I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PUEDE PRESENTARLA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE LEGITIMADO (ARTÍCULOS 10, NUMERAL 2, 23, 65, 68, NUMERAL 6, 72, FRACCIONES III A XVII, 73, 80, 81, 84, NUMERAL 3, 93 Y 101 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, AL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO PARA IMPUGNAR DIVERSOS ARTÍCULOS (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 35, NUMERAL 3, 49, NUMERAL 5, 87, 88, 89, 90, 92, NUMERAL 1, Y 97, NUMERAL 2, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES PUEDE SER MATERIA DE ESTUDIO EN UNA U OTRA VÍA. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE VÁLIDAMENTE PLANTEARSE SU IMPROCEDENCIA POR ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 72, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA). VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TIENEN POTESTAD LEGISLATIVA PARA AMPLIAR, ADECUAR O PERFECCIONAR LAS FACULTADES DE LOS ÓRGANOS GARANTES LOCALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE APARTEN DE LOS PRINCIPIOS Y BASES SEÑALADAS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014). VII. ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA. LAS FACULTADES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO, DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY RELATIVA, ASÍ COMO DE INTEGRAR AUDITORÍAS ARCHIVÍSTICAS EN SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, NO REBASA LAS BASES Y PRINCIPIOS PREVISTOS PARA LOS ORGANISMOS GARANTES LOCALES EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA (ARTÍCULO 10, NUMERAL 2, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA. VIII. ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA. LA FACULTAD DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO, DE ANALIZAR Y AUDITAR LOS INFORMES ANUALES QUE DETALLEN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE LOS SUJETOS OBLIGADOS POR ESA LEY, NO REBASA LAS BASES Y PRINCIPIOS PREVISTOS PARA LOS ORGANISMOS GARANTES LOCALES EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA (ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA). IX. ARCHIVOS. OBLIGACIONES A CARGO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS SISTEMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. X. ARCHIVOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR SUS SISTEMAS LOCALES SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE ÉSTOS SE PREVEA EN TÉRMINOS EQUIVALENTES A LOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. XI. ARCHIVOS. EL DISEÑO DE SU SISTEMA A NIVEL LOCAL SERÁ EQUIVALENTE AL FEDERAL, CUANDO AQUÉL NO ENTORPEZCA, DIFICULTE O IMPOSIBILITE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL, NI SU DEBIDA COORDINACIÓN. XII. ARCHIVOS. NO ES EXIGIBLE LA EQUIVALENCIA A NIVEL LOCAL PARA EL TITULAR DEL BANCO DE MÉXICO Y EL INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL, POR NO CONTAR ÉSTOS CON HOMÓLOGOS A NIVEL ESTATAL (ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA). XIII. ARCHIVOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PARTICULARIZAR QUIÉN SERÁ EL REPRESENTANTE DE LOS PODERES JUDICIAL Y LEGISLATIVO ANTE EL CONSEJO LOCAL DE ARCHIVOS (ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA). XIV. ARCHIVOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CUENTAN CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA ESTABLECER LOS TÉRMINOS EN QUE PARTICIPARÁN LOS MUNICIPIOS EN LOS CONSEJOS LOCALES (ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA). XV. ARCHIVOS. LA DECISIÓN DE CONCEDER A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS ESTATALES UNA INVITACIÓN PERMANENTE O CONTINGENTE EN EL CONSEJO LOCAL DE ARCHIVOS FORMA PARTE DE LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA). XVI. ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA. LA AUSENCIA EN LA LEY RELATIVA, DE LA FACULTAD DEL TREINTA POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL PARA CONVOCAR SESIONES EXTRAORDINARIAS, VIOLA EL MANDATO DE EQUIVALENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 68, NUMERAL 6, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA). XVII. ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA. LAS FACULTADES OTORGADAS AL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL ARCHIVO ESTATAL EN LA LEY RELATIVA, ADICIONALES A LAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA PARA SU EQUIVALENTE A NIVEL FEDER
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 101/2019. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 3 DE MAYO DE 2021. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: DANIELA CARRASCO BERGE Y FERNANDO SOSA PASTRANA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día tres de mayo de dos mil veintiuno, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 101/2019, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en contra de diversos artículos de la Ley de Archivos del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el catorce de agosto de dos mil diecinueve.
