I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LAS DISPOSICIONES LOCALES, QUE PREVÉN COSTOS QUE NO INCIDEN EN EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, DEBEN ANALIZARSE BAJO LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA, NO A PARTIR DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL REFERIDO DERECHO. IV. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN EL REGISTRO CIVIL. LA PREVISIÓN LOCAL, QUE PREVÉ UN COBRO QUE NO GUARDA UNA RELACIÓN RAZONABLE ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO Y LOS MATERIALES UTILIZADOS, ES DESPROPORCIONADA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN V, INCISO N), DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TULUM DEL ESTADO DE QUINTANA ROO]. V. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. ANÁLISIS DEL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO POR EL ESTADO Y LOS MATERIALES UTILIZADOS EN ASPECTOS NO RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TULUM DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS CUOTAS POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA CARECEN DE FUNDAMENTACIÓN REFORZADA POR PARTE DE LA LEGISLATURA LOCAL, POR LO QUE NO ATIENDEN A NINGUNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE DE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y, POR ENDE, VULNERAN EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DE ESTE DERECHO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TULUM DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 74, FRACCIÓN V, INCISO N), Y 138 DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TULUM DEL ESTADO DE QUINTANA ROO].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 20/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 25 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 20/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los artículos 74, fracción V, inciso n); 85, fracción III; y 138 de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto 020, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Presentación del escrito inicial. A través de escrito recibido el dieciocho de enero de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su calidad de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que cuestiona la regularidad de los artículos 74, fracción V, inciso n); 85, fracción III; y 138 de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, Quintana Roo, expedida mediante Decreto 020, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.
2. Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso, en síntesis, los siguientes argumentos:
Primero. Los artículos 74, fracción V, inciso n); y 85, fracción III, de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, prevén cobros injustificados y desproporcionados por la búsqueda y expedición de documentos no relacionados con el derecho de acceso a la información pública.
En concreto, las normas impugnadas establecen el cobro de derechos por los servicios de búsqueda de información que obra en los archivos del Registro Civil y por la expedición de copias certificadas solicitadas al ayuntamiento; sin embargo, las tarifas no atienden a los costos que representa la prestación de tales servicios, lo que vulnera el principio de proporcionalidad de las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Segundo. El artículo 138 de la Ley de Ley de Hacienda del Municipio de Tulum establece cuotas injustificadas y excesivas por la reproducción de información pública y, por tanto, vulnera el derecho de acceso a la información y el principio de gratuidad que lo rige.
En la disposición impugnada se prevé el cobro por la expedición de documentos en copias simples, de seis fojas en adelante, por cada una, así como por la reproducción de información en videocinta y disco compacto, tratándose de información que proporcionen los sujetos obligados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto transgrede el principio de gratuidad que rige el derecho de acceso a la información, conforme al cual, por regla general, sólo puede recuperarse excepcionalmente el costo del material de entrega, envío o certificación, en el entendido de que cualquier cobro debe ser justificado por el legislador.
En el caso, el Congreso local no justificó las cuotas atendiendo al costo de los materiales necesarios para la reproducción de información, puesto que en el dictamen correspondiente no se encuentra razonamiento alguno tendente a acreditar las razones que sirvieron para determinarlas, lo que significa que se establecieron de forma arbitraria. Esto tiene un impacto desproporcionado sobre el gremio periodístico, cuya función social es buscar información sobre temas de interés público.
3. Radicación, admisión y trámite. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 20/2023, y la turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la instrucción del procedimiento.
4. Por acuerdo dictado el dieciséis de marzo siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y, entre otras cosas, dio vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Quintana Roo para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que estuvieran en posición de manifestar lo que conforme a su competencia correspondiera.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. A través de escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de mayo de dos mil veintitrés, el encargado de despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo rindió el informe solicitado. Dicha autoridad expuso fundamentalmente lo siguiente:
La promulgación y publicación del Decreto que contiene las normas impugnadas es legal porque fueron realizados por la Gobernadora en cumplimiento a lo que establece la Constitución del Estado de Quintana Roo y la Ley del Periódico Oficial de dicha entidad.
Por lo que hace a la inconstitucionalidad de los artículos 74, fracción V, inciso n); y 85, fracción III, de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, el servicio de búsqueda de documentos que presta el Registro Civil sí genera un gasto en horas hombre para el Estado, ya que al realizar esa actividad el servidor público deja de realizar otras funciones, sumado a que necesariamente la información se hará del conocimiento del solicitante a través de un escrito, lo que genera un costo, al igual que la certificación y legalización de documentos.
