I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. EXIGE TRATAR IGUAL A LOS IGUALES Y DESIGUAL A LOS DESIGUALES, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI BIEN, EN OCASIONES HACER DISTINCIONES ESTARÁ CONSTITUCIONALMENTE PROHIBIDO, EN OTRAS NO SÓLO ESTARÁ PERMITIDO, SINO QUE SERÁ CONSTITUCIONALMENTE EXIGIDO. IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE NO HAYAN SIDO CONDENADAS POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO DOLOSO Y AQUELLAS QUE SÍ, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ARTÍCULO 10, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADA POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO DOLOSO", DE LA LEY DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO CONDENADA POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO DOLOSO PARA SER TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADA POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO DOLOSO", DE LA LEY DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADA POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO DOLOSO", DE LA LEY DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 133/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 19 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió acción de inconstitucionalidad al estimar que el artículo 10, fracción IV, de la Ley del Archivo General del Estado Chihuahua, al establecer que para ocupar el cargo de Director General de dicho órgano archivístico, "no haber sido condenada por la comisión de algún delito doloso", vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y el acceso a un cargo público.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de octubre de dos mil veintitrés emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 133/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto del artículo 10, fracción IV, de la Ley del Archivo General del Estado de Chihuahua, expedida mediante Decreto número LXVII/EXLEY/0281/2022 III P.E., publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad el día veinte de agosto de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la acción de inconstitucionalidad. El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la presente acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto número LXVII/EXLEY/0281/2022 III P.E., en la que cuestionó la constitucionalidad del artículo 10, fracción IV, de la Ley del Archivo General del Estado de Chihuahua, que ordena que para poder acceder al cargo de Director General del Archivo General del Estado, se establece como requisito el "no haber sido condenada por la comisión de algún delito doloso".
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La actora señala como preceptos violados los artículos 1o., 5o. y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los diversos 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a) Estima que el requisito de no haber sido condenada por la comisión de algún delito doloso transgrede los derechos de igualdad y de no discriminación, así como la libertad de trabajo y el derecho de acceder a un cargo público, al excluir de manera injustificada a todas las personas que encuadren en ese supuesto sin considerar si los delitos se relacionan con las funciones a desempeñar por la persona titular del Archivo General de Chihuahua.
b) Lo anterior, pues quienes han sido sancionados penalmente en algún momento y que ya cumplieron con la pena que les fue impuesta, deben tener la posibilidad de ocupar empleos públicos en igualdad de circunstancias que las demás personas.
c) Refiere que, dada la ambigüedad y amplitud en la redacción de la disposición, es innegable que comprende todo tipo de delitos dolosos, graves o no graves, incluso cuando la conducta infractora no guarde relación alguna con las labores encomendadas a la Dirección General del Archivo General de Chihuahua.
d) Señala que las atribuciones que tendrá la persona que ocupe el cargo se vinculan, en esencia, con actividades directivas, administrativas, técnicas y profesionales, que le permitan realizar plenamente las funciones necesarias para que el Archivo General estatal cumpla con su objeto.
e) De tal suerte que en atención a esas actividades, la restricción contenida en la norma controvertida es desproporcionada y atenta contra el derecho a la libertad de trabajo y el derecho de acceder a un cargo en el servicio público, toda vez que excluye a todas las personas que hayan sido condenadas por un delito doloso de toda posibilidad de ocupar el mencionado cargo, aun cuando el hecho ilícito no se relacione de manera alguna con las atribuciones correspondientes a la titularidad de la Dirección General del Archivo General, de manera que es inconcuso que la disposición impugnada resulta sobreinclusiva.
f) Por ello es que la existencia de este tipo de disposiciones son contrarias a la dignidad de las personas, pues tienen por efecto que quienes fueron condenados serán objeto de una doble sanción, por un lado, la sanción impuesta en ejercicio de la facultad punitiva del Estado con motivo de la comisión de un delito y, por otra, el reproche social posterior a la compurgación de su pena, que tiene como consecuencia limitar alguno de sus derechos, una vez que se reinserta en la sociedad.
g) Por último, aduce que la norma impugnada no supera un examen de proporcionalidad dado que no se advierte que el precepto normativo controvertido tenga una conexión directa con el cumplimiento del fin constitucionalmente válido que persiguió el Congreso local, por lo que se traduce en una medida que atenta contra el derecho de igualdad y, por tanto, se debe declarar su invalidez.
4. Admisión y trámite. Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el entonces Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 133/2022 y por razón de turno designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.
