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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS. MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA. IV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO SER UNA PERSONA CONDENADA POR DELITO DOLOSO PARA OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DELICIAS, CHIHUAHUA, ES IMPRECISO, AL NO ESPECIFICAR SI SE REFIERE A UNA CONDENA POR SENTENCIA DEFINITIVA O NO, POR LO QUE VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (ARTÍCULO 33, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DELICIAS, CHIHUAHUA). V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE NO HAYAN SIDO CONDENADAS POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DOLOSO Y AQUELLAS QUE SÍ, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DELICIAS, CHIHUAHUA (ARTÍCULO 33, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DELICIAS, CHIHUAHUA). VI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO SER UNA PERSONA CONDENADA POR DELITO DOLOSO PARA OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DELICIAS, CHIHUAHUA, ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (ARTÍCULO 33, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DELICIAS, CHIHUAHUA). VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO SER UNA PERSONA CONDENADA POR DELITO DOLOSO PARA OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DELICIAS, CHIHUAHUA, ES SOBREINCLUSIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DELICIAS, CHIHUAHUA). VIII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO UNA PERSONA INHABILITADA PARA EJERCER FUNCIONES COMO SERVIDOR PÚBLICO PARA OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DELICIAS, CHIHUAHUA, VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (ARTÍCULO 33, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO INHABILITADO PARA EJERCER FUNCIONES COMO SERVIDOR PÚBLICO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DELICIAS, CHIHUAHUA). IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO UNA PERSONA INHABILITADA PARA EJERCER FUNCIONES COMO SERVIDOR PÚBLICO PARA OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DELICIAS, CHIHUAHUA, ES SOBREINCLUSIVO, PORQUE PROVOCA UN ESCENARIO ABSOLUTO Y GENÉRICO DE PROHIBICIÓN QUE IMPIDE ACCEDER CON IGUALDAD A LOS CARGOS PÚBLICOS A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE EN ALGÚN MOMENTO FUERON SANCIONADAS ADMINISTRATIVAMENTE CON INHABILITACIÓN POR CUALQUIER VÍA, RAZÓN O MOTIVO Y EN CUALQUIER MOMENTO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO INHABILITADO PARA EJERCER FUNCIONES COMO SERVIDOR PÚBLICO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DELICIAS, CHIHUAHUA). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 33, FRACCIONES III Y IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO INHABILITADO PARA EJERCER FUNCIONES COMO SERVIDOR PÚBLICO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DELICIAS, CHIHUAHUA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 226/2023. · Registro digital (IUS): 32752
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-10-04
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Octubre de 2024, Tomo I, Volumen 1, Pág.7.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 226/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 20 DE MAYO DE 2024. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinte de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 226/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado Denominando Instituto Municipal de Planeación de Delicias, Chihuahua, en relación con el artículo 33, fracciones III y IV, en la porción normativa “y no haber sido inhabilitado para ejercer funciones como servidor público”, expedida mediante Decreto LXVII/EXLEY/0636/2023, publicado el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el trece de diciembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. La promovente impugnó la constitucionalidad del artículo 33, fracciones III y IV, en la porción normativa “no haber sido inhabilitado para ejercer funciones como servidor público” de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado Municipal de Planeación de Delicias, Chihuahua.

3. Asimismo, señaló como órganos emisores de la norma impugnada al Congreso del Estado de Chihuahua y al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua.

4. Artículos constitucionales señalados como violados. En la demanda se citan como tales los artículos 1, 14, 16 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

5. Conceptos de invalidez:

“UNICO. Las exigencias establecidas en el artículo 33, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Planeación de Delicias, Chihuahua, en las porciones normativas que establecen como requisitos de acceso a la titularidad de la Dirección General del referido Instituto, realizan distinciones injustificadas entre personas, pues excluyen de la posibilidad de ocupar dicho empleo a quienes, en algún momento de su vida, fueron sancionadas a pesar de que no exista una relación clara e indefectible entra la conducta ilícita cometa y las funciones inherentes al cargo a desempañar, en contravención a los derechos de igualdad, no discriminación y de acceso a un cargo público”

Las exigencias controvertidas resultan incompatibles con el parámetro de regularidad constitucional, toda vez que son desproporcionadas y claramente sobre inclusivas, en virtud de que tienen por efecto excluir a determinadas personas de la posibilidad de acceder a la titularidad de la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación de Delicias, Chihuahua (IMPLAN), en contravención a los derechos de igualdad y no discriminación, así como al de acceso a un cargo público.

A. Derecho de igualdad y no discriminación

El artículo 1o. de la Constitución Federal reconoce que todas las personas gozan de los derechos reconocidos en su propio texto y en el de los tratados internacionales de los que México es parte.

Asimismo, establece la prohibición de discriminar en razón del origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Esta prohibición es extensiva a todas las autoridades del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia y permea todo el ordenamiento jurídico, de tal suerte que todo tratamiento discriminatorio respecto de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es per se incompatible con la misma.

De forma particular, en el ámbito legislativo, el creador de la norma tiene el deber de cuidar el contenido de las leyes, a fin de que las palabras y oraciones utilizadas no conduzcan a una desigualdad o discriminación. Este deber le impone velar por el contenido de las normas jurídicas que formula para no incurrir en un trato diferenciado injustificado.

No toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria. Es decir, la distinción y la discriminación son jurídicamente diferentes: la primera es razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en el detrimento de los derechos humanos de una persona.

Así, resulta contraria al parámetro de regularidad constitucional toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación.

Este Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente que el derecho fundamental a la igualdad reconocido en la Constitución Federal no implica establecer una igualdad unívoca ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley. Esto es, que el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente. Sin embargo, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador.

Conforme al desarrollo jurisprudencial de este Tribunal Constitucional, ha quedado establecido que no sólo se otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley, sino también en la ley misma, es decir, en relación con su contenido, por lo que, en algunas ocasiones, hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o incluso constitucionalmente exigido. Por lo anterior, en los casos en que la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizarse si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada.

Asimismo, este Tribunal Pleno ha señalado que las razones de exclusión no sólo surgen por las desigualdades de hecho, sino también por complejas prácticas sociales, económicas e, incluso, prejuicios y sistemas de creencias que desplazan a grupos de ámbitos en los que de un modo u otro están insertos.

Si bien el principio de igualdad no implica que todas las personas deban encontrarse en todo momento y en cualquier circunstancia en absoluta igualdad, lo cierto es que el mismo hace referencia a la situación en la cual todos los individuos ubicados en escenarios de hecho similares reciban siempre el mismo trato; por tanto, toda diferencia en el tratamiento a las personas que se encuentren en las mismas circunstancias sin que exista justificación razonable, será discriminatoria.

Como esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios:

• Igualdad ante la Ley: obliga, por un lado, a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que debe apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente.

• Igualdad en la Ley: opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.

Adicionalmente, ha sustentado que la igualdad es un principio adjetivo que se predica siempre de algo y que, por tanto, se define y actualiza progresivamente a través del tiempo y a la luz de una multiplicidad de factores sociales, culturales, económicos y políticos, entre otros.

En el ámbito internacional, el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la discriminación de derecho, no sólo en cuanto a los derechos contenidos en dicho tratado, sino respecto de todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación, es decir, si un Estado establece en su derecho interno disposiciones que resulten discriminatorias, incumple con la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana en relación con las categorías protegidas por el citado artículo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 18/03 sostuvo que el principio de igualdad ante la ley y no discriminación pertenece al ius cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional, y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico.

B. Derecho a ocupar un cargo público

El artículo 35, fracción VI, de la Norma Fundamental consagra como derecho de las y los ciudadanos mexicanos el poder ser nombrados cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley.

De la interpretación armónica del precepto, así como del parámetro expuesto en el apartado anterior, se desprende que todas las personas, en un plano de igualdad, pueden acceder a cargos públicos de su elección cuando sean nombrados para tal efecto y cumplan con los requisitos que establece.

El artículo 23, numeral 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho político del que gozan todas las personas ciudadanas de un Estado, lo que implica tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

El numeral 2 del mismo artículo, prevé que la ley puede reglamentar el ejercicio de este derecho exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal.