En cuanto al artículo 138 de la ley impugnada, el legislador sí previó la opción de gratuidad en la reproducción de documentos, siempre que el solicitante provea los medios magnéticos o electrónicos para ello, lo que está armonizado con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de mayo de dos mil veintitrés, el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo rindió el informe solicitado, en el que manifestó:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos carece de competencia para impugnar a través de la acción de inconstitucionalidad normas de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, bajo el argumento de que contravienen el principio de proporcionalidad tributaria. Ello, porque de acuerdo con lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, únicamente puede hacerlo en contra de leyes que vulneren derechos humanos.
El Decreto impugnado es constitucional porque el legislador justificó claramente el cobro de los derechos impugnados, ya que se tomó en cuenta el objeto real del servicio público solicitado por el contribuyente y fue determinado en función al costo que representa para el Municipio prestar esos servicios. Además, del dictamen correspondiente se observa que los derechos se establecieron con el fin de contribuir a fortalecer y garantizar la seguridad pública, la salud y la urbanización en el Estado.
Los cobros establecidos en el artículo 138 de la ley impugnada no vulneran el derecho de acceso a la información, puesto que únicamente se trata del cobro por los materiales que se utilicen para reproducir la información que proporcionen los sujetos obligados de naturaleza municipal. Incluso, respecto de las fracciones II y III del referido precepto se prevé que no se realizará ningún cobro cuando el solicitante presente el material que se requiera para la reproducción de la información.
7. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento.
8. Alegatos y cierre de la instrucción. Agotado el trámite de la acción de inconstitucionalidad, el veintiuno de junio de dos mil veintitrés se dictó el acuerdo de cierre de instrucción. Con independencia de lo anterior, el tres de julio siguiente se incorporó al expediente el escrito de alegatos presentado por el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, que fue depositado oportunamente en la oficina de correos de la localidad.
9. Returno. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación returnó el expediente a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad en términos de lo establecido en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea que diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, contravienen la Constitución Federal.
II. PRECISIÓN DE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS
11. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestiona la regularidad de los artículos 74, fracción V, inciso n); 85, fracción III; y 138 de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto 020, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Las disposiciones impugnadas establecen:
Artículo 74. Los derechos por los servicios que presta el Registro Civil, se pagarán de acuerdo con las cuotas siguientes:
Ver cuota
Artículo 85. Las certificaciones o legalizaciones de documentos a que se hace referencia en el artículo anterior, causarán derechos conforme a la siguiente:
Ver tarifa
Artículo 138. Por los materiales que se utilicen para reproducir la información que proporcionan los sujetos obligados de naturaleza municipal, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pagarán un derecho conforme a lo siguiente:
I. Por la expedición de documentos en copia simple:
a) De una a cinco fojas no se causará derecho alguno.
b) De seis fojas en adelante 0.04 U.M.A. por cada una;
II. Por la expedición de videocintas 4 U.M.A por cada una, y
III. Por la expedición de disco compacto 2 U.M.A. por cada uno.
Tratándose de los dispuesto en las fracciones II y III, no se realizará cobro alguno, cuando el solicitante presente ante la Unidad de Transparencia que corresponda, el material señalado en esas fracciones o cualquier otro que se requiera para la reproducción de la información solicitada.
III. OPORTUNIDAD
12. Conforme a lo previsto en el artículo 60, párrafo primero,(3) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Ley Reglamentaria), el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente. Esto, en el entendido de que si el último día del plazo es inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
13. En el caso, la acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente.
14. Es así, porque las disposiciones impugnadas de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum están contenidas en el Decreto 020, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el lunes diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. De esta forma, el plazo para promover este medio de control constitucional transcurrió del martes veinte de diciembre de dos mil veintidós al miércoles dieciocho de enero de dos mil veintitrés, mientras que el escrito inicial fue recibido en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el último día del plazo.
IV. LEGITIMACIÓN
15. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por un órgano legitimado.
16. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover este medio de control constitucional en contra de leyes de las entidades federativas –entre otras normas generales– que desde su perspectiva vulneren derechos humanos. Por su parte, el diverso 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria,(4) aplicable en términos del numeral 59 de dicho ordenamiento,(5) prevé que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.
17. En el caso, el escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, quien acreditó tener el carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(6) y plantea que las disposiciones impugnadas vulneran los artículos 1, 6 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 2 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. De forma destacada, argumenta que se contraviene el derecho de acceso a la información pública –concretamente el mandato de gratuidad que lo rige–, así como del principio de proporcionalidad tributaria.
