I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES. IV. SERVICIO POR BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. LAS DISPOSICIONES QUE NO ESTÁN VINCULADAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SINO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. V. DERECHOS POR SERVICIOS. PARA RESPETAR LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DEBE TENERSE EN CUENTA EL COSTO QUE PARA EL ESTADO IMPLICA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PUES A PARTIR DE ESTA CIRCUNSTANCIA PUEDE DETERMINARSE SI LA NORMA QUE PREVÉ DETERMINADO DERECHO OTORGA UN TRATO IGUAL A LOS SUJETOS QUE SE ENCUENTREN EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS Y SI ES PROPORCIONAL O ACORDE AL COSTO QUE CONLLEVA ESE SERVICIO. VI. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. CONSISTE EN LA EXPEDICIÓN DE LAS COPIAS QUE SE SOLICITEN Y EL CORRESPONDIENTE COTEJO CON EL ORIGINAL QUE CERTIFICA EL FUNCIONARIO PÚBLICO EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE UNA DISPOSICIÓN JURÍDICA. VII. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. EL COBRO POR LAS COPIAS SOLICITADAS NO DEBE SER COMO EN EL DERECHO PRIVADO, PUES NO PUEDE EXISTIR UN LUCRO O UNA GANANCIA PARA EL ESTADO, SINO QUE EL MONTO DEBE GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO. VIII. DERECHOS POR SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS. LA NORMA QUE ESTABLECE EL COBRO DE UN DERECHO POR LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS EN EL REGISTRO CIVIL POR EL EQUIVALENTE A UNO PUNTO CUATRO VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), RESULTA DESPROPORCIONAL, YA QUE NO GUARDA UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO Y LOS MATERIALES UTILIZADOS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 83, FRACCIÓN IV, INCISO N), DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BACALAR, ESTADO DE QUINTANA ROO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 024, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS]. IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN IV, INCISO N), DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BACALAR, ESTADO DE QUINTANA ROO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 024, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 19/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 24 DE AGOSTO DE 2023. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES; HIZO SUYO EL ASUNTO EL MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: REYNALDO DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 19/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 83, fracción IV, inciso n), de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo, reformado mediante Decreto 024, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. A través de escrito recibido el dieciocho de enero de dos mil veintitrés por medio del Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que cuestiona la regularidad del artículo 83, fracción IV, inciso n), de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo, reformado mediante Decreto 024, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. En la disposición impugnada se prevé el cobro de un derecho por la búsqueda de documentos en el Registro Civil.
2. Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso los siguientes argumentos:
• En virtud de que la norma impugnada regula el pago de un servicio prestado por un ente público que no se relaciona con el ejercicio del derecho de acceso a la información, es oportuno analizarla bajo la óptica del principio de proporcionalidad tributaria.
• La disposición impugnada, que prevé el cobro de 1.4 Unidades de Medida y Actualización por la búsqueda de documentos que obran en los archivos del Registro Civil Municipal, transgrede el principio de proporcionalidad de las contribuciones reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en virtud de que la tarifa no atiende a los costos del servicio que representó para el Estado la simple búsqueda de documentos, en tanto la actividad necesaria para realizarla no implica un gasto por la utilización de materiales u otros insumos que supongan una erogación.
• Como se trata de una actividad en la que la persona servidora pública encuentra un documento o información existente en el Registro Civil, no es justificable ni proporcional cobrar por la simple búsqueda, sobre todo porque no puede existir un lucro o ganancia. Además, esa actividad requiere de menores recursos que la certificación de documentos o la expedición de copias simples –por ejemplo– pues es suficiente que el funcionario encargado realice la búsqueda sin generar costos adicionales para el Estado, tal como ha sido reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes.
3. Radicación, admisión y trámite. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 19/2023, y la turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para la instrucción del procedimiento.
4. Por acuerdo dictado el dieciséis de febrero siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y, entre otras cosas, dio vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Quintana Roo para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que estuvieran en posición de manifestar lo que correspondiera conforme a su competencia.
5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. A través de escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo rindió el informe solicitado. Dicha autoridad expuso fundamentalmente lo siguiente:
• La acción de inconstitucionalidad es improcedente en términos del artículo 19, fracciones VII y VIII, en relación con el 60, ambos de la Ley Reglamentaria, en virtud de que se promovió fuera del plazo de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general haya sido publicada. Esto, porque la disposición impugnada se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, por lo que el plazo aludido feneció el miércoles dieciocho de enero siguiente, mientras que el escrito inicial se recibió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Por tanto, debe decretarse el sobreseimiento de acuerdo con lo dispuesto en el diverso 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria.
• La accionante carece de competencia para impugnar el artículo 83, fracción IV, inciso n), de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar, en virtud de que sus atribuciones se limitan a la impugnación de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, situación que no acontece en la especie, pues se plantea la vulneración del principio de proporcionalidad de las contribuciones previsto en el numeral 31, fracción IV, constitucional. Lo anterior, en el entendido de que los derechos relativos a las contribuciones no forman parte de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, sino que son parte de nuestras obligaciones como mexicanos. En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad resulta improcedente.
• En cuanto a la validez de la norma impugnada, el procedimiento legislativo se llevó a cabalidad; además, los conceptos de invalidez son infundados porque el artículo 115 de la Constitución Federal faculta a las legislaturas para establecer contribuciones por la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios, dentro de las cuales se encuentran los derechos por la prestación de los servicios otorgados a través del Registro Civil como la búsqueda de documentos. En este tenor, la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar establece las condiciones para que los recursos públicos sean destinados para los fines del Estado, privilegiando el bienestar común de sus ciudadanos.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la contraprestación de los derechos por servicios no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, ya que los servicios públicos que realiza el Estado van encaminados al interés general. De acuerdo con esto, la norma impugnada no contraviene el principio de proporcionalidad de las contribuciones, sino que establece la obligación de contribuir al gasto público en ejercicio de su libertad configurativa.
6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de abril de dos mil veintitrés, el encargado del despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo rindió el informe respectivo, en el que manifestó lo siguiente:
• La promulgación y publicación del Decreto que contiene la disposición impugnada fueron realizadas en cumplimiento a lo previsto en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y en la Ley del Periódico Oficial de la entidad, que establecen la obligación de la Gobernadora de promulgar y publicar los decretos expedidos por la Legislatura local.
• La acción de inconstitucionalidad es improcedente en virtud de que el escrito inicial se presentó fuera del plazo previsto en la Ley Reglamentaria, toda vez que la accionante combate porciones normativas existentes con anterioridad, publicadas el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno mediante el Decreto 201, por lo que no se trata de un nuevo acto legislativo. Ello, porque desde la publicación del referido Decreto 201, la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar establecía en el artículo 83, fracción IV, inciso n), el cobro por la búsqueda de documentos, máxime que la cuota disminuyó; sin embargo, esa disposición no fue impugnada oportunamente, por lo que se trata de un acto derivado de otro acto consentido. Por tanto, debe decretarse el sobreseimiento.
• Los conceptos de invalidez planteados por la accionante resultan infundados, pues el pago de derechos por la búsqueda de documentos que presta el Registro Civil sí genera un gasto en "horas hombre" para el Estado, ya que al realizar dicha actividad el servidor público deja de realizar otras funciones o actividades, aunado a que el resultado de la búsqueda invariablemente se hará del conocimiento del solicitante a través de un escrito, lo que genera un gasto o erogación en insumos. En consecuencia, no se vulnera el principio de proporcionalidad.
7. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento.
8. Alegatos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo formularon alegatos por medio de escritos recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los días dieciséis y treinta de mayo de dos mil veintitrés, respectivamente.
9. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite de la acción de inconstitucionalidad, el veintiuno de junio de dos mil veintitrés se dictó el acuerdo de cierre de instrucción y el expediente pasó a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad en términos de lo establecido en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre el artículo 83, fracción IV, inciso n), de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo, y la Constitución Federal.
II. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA
11. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestiona la regularidad constitucional del artículo 83, fracción IV, inciso n), de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo, reformado mediante Decreto 024, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. La disposición impugnada, en la parte que interesa, establece:
"Artículo 83. Los derechos por los servicios que presta el Registro Civil causarán las cuotas siguientes:
Ver cuotas 1
"No se causarán los derechos a que se refiere este artículo, cuando sean solicitadas mediante oficio por las autoridades de la Federación, del Estado y de los Municipios."