Lo anterior debe atender a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha referido que todo proceso de nombramiento de un cargo en la administración pública debe tener como función no sólo la selección según los méritos y calidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público. En consecuencia, se debe elegir al personal exclusivamente por el mérito personal y su capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y permanencia que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones a desempeñar.(1)

El Tribunal Interamericano ha enfatizado que los procedimientos de nombramiento de las personas servidoras públicas tampoco pueden involucrar privilegios o requisitos irrazonables; de tal forma que todas las personas que acrediten los requisitos determinados en la ley deben poder participar en los procesos de selección, sin ser objeto de tratos desiguales y arbitrarios. Por tanto, no son admisibles las restricciones que impidan o dificulten llegar al servicio público con base en sus méritos.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el concepto de "calidad" contenido en el artículo 35 de la Norma Fundamental, ha sostenido que se refiere a las características de una persona que revelen un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia, el empleo o comisión que se le asigne, esto es, se refiere a cuestiones que son inherentes a la persona y no así a aspectos extrínsecos a ésta.

Por lo tanto, cuando el legislador defina en sus leyes las calidades necesarias para que una persona pueda ser nombrada para cualquier empleo o comisión del servicio público, deberá ser cuidadoso en que los requisitos que establezca estén directamente relacionados con el perfil idóneo para el desempeño de la respectiva función, lo que exige de criterios objetivos y razonables que eviten discriminar a personas que potencialmente tengan las calificaciones, capacidades o competencias (aptitudes, conocimientos, habilidades, valores, experiencias y destrezas) necesarias para desempeñar con eficiencia y eficacia el correspondiente empleo o comisión.

C. Inconstitucionalidad de las normas impugnadas

En el presente apartado se desarrollarán las razones por las que este Organismo Nacional considera que las normas combatidas no son compatibles con el parámetro de regularidad constitucional de nuestro país, porque transgreden los derechos de igualdad y no discriminación, de acceso a un cargo público y el de seguridad jurídica, así como el principio de legalidad.

Previo a la exposición de los argumentos, resulta pertinente identificar plenamente el contenido normativo de los preceptos en combate, los cuales prevén:

“ARTICULO 33. Para ser Directora o Director General, se deberán reunir los siguientes requisitos:

I.- II. (...)

III. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso;

IV. Estar en pleno goce de sus derechos, y no haber sido inhabilitado para ejercer funciones como servidor público; y

V. (...).”

Como se puede advertir, los preceptos cuestionados establecen esencialmente los requisitos siguientes:

1) No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso.

2) No haber sido inhabilitado para ejercer funciones como servidor público.

Esta Comisión Nacional considera que no resulta constitucionalmente válido el que, por regla general, se impida el acceso al desempeño del servicio público a las personas que en su pasado fueron condenadas por la comisión de un delito doloso o porque fueron inhabilitadas para ocupar un cargo público, sobre todo, cuando ya cumplieron con ésta. Lo anterior, pues tales medidas se traducen en exclusiones injustificadas y discriminatorias para quienes se encuentran en esas hipótesis, pues se les impide ejercer su derecho a ocupar un cargo público en condiciones de igualdad.

Además, dichas exigencias resultan contrarias a los derechos de igualdad, no discriminación y acceso a un cargo público, reconocidos en el texto constitucional en los artículos 1o. y 35, fracción VI, así como los preceptos correlativos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos citados.

Ahora, tratándose de requisitos para el desempeño de cargos públicos o de cualquier otra actividad laboral, el Alto Tribunal, ha interpretado que aquellos deben atender a las características de una persona que revelen un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia, el empleo o comisión que se le asigne, es decir, deben analizarse las exigencias de acceso al empleo que atiendan o privilegien cuestiones que son inherentes a la persona y no a aspectos extrínsecos a ésta.

Entonces, los requisitos exigidos deben estar relacionados con el perfil idóneo para el desempeño de la función de que se trate, mediante criterios objetivos y razonables que eviten discriminar, injustificadamente a personas que potencialmente tengan calificaciones, capacidades o competencias necesarias para desempeñar el empleo o comisión correspondiente.

Es decir, para que las restricciones de acceso al cargo público de titular de la Dirección General de IMPLAN que imponen las normas combatidas, sean válidas, deben examinarse las funciones y obligaciones que corresponden a dicho cargo y una vez hecho lo anterior, señalar con precisión únicamente las conductas ilícitas que se encuentran estrechamente vinculadas con el empleo de mérito.

