I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA (ARTÍCULOS 40, FRACCIONES V Y IX, Y 42, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADOS POR DELITO INTENCIONAL SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD", DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE NO HAYAN SIDO CONDENADAS POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO DOLOSO, SANCIONADAS CON MOTIVO DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA O POR VIOLACIONES A LAS LEYES NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE HAYAN TENIDO COMO CONCLUSIÓN CUALQUIER TIPO DE RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE IMPLIQUE EXPRESAMENTE LA ACEPTACIÓN DE LA CULPA O LA RESPONSABILIDAD, O BIEN, POR SENTENCIA CONDENATORIA FIRME, O CONDENADAS POR DELITO INTENCIONAL SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Y AQUELLAS QUE SÍ, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN O PERSONA ORIENTADORA OBRERA O PATRONAL (ARTÍCULOS 40, FRACCIONES V Y IX, Y 42, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADOS POR DELITO INTENCIONAL SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD", DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. LA NORMA QUE PREVÉ EL REQUISITO DE NO SER UNA PERSONA SANCIONADA CON MOTIVO DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA PARA SER TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. LA NORMA QUE PREVÉ EL REQUISITO DE NO SER UNA PERSONA SANCIONADA CON MOTIVO DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA O POR VIOLACIONES A LAS LEYES NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE HAYAN TENIDO COMO CONCLUSIÓN CUALQUIER TIPO DE RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE IMPLIQUE EXPRESAMENTE LA ACEPTACIÓN DE LA CULPA O LA RESPONSABILIDAD PARA SER TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE IGUALDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO SER UNA PERSONA CONDENADA POR DELITO INTENCIONAL SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD PARA SER PERSONA ORIENTADORA DE LOS SECTORES OBRERO Y PATRONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES SOBREINCLUSIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADOS POR DELITO INTENCIONAL SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD", DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VIII. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCES (ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO SER UNA PERSONA SUJETA A UN PROCESO POR DELITO QUE AMERITE PENA CORPORAL PARA SER INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIONES V Y IX, 42, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADOS POR DELITO INTENCIONAL SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD", Y 46, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 139/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 24 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: RAMÓN EDUARDO LÓPEZ SALDAÑA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: el nueve de septiembre de dos mil veintidós se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Decreto Número 224, por el que se expidió la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de dicha entidad federativa. En lo que interesa, la nueva ley orgánica estableció los siguientes artículos:
"Artículo 40. Para ser titular de la Dirección General del Centro, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: ...
"V. No haber sido condenado por delito doloso. ...
"IX. No haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter administrativo ni por violaciones a las leyes nacionales o extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad; o bien, sentencia condenatoria firme. ..."
"Artículo 42. Deberá haber un mínimo de cuatro orientadores del sector obrero y cuatro del sector patronal, quienes orientarán y asesorarán a la parte que les corresponde que participe en la conciliación prejudicial. ...
"Para ser orientador obrero o patronal se deberá cumplir con lo siguiente: ...
"V. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena privativa de la libertad. Los orientadores percibirán las retribuciones que les asignen el presupuesto estatal. Las atribuciones y responsabilidades de los orientadores obreros y patronales serán determinados en el Reglamento de esta Ley. ..."
"Artículo 46. Para ser integrante del Consejo Consultivo se necesita cumplir con los siguientes requisitos: ...
"VII. No encontrarse sujeto a proceso por delito que amerite pena corporal. ..."
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los artículos señalados. Lo anterior, al considerar que las normas vulneran los principios de igualdad y no discriminación, y presunción de inocencia, así como los derechos humanos de acceso a un cargo o servicio público y a la libertad de trabajo.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 139/2022, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de los artículos 40, fracciones V y IX; 42, fracción V, en su porción normativa "No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena privativa de la libertad"; y 46, fracción VII, de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de Nuevo León.(1)
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Expedición de las disposiciones impugnada. El nueve de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Decreto Número 224, mediante el cual se expidió la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de Nuevo León.
2. Presentación de la acción de inconstitucionalidad. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del referido Decreto Número 224, en la que impugnó la inconstitucionalidad de los artículos 40, fracciones V y IX; 42, fracción V, en su porción normativa "No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena privativa de la libertad"; y 46, fracción VII, todos de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de Nuevo León.
3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a. Los artículos 40, fracciones V y IX y 42, fracción V, en su porción normativa "No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena privativa de la libertad", de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de Nuevo León, vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, y de acceder a un cargo público porque excluyen de manera injustificada a determinadas personas para ocupar un cargo en el servicio público.
b. El artículo 46, fracción VII, de la citada ley orgánica vulnera el principio de presunción de inocencia porque excluye de forma indebida a las personas que se encuentran sujetas a proceso por un delito que amerite pena corporal, aunque no haya sido determinada su responsabilidad penal.
4. Registro y turno. En acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el entonces Ministro presidente de esta Suprema Corte tuvo por presentada esta acción de inconstitucionalidad, la registró con el número de expediente 139/2022 y la turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
5. Admisión y trámite. El quince de diciembre de dos mil veintidós, la Ministra instructora dictó un acuerdo mediante el cual admitió la acción de inconstitucionalidad y reconoció la personalidad del promovente; dio vista a los órganos que expidieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes.
6. Asimismo, requirió al Congreso Local copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada y al Poder Ejecutivo Local un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó la norma controvertida; además dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara su pedimento, en caso de tener alguno.
7. Informes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus informes respectivos, en los que señalaron que las disposiciones reclamadas son constitucionales.
8. Pedimento. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento en el presente asunto.
9. Cierre de la instrucción. Una vez recibidos los informes de las autoridades y toda vez que no existió registro de que se haya recibido a este Alto Tribunal alguna constancia donde se formularon alegados, por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés se cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
10. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del País y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(2) Se planteó la posible contradicción entre los artículos 40, fracciones V y IX; 42, fracción V, en la porción normativa "No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena privativa de la libertad"; y 46, fracción VII, todos de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de Nuevo León y la propia Constitución.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
11. De la demanda de acción de inconstitucionalidad se desprende que la Comisión accionante impugna los artículos 40, fracciones V y IX; 42, fracción V, en la porción normativa "No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena privativa de la libertad"; y 46, fracción VII, todos de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de Nuevo León.
III. OPORTUNIDAD
12. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente, y en caso de que el último día del plazo fuera inhábil, la demanda se puede presentar el primer día hábil siguiente.
13. En este caso, el decreto impugnado se publicó el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de Nuevo León. Por tal motivo, el plazo para demandar trascurrió del sábado diez de septiembre al domingo nueve de octubre de dos mil veintidós. La acción de inconstitucionalidad se presentó el lunes diez de octubre de dos mil veintidós, es decir, el día hábil siguiente a la fecha de la conclusión del plazo con el que contaba, por lo que su promoción fue oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
14. La legitimación de la promovente se analiza en primer término por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
15. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del País,(4) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos previstos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.
16. El artículo 11, párrafo primero, en relación con el diverso 59 de la ley reglamentaria de la materia,(5) establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen estén facultados para representarlos.
17. En el caso, el escrito inicial de demanda se encuentra firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante acuerdo de designación expedido el doce de diciembre de dos mil diecinueve por la presidenta y secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y que ostenta la representación legal de la institución de conformidad con el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en el numeral 18 del reglamento interno de la misma Comisión.
18. Al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto, y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este medio de control constitucional.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
19. Las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno tampoco advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
20. Para dar respuesta a los planteamientos de la parte accionante, el estudio de fondo se divide en dos temas, de acuerdo con los requisitos para acceder a los cargos públicos que se impugnan.
Tema 1. Requisitos de no haber sido condenado por delito doloso, por sentencia condenatoria firme, por sanción administrativa o por una violación a leyes nacionales o extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad, para acceder al cargo de director general; y el requisito de no haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena privativa de la libertad para acceder al cargo de orientador de los sectores patronal y obrero.
21. La parte accionante alega que los artículos 40, fracciones V y IX, así como 42, fracción V, de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de Nuevo León, excluyen de manera injustificada a determinadas personas para ocupar los cargos de director y de orientador, por ello, vulneran los derechos de igualdad, no discriminación y libertad del trabajo, previstos en los artículos 1o., 5o. y 35, fracción VI, constitucionales.
22. Las disposiciones impugnadas establecen lo siguiente:
"Artículo 40. Para ser titular de la Dirección General del Centro, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
"I. Tener ciudadanía mexicana, y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
"II. Tener por lo menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación.
"III. Contar con título profesional de licenciado en derecho, haber desempeñado puestos de alto nivel decisorio o haber ejercido la profesión de abogado en forma destacada en actividades profesionales sustancialmente relacionadas en materia laboral por al menos cinco años.
"IV. No haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos en los tres años anteriores a la designación.
"V. No haber sido condenado por delito doloso.
"VI. No ser fedatario público, salvo que solicite licencia.
"VII. No haber ocupado cargo alguno de elección popular, por lo menos tres años anteriores a la designación.
"VIII. No encontrarse, al momento de la designación, inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
"IX. No haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter administrativo ni por violaciones a las leyes nacionales o extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad; o bien, sentencia condenatoria firme.