5. Posteriormente, por diverso auto de seis de octubre de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la acción relativa, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
6. Informes del Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chihuahua. Mediante escritos enviados el nueve de noviembre de dos mil veintidós, los Poderes de referencia presentaron su informe, los cuales mediante acuerdos de dieciséis de noviembre y seis de diciembre de dos mil veintidós, respectivamente, fueron admitidos por el Ministro instructor, en el que tuvo por recibidas las pruebas y ordenó correr traslado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con copia simple del informe de la autoridad con la finalidad de que éstos formularan los alegatos respectivos, así como dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara pedimiento.
7. Alegatos. Tanto la Comisión Nacional de Derechos los Humanos y el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Estado de Chihuahua, formularon los alegatos que consideraron oportunos, los cuales fueron agregados al expediente por el Ministro Instructor, mediante acuerdo de tres de enero de dos mil veintitrés.
8. Cierre de la instrucción. Mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro Instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General,(1) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la propia Constitución(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la invalidez del artículo 10, fracción IV, de la Ley del Archivo General del Estado de Chihuahua, expedida mediante Decreto número LXVII/EXLEY/0281/2022 III P.E., publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veinte de agosto de dos mil veintidós, al considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de los cuales México es parte.
II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA
10. En primer término, se debe aclarar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su escrito inicial, señaló por error como fracción impugnada la III del artículo 10 de la Ley del Archivo General del Estado de Chihuahua; no obstante, en términos del artículo 39 de la ley reglamentaria, y atendiendo a los conceptos de invalidez, se advierte que la fracción efectivamente combatida es la fracción IV, la cual es de contenido siguiente:
"Artículo 10. La persona titular de la Dirección General del Archivo General del Estado será nombrada por quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, y deberá cubrir los siguientes requisitos:
"IV. No haber sido condenada por la comisión de algún delito doloso."
III. OPORTUNIDAD
11. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
12. En esa virtud, en el presente caso se advierte que el Decreto LXVII/EXLEY/0281/2022 III P.E., por el que se expidió la Ley del Archivo General del Estado de Chihuahua, fue publicado el veinte de agosto de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Estado, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del domingo veintiuno de agosto al lunes diecinueve de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, si el escrito de la acción se ingresó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el último día del plazo legal, es evidente que su presentación es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
13. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y el artículo 11 de la Ley Reglamentaria, prevén que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, actuando a través de su legítimo representante.
14. En el presente caso, el escrito fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada de su designación, expedida por el Senado de la República para un periodo de cinco años que concluirá el quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
15. Dicha funcionaria ostenta la representación de la Comisión y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su Reglamento Interno.(4)
16. Ahora bien, del escrito se advierte que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el Decreto LXVII/EXLEY/0281/2022 III P.E., por el que se expidió la Ley del Archivo General del Estado de Chihuahua, al considerar que vulnera los derechos de igualdad y prohibición de discriminación, acceso a un cargo en el servicio público, derecho a la seguridad jurídica y a la libertad de trabajo, reconocidos en los artículos 1o., 5o., 14, 16 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como, 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
17. En consecuencia, se considera que el escrito inicial correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 133/2022 fue promovido por un órgano legitimado constitucionalmente y presentada por quien cuenta con facultades suficientes para ello.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
18. El Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 19, fracción VIII, de la referida Ley, puesto que la Comisión promovente destacó que los actos impugnados no le son atribuibles, habida cuenta que no otorgó vicios propios a la promulgación y publicación del Decreto impugnado.
19. Este Tribunal Pleno considera que debe desestimarse el referido argumento, dado que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó atendiendo a las facultades que la propia Constitución le ordena, en ese sentido, no es necesario que la parte promovente le atribuya vicios a la promulgación y publicación del Decreto impugnado.
20. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 38/2010, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."(5)
21. Por tanto, en vista de que no se hace valer alguna otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguna, se procederá a examinar los conceptos de invalidez planteados.
VI. ESTUDIO DE FONDO
22. En su único concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en esencia, señala que el requisito establecido en la fracción IV del numeral 10 de la Ley del Archivo General del Estado de Chihuahua es inconstitucional al transgredir los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y el derecho de acceder a un cargo público porque impide de manera injustificada que las personas accedan al cargo público atinente a la titularidad de la "Dirección General del Archivo del Estado", cuando hayan sido condenados por la comisión de un delito doloso.
23. El concepto de invalidez referido resulta fundado en atención a lo siguiente.
24. En efecto, en las acciones de inconstitucionalidad 107/2016,(6) 85/2018,(7) 86/2018,(8) 50/2019,(9) 125/2019,(10) 108/2020,(11) 117/2020,(12) 118/2020,(13) 300/2020,(14) se concluyó que la imposición del requisito de no contar con antecedentes penales o no haber sido condenado por delito doloso para el ejercicio de un cargo público resulta inconstitucional.
25. De igual forma, en las acciones de inconstitucionalidad 107/2016, 85/2018, 86/2018 y 50/2019, se retomó la línea jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo atinente al principio de igualdad contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal como un derecho humano que consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.