Así, de conformidad con el ordenamiento, las funciones que corresponden a la persona titular de la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación de Delicias, Chihuahua, se enlista en el artículo 34, y esencialmente consisten en:

• Ejecutar acuerdos y disposiciones de la junta de Gobierno.

• Asegurar el correcto funcionamiento del IMPLAN; así como mantener la guarda, conservación y buena administración del patrimonio del Instituto.

• Representar legalmente al IMPLAN ante todo tipo de autoridades con el carácter de apoderado:

a) General para actos de administración, pleitos y cobranzas y

b) para actos de dominio.

• Presentar denuncias y querellas en materia penal, así como desistirse de ellas.

• Celebrar los convenios, contratos y actos jurídicos para el cumplimiento de los objetivos y funciones del Instituto.

• Coordinar los trabajos:

a) De la Secretaría Técnica del IMPLAN, derivados del Sistema Municipal de Participación Ciudadana, su consulta y organización para la planeación.

b) Derivados del Sistema Municipal de Geografía, Estadística y Evaluación.

• Participar en la creación, o bien, operación de fideicomisos.

• Asignar y remover a los directores y demás empleados del IMPLAN.

• Asesorar a la Presidenta o Presidente Municipal en la adquisición de reservas territoriales y demás predios para la infraestructura urbana.

• Diversas tareas administrativas, tales como:

a) Elaborar, actualizar y someter a la Junta de Gobierno el programa de operación y matrices de indicadores.

b) Proponer modificaciones al Reglamento del Instituto, de su organización general y manuales administrativos.

c) Presentar propuesta de instrumentos de planeación, estudios, proyectos de inversión y programas de trabajo, presupuestos, informes de actividades y estados financieros.

d) Presentar estados financieros ante la estancia competente.

De lo anterior, se puede colegir que las actividades conferidas a dicho empleo son, primordialmente, de dirección, representación, seguimiento y ejecución de los acuerdos; administrativas; profesionales y de coordinación para el buen funcionamiento y cumplimiento de las finalidades del Instituto de referencia. Entonces, podría sostenerse, en principio, que atento a esas atribuciones, los requisitos de acceso a dicho cargo público, previstos en la legislación impugnada, son necesarios para que el aspirante cubra un perfil idóneo, a fin de garantizar que su desempeño sea probo, integral y honrado.

No obstante lo anterior, debe existir una relación estrecha entre la conducta ilícita cometida y las funciones inherentes al cargo o empleo a desempeñar, para que pueda reputarse que los requisitos impugnados son razonables y, por tanto, respetuosos del orden constitucional.

En ese orden de ideas, debe analizarse si el haber sido condenado por la comisión de un delito, inhabilitado para ejercer funciones como servidor público, de alguna manera impiden que la persona con ese antecedente lleva a cabo las funciones encomendadas a la titularidad de la Dirección General del IMPLAN de manera adecuada.

A juicio de la Comisión promovente, la interpretación de ambos requisitos debe entenderse en el sentido de que se excluyen a todas las personas que en el pasado fueron sancionadas por haber cometido conductas prohibidas conforme a las leyes aplicables. Es decir, de la redacción de los preceptos se engloba a todas las personas que en algún momento fueron condenados por delitos o inhabilitados para ocupar cargos públicos, por lo que, en esos casos, la limitación implica la imposibilidad de quienes tienen ese antecedente, y a pesar de no tener una sanción vigente o pendiente de cumplimiento, puedan ocupar el empleo ya referido. Entonces, los preceptos controvertidos ocasionan un amplio espectro de exclusión, al prever una multiplicidad de supuestos que no permiten analizar de forma objetiva si la conducta antijurídica cometida realmente se relaciona con las funciones propias del cargo público referido, resultando así sobreinclusivas.

Respecto al requisito contenido en la fracción III, del artículo 33 de la Ley impugnada, en su porción normativa “no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso”, la institución actora estima que, excluye a todas las personas que se encuentran en ese supuesto de la posibilidad de ocupar el cargo de titular de la Dirección General del IMPLAN, aún cuando el hecho ilícito que haya cometido no se relaciona de manera alguna con las atribuciones correspondientes al cargo.