"X. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo que se trate.
"El nombramiento del titular será hecho preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica."
"Artículo 42. Deberá haber un mínimo de cuatro orientadores del sector obrero y cuatro del sector patronal, quienes orientarán y asesorarán a la parte que les corresponde que participe en la conciliación prejudicial.
"Los orientadores de los sectores obrero y patronal serán designados conforme lo determine la Junta de Gobierno. Una vez designados, serán debidamente acreditados ante la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno.
"Los orientadores de los sectores obrero y patronal, podrán ser sustituidos libremente, debiendo dar aviso a la Secretaría Técnica.
"Para ser orientador obrero o patronal se deberá cumplir con lo siguiente:
"I. Ser mexicanos, mayores de treinta años de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos.
"II. Tener título legalmente expedido de abogado o licenciado en derecho y haber obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio.
"III. Tener dos años de ejercicio profesional en materia laboral, posteriores a la obtención del título de licenciado en derecho, haberse distinguido ene estudios de derecho del trabajo y haberse capacitado en materia de conciliación.
"IV. No ser ministro de culto.
"V. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena privativa de la libertad. Los orientadores percibirán las retribuciones que les asigne el presupuesto estatal. Las atribuciones y responsabilidades de los orientadores obreros y patronales serán determinados en el Reglamento de esta Ley.
"La cantidad mínima de orientadores antes mencionada se incrementará de conformidad a las necesidades y a la carga de trabajo del Centro."
[Lo destacado con negrita son las porciones impugnadas]
Ver disposiciones con negritas 1
23. Este Alto Tribunal considera que es fundado el concepto de invalidez. Para expresar las consideraciones que sustentan esa calificación, se debe recordar que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el derecho a la igualdad establecido en el artículo 1o. constitucional, es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.(6) Asimismo, se ha considerado que el derecho humano a la igualdad obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, pues su observancia debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación.
24. También se ha precisado que, si bien el sentido de la igualdad es colocar a las personas en condiciones de poder acceder a los demás derechos constitucionalmente reconocidos, lo cual implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo siempre, en cualquier momento y circunstancia y en condiciones absolutas, sino que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio, en forma injustificada. Por tanto, tal principio exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de manera que habrá ocasiones en que hacer distinciones estará vedado y habrá otras en las que no sólo estará permitido, sino que resultará constitucionalmente exigido.(7)
25. Ahora, el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Política del País condiciona el ejercicio del derecho de acceso a un cargo público a poseer las calidades que establezca la ley.(8)
26. En relación con dicho concepto, este Tribunal Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 107/2016,(9) 106/2019,(10) 111/2019(11) y 117/2019,(12) señaló que por calidades la Constitución se refiere a "las características de una persona que revelen un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia, el empleo o comisión que se le asigne, lo que debe concatenarse con el respeto al principio de eficiencia".(13)
27. Lo anterior impone un primer vínculo a las Legislaturas, federal y de las entidades federativas, en cuanto a la definición de los requisitos de acceso a un cargo público, consistente en que estos deben ser razonables en función del perfil que resulte deseable para ejercer dicho cargo, lo cual se deduce de las facultades que ejercerán.
28. Un segundo vínculo que genera para las Legislaturas consiste en respetar el principio de igualdad y no discriminación. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 23.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos no consagra el derecho de acceder a un cargo público, sino el de hacerlo en condiciones generales de igualdad, lo cual, supone, entre otras cosas, que las personas no sean objeto de discriminación en el ejercicio de este derecho.(14)
29. En términos similares, este Tribunal Pleno ha sostenido en la jurisprudencia 123/2005 antes citada, que la Constitución Política del País impone la obligación de no exigir requisito o condición alguna que no sea referible a los principios de mérito y capacidad para el acceso a la función pública, de manera que violan este derecho aquellos requisitos que establezcan una diferencia discriminatoria entre las personas ciudadanas.
30. Por lo tanto, como lo sostuvo este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 85/2018,(15) cuando el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas definen las calidades necesarias para que una persona acceda a un cargo público, es necesario que los requisitos establecidos estén directamente relacionados con el perfil idóneo para su desempeño. Lo cual exige criterios objetivos y razonables que eviten discriminar a personas que potencialmente tengan las competencias necesarias para desempeñar con eficiencia y eficacia el correspondiente cargo.
31. En cambio, si los requisitos están formulados de manera arbitraria y genérica, sin correlacionarlos con el tipo de función a realizar, ello se traduce en una sobreinclusión que genera un trato diferenciado e injustificado en el acceso a determinados cargos públicos de personas que potencialmente tengan las competencias necesarias para desempeñarlos con eficiencia y eficacia, lo que constituye una discriminación contraria a la Constitución.
