I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. IV. CAPACITACIONES EN MATERIA DE GÉNERO, DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. ES OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO, PARA ELIMINAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. V. FALTA GRAVE POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. COMPETE AL LEGISLADOR FEDERAL ESTABLECERLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-V, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO, PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. LA NORMA QUE ESTABLECE COMO FALTA ADMINISTRATIVA "GRAVE" EL HECHO DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS NO RECIBAN DICHA CAPACITACIÓN, ES INVÁLIDA, AL NO AJUSTARSE A LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 15, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "GRAVE" DE LA LEY DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO, DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). VII. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO, PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. LA NORMA QUE SANCIONA AL SERVIDOR PÚBLICO QUE TENGA DOS APERCIBIMIENTOS POR NO RECIBIR DICHA CAPACITACIÓN, CON SUSPENSIÓN TEMPORAL SIN GOCE DE SUELDO HASTA QUE LA RECIBA, ES INVÁLIDA, PORQUE DICHA SANCIÓN NECESARIAMENTE ESTÁ VINCULADA A LA "GRAVEDAD" DE LA FALTA ATRIBUIDA, LA CUAL FUE DECLARADA INVÁLIDA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 16, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EN CASO DE RECIBIR DOS APERCIBIMIENTOS, SIN CAUSA JUSTIFICADA, SE PROCEDERÁ A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL SIN GOCE DE SUELDO, HASTA EN TANTO SEA CAPACITADO EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA PRESENTE LEY. ", DE LA LEY DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO, DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "GRAVE" Y 16, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EN CASO DE RECIBIR DOS APERCIBIMIENTOS, SIN CAUSA JUSTIFICADA, SE PROCEDERÁ A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL SIN GOCE DE SUELDO, HASTA EN TANTO SEA CAPACITADO EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA PRESENTE LEY. ", DE LA LEY DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO, DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 127/2021 Y SU ACUMULADA 131/2021. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 127/2021 y su acumulada 131/2021, promovidas por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su presidenta, en contra de los artículos 15, párrafo segundo, y 16 de la Ley de Capacitación en Materia de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres para el Estado de Baja California Sur, contenida en el Decreto 2780, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de julio de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. PRIMERO.—Presentación de las demandas y normas impugnadas. El presidente de la República, a través de la Consejería Jurídica, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovieron acción de inconstitucionalidad mediante escritos recibidos el tres y treinta de agosto de dos mil veintiuno, respectivamente, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. SEGUNDO.—Artículos constitucionales que se señalan como violados. El presidente de la República estima que los artículos impugnados violan los artículos 14, 16, 22 y 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que se violentan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como los artículos 2.2 y 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
4. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, el presidente de la República, a través de la Consejería Jurídica, representada por Julio Scherer Ibarra, expuso los siguientes conceptos de invalidez:
Único concepto de invalidez
a. Los Artículos 15, Párrafo Segundo y 16 de la Ley de Capacitación en Materia de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia Hacia las Mujeres para el Estado de Baja California Sur, violentan los numerales 14, 16, 22 y 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b. Considera importante destacar que en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de anticorrupción y participación ciudadana; de gobernación y de estudios legislativos, segunda, sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, que dio origen a la reforma constitucional de veintisiete de mayo de dos mil quince; se estableció que la ley marco fijaría el establecimiento de las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a los servidores públicos con motivo del incumplimiento de sus obligaciones que resulte en hechos de corrupción.
c. Que del proceso legislativo llevado a cabo en materia de combate a la corrupción se estableció la facultad conferida al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el que se estableció que al legislador federal le compete fijar las conductas, sanciones y procedimientos para sancionar estos actos y podía determinar las subsistencia de las sanciones previstas en ordenamientos federales y locales, siempre que no fueran contrarias a las señaladas en la ley general de la materia. Basó su argumento en lo señalado en las acciones de inconstitucionalidad 56/2016, 58/2016, 31/2016 y su acumulada 91/2016, resueltas por este Alto Tribunal.
d. Señala que se estableció la facultad a favor del Congreso de la Unión para que expidiera una Ley General de Responsabilidades Administrativas –ley marco– en la que se distribuyeran competencias entre los órdenes de gobierno en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), la cual regula los principios y las obligaciones de todo servidor público, mediante la determinación y clasificación de las faltas en graves y no graves; así como los procedimientos de investigación y aplicación de las mismas.
e. Ahora bien, en el numeral 15, párrafo segundo, de la Ley de Capacitación en Materia de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia Hacia las Mujeres para el Estado de Baja California Sur que se impugna, se establece un supuesto normativo de falta grave que no se encuentra previsto en el catálogo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), pues esta ley regula lo relativo a las faltas administrativas graves de los servidores públicos en sus artículos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Bis, 61, 62, 63 Bis, 64 y 64 Bis; y dentro de esas faltas se encuentra el cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de intereses, contratación indebida, simulación de actos jurídicos, nepotismo y obstrucción de la justicia.
f. Estima que de los artículos de la ley que se impugna, se advierte que el legislador local establece un supuesto de falta grave dando lugar a una sanción administrativa en la que incurren los servidores públicos ante el incumplimiento a la capacitación que prevé la ley una vez que han sido apercibidos para su cumplimiento, situación que pone de manifiesto la transgresión al numeral 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal, ya que en materia de responsabilidades administrativas existe concurrencia de competencia entre la federación y los Estados, por lo que las Legislaturas Locales cuentan con facultades para legislar al respecto, ello sólo puede llevarse a cabo con respeto a los principios y bases establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas emitida al efecto por el Congreso de la Unión.
g. Señala que el Congreso de Baja California Sur, amplía el catálogo de infracciones graves en que pueden incurrir los servidores públicos, lo que difiere de lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual es la única que puede determinar los actos que se consideran faltas administrativas graves y a los cuales deben ajustarse las normas locales. Este argumento lo robustece con el criterio de este Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 115/2017.
h. Considera que el legislador local transgrede lo establecido en el artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal al establecer un supuesto normativo no contemplado en la ley marco al catálogo de las faltas administrativas graves, ya que dichas disposiciones trastocan las competencias de los órganos y su correlación con el sistema anticorrupción.
i. Por otro lado, indica que el numeral 16 de la ley impugnada señala un supuesto no establecido dentro del catálogo de faltas graves que prevé la ley marco; pues la sanción que prevé dicho numeral contempla un margen amplio para la sanción que puede ir desde un día de suspensión temporal sin goce de sueldo hasta que la autoridad realice la capacitación, por lo que la norma impugnada no contiene parámetros para graduar la sanción de suspensión entre un mínimo y un máximo de duración, lo que transgrede el tercer párrafo del artículo 14 constitucional.
j. Que en el caso concreto, el principio aplicable es la exacta aplicación de la norma penal, principio que debe considerarse aplicable en todos los procedimientos administrativos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado del "ius puniendi" del Estado, pues dicho principio implica el derecho de no ser sancionado de manera arbitraria, además de que la pena administrativa guarda una similitud fundamental con la sanción penal, toda vez que como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico.
k. Que la norma impugnada no establece con claridad los días en que al servidor público se le suspenderá temporalmente, ya que no establece un mínimo ni un máximo, así la autoridad de forma subjetiva puede establecer desde un día sin goce de salario hasta que se le capacite, lo que deja al arbitrio de la autoridad tal situación.
l. Manifiesta que el numeral que se impugna no guarda proporción y razonabilidad suficiente entre la sanción y la conducta, ya que al servidor público que incumpla con la capacitación, se le suspenderá temporalmente sin recibir sueldo hasta tanto sea capacitado, dicho dispositivo genera estado de incertidumbre para el servidor público sobre cuáles serán los límites mínimos y máximos de la suspensión temporal. Robustece lo anterior, al señalar que la Segunda Sala de este Alto Tribunal resolvió el amparo en revisión 650/2009, en el que se sostuvo que los principios de legalidad y de seguridad jurídica se respetan por los órganos legislativos cuando las disposiciones generales que crean, por una parte, generan certeza jurídica a los gobernados respecto de las consecuencias jurídicas de su conducta y, por la otra, al tratarse de normas que confieren alguna facultad a alguna autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, de manera tal que se impida a la autoridad correspondiente actuar de forma arbitraria en atención a las normas a que se debe sujetar.
m. Estima que, por un lado, el infractor debe conocer cuál será la consecuencia de su conducta y, por otro lado, la actuación de dicha autoridad debe estar limitada, de tal manera que la afectación a la esfera jurídica del gobernado no deriva en una actuación arbitraria, sino justificada por las circunstancias que rodean la situación advertida por la autoridad, la cual debe fundar y motivar su actuación.
n. Que con lo estipulado se acredita que la sanción consiste en la suspensión temporal sin goce de sueldo del servidor público, lo que no respeta los principios de proporcionalidad y certeza jurídica, en tanto que no se determina un límite mínimo y máximo, ya que el numeral 16 de la ley que se combate señala que estará vigente la sanción hasta tanto no se capacite al servidor público; por lo que resulta evidente que el legislador de la entidad no se ajustó al parámetro previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, puesto que distorsiona y se contrapone a la ley marco la cual es la única, por mandato constitucional, que puede determinar los actos que se consideran faltas administrativas graves y a los cuales deben ajustarse las normas locales.
o. Finalmente, considera que las normas combatidas impactan de manera perjudicial a los servidores públicos a los que se dirigen, puesto que los dejan en completa incertidumbre jurídica al generar dos fuentes normativas respecto de un solo tópico, lo que provoca una falta de homologación y armonización jurídica que permita a los destinatarios del ordenamiento conocer los supuestos normativos específicos que constituyen las infracciones respectivas; por lo que los dispositivos que se tildan de inconstitucionales son contrarios al derecho a la exacta aplicación de la ley, seguridad jurídica y a los principios de legalidad y proporcionalidad de las sanciones, al estatuir parámetros distintos a los previstos en la mencionada Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que los destinatarios de la norma carecerán de certidumbre respecto al parámetro sancionador.
5. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, expuso el siguiente concepto de invalidez:
Único concepto de invalidez
a. Los artículos 15, párrafo segundo, y 16 de la Ley de Capacitación en Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia Hacia las Mujeres para el Estado de Baja California Sur, establecen como falta grave el incumplimiento al apercibimiento que se emita por negarse a recibir las capacitaciones obligatorias en materia de género, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, dando lugar a una sanción administrativa; asimismo, cuando se reciban dos apercibimientos, tendrá lugar la suspensión temporal sin goce de sueldo, hasta tanto la persona servidora pública sea capacitada en esa materia. Tal regulación violenta el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que distorsiona, contradice y/o genera un parámetro diferenciado respecto de las faltas administrativas graves y sus respectivas sanciones, previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual constituye el ordenamiento marco en dicha materia.
b. Que el incumplimiento del apercibimiento por negarse, sin causa justificada, a recibir las capacitaciones obligatorias para la prevención y erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, en las distintas modalidades; asimismo estableció como sanción por recibir dos apercibimientos la suspensión temporal sin goce de sueldo, hasta tanto reciba la capacitación; es así como la regulación creada por el legislativo sudcaliforniano, respecto a supuestos de faltas administrativas graves y sus respectivas sanciones que pueden cometer las y los servidores públicos del Estado de Baja California Sur, desvirtúa y contradice la ley general de la materia.
c. Señala que, de acuerdo a lo anterior resulta inconstitucional en razón de que el legislador local distorsionó el sistema establecido en materia de responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos debido a que amplió los supuestos de infracción administrativa grave, asimismo modificó algunas cuestiones sobre una sanción específica, aspectos que, en términos de la Constitución Federal y su reforma en materia de anticorrupción, corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión, mediante la emisión de la ley general.
d. Que los principios normativos controvertidos de la Ley de Capacitación en Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia Hacia las Mujeres para el Estado de Baja California Sur aumentaron el catálogo de infracciones graves en que pueden incurrir las personas servidoras públicas; sin estarse a la clasificación respectiva establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de igual manera modificó el régimen de sanciones previsto en la indicada norma general, lo que trasciende inmediatamente a los aspectos intrínsecos de la competencia de la autoridad, en tanto que la calificación de las faltas es lo que determina si la sustanciación se llevará por los órganos internos de control o dependencias de mérito, mismos que podrán resolver en caso de infracciones no graves, o bien, si la sustanciación la realizará el órgano fiscalizador correspondiente y la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o su homólogo local.
e. Indica que el Constituyente estableció como facultad exclusiva del Congreso de la Unión la emisión de normas de carácter general que establecieran de manera clara la competencia de los órganos referentes en la materia y fijara las bases necesarias para que las autoridades adecuaran de manera integral su legislación, con observancia absoluta de los principios constitucionales de distribución exclusiva y residual de competencias legislativas entre Federación y Estados; por tanto, las legislaturas locales no pueden modificar aspectos relacionados íntimamente con la competencia de las autoridades que conocerán de esas conductas infractoras y, por tanto, no deben prever un catálogo diverso de faltas al ya previsto por la ley general, en tanto que dichas disposiciones podrían trastocar las competencias de órganos y su correlación dentro del sistema de anticorrupción.
f. Que de los artículos del 51 al 64 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las faltas administrativas graves de las personas servidoras públicas son el cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de la información, abuso de funciones, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, nepotismo y obstrucción de justicia, entre otros, sin que se encuentre disposición alguna que se refiera a la conducta que sanciona el artículo impugnado; pues este modifica, altera y distorsiona el régimen de responsabilidades administrativas graves previstas en la ley general respectiva.
g. La Comisión resalta que, en observancia de las obligaciones internacionales del Estado Mexicano derivadas de diversos instrumentos, tales como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará", es menester que se garantice a las mujeres una vida libre de violencia; en ese entendido, atendiendo al objetivo de la ley local combatida, esta comisión nacional celebra el compromiso del Congreso del Estado de Baja California Sur para promover e instaurar como obligatoria una capacitación en materia de prevención y erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres para todas las personas servidoras públicas de los Poderes y organismos autónomos sudcalifornianos.
h. Que el diverso artículo 16 de la ley impugnada estableció que, en el caso de recibir dos apercibimientos derivados de la negativa de las personas servidoras públicas al recibir la capacitación obligatoria prevista en dicho ordenamiento, la o el servidor público será acreedor a la suspensión temporal sin goce de sueldo, hasta tanto sea capacitado; dicha previsión normativa contraviene lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues ésta en su título Cuarto denominado "sanciones", en el Capítulo II, de los artículos 78 a 80 Bis, establece las sanciones que podrán imponerse a las personas servidoras públicas por faltas administrativas graves, las cuales son la suspensión, destitución del empleo, cargo o comisión, una sanción económica y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
i. Igualmente, el indicado precepto prevé que, cuando determine que la falta grave sea sancionada con la suspensión del empleo, cargo o comisión, ésta podrá ser de treinta a noventa días naturales; en ese sentido, el artículo 16 de la Ley contravenida rompe con la armonía y estructura del régimen de sanciones para las faltas administrativas graves en que incurran las personas servidoras públicas previsto en la ley general relativa, toda vez que la norma impugnada establece como sanción la suspensión temporal sin goce de sueldo, hasta tanto sea capacitada la o el servidor público infractor.
j. Argumenta que la norma contravenida establece una sanción cuya temporalidad se encuentra condicionada al momento en que la persona servidora pública infractora reciba la capacitación obligatoria, lo cual puede ocurrir incluso antes o después de la temporalidad prevista por la Ley General de Responsabilidades Administrativas para la suspensión del empleo, cargo o comisión derivada de faltas graves. Así, es posible afirmar que el legislador de Baja California adicionó o modificó la temporalidad de la sanción que podrá imponerse a las o los servidores públicos que incurran en una falta administrativa grave, que tampoco se encuentra prevista por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. k. Se estima que los artículos 15, párrafo segundo y 16 de la Ley de Capacitación en Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia Hacia las Mujeres para el Estado de Baja California Sur, de forma indebida, previó un supuesto de falta grave y una sanción administrativa por un hecho ajeno a este tipo de faltas que pueden cometer los servidores públicos diversos a los establecidos por el Congreso Federal en la Ley General en la Materia, lo cual redunda en perjuicio de los y las destinatarios de las disposiciones.
l. En consecuencia, resulta evidente que el legislador local no se ajustó al parámetro previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en lo que se refiere a las conductas que constituyen faltas graves como a las sanciones derivadas de la comisión de este tipo de actuaciones, pues distorsiona y se contrapone a lo dispuesto por la ley marco, la cual es la única que por mandato constitucional puede determinar los actos que se consideran faltas administrativas y a los cuales deben ajustarse las normas locales.
m. La Comisión estima que el hecho de que el Congreso Local haya establecido diversos supuestos como faltas graves en materia de responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos en una ley diversa a su legislación local en la materia, también impacta perjudicialmente en la seguridad jurídica de las personas en la entidad, toda vez que genera dos fuentes normativas respecto de un solo tópico, generando falta de homologación y armonización jurídica que permita a los destinatarios de la norma conocer las hipótesis específicas que constituyen las infracciones respectivas.
6. Trámite, Admisión y Acumulación. Mediante proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, el entonces Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente de la República bajo el número 127/2021 y turnar el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
7. Por otro lado, mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, el entonces Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el número 131/2021, acumularlo a la diversa acción de inconstitucionalidad 127/2021, y turnar el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
8. Finalmente, en auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se admitieron a trámite las acciones de inconstitucionalidad, se dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes, asimismo se dio vista al fiscal general de la República.
9. El plazo para que los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Baja California Sur, rindieran su informe, transcurrió del once de octubre al tres de noviembre de dos mil veintiuno.
10. Informe del Poder Legislativo de Baja California Sur. Mediante escrito depositado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno en Correos de México y recibido el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado de Baja California, por conducto del Oficial Mayor Adrián Chávez Ruiz, rindió el informe que le fue requerido, en el que esencialmente manifestó lo siguiente:
a. En principio sostiene que la norma impugnada tiene por objeto que todas las personas servidoras públicas de los tres poderes del Estado, los Ayuntamientos y de los órganos constitucionales autónomos de Baja California Sur estén obligados a capacitarse en materia de género, de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y así garantizar que, desde la detección de la problemática, el diseño de las políticas públicas, su implementación y su evaluación contengan perspectiva de género y que en el proyecto que propone se distribuyen competencias entre los distintos órdenes de gobierno para realizar las capacitaciones y establecer el régimen disciplinario en caso de incumplir con la obligación, siendo este último el punto controvertido.
b. Manifiesta que coinciden con la invalidez del numeral 15, párrafo segundo, de la ley impugnada, en cuanto a que se establece un supuesto normativo de falta grave que no se encuentra previsto en el catálogo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
c. Por otro lado, la sanción impuesta en el artículo 16 de la norma impugnada señala un supuesto no establecido dentro del catálogo de faltas graves que prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así mismo, dicha sanción contempla un amplio margen para la sanción que puede ir desde un día de suspensión temporal sin goce de sueldo hasta que la autoridad realice la capacitación, por lo que la norma impugnada no contiene parámetros para graduar la sanción de suspensión entre un mínimo y un máximo de duración, lo que transgrede el artículo 14 constitucional, así como los principios de seguridad jurídica y de legalidad. Por lo antes mencionado, es que coincide en declarar la invalidez de los artículos impugnados.
11. Informe del Poder Ejecutivo de Baja California Sur. Mediante oficio recibido en el buzón judicial el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el licenciado Fernando Favian González Luévanos en su carácter de subsecretario de la Consejería Jurídica dependiente de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en representación del gobernador de dicho Estado, rindió el informe que le fue requerido, en el que esencialmente manifestó lo siguiente:
a. La autoridad considera que es cierto el acto reclamado y que el interés supremo del Ejecutivo Estatal es garantizar y proteger los derechos que las constituciones general y local otorgan a las personas, siendo necesario que este derecho se contextualice a un marco normativo donde la letra y la interpretación se armonicen con el espíritu social de las normas, en este sentido, más allá de negar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad que demanda la parte actora, toda vez que su particular participación de los preceptos que considera inconstitucionales corresponden a la nuestra, se ha optado por la coincidencia, por tal motivo se ha considerado enviar al Congreso del Estado, iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Capacitación en Materia de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres para el Estado de Baja California Sur, lo anterior tomando en consideración las observaciones hechas por la Federación.
12. Pedimento de la Fiscalía General de la República. Esta representación no formuló pedimento en este asunto.
13. Alegatos. Mediante oficio presentado mediante buzón judicial el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el delegado del presidente de la República formuló los alegatos y señaló lo siguiente:
a. El legislador local al expedir la Ley de Capacitación en Materia de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres para el Estado de Baja California Sur, establece un supuesto de falta grave dando lugar a sanción administrativa en la que incurren los servidores públicos ante el incumplimiento a la capacitación que prevé la ley una vez que han sido apercibidos para su cumplimiento, situación que pone de manifiesto la transgresión al numeral 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal, toda vez que en materia de responsabilidades administrativas, existe concurrencia de competencia entre la Federación y los Estados, por lo que las Legislaturas Locales cuentan con facultades para legislar al respecto, ello sólo puede llevarse a cabo con respeto a los principios y bases establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
b. Así, el Congreso Local, al ampliar el catálogo de infracciones graves en que pueden incurrir los servidores públicos difiere de lo establecido en la ley marco, trastocando el sistema de competencias establecidas para tal efecto. La norma combatida no establece un parámetro mínimo-máximo en la imposición de la sanción, dejando a la autoridad la facultad de establecer de forma subjetiva la sanción, violentando con ello los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal.
c. Consecuentemente a lo anterior, se reiteran todas y cada una de las manifestaciones y consideraciones jurídicas expuestas en la demanda de acción de inconstitucionalidad.
14. Alegatos. Mediante escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló alegatos y señaló lo siguiente:
a. Que las premisas vertidas por el subsecretario de la Consejería Jurídica de la Secretaría General de Gobierno y el oficial mayor del Congreso, ambos del Estado de Baja California Sur, se limitaron a allanarse a las pretensiones de la comisión accionante, pues expresamente manifestaron coincidir en que los artículos impugnados establecen nuevos supuestos, tanto de una falta administrativa grave, como de una sanción, diversos a las hipótesis previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, por ende, en lo que señala la propia Constitución Federal, en consecuencia, vulneran el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad.
b. Sostuvieron que los artículos impugnados prevén como falta administrativa grave, el incumplimiento del apercibimiento po
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32087-48a32f32/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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