Es decir, a través de la norma impugnada se niega la posibilidad de acceder al empleo público a las personas que en su pasado fueron condenadas por delitos que no ameritaron la imposición de una pena privativa de libertad, por ejemplo, el de violación de correspondencia, daños, destruir o deteriorar una cosa ajena o una propia en perjuicio de otro, cuyo valor excedió de 50 veces de la Unidad de Medida y Actualización, o el de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público previsto en el primer párrafo del artículo 280 del Código Penal de la entidad; de igual forma, a quienes fueron responsables de delitos que en nada se relacionan con alguna de las funciones propias del cargo, aún cuando ello no merme sus calificaciones, capacidades o competencias para el debido desempeño de la titularidad de la Dirección General del IMPLAN.

Entonces, la falta de razonabilidad del requisito impugnado, provoca un escenario absoluto de prohibición que impide acceder en condiciones de plena igualdad al cargo público de titular de la Dirección General del referido Instituto a quienes se encuentran en esa hipótesis.

Si bien, con la imposición de la norma, el legislador buscó garantizar que quienes accedan al mencionado empleo cuenten con probidad y honestidad, dicho objetivo desborda y termina excluyendo a quienes pretenden reinsertarse a la sociedad.

Por lo anterior, el Congreso estatal debió acotar el requisito, de forma que sólo restringiera el acceso a las personas que aspiren al cargo cuando hayan cometido conductas ilícitas realmente gravosas y que se encuentren estrechamente vinculadas con las funciones a desempeñar en el empleo en comento, de forma tal que permitan válidamente poner en duda que la o el aspirante en cuestión vaya a ejercer de manera proba, integra y honesta sus atribuciones.

Sin embargo, el requisito es inválido pues la legislatura chihuahuense realizó una distinción que no está estrechamente vinculada con la configuración de un perfil inherente al tipo de trabajo a desempeñar, impidiendo a las personas que se encuentran en el supuesto planteado ocupar el cargo en cuestión, sin que exista una justificación objetiva.

Por ello, la norma se erige como una restricción irrazonable que atenta contra el derecho de acceso a un cargo en el servicio público en condiciones de igualdad, creando además una condición estigmatizante en su perjuicio.

Por otra parte, el requisito consistente en no haber sido inhabilitado para ejercer funciones como servidor público, contenida en la fracción IV, del artículo 33 del ordenamiento impugnado, constituye también una limitación injustificada para aquellas personas que quieran desempeñarse como titulares de la Dirección General del IMPLAN.

En el caso, es innegable que dicha exigencia resulta sobre inclusiva, toda vez que comprende hipótesis irrazonables y desproporcionales, al ser en extremo general, en virtud de que:

• No permite identificar si la inhabilitación se impuso por resolución firme de naturaleza administrativa, civil o política, o incluso penal, por lo tanto incluye a todas ellas.

• No distingue si la sanción fue impuesta por conductas dolosas o culposas, ni entre faltas o delitos graves o no graves.

• No contiene un límite temporal, en cuanto a si la respectiva sanción fue impuesta hace varios años o de forma reciente; y

• No distingue entre personas sancionadas que ya cumplieron con la respectiva sanción o pena, y entre sanciones vigentes o que siguen surtiendo sus efectos.

En ese sentido, es indubitable que la generalidad del supuesto impide incluso valorar si los mismos tienen realmente una relación directa con las capacidades necesarias para el desempeño del empleo público de referencia, e incluso, de cualquier puesto público.

Entonces, la exigencia controvertida tiene el efecto de restringir injustificadamente, el acceso a un empleo determinado sólo por el hecho de haber sido sancionado en el pasado (penal o administrativamente) con una inhabilitación temporal sujeta a un plazo que ya se cumplió, lo cual coloca a la persona en una condición de desigualdad injustificada respecto del resto de candidatos al empleo.

