I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA. V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE CONFIGURA POR UNA DIMENSIÓN FORMAL O DE DERECHO Y OTRA SUSTANTIVA O DE HECHO. VI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DIFERENCIAS ENTRE DISTINCIÓN Y DISCRIMINACIÓN. VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL TÉRMINO DE "LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY", PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AL DISPONER EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS DE PODER SER NOMBRADOS PARA CUALQUIER EMPLEO O COMISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, SE REFIERE A CUESTIONES INHERENTES A LA PERSONA Y NO A ASPECTOS EXTRÍNSECOS A ÉSTA. VIII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO UNA PERSONA INHABILITADA PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA PARA ACCEDER A LOS CARGOS DE TITULARES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA Y DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS, TODAS DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 91, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN III, 94, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN III, Y 97, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN III, EN SENDAS PORCIONES NORMATIVAS "NI HABER SIDO INHABILITADO PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 91, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN III, 94, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN III, Y 97, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN III, EN SENDAS PORCIONES NORMATIVAS "NI HABER SIDO INHABILITADO PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 167/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 31 DE ENERO DE 2023. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: CÉSAR DE LA ROSA ZUBRÁN.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 167/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra los "artículos 91, fracción III, 94, fracción III, y 97, fracción III, todos en la porción normativa ‘ni haber sido inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, estatal o municipal, por resolución administrativa definitiva’, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, expedida mediante decreto publicado el nueve de octubre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de la citada entidad federativa".
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado el día nueve siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de quien se ostentó como su presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en la que cuestionó los artículos 91, fracción III, 94, fracción III, y 97, fracción III, todos en la porción normativa "ni haber sido inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, estatal o municipal, por resolución administrativa definitiva", de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, expedida mediante decreto publicado el nueve de octubre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Gobierno de la referida entidad federativa. Las disposiciones impugnadas establecen lo siguiente:
"Artículo 91. La designación de la persona titular de la Secretaría General será aprobada por mayoría absoluta del Pleno del Congreso, a propuesta de la Junta de Gobierno, a través de su presidente, por el término de la Legislatura.
"Para ser titular de la Secretaría General se requiere:
"I. ...
"II. ...
"III. No haber sido dictada sentencia definitiva en su contra por delito que amerite prisión preventiva oficiosa; no haber sido declarado en concurso mercantil o suspensión de pagos; ni haber sido inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, estatal o municipal, por resolución administrativa definitiva; ..."
"Artículo 94. La designación de la persona titular de la Contraloría Interna será aprobada por mayoría absoluta del Pleno del Congreso, a propuesta de la Junta de Gobierno, a través de su presidente, por el término de la Legislatura.
"Para ser titular de la Contraloría Interna se requiere:
"I. ...
"II. ...
"III. No haber sido dictada sentencia definitiva en su contra por delito que amerite prisión preventiva oficiosa; no haber sido declarado en concurso mercantil o suspensión de pagos; ni haber sido inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, estatal o municipal, por resolución administrativa definitiva; ..."
"Artículo 97. La Dirección del Instituto estará a cargo de una persona titular de la misma, quien será aprobada por mayoría absoluta del Pleno del Congreso, a propuesta de la Junta de Gobierno, a través de su presidente, derivada de un procedimiento de convocatoria pública.
"Para ser titular del instituto se requiere:
"I. ...
"II. ...
"III. No haber sido dictada sentencia definitiva en su contra por delito que amerite prisión preventiva oficiosa; no haber sido declarado en concurso mercantil o suspensión de pagos; ni haber sido inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, estatal o municipal, por resolución administrativa definitiva; ..."
2. Concepto de invalidez. La accionante argumenta, en síntesis, lo siguiente:
3. Único. Las disposiciones impugnadas vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, de libertad de trabajo y de acceso a un cargo público.
4. En su único concepto de invalidez, la CNDH cuestiona la constitucionalidad de los preceptos impugnados sobre la base de los siguientes argumentos.