III. OPORTUNIDAD
12. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Ley Reglamentaria),(3) el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente, en el entendido de que si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
13. En el caso, la acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente.
14. En efecto, la disposición impugnada está contenida en el Decreto 024, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el lunes diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. De esta forma, el plazo para promover este medio de control constitucional transcurrió del martes veinte de diciembre de dos mil veintidós al miércoles dieciocho de enero de dos mil veintitrés, mientras que el escrito inicial fue recibido a través del Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el último día del plazo.
15. Ahora, por tener estrecha relación con lo señalado en el párrafo anterior, es preciso abordar desde este apartado lo argumentado por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo en torno a que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19, fracción VII,(4) en relación con el 60,(5) y el 20, fracción II,(6) todos de la Ley Reglamentaria, debe decretarse el sobreseimiento porque la acción de inconstitucionalidad se promovió fuera del plazo legal.
16. Tal argumento resulta infundado porque parte de la premisa de que el escrito inicial se presentó el jueves diecinueve de enero de dos mil veintitrés; sin embargo, como se señaló previamente, de las constancias del expediente se deprende que en realidad se recibió en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el día anterior –dieciocho de enero–, esto es, en el último día del plazo para la promoción oportuna de la acción de inconstitucionalidad.(7)
IV. LEGITIMACIÓN
17. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada.
18. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover este medio de control constitucional en contra de leyes de las entidades federativas –entre otras normas generales– que desde su perspectiva vulneren derechos humanos. Por su parte, el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria,(8) aplicable en términos del diverso 59 de dicho ordenamiento,(9) prevé que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.
19. En el caso, el escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, quien acreditó tener el carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(10) y plantea que la disposición impugnada vulnera los artículos 1o. y 31, fracción IV, de la Constitución Federal. De forma destacada, la accionante alega la violación al principio de proporcionalidad tributaria.
20. Además, según lo previsto en los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(11) y 18 de su Reglamento Interno,(12) corresponde a la Presidenta de dicha Comisión su representación legal, así como la promoción de las acciones de inconstitucionalidad.
21. De acuerdo con lo anterior, como se anunció, el presente medio de control constitucional fue promovido por un órgano legitimado, por conducto de la funcionaria facultada para representarlo.
22. En relación con este tema, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo argumenta que la Comisión accionante carece de atribuciones para promover la presente acción de inconstitucionalidad en virtud de que no se plantea la vulneración de derechos humanos, sino que se alega la violación del principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, que no forma parte de ellos.
23. Ese argumento es infundado, ya que el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, condiciona la procedencia de la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la denuncia de inconstitucionalidad de leyes federales o locales que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que México sea parte, sin que de esa norma se desprenda algún límite o restricción que impida reconocer la legitimación de la Comisión para promover la presente acción de inconstitucionalidad en contra de normas tributarias.
24. Por el contrario, este Alto Tribunal ha sostenido en precedentes,(13) que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de ingresos de las entidades federativas, pues este tipo de normas, al establecer diversos tributos, se encuentran sometidas a los principios de la materia fiscal reconocidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, como el de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad, los cuales, además de constituir derechos fundamentales, enuncian las características que permiten construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
25. En virtud de que las cuestiones relativas a la procedencia de la acción son de estudio preferente, procede examinar los motivos de improcedencia y sobreseimiento planteados por las autoridades del Estado de Quintana Roo que no fueron materia de estudio en los considerandos anteriores.
V.1. Causas de improcedencia relacionadas con la oportunidad y el consentimiento de la norma impugnada
26. Como se expuso en el considerando tercero de esta sentencia, la acción de inconstitucionalidad fue promovida dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación del Decreto 024 –el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós–, por el que se reformó, entre otros, el artículo 83, fracción IV, inciso n), de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo, impugnado a través de la presente acción de inconstitucionalidad.
27. En ese apartado únicamente se constató que el decreto que contiene la disposición impugnada fue cuestionado oportunamente; no obstante, no se analizó si dicha norma ya se encontraba incorporada en la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar con anterioridad, es decir, si no constituye un nuevo acto legislativo susceptible de ser impugnado, o bien, si el contenido de ese enunciado jurídico es novedoso, esto es, que se trata de un nuevo acto legislativo que permite su impugnación a partir de su publicación.