18. Además, en términos de lo previsto en los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(7) y 18 de su Reglamento Interno,(8) corresponde a la Presidenta de dicha Comisión su representación legal, así como la promoción de las acciones de inconstitucionalidad.
19. De acuerdo con lo anterior, como se anunció, este medio de control constitucional fue promovido por un órgano legitimado, por conducto de la funcionaria facultada para representarlo.
20. En relación con este tema, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo argumentó que la acción de inconstitucional es improcedente porque la Comisión accionante carece de atribuciones para promover la acción de inconstitucionalidad, en virtud de que no plantea la vulneración de derechos humanos, sino la violación del principio de proporcionalidad tributaria.
21. Ese argumento es infundado, ya que el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal condiciona la procedencia de la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la denuncia de inconstitucionalidad de leyes federales o locales que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que México sea parte, sin que de esa norma se desprenda algún límite o restricción que impida reconocer la legitimación de dicha Comisión para promover acción de inconstitucionalidad en contra de normas tributarias.
22. Incluso, este Alto Tribunal ha sostenido en múltiples precedentes(9) que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de ingresos de las entidades federativas, puesto que este tipo de normas, al establecer tributos, se encuentran sometidas a los principios que rigen la materia fiscal en términos de lo establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, como los de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad, los cuales, además de constituir derechos fundamentales, enuncian las características que permiten construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
23. En virtud de que las cuestiones relativas a la procedencia de la acción son de estudio preferente, procede examinar los planteamientos expresados sobre ese aspecto por las autoridades del Estado de Quintana Roo, que no han sido materia de estudio previamente.
24. El Poder Ejecutivo local manifestó en su informe que la promulgación y publicación del decreto impugnado se realizaron conforme a sus atribuciones; además, que la disposición combatida no contraviene la Constitución. Aunque dicha autoridad no precisó con claridad si esos argumentos se hicieron valer como causas de improcedencia, por exhaustividad se estima oportuno abordarlos en este apartado.
V.1. Causa de improcedencia relacionada con la participación del Poder Ejecutivo local en la expedición de la disposición impugnada.
25. El motivo de improcedencia resulta infundado.
26. Por un lado, los artículos 61, fracción II(10) y 64, párrafo primero,(11) de la Ley Reglamentaria, establecen que en el escrito inicial el promovente deberá señalar, entre otras cosas, los órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas, a quienes se les requerirá un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a evidenciar la validez de sus actos o la improcedencia del medio de impugnación.
27. En ese sentido, como lo ha precisado este Tribunal Pleno, no se actualiza una causa de improcedencia bajo el argumento de que el Poder Ejecutivo local realizó la promulgación y publicación de la norma impugnada conforme a las facultades que le otorga algún ordenamiento, pues dicha autoridad se encuentra invariablemente implicada en la emisión de la norma impugnada, y, por ende, debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal. Esto, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 38/2010, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES”.(12)
V.2. Causa de improcedencia relacionada con la constitucionalidad de las normas reclamadas.
28. También es infundado lo argumentado en torno a que las normas cuestionadas no vulneran derechos humanos, puesto que ello constituye una cuestión que no se vincula con la procedencia de la acción, sino que corresponde al estudio de fondo del asunto. Sirve de apoyo lo establecido en la tesis P./J. 36/2004, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.(13)
29. No pasa inadvertido que el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo manifestó en su escrito de alegatos que, como lo señaló en su informe, la acción de inconstitucionalidad es improcedente en virtud de que el plazo para promoverla feneció antes de la presentación del escrito inicial;(14) sin embargo, no es posible realizar mayor pronunciamiento al respecto porque en realidad dicha autoridad no hizo valer ese motivo de improcedencia ni expuso algún razonamiento sobre ese tópico en su informe. Máxime que, conforme a lo considerado anteriormente, se advierte que este medio de control constitucional fue promovido oportunamente.
30. Dicho lo anterior, este Tribunal Pleno no advierte, de oficio, que se actualice algún motivo de improcedencia, por lo que al haberse desestimado los que hicieron valer las autoridades del Estado de Quintana Roo que fueron analizados en este apartado, así como en el considerando relativo a la legitimación, corresponde abordar el estudio de fondo de la acción de inconstitucionalidad.
VI. ESTUDIO DE FONDO
31. En principio, conviene precisar que las normas impugnadas y los conceptos de invalidez formulados por la accionante se vinculan con problemáticas distintas.
32. Los artículos 74, fracción V, inciso n); y 85, fracción III, de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum se relacionan con el cobro de derechos por la búsqueda y expedición de copias certificadas de documentos que no se relacionan directamente con el ejercicio del derecho de acceso a la información. Es así, porque el cobro de los derechos por la reproducción de información que proporcionen los sujetos obligados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentran previstos en un capítulo específico de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, que precisamente comprende el diverso 138, también impugnado. 33. Por lo anterior, en el análisis de fondo se consideran esas diferencias para distinguir los temas.
VI.1. Cobro por los servicios de búsqueda y reproducción de documentos no relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información.
34. En su primer concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumenta, fundamentalmente, que los artículos 74, fracción V, inciso n); y 85, fracción III, de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum contravienen el principio de proporcionalidad tributaria. Ello, porque en tales preceptos se prevé el cobro por la búsqueda de documentos en el Registro Civil y por la expedición de copias certificadas de constancias que se encuentran en los archivos municipales; sin embargo, las cuotas establecidas no atienden a los costos que representa para el Estado la prestación del servicio correspondiente.
35. Como se adelantó, estas disposiciones no inciden en el derecho de acceso a la información, por lo que corresponde analizarlas bajo la óptica de los principios de justicia tributaria que rigen a los derechos en general y no bajo la especial óptica del derecho de acceso a la información.
36. El principio de proporcionalidad tributaria se encuentra previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal,(15) y su aplicación en el ámbito de los derechos por servicios ha sido desarrollada jurisprudencialmente.
37. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes, como la acción de inconstitucionalidad 93/2020,(16) así como en otros más recientes,(17) ha sostenido que para considerar constitucionales las normas que prevén las contribuciones denominadas derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cosas, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser iguales para todos aquellos que reciban el mismo servicio.
38. Lo anterior, porque la naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta a la de los impuestos, de manera que para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributarios es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, el costo que para el Estado implica la prestación del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé determinado derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio.
39. Esto se encuentra reflejado en las jurisprudencias P./J. 2/98 y P./J.3/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por su relevancia conviene transcribir:
DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.(18)
DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.(19)
40. Ahora bien, las Salas de este Alto Tribunal han establecido que la solicitud de copias certificadas y el pago de los correspondientes derechos implica para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas, de modo que dicho servicio es un acto instantáneo porque se agota en el mismo acto en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo.
41. También precisaron que las copias simples son meras reproducciones de documentos que para su obtención se colocan en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, mientras que las copias certificadas involucran la fe pública del funcionario que las expide, la cual es conferida expresamente por la ley como parte de sus atribuciones.
42. Además, las Salas de esta Suprema Corte consideraron que la fe pública es la garantía que otorga el funcionario respectivo al determinar que el acto de reproducción se otorgó conforme a derecho y que lo contenido en él es cierto, proporcionando seguridad y certeza jurídica al interesado. A partir de lo anterior y de aludir a la trascendencia de la fe pública y al significado del vocablo certificar, concluyeron que el servicio que presta el Estado en ese supuesto se traduce en la expedición de las copias que se soliciten y el correspondiente cotejo con el original que certifica el funcionario público en ejercicio de las facultades que le confiere una disposición jurídica.
43. Asimismo, que a diferencia de lo que ocurre en el derecho privado, la correspondencia entre el servicio proporcionado por el Estado y la cuota aplicable por el acto de certificar no debe perseguir lucro alguno, puesto que se trata de una relación de derecho público, de modo que para que la cuota aplicable sea proporcional debe guardar relación razonable con lo que cuesta para el Estado la prestación de dicho servicio.
44. Esos precedentes dieron origen a las tesis 1a./J. 132/2011, de la Primera Sala, y 2a. XXXIII/2010, de la Segunda Sala, que establecen, respectivamente, lo siguiente:
DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA CUOTA A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006). Tratándose de los derechos por servicios, los principios tributarios de proporcionalidad y equidad se cumplen cuando el monto de la cuota guarda congruencia razonable con el costo que tiene para el Estado la realización del servicio prestado, además de que el costo debe ser igual para los que reciben idéntico servicio. Lo anterior es así, porque el objeto real de la actividad pública se traduce en la realización de actos que exigen de la administración un esfuerzo uniforme; de ahí que la cuota debe atender al tipo de servicio prestado y a su costo, es decir, debe existir una correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota. En ese sentido, se concluye que el artículo 5o., fracción I, de la Ley Federal de Derechos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, al disponer que tratándose de la expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio se pagarán once pesos moneda nacional, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Políti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33699-9dcc5c03/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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