32. En consecuencia, para analizar la razonabilidad de cualquier requisito de acceso a un cargo público es necesario conocer las funciones que desempeñará la persona que lo ocupe. Sólo de esa manera es posible determinar si el requisito guarda una relación directa con el perfil idóneo para desempeñar esa función o si excluye a determinadas personas en forma irrazonable y discriminatoria de la posibilidad de acceder a él. Test de escrutinio ordinario de razonabilidad
33. En relación con la metodología para analizar la razonabilidad de los requisitos de acceso a un cargo público no electivo, este Tribunal Pleno, en diversos precedentes,(16) ha sostenido que, en primer lugar, se debe comprobar si el legislador estableció una distinción. Es decir, debe verificarse que se haya excluido a algún colectivo de un beneficio otorgado a otro colectivo similar, o bien, que se hayan establecido regímenes jurídicos diferenciados para supuestos de hecho similares.
34. Si se comprueba que el legislador efectivamente realizó una distinción, entonces es necesario, en segundo lugar, elegir el nivel de escrutinio que debe aplicarse para analizar dicha distinción ya sea un test estricto u ordinario.
35. En tercer lugar, se debe desarrollar cada una de las etapas del test que se haya elegido, en el entendido de que, si la norma no supera alguna de dichas etapas, no será necesario desarrollar las siguientes, pues habrá quedado acreditada su inconstitucionalidad.
Caso concreto
36. Conforme a las consideraciones relatadas, y como se establece al inicio de este apartado, para este Tribunal Pleno el concepto de invalidez es fundado, lo que se demuestra a la luz del juicio de razonabilidad que se desarrolla a continuación.
37. Se reitera que las disposiciones impugnadas establecen lo siguiente:
"Artículo 40. Para ser titular de la Dirección General del Centro, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
"...
"V. No haber sido condenado por delito doloso.
"...
"IX. No haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter administrativo ni por violaciones a las leyes nacionales o extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad; o bien, sentencia condenatoria firme."
"Artículo 42. ...
"Para ser orientador obrero o patronal se deberá cumplir con lo siguiente:
"...
"V. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena privativa de la libertad. ..."
[Lo destacado con negrita son las porciones impugnadas]
Ver disposiciones con negritas 2
38. Para realizar el análisis de las porciones referidas es necesario determinar, en primer lugar, si existe una distinción, ya sea explícita o implícita, entre dos grupos similares en relación con algún beneficio.
39. Este Pleno considera que las disposiciones impugnadas sí hacen una distinción entre determinados grupos de personas que se encuentran en una situación comparable.
40. Para acceder al cargo de director general del Centro de Conciliación Laboral de Nuevo León, el artículo 40 en sus fracciones V y IX, hace una distinción entre las personas que han sido condenadas por delito doloso o por una sentencia condenatoria firme; sancionadas por una investigación administrativa; o sancionadas por una violación a leyes nacionales o extranjeras que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad y las que no.
41. De igual manera, el artículo 42, fracción V, para acceder al cargo de orientador de los sectores obrero y patronal, distingue entre quienes han sido condenados por delito intencional sancionado con pena privativa de libertad y los que no.
42. Una vez determinado que los grupos de personas son comparables y que les otorga un trato diferenciado, procede determinar con qué tipo de escrutinio debe analizarse la constitucionalidad de las medidas reclamadas.
43. Este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 25/2017, al analizar el requisito de tener título profesional de ingeniería civil o arquitectura para ser perito valuador en el Estado de Querétaro, señaló que existen dos niveles de escrutinio para estudiar el carácter discriminatorio de una norma, o su rompimiento al principio de igualdad: ordinario y estricto. En el primer caso, basta con examinar si el establecimiento de la clasificación analizada persigue una finalidad constitucionalmente admisible, y, en segundo lugar, si resulta racional para su consecución. Mientras que en el escrutinio estricto resulta aplicable a lo que se ha denominado "categorías sospechosas", es decir, el listado de distinciones taxativamente enumeradas por el artículo 1o. constitucional a los casos en que la norma objeto de análisis tenga una proyección central sobre los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política del País.(17)
44. Este Pleno considera que el análisis de la norma combatida debe ser a la luz de un escrutinio ordinario de razonabilidad, ya que los requisitos referidos no constituyen una categoría sospechosa, pues no se basan en alguno de los supuestos previstos en el artículo 1o., párrafo quinto, de la propia Constitución, 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativos al origen étnico o nacional, raza, género, color, edad, situaciones de discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, orientación sexual, el estado civil, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
45. Hecha tal precisión, es necesario, en primer lugar, identificar los fines que se persiguen con las medidas impugnadas para estar en posibilidad de determinar si resultan constitucionalmente legítimas, y, en segundo lugar, si resultan racionales para su consecución.
46. Por finalidad constitucionalmente legítima debe entenderse un objetivo que encuentre acogida amplia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que no entre en conflicto con ningún artículo constitucional.
47. La racionalidad para su consecución implica que los medios utilizados estén encaminados de algún modo a la consecución del fin, que constituyan un avance hacia él, aunque pueda pensarse en medios más efectivos y adecuados desde otros puntos de vista. Para que la norma supere el test de razonabilidad es suficiente con que sea instrumentalmente apta para impulsar las cosas en algún grado en dirección al objetivo perseguido.(18)
48. Finalidad constitucionalmente legítima: consiste en el establecimiento de calidades determinadas para el acceso a un empleo público específico. El legislador pretende crear un filtro estricto de acceso a un cargo público para que únicamente las personas con calidades específicas sean aspirantes a ese cargo, pues de ese modo se prueba su rectitud, probidad y honorabilidad.
49. Para poder identificar esa finalidad perseguida por el legislador, puede atenderse a los documentos que informan el proceso legislativo de la disposición analizada, o bien, a la interpretación de la propia norma combatida.
50. La especialización y profesionalización de los cargos públicos a ejercer es un aspecto clave en la administración pública moderna, pues es necesario que quienes ejerzan cargos públicos cuenten con determinadas calidades que garanticen que ejercerán el cargo público de forma idónea.
51. El artículo 35, fracción VI, de la Constitución Política del País establece que la ciudadanía tiene derecho a participar en cualquier empleo o comisión del servicio público teniendo las calidades que establezca la ley.(19) Derecho que se encuentra concatenado con los principios de mérito y de capacidad, derivados del mandato previsto en el diverso artículo 123, apartado B, fracción VII, constitucional, de que la designación de personal sea mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes.(20)
52. Este Alto Tribunal, en la acción de inconstitucionalidad 36/2021,(21) resolvió que la noción de calidades se relaciona con el principio de eficiencia que los servidores públicos deben cumplir en sus funciones, reconocido actualmente en el artículo 109, fracción III, y anteriormente en el diverso 113, ambos de la propia Constitución.(22)
53. Una forma de profesionalizar los cargos públicos es garantizar que quienes los ocupen cuenten con un perfil adecuado, en plena concordancia con las atribuciones establecidas en la ley para poder cumplir con las tareas encomendadas; ello se logra con la regulación de diversas calidades que abonen a la idoneidad del perfil del cargo a desempeñar.
54. Las características y elementos que deben cumplir quienes busquen ocupar un cargo público deben fijarse atendiendo a las funciones específicas del mismo, de forma que se garantice la idoneidad de la persona, atendiendo a que sus conocimientos y formación se alineen con las atribuciones del cargo a desempeñar. Ello, para garantizar los principios de mérito, capacidad y eficiencia en el servicio público.
55. Incluso, la Convención Americana de Derechos Humanos dispone en su artículo 23.2 que los Estados parte pueden reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades relacionadas con los derechos políticos (entre ellos, el derecho de acceder a un cargo público, referido en el artículo 23.1, inciso c) de la misma Convención), exclusivamente por las siguientes razones: edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por Juez competente en un proceso penal.(23)
56. El diseño de perfiles idóneos que garanticen el adecuado desempeño del servicio público se constituye como un propósito válido que las entidades federativas legítimamente pueden perseguir al realizar distinciones normativas en pleno uso de su libertad de configuración legislativa.
57. En el caso concreto, las normas sí tienen un fin constitucionalmente legítimo: el establecimiento de calidades determinadas para el acceso a ciertos empleos públicos.
58. Al establecer esas porciones normativas, el legislador pretende crear un filtro estricto de acceso al cargo público de director general sólo las personas que no ha
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32268-d1ce2b2e/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE SUJETA DICHA PRERROGATIVA A LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA (P./J. 123/2005 )
- ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE SUJETA DICHA PRERROGATIVA A LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA (2)
- IGUALDAD. CONFIGURACIÓN DE ESE PRINCIPIO EN LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE REGULACIÓN ECONÓMICA. (I.2o.A.E.32 A (10a.))
- DISCRIMINACIÓN EN EL DERECHO DE ACCESO AL EMPLEO. TIENE COMO PRESUPUESTO LA PRUEBA DE LAS APTITUDES O CALIFICACIONES PARA SU DESEMPEÑO. (I.4o.C.295 C)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis