Constitución Federal.
• El hecho de que se tomen como base las tarifas que se aplican a los usuarios en la Comisión Federal de Electricidad, obedece a la implementación de un mecanismo del que se vale el Municipio para el cobro del derecho por el servicio de alumbrado público, pero no grava el consumo de energía eléctrica.
• Los impuestos adicionales previstos en las leyes de ingresos municipales impugnadas tienen su fundamento en los artículos 100, 101, 102 y 103 de la Ley de Hacienda Municipal, y otorgan certeza a los particulares en tanto especifican el tipo de cobro que se realizará y el destino de la recaudación. En consecuencia, dichos preceptos no son contrarios a los principios de legalidad jurídica y proporcionalidad tributaria, pues el hecho de que tomen como base el monto a pagar por concepto de otros impuestos o derechos sirve para reflejar la capacidad de pago del contribuyente, aunado a que son proporcionales con el costo que implica para el Municipio prestar el servicio, tienen un fin constitucionalmente válido, no son excesivos, no buscan satisfacer necesidades privadas o individuales y tienen como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios.
• Los cobros municipales por concepto de acceso a la información se ubican dentro de los conceptos de derechos y productos, de ahí que no se encuentren sujetos a los mismos principios de equidad y proporcionalidad tributarias a los que sí se sujetan las contribuciones. Más aún, el hecho de que se establezca una tarifa por la reproducción de información y documentos en fotocopias y/o en cualquier otro medio magnético, no implica propiamente un costo para el gobernado, por lo que los artículos impugnados no violan el principio de gratuidad, en tanto se dirigen a los procedimientos para la obtención de la información y no a los eventuales costos de los soportes en los que ésta se entregue.
• La tarifa y/o cobro por el servicio brindado por los Municipios por la búsqueda y reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información, no es desproporcionada, pues incluye no sólo el costo de los materiales de reproducción, sino el gasto total del servicio.
• El establecimiento de contribuciones por derechos para efectos de otorgar autorizaciones eventuales para la realización de fiestas sociales o familiares no vulnera el artículo 9o. de la Constitución Federal, porque en ningún momento se coarta el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito al imponerse el cobro de derechos por parte de los Municipios, en atención a que en la mayoría de los casos se actualiza el supuesto que da como resultado el uso o aprovechamiento de bienes públicos en la realización de dichas reuniones o, en su defecto, corresponden al riesgo que conllevan para el orden y seguridad pública.
20. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Esta autoridad manifestó esencialmente lo siguiente:
• El legislador estatal goza de un amplio margen de deferencia para determinar los valores comerciales de los insumos en el territorio sonorense, lo que debe valorarse al analizar la proporcionalidad de las normas referentes a cobros por costo del s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32189-c2162604/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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