28. Esto es relevante porque el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo sostiene que la acción de inconstitucionalidad es improcedente porque la accionante cuestiona una disposición que existía con anterioridad a la expedición del Decreto 024, puesto que desde la publicación del diverso Decreto 201 –el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno– ya se establecía en el artículo 83, fracción IV, inciso n), de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar, el cobro de un derecho por la búsqueda de documentos en el archivo municipal, por lo que no se está frente a un nuevo acto legislativo y, por ende, la acción de inconstitucionalidad no fue promovida oportunamente.
29. Para analizar esta causa de improcedencia es preciso recordar el criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la posibilidad de impugnar reformas legales con motivo de un nuevo acto legislativo.
30. Este Tribunal Pleno ha estudiado la figura de "nuevo acto legislativo" desde dos dimensiones: a) para verificar la oportunidad de la demanda; y, b) para constatar si una reforma legal posterior modifica el contenido normativo de un precepto y, por tanto, genera que la acción haya quedado sin materia.
31. En su primera dimensión –desde la óptica de la oportunidad– la Suprema Corte ha analizado si una norma reformada fue modificada en su contenido normativo o si únicamente sufrió alguna modificación formal o de puntuación o numeración.
32. En esos casos, cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha advertido la existencia de un nuevo acto legislativo –a partir de una modificación en el contenido normativo– se ha entendido que esos enunciados jurídicos pueden impugnarse en acción de inconstitucionalidad dentro de los treinta días siguientes a su publicación en el periódico oficial y, por el contrario, cuando se considera que el precepto reformado no constituye un nuevo acto legislativo, por no haberse modificado su contenido normativo, el Pleno ha entendido que los artículos reformados no pueden volver a impugnarse en la vía abstracta, pues su oportunidad de impugnación se surtió desde que las normas fueron publicadas originalmente –incluso en su redacción anterior–. 33. En su segunda dimensión –desde la óptica de cesación de efectos– este Alto Tribunal ha estudiado los casos en los que una reforma legal que modifica el contenido de una norma jurídica impugnada en acción de inconstitucionalidad tiene como resultado la cesación de efectos y, por tanto, el sobreseimiento en el juicio.
34. En la presente acción de inconstitucionalidad se presenta el primer supuesto, es decir, se debe analizar si el artículo 83, fracción IV, inciso n), de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo, que fue impugnado –en su reforma publicada el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós– podía ser cuestionado en esta vía por tratarse de un nuevo acto legislativo o si, por el contrario, se trata de un caso en el que el precepto vigente con anterioridad no ha sido modificado en su contenido normativo.
35. Este Tribunal Constitucional ha considerado, a partir de lo sustentado en la tesis jurisprudencial P./J. 25/2016 (10a.),(14) que existe un nuevo acto legislativo que permite la nueva impugnación de una norma a través de la acción de inconstitucionalidad, cuando se actualicen los dos siguientes aspectos:
a) Que se haya llevado a cabo un procedimiento legislativo (criterio formal); y,
b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material.
36. El primer aspecto se refiere a que la norma impugnada haya sido objeto del desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo, tales como: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Este último paso resulta relevante, pues es a partir de la publicación que puede ejercitarse la acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional por medio de los entes legitimados.
37. El segundo requisito significa que la modificación a la norma debe ser sustantiva o material, es decir, que exista un cambio que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto. Una modificación al sentido normativo será considerada un nuevo acto legislativo. Esto no acontece, como regla general, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado. Tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un precepto y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas.
38. En este sentido, no basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada. En este sentido, la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. El ajuste de la norma general debe producir un efecto normativo distinto en dicho sistema, aunque sea tenue.
39. Conforme a esta definición de nuevo acto legislativo, no cualquier modificación puede provocar la procedencia –o el sobreseimiento en el juicio, en el caso de la cesación de efectos de la norma impugnada– sino que, una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación necesariamente debe producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido, también quedarían excluidas aquellas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en la que por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos o en su defecto los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos.
40. Lo que este Tribunal Pleno busca con este entendimiento sobre el nuevo acto legislativo es controlar o verificar cambios normativos reales y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto es, cambios que afecten la esencia de la institución jurídica que se regula, que deriven precisamente del producto del poder legislativo.