I. Derecho de igualdad y no discriminación
• Las porciones normativas impugnadas impiden de forma injustificada que las personas que han sido inhabilitadas con motivo de una investigación de carácter administrativo puedan ejercer diversos cargos públicos como la titularidad de la Secretaría General, de la Contraloría y de la Dirección del Instituto de Profesionalización e Investigación Parlamentarias dentro del Poder Legislativo del Estado de Colima. Esto sin importar si la inhabilitación impuesta ya ha sido cumplida, ni si la conducta que dio lugar a su imposición se relaciona o no con las atribuciones del cargo.
• El requisito previsto en las porciones normativas impugnadas es incompatible con el bloque de constitucionalidad mexicano y en especial con los artículos 1o., 5o. y 35, fracción VI, de la Constitución, así como los diversos 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, pues resulta desproporcionado y excluye de forma injustificada a determinados sectores de la población de la posibilidad de ocupar esos cargos dada su amplitud y generalidad.
• La generalidad y amplitud de los preceptos impugnados impide acceder en condiciones de igualdad a los respectivos empleos públicos a personas que en el pasado hayan sido inhabilitados en el servicio público, sin que ello permita justificar en cada caso y con relación a la función en cuestión, la probable afectación a la eficiencia o eficacia del puesto a ejercer.
II. Libertad de trabajo y derecho a ocupar un cargo público
• La CNDH estima que el legislador debió acotar lo más posible las exigencias que restringen el acceso a las personas que aspiren a ser titulares de tales cargos cuando hubieran cometido conductas realmente gravosas y que se encuentren estrechamente vinculadas con las funciones a ejercer; sin embargo, contrariamente a ello, las normas establecen de manera genérica y absoluta la prohibición para ejercer los cargos a las personas inhabilitadas sin importar el tipo de falta que dio lugar a la sanción.
• Considera que las normas impugnadas constituyen una restricción al acceso a un empleo público que excluye por igual y de manera genérica a cualquier persona que haya sido inhabilitada por cualquier vía, razón o motivo y en cualquier momento, lo que pone en evidencia la sobre inclusividad de las disposiciones y demuestra la falta de razonabilidad y proporcionalidad de la medida que crea una condición estigmatizante.
• Esta especie de requisitos sólo serían constitucionalmente aceptables si se acotaran de tal manera que fueran dirigidas a personas que se encuentren cumpliendo con la sanción al momento de aspirar al cargo. De lo contrario, se extendería de por vida la consecuencia impuesta por haber incurrido en una falta concerniente al régimen de responsabilidades administrativas o por hechos de corrupción que sean sancionados con esa pena. De esta manera, se estaría colocando en una condición social inferior a la persona que ha sido sancionada respecto de quienes no lo han sido. Este efecto inusitado y trascendente contraviene la prohibición del artículo 22 constitucional.
• La Comisión reconoce que el legislador local buscó un fin constitucionalmente válido, consistente en garantizar el correcto desempeño en el ejercicio del servicio público. Sin embargo, la norma en cuestión no resulta idónea para lograr tal fin, pues el requisito impuesto no garantiza que quienes aspiran lleven a cabo su labor en condiciones de eficiencia, eficacia y honradez. Esto, pues el hecho de que una persona haya sido sancionada en el pasado no necesariamente tiene impacto directo, claro e indefectible en el cumplimiento de la finalidad constitucional referida. En el mismo sentido, el que se haya reconocido la responsabilidad administrativa de una persona en el pasado no determina que, en adelante, la misma esté impedida para realizar funciones de servicio público de manera adecuada. Por tanto, la medida adoptada por el legislador limita injustificadamente el derecho a acceder a un cargo público, dado el estigma que se infiere a las personas que han sido sancionadas previamente.
III. Inconstitucionalidad de las normas impugnadas
• La accionante considera que las normas combatidas resultan contrarias a los derechos de igualdad, de no discriminación, de libertad de trabajo y de acceso a un cargo público, reconocidos en el Texto Constitucional en sus artículos 1o., 5o. y 35, fracción VI, así como en diversos tratados internacionales.
• Lo anterior porque los preceptos impugnados establecen como requisito para acceder a las titularidades de la Secretaría General, Contraloría Interna y de la Dirección del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Parlamentarias, todos del Poder Legislativo de la citada entidad federativa, entre otros, no haber sido inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, estatal o municipal, por resolución administrativa definitiva, lo que impide de manera injustificada que las personas en esa situación accedan a los cargos precisados, aun cuando ya hubieran cumplido la sanción impuesta por la falta cometida.
• Estima que el requisito contenido en los preceptos impugnados es discriminatorio por generar una distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria para ocupar los cargos anteriormente referidos, al no ser constitucionalmente válido que se impida el acceso al desempeño del servicio público a las personas que hayan sido sancionadas con inhabilitación.
• Precisó que las normas se refieren a distintos cargos, por lo que el artículo 94 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, establece cuáles son las atribuciones que le conciernen al secretario general del Congreso del Estado de Colima, de donde deriva que la persona que desempeñe dicho puesto, fundamentalmente realizará funciones de coordinación, supervisión, administrativas y financieras, así como de apoyo para el Poder Legislativo de esa entidad federativa.
• Respecto a la persona titular de la Dirección del Instituto de Profesionalización e Investigación Parlamentarias, destacó que el mencionado instituto es un órgano de apoyo del Poder Legislativo Local, el cual tiene a su cargo realizar las tareas de investigación jurídica y legislativa que requiera el Congreso colimense, así como la capacitación, profesionalización, asesoría parlamentaria y el resguardo de los archivos históricos del indicado Poder Estatal, de manera que las funciones de la persona titular de la Dirección del Instituto de Profesionalización e Investigación Parlamentaria del Congreso de la entidad giran en torno a la administración, organización y representación de la referida institución, es decir, desempeña funciones de gestión administrativa, jurídica, técnica y profesional.
• Hizo notar que la restricción se actualiza por el hecho de haber sido sancionado administrativamente con inhabilitación en el servicio público; sin embargo, la sanción administrativa procede incluso por la comisión de faltas no graves, en términos de lo previsto en los artículos 49 y 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De manera que si bien el legislador colimense pretendió asegurar que las personas que ocupen el cargo tengan el perfil idóneo para ejecutar sus funciones de manera adecuada y acorde con la naturaleza del empleo público en cuestión, perdió de vista que no toda comisión de faltas administrativas de los servidores públicos se relaciona con actos o hechos de corrupción.
• De manera que el requisito al que se refieren de forma coincidente los artículos tildados de inconstitucionales resulta irrazonable y abiertamente desproporcional, ya que: a) no distingue entre sanciones impuestas por conductas dolosas o culposas, ni entre faltas graves o no graves; b) no contiene límite temporal, en cuanto a si la respectiva sanción fue impuesta hace varios años o de forma reciente; c) tampoco hace la distinción entre personas sancionadas que ya cumplieron con la respectiva sanción, y entre sanciones que están vigentes o siguen surtiendo sus efectos.
• En relación con el puesto de contralor interno, si bien –a diferencia de los cargos de titulares de la Secretaría General y de la Dirección del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Parlamentarias del Poder Legislativo, en las que es claro que no hay una estrecha vinculación, las funciones a desempeñar y la restricción impuesta– sus atribuciones sí pudieran relacionarse de alguna forma con el requisito de no haber sido sancionado con inhabilitación en el servicio público; sin embargo, la norma impugnada comparte el mismo vicio de inconstitucionalidad, al resultar sobre inclusiva ya que restringe injustificadamente el acceso a un empleo público al excluir por igual y de manera genérica a cualquier persona que haya sido sancionada administrativamente.
• De manera que la exigencia para ocupar el cargo de contralor no atiende a casos concretos y permite que se limite a una persona a desempeñarse en el empleo público, aun cuando la conducta infractora que cometió no amerite necesariamente que sea excluido de toda posibilidad de ocupar el cargo.
• Las normas impugnadas constituyen una restricción al acceso de un empleo público que excluye por igual y de manera genérica a cualquier persona que haya sido inhabilitada por cualquier vía, razón o motivo y en cualquier momento, considerando que las prescripciones normativas abarcan un gran número de posibles hipótesis normativas que impide incluso valorar si los mismos tienen una relación directa con las capacidades necesarias para el desempeño como titulares de la Secretaría General, Contraloría Interna, y de la Dirección del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Parlamentarias, todos del Poder Legislativo de la citada entidad federativa, lo que evidencia la sobre inclusividad de las disposiciones.
• Lo anterior aunado a que ese tipo de requisitos son claramente estigmatizantes, pues parten de una premisa que consiste en presuponer que si una persona con ese tipo de antecedentes ocupa los cargos de mérito, se pondrá en riesgo el adecuado funcionamiento del servicio público por ese solo hecho o bien, que invariablemente harán mal uso de los recursos puestos a su disposición, que simplemente son incapaces de ejecutar su labor con profesionalismo, idoneidad, aptitud, honestidad y probidad, entre otras cualidades, o que seguirán cometiendo faltas administrativas y en razón de ello, deben ser excluidas de manera automática de toda posibilidad de ser seleccionadas para desempeñar una función pública, aun cuando la conducta ilícita administrativa por la que fueron sancionadas no guarde ninguna relación con las actividades propias del cargo.
IV. Test de escrutinio ordinario de proporcionalidad
• La Comisión accionante adujo que los preceptos impugnados transgreden el derecho de igualdad de las personas que aspiren a ocupar algún cargo de los previstos en las normas, ya que no existe una relación lógica entre las hipótesis que se regulan y las funciones a desempeñar en determinados cargos, o bien, resultan demasiado amplias.
• La Comisión estimó necesario realizar un test de proporcionalidad ordinario de las normas combatidas, para sustentar esa afirmación citó como precedente lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 85/2018, donde se sostuvo que previamente al análisis constitucional de las normas que se estiman transgreden el principio de igualdad, deben satisfacerse tres puntos: i) determinar si existe una distinción con la medida legislativa; ii) elegir el nivel de escrutinio que deberá aplicarse; y, iii) desarrollar cada una de las etapas del test elegido.
• Precisó que en primer término se debe determinar si la medida legislativa persigue una finalidad admisible, mas no imperiosa, dentro del sistema jurídico; posteriormente, se debe analizar si la medida resulta racional para su consecución, es decir, si guarda una relación indefectible de instrumentalidad y, finalmente, se debe determinar si la medida constituye un medio proporcional que evite el sacrificio innecesario de otros derechos.
• Sobre esa base la accionante consideró que al aplicar el test de escrutinio en el caso concreto, se podría considerar que los preceptos normativos impugnados podrían cumplir con el primer requisito de escrutinio, pues buscan generar las condiciones propicias para que quien acceda a las titularidades de la Secretaría General, la Contraloría Interna y la Dirección del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Parlamentarias, todos del Poder Legislativo del Estado de Colima, tengan el perfil necesario para el desempeño de dichos cargos, es decir, que sean rectos, probos, honorables, entre otras cualidades que el legislador local pudo estimar que no los reúnen las personas que fueron sancionadas administrativamente con inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
• En cuanto a la segunda grada de escrutinio consideró que las medidas legislativas establecidas por el legislador local no tienen relación directa, clara e indefectible para el fin constitucionalmente válido de contar con servidoras y servidores públicos adecuados y eficientes.
• Lo anterior al no existir base objetiva para determinar que una persona sin antecedentes de sanción administrativa de inhabilitación, ejercerá las funciones correspondientes a los cargos previstos en las normas con rectitud, probidad y honorabilidad, o que aquellas que sí se encuentren en tal supuesto per se no ejercerán sus labores de forma adecuada, o que carezcan de tales valores o bien, no tengan la aptitud necesaria para cumplir con sus funciones con eficiencia, competencia o conocimiento.
5. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La promovente estimó que las que normas impugnadas son violatorias de los artículos 1o., 5o. y 35, fracción VI, de la Constitución, así como los diversos 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
6. Registro y turno. Por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 167/2021 y, por razón de turno, correspondió a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.
7. Admisión de la demanda. En proveído de dieciocho de noviembre siguiente la Ministra instructora admitió la acción de inconstitucionalidad y, entre otras cosas, ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima para que rindieran sus respectivos informes, así como al consejero jurídico del Gobierno Federal y al fiscal general de la República para los efectos legales conducentes.
8. Además, requirió al Poder Legislativo del Estado de Colima el envío de copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y al Poder Ejecutivo Local un ejemplar del Periódico Oficial de dicha entidad donde se haya publicado el decreto controvertido.
9. Informe. Por auto de cinco de enero de dos mil veintidós, se tuvo por rendido el informe del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, por conducto de Roberto Rubio Torres, donde argumentó, en síntesis, lo siguiente.
• Reconoció como cierto el acto reclamado consistente en la promulgación del decreto relativo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el nueve de octubre de dos mil veintiuno. 10. Así también, se tuvo por rendido el informe del Poder Legislativo del Estado de Colima a través de la titular de la Mesa Directiva diputada Viridiana Valencia Vargas, donde expuso lo siguiente:
• Precisó que conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los entes públicos están obligados a crear y mantener la actuación ética y responsable de cada servidor público y los que transgreden los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, no pueden volver a ocupar un cargo, pues se debe dar certeza de todo lo que se haga en el Congreso Local.
• Si una persona en el desempeño de su empleo, cargo o comisión fue sancionada administrativamente con una inhabilitación, trastoca los principios antes referidos, por lo que no pueden acceder a los cargos de titular de la Secretaría General, de la Contraloría Interna o de la Dirección del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Parlamentarias, pues no se puede garantizar que esas personas se identifiquen con los principios indicados.
• Si bien toda persona puede ser nombrada para cualquier empleo o comisión del servicio público, no menos es que para su viabilidad, debe tener las cualidades que establezca la ley; aspectos que se determinan en los artículos impugnados.
• Este Alto Tribunal ha determinado que las Legislaturas de los Estados tienen libertad configurativa en el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando se trate de disposiciones que incidan en el ámbito local, por tanto el Poder Legislativo tienen legitimidad y facultades para emitir la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima que es de orden público e interés general y que tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de Colima; es así como se considera válido que se establezcan los requisitos y condiciones necesarios que deberán satisfacer las personas para ser funcionarios de esa soberanía.
• Las personas que fueran titulares de la Secretaría General, de la Contraloría Interna o de la Dirección del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Parlamentarias, son personas que adquieren la calidad de trabajador de confianza por lo que no le son aplicables las normas convencionales.
11. Alegatos y cierre de instrucción. En proveído dictado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, se tuvieron por formulados los alegatos de la accionante y del Congreso del Estado de Colima, se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
12. Returno. Por proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, en atención a lo determinado por el Pleno en sesión pública solemne celebrada el dos de enero del año en curso, en la cual se eligió como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández y, con fundamento en los artículos 24 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 34, fracción XXII, y 81, párrafo primero, ambos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se returnó el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para continuar con el trámite respectivo.
I. COMPETENCIA
13. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 1o. de la ley reglamentaria,(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(4) de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante CNDH) promueve el presente medio de control constitucional contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional y violatorio de derechos humanos.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
14. La accionante reclama la inconstitucionalidad de los artículos 91, fracción III; 94, fracción III y 97, fracción III, todos en la porción normativa ‘ni haber sido inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, estatal o municipal, por resolución administrativa definitiva’, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, expedida mediante decreto publicado el nueve de octubre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de la citada entidad federativa.
III. OPORTUNIDAD
15. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en la que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
16. En este caso la acción es oportuna, pues como se precisó en párrafos anteriores, en la presente acción de inconstitucionalidad se impugnan disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el nueve de octubre de dos mil veintiuno.
17. En consecuencia, el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el lunes once de octubre de dos mil veintiuno y concluyó el martes nueve de noviembre del mismo año y la acción de inconstitucionalidad fue presentada el lunes ocho de noviembre de dos mil veintiuno en el "Buzón Judicial" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que debe estimarse que resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
18. Se analiza la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
19. La demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra en su carácter de presidenta de la CNDH, lo que acreditó con la copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Senado de la República, por el periodo que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
20. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CNDH podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad respecto de leyes federales o estatales que contraríen el orden constitucional, la cual puede ser legalmente representada por su presidente, de conformidad con los diversos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(5) y 18 de su reglamento interno.(6)
21. Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia,(7) establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
22. Consecuentemente, si en el presente caso la presidenta de la CNDH promovió la presente acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, por considerar que se vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, a la libertad de trabajo y de acceso a un cargo público; por tanto, dicha Comisión a través de su presidenta tiene legitimación para impugnarlos.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
23. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio.
24. En el caso, el Poder Legislativo Local hizo valer la causa de improcedencia consistente en la presentación extemporánea de la demanda, al considerar que los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima abrogada de treinta de enero de mil novecientos noventa y nueve y los artículos impugnados de la ley vigente, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima el nueve de octubre de dos mil veintiuno, son de igual contenido sustancial y no puede percibirse como una cuestión novedosa, por lo que se está en presencia de un acto consumado, consentido y firme.
25. Al rendir su informe el Poder Legislativo del Estado de Colima sostuvo que los preceptos legales cuya invalidez se plantea en los conceptos de invalidez, en realidad no fueron reformados por el Decreto 503, publicado el nueve de octubre de dos mil veintiuno, porque si bien la norma abrogada hacía referencia a la Oficialía Mayor y en la actual disposición se identifica a la Secretaría General, en términos de los artículos quinto y sexto transitorios de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, se trata de la misma unidad, con las mismas atribuciones, de manera que respecto a las personas que aspiren a ser titulares de la Secretaría General, de la Contraloría Interna y de la Dirección del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Parlamentarias, todos del Poder Legislativo del Estado de Colima, las porciones normativas contenidas en las normas impugnadas no son un requisito que se haya adicionado o incorporado, por lo que no puede percibirse como una cuestión novedosa, de ahí que a juicio del Legislativo Local no se trata de una novedad legislativa, sino ante un aspecto previsto inicialmente.
26. Se desestima el argumento, porque la acción de inconstitucionalidad resulta procedente respecto de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31830-c4d0daa5/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. I (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACCESO A EMPLEOS O CARGOS PÚBLICOS EN CONDICIONES DE IGUALDAD. LA RESTRICCIÓN A LAS PERSONAS NOTARIAS PARA SOLICITAR LICENCIA ÚNICAMENTE A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, VULNERA ESE D (P./J. 94/2026 (12a.))
- TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. PARA LOGRAR SU PLENA INCLUSIÓN EN EL GOCE Y EJERCICIO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA JUNTA DEBE DETERMINAR LAS MEDIDAS RAZONABLES Y SUFICIENTES EN (XVI.2o.T.5 L (10a.))
- SERVICIO PUBLICO, INHABILITACION TEMPORAL EN EL. AUTORIDAD COMPETENTE PARA IMPONERLA. (s/clave)
- PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL REQUERIMIENTO PARA QUE ACREDITEN SU CAPACIDAD DE EJERCICIO Y JUSTIFIQUEN SU LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA, ES INCONSTITUCIONAL E INCONVENCIONAL. (I.2o.C.17 C (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis