I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO OAXACA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO SANCIONADAS ADMINISTRATIVAMENTE CON SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O CON DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL O ESTATAL Y AQUELLAS PERSONAS QUE NO, PARA OCUPAR LOS CARGOS DE VISITADOR GENERAL Y TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 71, PÁRRAFO CUARTO, FRACCIÓN V Y 76, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO SANCIONADO O SANCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE CON SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O CON DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL O ESTATAL", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO OAXACA). IV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO SANCIONADO O SANCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE CON SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O CON DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL O ESTATAL PARA OCUPAR LOS CARGOS DE VISITADOR GENERAL Y TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA, VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 71, PÁRRAFO CUARTO, FRACCIÓN V Y 76, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO SANCIONADO O SANCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE CON SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O CON DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL O ESTATAL", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO OAXACA). V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO SANCIONADO O SANCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE CON SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O CON DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL O ESTATAL PARA OCUPAR LOS CARGOS DE VISITADOR GENERAL Y TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA, CONSTITUYE UNA MEDIDA SOBREINCLUSIVA QUE VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 71, PÁRRAFO CUARTO, FRACCIÓN V Y 76, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO SANCIONADO O SANCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE CON SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O CON DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL O ESTATAL", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO OAXACA). VI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL TÉRMINO DE "LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY" QUE PREVÉ COMO REQUISITO EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL PARA SER NOMBRADO EN UN EMPLEO O COMISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, DEBEN SER RAZONABLES Y NO DISCRIMINATORIAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 71, PÁRRAFO CUARTO, FRACCIÓN V Y 76, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO SANCIONADO O SANCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE CON SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O CON DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL O ESTATAL", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 71, PÁRRAFO CUARTO, FRACCIÓN V Y 76, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO SANCIONADO O SANCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE CON SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O CON DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL O ESTATAL", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO OAXACA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 153/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.
ÍNDICE TEMÁTICO
HECHOS: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estima que los artículos 71, fracción V y 76, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y el acceso a un cargo público, puesto que establecen como requisito para acceder a las titularidades de la Visitaduría General y la Dirección General de la Contraloría Interna, ambos órganos internos adscritos a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el "no haber sido sancionado o sancionada administrativamente, con suspensión en el ejercicio de la función pública o con destitución o inhabilitación para ejercer en la función pública federal o estatal."
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 153/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 71, fracción V y 76, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Oaxaca, expedida mediante el Decreto 2637, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno.
2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima violados los artículos 1o., 5o. y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los diversos 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
3. Conceptos de invalidez. En síntesis, la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisa en su único concepto de invalidez lo siguiente:
4. Los artículos 71, fracción V y 76, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y el acceso a un cargo público, puesto que establecen como requisito para acceder a las titularidades de la Visitaduría General y la Dirección General de la Contraloría Interna, ambos órganos internos adscritos a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el no haber sido sancionado administrativamente con suspensión en el ejercicio de la función pública o con destitución o inhabilitación para ejercer en la función pública federal o estatal.
5. Lo anterior lo considera así en virtud de que las normas impugnadas limitan de forma genérica los derechos de las personas que hayan sido sancionadas administrativamente en el servicio público ya sea con suspensión, destitución o inhabilitación, sin considerar si las conductas cometidas justifican de forma objetiva tal exclusión, por lo que dicha medida se traduce en una exclusión injustificada y discriminatoria para las personas que se encuentren en esa condición, impidiéndoles ejercer el derecho a la libertad de trabajo y ejercer un cargo público.
6. Refiere que el requisito previsto en las normas impugnadas resulta irrazonable y desproporcional porque no distingue entre sanciones impuestas por conductas dolosas o culposas ni entre faltas graves o no graves; ni contiene límite temporal en cuanto a si la respectiva sanción fue impuesta hace varios años o de forma reciente; como tampoco hace la distinción entre personas sancionadas que ya cumplieron con la respectiva sanción y entre sanciones que están vigentes o siguen surtiendo sus efectos.
7. De igual forma, la Comisión accionante aduce que el requisito exigido en los artículos 71, fracción V y 76, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, consistente en que los aspirantes a las titularidades de la Visitaduría General y de la Dirección de la Contraloría Interna, ambos órganos internos de control adscritos a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial oaxaqueño, no hayan sido sancionados administrativamente con suspensión en el ejercicio de la función pública, o con destitución o inhabilitación para el ejercicio de la función pública federal o estatal, transgreden el derecho de igualdad de las personas que se encuentren en esa circunstancia, en virtud de que no existe una relación lógica entre las mismas y las funciones a desempeñar en los mencionados cargos.
8. Radicación y admisión del escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 153/2021 y, por razón de turno, designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.
9. Por diverso auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la acción relativa y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
10. Informes de las autoridades y presentación de alegatos. El Poder Ejecutivo del Estado(1) y el Poder Legislativo(2) del Estado de Oaxaca rindieron sus respectivos informes, los cuales fueron admitidos por el Ministro instructor mediante acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós, asimismo, tuvo por recibidas las pruebas y ordenó correr traslado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República, con copia simple de los informes de las autoridades con la finalidad de que éstos formularan los alegatos respectivos.
11. De esta manera, únicamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos formuló los alegatos que al efecto consideró oportunos, los cuales fueron agregados al expediente mediante acuerdo del Ministro instructor de fecha uno de febrero de dos mil veintidós.(3)
12. Cierre de instrucción. Mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) 1 de su ley reglamentaria(5) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la declaración de invalidez del requisito que establece "No haber sido sancionado o sancionada administrativamente, con suspensión en el ejercicio de la función pública, o con destitución o inhabilitación para el ejercicio de la función pública federal o estatal", contenido en las fracciones V y IV de los artículos 71 y 76, respectivamente, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto 2637 en el Periódico Oficial de esa entidad el dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, al considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en la Constitución General así como en los tratados internacionales de los cuales México es Parte.
II. OPORTUNIDAD
14. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha en que la ley que se impugna sea publicada en el medio oficial correspondiente y, en caso de que el último día fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
15. En esa virtud, la norma cuya constitucionalidad se reclama se publicó mediante Decreto 2637 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el sábado dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de treinta días naturales para efectos del cómputo respectivo transcurrió del domingo diecinueve de septiembre al lunes dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.
16. Luego, si el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el propio dieciocho de octubre de dos mil veintiuno,(7) es decir, el último día del plazo legal, debe estimarse oportuna su presentación.
III. LEGITIMACIÓN
17. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia prevén que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, actuando a través de su legítimo representante.
18. En el presente caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó el Decreto 2637 mediante el cual se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; el escrito fue presentado y firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional. Este cargo se acreditó con la copia certificada de la constancia firmada por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en la que se comunica que, en sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, la citada Cámara la eligió como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un lapso de cinco años, el cual comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre del dos mil veinticuatro.(8) A su vez, se advierte que los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(9) y 18 de su reglamento interno(10) establecen que la representación del citado órgano constitucional autónomo corresponde a quien la presida.
19. En consecuencia, se considera que el escrito inicial correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 153/2021 fue promovido por un órgano legitimado constitucionalmente y presentada por quien cuenta con facultades suficientes para ello.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
20. Dado que los órganos señalados como emisor y promulgador de las disposiciones impugnadas no hicieron valer causas de improcedencia al rendir los informes respectivos ni esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de oficio que pueda actualizarse alguna, lo procedente es delimitar la litis y abordar los planteamientos de fondo.
V. PRECISIÓN DE LA LITIS
21. En atención a los conceptos de invalidez formulados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se advierte que impugna la constitucionalidad de los artículos 71, párrafo cuarto, fracción V y 76, párrafo tercero, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Oaxaca, expedida mediante Decreto 2637 en el Periódico Oficial de esa entidad el dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, al considerar que vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y el acceso a un cargo público, en la medida que impide de forma injustificada que las personas que han sido sancionadas administrativamente con suspensión en el ejercicio de la función pública, destituidas o inhabilitados para la función pública federal o estatal en algún momento de su vida, puedan acceder al cargo de visitadora o visitador o titular de la Contraloría de los Órganos Internos de Control adscritos a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
22. Al respecto, dichas disposiciones son del contenido siguiente:
"Artículo 71. La Visitaduría General es un Órgano Interno de Control del Consejo de la Judicatura adscrita a la Comisión de Disciplina que tiene la función de vigilar, controlar y fortalecer el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos dependientes del Consejo, a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente, así como evitar actos que lo demeriten.
"...
"V. No haber sido sancionado o sancionada administrativamente, con suspensión en el ejercicio de la función pública, o con destitución o inhabilitación para el ejercicio de la función pública federal o estatal."
"Artículo 76. La Dirección de Contraloría Interna es un Órgano Interno de Control adscrita a la Comisión de Disciplina tiene la función de vigilar, controlar y sustanciar los procesos derivados de actos u omisiones en el manejo, aplicación, administración de fondos, valores y recursos económicos que se traduzcan en daños y perjuicios estimables en dinero causados al patrimonio del Poder Judicial, y las inherentes a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses; dando seguimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, a la Ley de General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca.
"Estará a cargo de una contralora o contralor, cuya designación o remoción la realizará el Pleno del Consejo de la Judicatura a propuesta de la presidenta o presidente del propio Consejo, mediante un proceso de selección, transparente y objetivo, que garantice la alternancia entre mujeres y hombres.
"...
"IV. No haber sido sancionado o sancionada administrativamente, con suspensión en el ejercicio de la función pública, o con destitución o inhabilitación para el ejercicio de la función pública federal o estatal."
23. Ahora bien, se considera pertinente establecer las funciones de cada uno de los cargos:
"Artículo 73. El visitador o visitadora general tendrá las siguientes obligaciones:
"I. Planear, programar, coordinar e implementar la práctica de las visitas ordinarias de inspección a los juzgados de primera instancia
"II. Coordinar e intervenir en las visitas extraordinarias de inspección ordenadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura y la Comisión de Disciplina;
"III. Vigilar que las visitas y actas que se levanten con motivo de las mismas, se ajusten a los lineamientos precisados en esta ley, el reglamento respectivo y acuerdos generales, para lo cual podrá acompañar a los visitadores y visitadoras en la práctica de las mismas;
"IV. Fungir como autoridad resolutora en los procedimientos de que inicien con motivo de los informes de presunta responsabilidad administrativa de las y los servidores públicos del Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su competencia.
"V. Rendir un informe al Consejo de la Judicatura, por conducto de la Comisión de Disciplina, del resultado de las visitas efectuadas, al término de cada periodo ordinario de sesiones y cuando así lo solicite el presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura.
"El informe contendrá:
"a) Un diagnóstico sobre prácticas burocráticas que incidan en el retraso de los asuntos y las propuestas para corregirlas y evitarlas.
"b) Las causas que atenten en contra de la calidad y eficacia en el dictado de las sentencias y el método para corregirlas.
"VI. Aplicar las normas y lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura para la unificación de criterios de actuación al interior de la visitaduría;
"VII. Atender a las y los justiciables que concurran a las oficinas de la visitaduría a exponer algún problema relativo a la actuación de los órganos jurisdiccionales;
"VIII. Designar en caso de ausencia temporal, que no exceda de diez días, al visitador o visitadora que lo sustituya.
"Si la ausencia es mayor, será cubierta por el visitador o visitadora que al efecto designe el Pleno del Consejo de la Judicatura, con carácter de provisional;
"IX. Organizar, distribuir y mantener la buena marcha del órgano interno de control conforme a los Acuerdos Generales que se expidan.
"X. Establecer las medidas necesarias para que toda servidora o servidor público se conduzca con la ética y responsabilidad que la función pública merece.
"XI. Prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, implementando acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar las servidoras y servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
"XII. Canalizar ante las visitadoras y visitadores investigadores las comunicaciones que reciba sobre posibles conductas constitutivas de responsabilidad administrativa atribuible a servidoras y servidores públicos del Consejo de la Judicatura Estatal para su investigación.
"XIII. Distribuir por riguroso turno entre las visitadoras y visitadores instructores las denuncias formuladas por las visitadoras y visitadores investigadores para la sustanciación o trámite del procedimiento correspondiente hasta ponerlo en estado de resolución.
"XIV. Sugerir a los titulares de órganos jurisdiccionales y áreas administrativas la adopción de medidas preventivas a fin de prevenir y evitar faltas administrativas, actos de corrupción, conductas de acoso sexual y otras formas de violencia sexual y de género.
"XV. Las demás actividades que le instruya expresamente el Consejo de la Judicatura o su presidenta o presidente."
"Artículo 77.
"La dirección de contraloría interna tendrá las siguientes atribuciones:
"I. Recibir las quejas, denuncias, vistas turnadas por autoridades competentes, así como informes de auditorías internas y externas; con motivo de la actuación de las y los servidores públicos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, con excepción de la propia contraloría, o de terceros vinculados;
"II. Comprobar el cumplimiento por parte de los órganos administrativos de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio, fondos y valores;
"III. Vigilar el cumplimiento de los lineamientos relativos al funcionamiento administrativo, que fije la normatividad aplicable a los servidores públicos y empleados del Poder Judicial;
"IV. Vigilar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales, asignados a las diversas áreas administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial;
"V. Formular el programa anual de control y auditoría para aprobación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial;
"VI. Practicar las auditorías, inspecciones, intervenciones y revisiones que ordene el Pleno del Consejo de la Judicatura, a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas que integran el Poder Judicial del Estado, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, así como elaborar los informes de resultados correspondientes que serán remitidos a la Comisión de Disciplina;
"VII. Determinar e imponer las sanciones e indemnizaciones correspondientes por la comisión de faltas administrativas, en términos de la normatividad aplicable. Esta facultad será exclusiva de la o el titular de contraloría interna;
"VIII. Supervisar que las observaciones derivadas de las auditorías practicadas sean atendidas con la debida oportunidad por las y los servidores públicos correspondientes;
"IX. Llevar a cabo las acciones que procedan a fin de hacer efectivo el cobro de las sanciones económicas e indemnizaciones que se impongan en las resoluciones emitidas por la propia contraloría a las y los servidores públicos del Consejo de la Judicatura y terceros vinculados. "X. Intervenir en las diligencias de entrega-recepción cuando ocurran cambios de titulares de las diversas áreas del Poder Judicial;
"XI. Autorizar las bajas de bienes muebles del inventario en coordinación con la dirección de administración;
"XII. Constituirse como autoridad investigadora, sustanciadora y resolutora por las presuntas faltas administrativas determinadas en los actos citados en la fracción I, en términos de la legislación aplicable en la materia;
"XIII. Sustanciar los procedimientos administrativos con motivo de las inconformidades presentadas por los proveedores o contratistas, derivados de los procedimientos de contratación.
"XIV. Sustanciar los recursos que se presenten en el ámbito de su competencia, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
"XV. Coordinar la recepción y registro de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que deben presentar las y los servidores públicos del Poder Judicial; y, en su caso, instruir las acciones.
"XVI. Dar seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de las y los servidores públicos del Poder Judicial en términos de las leyes federales y estatales que en materia de combate a la corrupción se encuentren vigentes, y en las demás disposiciones que en materia de responsabilidades administrativas sean aplicables;
"XVII. Derogada.
"XVIII. Implementar los lineamientos y criterios que emitan los comités coordinadores de los sistemas nacional y estatal de combate a la corrupción e informar a dichos órganos los avances y resultados que se obtengan;
"XIX. Dar seguimiento a los requerimientos de pago y a las incidencias relativas a las pólizas de fianza turnadas por la Dirección del Fondo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura;
"XX. Hacer del conocimiento de la Comisión de Disciplina de los hechos que puedan ser constitutivos de delitos imputables a los servidores públicos del Poder Judicial;
"XXI. Colaborar en las actividades de fiscalización conforme se requiera por las autoridades competentes;
"XXII. Las demás que señale el reglamento respectivo y acuerdos generales;
"XXIII. Derogada.
"La Dirección de Contraloría Interna contará con el personal y las áreas que según las necesidades del servicio se requieran para el correcto ejercicio de sus facultades y funciones, en términos del reglamento respectivo y acuerdos generales; y lo permita el presupuesto de egresos."
VI. ESTUDIO DE FONDO
24. En este apartado se analizará la regularidad constitucional de los artículos 71, párrafo cuarto, fracción V y 76, párrafo tercero, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Oaxaca. Dichos preceptos prevén como requisito para las personas que aspiren o se postulen para desempeñar los cargos de visitadora o visitador y titular del área de la Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca la exigencia de "no haber sido sancionado o sancionada administrativamente, con suspensión en el ejercicio de la función pública, o con destitución o inhabilitación para el ejercicio de la función pública federal o estatal."
25. El motivo de invalidez es fundado en atención a lo siguiente.
26. En primer término, es pertinente destacar que, en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 111/2019,(11) esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los artículos 74, fracción VII; 75, fracción VI; 84, apartado A, fracción VIII; 85, apartado A, fracción XI; 86, apartado A, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el viernes trece de septiembre de dos mil diecinueve. Al efecto se señaló lo siguiente:
"Ahora bien, en el caso concreto, las normas impugnadas, exigen para los cargos de vice fiscal, director general, coordinador general o titular de los Centros y de las Fiscalías Especializadas, fiscal del Ministerio Público, elemento de la Policía Federal de Investigación o perito, estos últimos tres, pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera, según el caso, los requisitos de:
"• No haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público.
"Como se advierte, se trata de requisitos que no están relacionados con características o atributos en las personas que han sido históricamente tomados en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y/o discriminar; razón por la que, en principio, al no presentarse una categoría sospechosa, no hay motivos en el presente caso para someter las disposiciones normativas impugnadas a un escrutinio de constitucionalidad especialmente cuidadoso o estricto.
"A pesar de ello, es suficiente un test simple de razonabilidad para arribar en el caso, a la conclusión de que las normas impugnadas, resultan inconstitucionales, pues estás, como se explicará enseguida, resultan sobre-inclusivas.
"En efecto, si bien las normas generales en cuestión, persiguen avanzar en la realización de fines constitucionales aceptables, esto es, en el establecimiento de calidades determinadas para el acceso a determinados empleos públicos, lo cierto es que contienen hipótesis que resultan irrazonables y abiertamente desproporcionales, toda vez que:
"• No permiten identificar si la destitución o inhabilitación se impuso por resolución firme de naturaleza administrativa, civil o política;
"• No distinguen entre sanciones impuestas por conductas dolosas o culposas, ni entre faltas o delitos graves o no graves;
"• No contienen límite temporal, en cuanto a si la respectiva sanción fue impuesta hace varios años o de forma reciente; y,
"• No distinguen entre personas sancionadas que ya cumplieron con la respectiva sanción o pena, y entre sanciones que están vigentes o siguen surtiendo sus efectos.
"En suma, las normas impugnadas al establecer las distinciones en cuestión, como restricciones de acceso a un empleo público, excluyen por igual y de manera genérica a cualquier persona que haya sido destituida o inhabilitada por cualquier vía, razón o motivo, y en cualquier momento, lo que, de manera evidente, ilustra la falta de razonabilidad y proporcionalidad de la medida, ya que el gran número de posibles supuestos comprendidos en las hipótesis normativas objeto de análisis, impide incluso valorar si los mismos, tienen realmente una relación directa con las capacidades necesarias para el desempeño de los empleos públicos de referencia, e incluso, de cualquier puesto público.
"Siendo así, si a una persona se restringe el acceso a un empleo público determinado, por el solo hecho de haber sido sancionada en el pasado, –penal, política o administrativamente–, con una destitución ya ejecutada en un puesto determinado que se ocupaba, o con una inhabilitación temporal cuyo plazo ya se cumplió, sin duda puede presentarse una condición de desigualdad no justificada frente a otros potenciales candidatos al puesto, sobre todo, si el respectivo antecedente de sanción, no incide de forma directa e inmediata en la capacidad funcional para ejecutar de manera eficaz y eficiente el respectivo empleo.
"Para ello, debe recordarse que, en lo que se refiere al acceso a los cargos públicos, este Alto Tribunal ha determinado que las calidades a ser fijadas en la ley, a las que se refiere la Carta Magna en su artículo 35, deben ser razonables y no discriminatorias,(12) condición que no se cumple en las normas impugnadas.
"Ello, porque se insiste, en las normas referidas, el legislador local hizo una distinción que, en estricto sentido, no está estrechamente vinculada con la configuración de un perfil inherente a la función pública a desempeñar, sino en cierta forma, con su honor y reputación, a partir de no haber incurrido, nunca, en su pasado, en una conducta que el sistema de justicia penal, político o administrativo le haya reprochado a partir de una sanción determinada, lo cual, como se ha expresado, resulta sobre-inclusivo.
"Así, se coloca en una condición social determinada e inferior con respecto a otros integrantes de la sociedad, a cualquier persona que ha sido sancionada con una destitución o inhabilitación, y se les excluye indefinidamente y de por vida, de la posibilidad de acceder a los empleos públicos referidos en las normas impugnadas.
"De hecho, los requisitos en cuestión, provocan un efecto inusitado y trascendente a cualquier inhabilitación o destitución impuesta en el pasado de una persona, comprometiendo de forma indirecta la prohibición establecida en el artículo 22 constitucional, en tanto que sanciones impuestas a una persona un determinado tiempo, adquieren un efecto de carácter permanente durante toda la vida de una persona.
"Lo anterior, genera con dicha exclusión un efecto discriminante, no justificado, que lleva a declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.
"Es importante precisar que, lo expuesto, no excluye la posibilidad de que, para determinados empleos públicos, incluidos los asociados a las normas impugnadas, podría resultar posible incluir una condición como la impugnada, pero con respecto a determinados delitos o faltas que, por sus características específicas, tengan el potencial de incidir de manera directa e inmediata en la función a desempeñar y en las capacidades requeridas para ello, lo que tendría que justificarse y analizarse caso por caso.
"Esto es, podría ocurrir que el perfil de una persona sancionada por determinadas conductas, por ejemplo, graves o dolosas, o afines a faltas o delitos relacionados con la función a desempeñar, no resultare idóneo para el ejercicio de alguna función o comisión en el servicio público, en tanto que ello podría comprometer la eficiencia y eficacia requeridas, sobre todo si la conducta sancionada es relativamente reciente; pero lo que no es posible aceptar, es diseñar normas sobre-inclusivas como las impugnadas,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31130-cd18e158/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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