41. Ahora bien, han sido múltiples las reflexiones realizadas en torno al concepto de nuevo acto legislativo, en sus criterios formal y material, como consecuencia de diversos factores. Así, el criterio de este Alto Tribunal se ha venido matizando con el objeto de evidenciar con mayor claridad los casos en que se actualiza un nuevo acto legislativo.
42. De esta forma, el criterio que actualmente rige para este Tribunal Pleno consiste en que para considerar que se está frente a un nuevo acto legislativo debe existir un cambio en el sentido normativo de la norma impugnada. Es decir, es imperioso que existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o alcance del precepto de que se trata.
43. En esta acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el artículo 83, fracción IV, inciso n), de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo, reformado mediante Decreto 024, publicado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. No obstante, como se dijo, el Poder Ejecutivo local manifiesta que esa norma se encontraba vigente previamente, con motivo de la publicación, el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, del diverso Decreto 201, de manera que el contenido de dicha norma sólo fue reiterado por la legislatura local.
44. La causa de improcedencia en estudio resulta infundada, pues el artículo impugnado sí fue objeto de una modificación en su sentido normativo con motivo de la expedición del Decreto cuestionado, como se desprende del siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo
45. Esto pone de relieve que a través del Decreto 024 impugnado se modificó la cuota a pagar por el servicio de búsqueda de documentos prestado por el Registro Civil Municipal, aspecto que fue planteado desde la iniciativa de reforma presentada por el Ayuntamiento de Bacalar, y aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Quintana Roo.
46. Ese elemento –la cuota– es precisamente el que desde el punto de vista de la Comisión accionante torna inconstitucional la contribución, ya que vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, con independencia de que se haya reducido con motivo de la expedición del decreto impugnado.
47. De ahí que, contrario a lo argumentado por el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, en el caso se está en presencia de un nuevo acto legislativo susceptible de impugnación a través de la acción de inconstitucionalidad.
48. En relación con lo anterior, el Poder Ejecutivo local también argumenta que la disposición impugnada constituye un acto derivado de otro consentido, en virtud de que la accionante no impugnó en su oportunidad el Decreto 201, publicado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno; sin embargo, es criterio de este Tribunal Pleno que ese no es un motivo de improcedencia de este medio de control constitucional. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis P./J. 118/2005, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE VÁLIDAMENTE PLANTEARSE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS."(15)
V.2. Causas de improcedencia relacionadas con la participación del Poder Ejecutivo en la expedición de la disposición impugnada y con su constitucionalidad
49. El Poder Ejecutivo local manifestó en su informe que la promulgación y publicación del decreto impugnado se realizaron conforme a sus atribuciones; además, que la disposición impugnada no contraviene derechos humanos, sin precisar con claridad si esos argumentos se hicieron valer como causas de improcedencia, por lo que se estima oportuno abordarlos desde este apartado.
50. Tales argumentos deben ser desestimados, pues los artículos 61, fracción II y 64, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria, establecen que en el escrito inicial el promovente deberá señalar, entre otras cosas, los órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas, a quienes se les requerirá un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a evidenciar la validez de sus actos o la improcedencia del medio de impugnación.
51. En ese sentido, como lo ha precisado este Tribunal Pleno, no se actualiza una causa de improcedencia bajo el argumento de que el Ejecutivo realizó la promulgación y publicación de la norma impugnada conforme a las facultades que le otorga algún ordenamiento, pues se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal. Esto, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 38/2010, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."(16)
52. Además, lo relativo a definir si la disposición impugnada contraviene o no derechos humanos corresponde al estudio de fondo, de acuerdo con lo establecido en la tesis P./J. 36/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(17)
***
53. Este Tribunal Pleno no advierte, de oficio, que se actualice algún motivo de improcedencia, por lo que al haberse desestimado los que hicieron valer las autoridades del Estado de Quintana Roo, que fueron analizados en este apartado, así com
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32192-cf37d8db/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR UN ORGANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN LA DEMANDA RESPECTIVA PUEDEN PLANTEARSE VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y, (3 (H))
- CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER (IV.2o.A. J/7 (10a.))
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS. (P./J. 96/2006 )
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