26. Ciertamente, el principio de igualdad no significa que todos los individuos deban de ser tratados de la misma manera en todo momento, en cualquier circunstancia y en condiciones absolutas, sino que la diferencia de trato debe fundamentarse en el hecho de que los individuos se encuentren en situaciones distintas y que esto amerite un trato diferenciado. Esto es, el principio de igualdad exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, partiendo del entendimiento de que, si bien, en ocasiones hacer distinciones estará constitucionalmente prohibido, en otras no sólo estará permitido, sino que será constitucionalmente exigido.(15)
27. De lo anterior se desprende que el derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene como objetivo remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.
28. Con este parámetro fueron resueltas las citadas acciones de inconstitucionalidad 107/2016, 85/2018, 86/2018 y 50/2019. En ellas se declaró la inconstitucionalidad de los requisitos de no contar con antecedentes penales o no haber sido condenado por delito doloso para ejercer un cargo público por designación.(16) En esencia, este Alto Tribunal determinó que el requisito para que una persona aspirante a un cargo público por designación demuestre que no ha estado sujeto a un proceso penal o haya incurrido en una conducta jurídicamente reprochable no tiene una justificación objetiva, pues ésta debería relacionarse con la función o el cargo que desempeñará.
29. Bajo esta tesitura, antes de proceder con el estudio de la medida en concreto, para analizar si la porción normativa impugnada contraviene el principio de igualdad, se debe verificar si el Poder Legislativo respectivo, efectivamente, estableció una distinción de trato, ya sea expresa o tácita. En caso de que exista dicha distinción, se debe elegir el escrutinio que debe aplicarse al caso concreto con base en la naturaleza de la distinción, analizar si la medida persigue un fin constitucionalmente válido, y si esta es adecuada, necesaria y proporcional.(17) En atención a lo anterior, a continuación, se analizará si la medida impugnada cumple con el referido parámetro.
30. La porción normativa impugnada señala:
"Artículo 10. La persona titular de la Dirección General del Archivo General del Estado será nombrada por quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, y deberá cubrir los siguientes requisitos: ...
"IV. No haber sido condenada por la comisión de algún delito doloso. ..."
31. La disposición impugnada prevé una distinción entre determinados grupos de personas; es decir, el requisito impugnado implica una diferenciación entre las personas que han sido condenadas por la comisión de algún delito doloso y aquellas que no han sido sancionadas de ese modo.
32. Ahora bien, para analizar el parámetro de regularidad constitucional de la norma impugnada procede llevar a cabo un escrutinio ordinario, ya que es dable concluir que el requisito en estudio tiene como objetivo regular aspectos estructurales y regulatorios atinentes al Archivo del Estado de Chihuahua, de ahí que la medida persiga un fin constitucionalmente legítimo, no obstante, no resulta adecuada, toda vez que el requisito de no haber sido condenada por la comisión de algún delito doloso para poder aspirar a la titularidad del Archivo General del Estado, no tiene relación directa, clara e indefectible para el necesario cumplimiento del fin constitucionalmente válido de crear un filtro estricto de acceso a un cargo público.
33. De esa manera, no existe base objetiva para determinar que una persona sin ese tipo de condena penal ejercerá sus actividades con rectitud, probidad y honorabilidad, máxime que la medida impugnada se refiere a todo tipo de delitos dolosos que abarcan conductas diversas a las estrechamente vinculadas con el cargo público mencionado.
34. Con la finalidad de justificar la falta de instrumentalidad entre la medida y el fin buscado, es dable emprender un análisis de las funciones del puesto en cuestión. De esta manera, de conformidad con el artículo 11(18) de la misma ley que se analiza, la persona titular de la Dirección General del Archivo de Chihuahua, cuenta con atribuciones para administrar, supervisar y coordinar el archivo; elaborar el estatuto de organización y procedimientos; nombrar y remover a las servidoras públicas, presentar el programa financiero y demás programas correspondientes a su presupuesto; presidir el Consejo Estatal de Archivo, entre otras.
35. En esa virtud, como se puede observar, las funciones de la titularidad del Archivo General, implican llevar a cabo las acciones operativas necesarias para su adecuado funcionamiento y administración, por lo que el hecho que se establezca la exigencia de "no haber sido condenada por la comisión de algún delito doloso", no se encuentra relacionado con sus funciones ni impide que las realice a cabalidad.
36. Atento a lo anterior, la redacción de la hipótesis de la fracción normativa reclamada es sobreinclusiva, ya que no distingue entre delitos graves o no graves ni contiene un límite temporal en cuanto a si la sanción fue impuesta hace varios años o de forma reciente.