Debe destacarse que cuando menos las sanciones por inhabilitación proceden tanto por faltas administrativas graves como por faltas no graves, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siendo no menor a tres meses y sin exceder de un año para las faltas no graves y de tres meses a veinte años las graves, dependiendo del monto de la afectación de la falta, los daños, el beneficio o el lucro obtenido. Por consiguiente, pudiera darse la situación de que una persona tenga el antecedente de ser inhabilitada por una falta administrativa no grave, que de forma objetiva no evidencia que de acceder al cargo referido pudiera desempeñarlo de forma deficiente.

De ahí que, la generalidad de la norma resulta sobreinclusiva, siendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en diversos precedentes que el requisito de no haber sido inhabilitado para acceder a un cargo público es inconstitucional al ser sobreinclusivo, razonamientos que resultan aplicables al caso.

La Comisión actora, no pasa por Alto que es posible que existan casos en los que, por la particularidad de determinados empleos, podría resultar admisible incluir los requisitos impugnados, siempre que se acredite de manera objetiva, que sí inciden de forma directa e inmediata en la función a desempeñar y las capacidades requeridas para ello, lo que tendría que justificarse y analizarse caso por caso.

Entonces, toda vez que el Congreso Local realizó distinciones injustificadas en perjuicio de las personas que cumplen los requisitos impugnados, en desigualdad de circunstancias con aquellas que no se encuentran en tal situación, el Organismo Autónomo actor procede a analizar la constitucionalidad de las exigencias de un test de un escrutinio ordinario.

Test ordinario de proporcionalidad

Conviene reiterar que los requisitos de no haber sido sancionado por la comisión de delito doloso, o inhabilitado para desempeñarse en el servicio público, para quien aspire a ocupar la titularidad de la Dirección General del IMPLAN, tienen el efecto de excluir a quienes se encuentren en tales circunstancias.

Por ende, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que tales requisitos transgreden el derecho de igualdad de las personas que se encuentren en esas situaciones, en virtud de que no existe una relación lógica y evidente entre las exigencias impuestas y las funciones a desempeñar en el mencionado cargo público.

Conforme sostuvo este Alto Tribunal Constitucional en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 85/2018 y en otros precedentes, previo al análisis constitucional de las normas que se estiman transgresoras del principio de igualdad, debe satisfacerse tres puntos: i) determinar si existe una distinción con la medida legislativa; ii) elegir el nivel de escrutinio que deberá aplicarse, y iii) desarrollar cada una de las etapas del test elegido.

En cuanto al primero, se considera que las disposiciones impugnadas establecen distinciones para acceder al cargo público señalados entre las personas que en algún momento de su vida fueron condenadas por la comisión de un delito doloso o inhabilitadas para desempeñar un cargo en el servicio público, frente a quienes no se ubican en esos supuestos.

Tal diseño normativo constituye una exclusión injustificada, en detrimento de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en dichas hipótesis, pues les impide el acceso al señalado cargo público, generando un régimen diferenciado sobre un supuesto de hecho idéntico.

Con la finalidad de llegar a tal conclusión y en relación con el segundo punto, esta Institución Nacional estima indispensable basarse en un análisis ordinario de constitucionalidad de las normas reclamadas, de conformidad con lo determinado por este Alto Tribunal en diversos precedentes cuando ha estudiado ese tipo de requisitos para acceder a un cargo o empleo.

Conforme a lo sustentado por ese Tribunal Constitucional, cuando una norma no hace una distinción basada en una categoría sospechosa -un factor prohibido de discriminación- corresponde realizar un escrutinio ordinario de la medida legislativa, establecido en los siguientes parámetros:

1. Finalidad constitucionalmente válida o legitimidad de la medida.

2. Instrumentalidad de la medida.

3. Proporcionalidad.

En la especie, se advierte que los requisitos impugnados podrían cumplir con la primera grada del test, en virtud de que busca generar las condiciones propicias para que quienes accedan al cargo público mencionados tengan el perfil necesario, es decir, sea recto, probo, honorable, entre otras cualidades que el Congreso pudo estimar que no los reúnen las personas que se encuentran dentro de los supuestos de las normas controvertidas.

En cuanto a la segunda etapa del escrutinio, se considera que las medidas legislativas reclamadas no tienen relación directa, clara e indefectible, para el necesario cumplimiento del fin constitucionalmente válido de contar con personas servidoras públicas, adecuadas y eficientes.

Lo anterior, en primer término, porqu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32752-7e18a5f5/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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