37. Lo anterior genera una falta de razonabilidad de la medida, máxime que establece un requisito para el acceso a un empleo público que excluye de manera genérica a cualquier persona que tuvo una condena por delito doloso, de tal suerte que la disposición impugnada no cumple con la condición determinada por este Tribunal Pleno, en el sentido de que las calidades para el acceso a los cargos públicos deben ser razonables y no discriminatorias.
38. En ese sentido, el legislador local estableció un requisito que, en estricto sentido, no está estrechamente vinculado con la configuración de un perfil inherente a la función pública a desempeñar, sino que, en cierta forma, se relaciona con su honor y reputación, a partir de no haber incurrido en su pasado en una conducta que el sistema de justicia penal le haya reprochado a partir de una sanción determinada.
39. En conclusión, el requisito de no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso no es instrumental ni razonable para obtener el fin buscado, por lo que, al no haber cumplido la medida con este grado del escrutinio, es innecesario analizar la proporcionalidad de la medida.
40. Por último, es importante precisar que lo expuesto no excluye la posibilidad que, para determinados empleos públicos, resulte posible incluir una condición como la impugnada, siempre y cuando los delitos cuya ausencia de condena se exige tengan el potencial de incidir de manera directa e inmediata en la función a desempeñar y en las capacidades requeridas para ello, lo que tendría que justificarse y analizarse caso por caso en su oportunidad.
41. Por las consideraciones anteriores, se declara la invalidez de la fracción IV del artículo 10 de la Ley del Archivo General del Estado de Chihuahua, que contiene como requisito para ser Director General el "no haber sido condenada por la comisión de algún delito doloso".
VII. EFECTOS
42. De conformidad con los artículos 41, fracción IV, y 73 de la Ley Reglamentaria de la fracción I y II del Artículo 105 Constitucional, la declaración de invalidez del artículo 10, fracción IV, que establece: "No haber sido condenada por la comisión de algún delito doloso", de la Ley del Archivo General del Estado de Chihuahua, expedida mediante Decreto LXVII/EXLEY/0281/2022 III P.E. en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veinte de agosto de dos mil veintidós, surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso local.
43. Para efectos ilustrativos, el artículo deberá quedar redactado de la manera siguiente:
Ver artículo 10
VIII. DECISIÓN
44. Por lo antes expuesto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO.—Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO.—Se declara la invalidez del artículo 10, fracción IV, de la Ley del Archivo General del Estado de Chihuahua, expedida mediante el DECRETO No. LXVII/EXLEY/0281/2022 III P.E., publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinte de agosto de dos mil veintidós, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del referido Estado, por los motivos expuestos en los apartados VI y VII de esta decisión.
TERCERO.—Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, así como en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.
Notifíquese mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto de los apartados del I al V, relativos, respectivamente, a la competencia, a la precisión de la norma impugnada, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia y sobreseimiento.
En relación con el punto resolutivo segundo:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de la metodología, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez del artículo 10, fracción IV, de la Ley del Archivo General del Estado de Chihuahua. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunció voto concurrente.
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado VII, relativo a los efectos, consistente en determinar que la declaratoria de invalidez surta sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Chihuahua.
En relación con el punto resolutivo tercero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos. Doy fe.
Firman la señora Ministra Presidenta y el señor Ministro Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
Nota: La presente sentencia también aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación de 5 de marzo de 2024.
________________
1. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. ...
"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; ..."
2. "Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles."
3. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."
4. "Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
"I. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional; ...
"XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y ..."
"Artículo 18. La Presidencia es el órgano ejecutivo de la Comisión Nacional. Está a cargo de un presidente, al cual le corresponde ejercer, de acuerdo con lo establecido en la Ley, las funciones directivas de la Comisión Nacional y su representación legal."
5. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2010, tomo XXXI, pagina 1419, registro 164865.
6. Resuelta en sesión de veintitrés de enero de dos mil veinte por unanimidad de once votos.
7. Resuelta en sesión de veintisiete de enero de dos mil veinte por unanimidad de diez votos.
8. Resuelta en sesión de veintisiete de enero de dos mil veinte por unanimidad de diez votos.
9. Resuelta en sesión de veintisiete de enero de dos mil veinte por unanimidad de diez votos.
10. Resuelta en sesión de quince de abril de dos mil veintiuno por unanimidad de once votos.
11. Resuelta en sesión de diecinueve de abril de dos mil veintiuno por mayoría de nueve votos.
12. Resuelta en sesión de veinte de abril de dos mil veintiuno por unanimidad de once votos.
13. Resuelta en sesión de veinte de mayo de dos mil veintiuno por mayoría de nueve votos.
14. Resuelta en sesión de dieciocho de enero de dos mil veintidós por mayoría de nueve votos.
15. A
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32368-d819e6ba/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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