I. TRÁMITE
1. Presentación del escrito. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, en adelante) ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el trece de septiembre de dos mil diecinueve.
2. Órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas. Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima.
3. Normas generales cuya invalidez se demanda. Los artículos 10, numeral 2; 23, 35, 49, 65, 68, 72, 73, 80, 81, 84, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 97 y 101, todos de la Ley de Archivos del Estado de Colima (LAEC, en adelante), publicada en el Periódico Oficial de la entidad el catorce de agosto de dos mil diecinueve.
4. Conceptos de invalidez del INAI. El INAI argumenta, en esencia, que las disposiciones impugnadas vulneran los artículos 1o., 6o., apartado A, 14, 16, primer párrafo, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 109, fracciones III y IV, y 124 de la Constitución Federal, por las razones que se resumen a continuación:
4.1. En el primer concepto de invalidez, el INAI sostiene la inconstitucionalidad de los artículos 10, numeral 2, y 23 de la LAEC, por conceder al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol, en adelante), atribuciones no previstas en el artículo 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General de Transparencia, en adelante) para los organismos garantes locales, sin que se pueda alterar el diseño y atribuciones de dichos organismos, pues la ley general opera como marco. De ahí que las normas impugnadas, al rebasar las bases y principios en la materia, repercuten e impactan de manera negativa en la promoción, respeto, protección y garantía del derecho de acceso a la información.
4.2. En el segundo concepto de invalidez, el INAI argumenta que el artículo 65 de la LAEC es inconstitucional, al prever una integración del Consejo Estatal de Archivos diversa a la establecida por el artículo 65 de la Ley General de Archivos (LGA, en adelante). Sostiene que el Consejo Estatal debió incluir, entre otros, un diputado representante del Poder Legislativo local, que preferentemente presida la Comisión Legislativa afín, al Magistrado presidente del Poder Judicial Local, a los presidentes municipales, como representantes del Municipio, al órgano electoral estatal, a la Comisión de Derechos Humanos estatal y al titular de la institución de educación superior autónoma de la entidad.(1) Además, argumenta que se omitió reconocer el carácter de invitados permanentes a los órganos constitucionalmente autónomos previstos en el artículo 22 de la Constitución Estatal.
4.3. En el tercer concepto de invalidez, el INAI arguye que el artículo 68, numeral 6, de la LAEC es inconstitucional por otorgar al presidente del Consejo Estatal la facultad exclusiva de convocar a sesiones extraordinarias, pues la LGA en el artículo 66, establece que, tratándose del Consejo Nacional, las sesiones extraordinarias podrán convocarse tanto por el presidente, a través del secretario técnico, como por solicitud que a éste formulen al menos el treinta por ciento de los miembros.
4.4. En el cuarto concepto de invalidez, el INAI sostiene que el artículo 72 de la LAEC es inconstitucional, toda vez que otorga al órgano de gobierno del archivo estatal atribuciones diversas a las previstas en el artículo 109 de la LGA para el órgano de gobierno del archivo nacional, desbordando las facultades con que debe contar. En específico, considera que se otorgan quince atribuciones adicionales, resultando inconstitucionales las fracciones III a XVII del precepto impugnado.
4.5. En el quinto concepto de invalidez, el INAI sostiene que el artículo 73 de la LAEC es inconstitucional, por establecer una integración del órgano de gobierno del archivo estatal diversa a la prevista en el artículo 110 de la LGA para el Órgano de Gobierno del Archivo General de la Nación. Señala que, mientras que el órgano nacional se integra por siete miembros, el órgano local está conformado por doce, lo que vulnera la autonomía y descentralización buscada, pues no fomenta el equilibrio para la toma de decisiones administrativas, de planeación y presupuestales, además, de que las figuras de vicepresidente, secretario ejecutivo, comisario, vocales, así como la representación de los Poderes Legislativo y Judicial Locales, no se encuentran previstas en la LGA. Aunado a lo anterior, argumenta que se excluye de la integración a representantes de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación y, en cambio, se incluye en la integración a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Administración y Gestión Pública y la Secretaría de Fomento Económico Locales. Por último, alega que es el gobernador del Estado quien presidirá el órgano de gobierno, mientras que la LGA contempla a un miembro de la Secretaría de Gobierno como presidente del órgano a nivel nacional.
4.6. En el sexto concepto de invalidez, el INAI argumenta que los artículos 80 y 81 de la LAEC son inconstitucionales por dos razones. Por un lado, el primer precepto establece requisitos de elegibilidad para ser director general del archivo estatal, distintos a los previstos en el artículo 111 de la LGA para poder ser director general del Archivo General de la Nación. Destacadamente, señala que la Legislatura omitió prever los requisitos de contar cuando menos con treinta años al día de la designación y no tener relación de parentesco, consanguinidad o afinidad con los miembros del órgano de gobierno. Agrega que la omisión de incluir el último requisito podría dar lugar a conflictos de interés. Por otro lado, en ninguno de los dos preceptos se establece el nivel jerárquico que tendrá el titular del archivo estatal, siendo que es directamente aplicable el artículo 71 de la LGA.
4.7. En el séptimo concepto de invalidez, el INAI afirma que el artículo 84, numeral 3, de la LAEC es inconstitucional, dado que, al otorgar al Archivo General del Estado la facultad para convenir con los particulares o con quien los represente, las bases, procedimientos, condicionantes y garantías para realizar una versión facsimilar o digital de los documentos o archivos de interés público que se encuentren en posesión de aquéllos, se vulneran las atribuciones concedidas en exclusiva al Archivo General de la Nación por el artículo 75 de la LGA.
4.8. En el octavo concepto de invalidez, el INAI sostiene que el artículo 93 de la LAEC es inconstitucional, dado que el artículo 106, fracción XXI, de la LGA prevé que será el Archivo General de la Nación quien realice las declaratorias de patrimonio documental de la nación, por tanto, no resulta válido prever a nivel local que un sujeto legitimado diferente, es decir, el gobernador del Estado, pueda emitir declaratorias de patrimonio documental del Estado.
4.9. En el noveno concepto de invalidez, el INAI alega que el artículo 101 de la LAEC es inconstitucional al no expresar las faltas administrativas que son consideradas graves, pues, si bien el artículo 105 de la misma, no impugnado, establece las hipótesis cuya actualización constituye una falta administrativa, lo cierto es que el artículo impugnado es el que individualiza las sanciones, omitiendo señalar cuáles faltas serán graves, a diferencia del artículo 118, último párrafo, de la LGA. Asimismo, considera que se transgrede el artículo 16, en relación con el 109, fracciones III y IV, ambos constitucionales, puesto que no existe certeza sobre la autoridad competente para investigar y sustanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas, al depender ésta, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (en adelante, LGRA), del carácter grave o no grave de las faltas.
4.10. En el décimo concepto de invalidez, el INAI argumenta que los artículos 87 a 90 de la LAEC son inconstitucionales, ya que las Legislaturas Locales no tienen competencia para establecer un Registro Estatal de Archivos. Esto, dado que los artículos 78 a 81 de la LGA prevén que el Sistema Nacional contará con el registro nacional, administrado por el Archivo General de la Nación. Asimismo, indica que los artículos establecen que este registro concentrará la información de los sistemas institucionales, de los archivos privados de interés público, así como el patrimonio documental en su resguardo; es decir, se constituye en una base registral única y uniforme, de tal forma que validar la competencia local se traduciría en una duplicación de funciones.
4.11. En el décimo primer concepto de invalidez, el INAI señala que el artículo 35, numeral 3, de la LAEC es inconstitucional, pues concede al archivo local la facultad de determinar las normas para la adecuada conservación de los fondos de valor histórico, siendo que es el Archivo General de la Nación quien está facultado para elaborar los criterios para la preservación digital de los acervos de los archivos históricos del Estado, conforme al artículo 66, numeral 1, fracción IX, de la LAEC.
4.12. En el décimo segundo concepto de invalidez, el INAI afirma que el artículo 49, numeral 5, de la LAEC es inconstitucional, al prever que, en caso de reducir la composición del grupo interdisciplinario por motivos presupuestales o de gestión, se deberá informar al Infocol, pues dicha atribución no está prevista dentro de la LGA o la Ley General de Transparencia, excediendo las facultades que puede tener un órgano coadyuvante, no especializado en materia de archivos.
4.13. Por último, en el décimo tercer concepto de invalidez, el INAI sostiene que los artículos 92, numeral 1, en relación con el 97, numeral 2, de la LAEC son inconstitucionales, dado que la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad del patrimonio documental solamente puede ser en favor de la Federación y no de las entidades, las cuales son incompetentes para legislar respecto de monumentos históricos de interés nacional. Asimismo, argumenta que, en todo caso, las calidades mencionadas sólo resultarían aplicables para el patrimonio documental de la nación, en términos de los artículos 84 y 85 de la LGA.
5. Auto de registro y turno. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente de la acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 101/2019, así como su turno al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor.
6. Auto de admisión. En un acuerdo de dos de diciembre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo Locales para que rindieran su informe, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que formularan pedimento o manifestaran lo que corresponda a su derecho.
7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Colima. En su informe, el Congreso de la entidad federativa sostiene, en esencia, la validez de las normas impugnadas en los trece conceptos hechos valer por el accionante.
7.1. En respuesta al primer concepto de invalidez, argumenta que los artículos 10, numeral 2, y 23 impugnados encuentran sustento en la fracción XXII del artículo 42 de la Ley General de Transparencia y que no se invaden las funciones del INAI previstas en los artículos 41 y 21 de la misma ley. Además, sostiene que el artículo 116, fracción VIII, de la Constitución Federal prevé la creación a nivel local de un organismo autónomo garante del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, quedando dentro de su libertad de configuración el asignarle facultades diversas que refuercen la protección de los derechos, al permitir una auditoría adecuada. Aunado a que las entidades federativas sí pueden adaptar, perfeccionar o mejorar los parámetros mínimos establecidos por la Ley General de Transparencia.
7.2. En respuesta al segundo concepto de invalidez, alega que el artículo 65 impugnado no transgrede el orden constitucional ni el derecho a la verdad, pues lo que pretende es indicar que existe un ente encargado de verificar la información, conservarla, protegerla y ponerla al alcance de las personas, cumpliendo con los postulados constitucionales; en este sentido, si bien el precepto no incorporó a los presidentes municipales en el Consejo Estatal de Archivos, lo cierto es que sí existe un representante de los archivos municipales, por lo que no se atenta contra los principios y bases aplicables en la materia. Sostiene que el mismo razonamiento debe aplicarse a la falta de previsión del Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al representante del Instituto Electoral local y al de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo anterior se refuerza con el hecho de que la LGA ya contempla como sujetos obligados a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y órganos autónomos, con independencia de que formen o no parte del Consejo Estatal de Archivos.
7.3. En respuesta al tercer concepto de invalidez, sostiene que el artículo 68, numeral 6, impugnado resulta constitucional, pues al tratarse de órganos locales, su organización y funcionamiento debe darse en términos de la legislación que lo rija. Aunado a eso, indica que no se está ante un concepto de invalidez, sino una sugerencia de cómo debería hacerse la conformación y, en todo caso, sí se prevé la participación de funcionarios estatales en el artículo 73 de la LAEC.
7.4. En respuesta a los conceptos de invalidez tercero y cuarto, afirma que los artículos 68, numeral 6, y 72 impugnados respetan la Constitución Federal. En primer lugar, considera que en nada perjudica a la integración del Consejo Nacional el hecho de que, a nivel local, el Consejo Estatal no prevea la posibilidad de que el treinta por ciento de sus integrantes convoquen a sesiones extraordinarias, pues ello obedece a que, mientras el organismo nacional está conformado por trece miembros, el local solamente tiene diez. Bajo esa línea, sostiene que la armonización no implica identidad en la legislación, dado que la organización y funcionamiento de un órgano local se rige por la legislación específica. En segundo lugar, argumenta que las atribuciones adicionales del órgano de gobierno del archivo estatal, no contempladas para el Archivo General de la Nación, respetan la homogeneidad y coordinación prevista en el artículo 1 de la LGA, y son necesarias por lógica jurídica.(2) Además, debe atenderse a lo dispuesto por los artículos transitorios de la LGA, el Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación, la Ley Federal de Entidades Paraestatales y otros ordenamientos conforme a la fracción XIV del artículo 22 del mencionado estatuto orgánico.
7.5. En respuesta al quinto concepto de invalidez, alega que el artículo 73 impugnado resulta constitucional, pues, como lo ha señalado anteriormente, la armonización de las normas no conlleva identidad entre ambas legislaciones, debiendo respetarse que son diversos órdenes de gobierno y que no se trata de los mismos funcionarios. En todo caso, los integrantes del órgano de gobierno del archivo estatal, que cuentan con derecho de voz y voto, guardan similitud con los integrantes previstos a nivel nacional.(3) Propone que la participación del gobernador de la entidad es similar a la del representante del presidente de la República para el Archivo Nacional, mientras que para la Secretaría de la Función Pública, el equivalente local es el contralor del Estado; entonces, existe similitud respecto del número y tipo de dependencias representadas.
7.6. En respuesta al sexto concepto de invalidez, sostiene que los artículos 80 y 81 impugnados, pese a no contemplar ciertos requisitos considerados esenciales para ser director general del archivo estatal, se subsanan con el artículo 7, fracción IX, de la LGRA que obliga a evitar y dar cuenta de los posibles conflictos de interés. Reitera que, al no ser igual el Archivo General de la Nación que el archivo estatal, es válido que se fijen aspectos distintos para la elegibilidad del director general. Finalmente, sostiene que sí existe la posibilidad para que en el aspecto local se requiera que el funcionario tenga la jerarquía de subsecretario, pero en el Gobierno del Estado de Colima no existe dicha figura.
7.7. En respuesta al séptimo concepto de invalidez, afirma que el artículo 84, numeral 3, impugnado resultaría constitucional partiendo de que no todo documento tiene que estar bajo resguardo del Archivo General de la Nación, pues existen documentos de carácter municipal o estatal que pueden ser resguardados por el archivo estatal.
7.8. En respuesta al octavo concepto de invalidez, argumenta que el artículo 93 impugnado se circunscribe a la entidad federativa, por lo que es dable que se faculte al Ejecutivo Local para emitir declaratorias de patrimonio documental del Estado, pues, de otra forma, se atentaría contra la soberanía del poder público en dicha entidad.
7.9. En respuesta al noveno concepto de invalidez, alega que el artículo 101 impugnado, en el numeral 2, fracción I, sí hace alusión al aspecto de gravedad y referencia a la LGRA para la catalogación de las infracciones y formas de sancionar. Por tanto, no existe imposibilidad para la aplicación de las sanciones.
7.10. En respuesta al décimo concepto de invalidez, sostiene que los artículos 87 a 90 impugnados se circunscriben al ámbito de la entidad federativa, por lo que es válida la previsión de un Registro de Archivos Estatal, sin que se oponga a las tareas del Registro Nacional.
7.11. En respuesta al décimo primer concepto de invalidez, afirma que el artículo 35 impugnado establece la forma de regulación y funcionamiento del archivo estatal, dado que no existe alguna otra normatividad que lo fundamente, y, por tanto, es válida la previsión en la LAEC.
7.12. En respuesta al décimo segundo concepto de invalidez, argumenta que el artículo 49 impugnado es idóneo para que el organismo estatal pueda ejercer sus facultades, pues si bien la atribución impugnada no se prevé en la LGA, la armonización de leyes no implica que deban ser idénticas.
7.13. Por último, en respuesta al décimo tercer concepto de invalidez, alega que los artículos 92, numeral 1, y 97, numeral 2, impugnados resultan constitucionales, al circunscribirse al ámbito estatal y declarar su invalidez trastocaría la facultad soberana de actuación del poder público estatal.
8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado. En su informe, el gobernador del Estado de Colima argumenta, en esencia, la validez de las normas impugnadas en los trece conceptos hechos valer por el accionante.
8.1. En respuesta al primer concepto de invalidez, argumenta que los artículos 10, numeral 2, y 23 impugnados resultan constitucionales, pues la Ley General de Transparencia reparte competencias, por lo que legislar en el ámbito local no implica una invasión de la materia concurrente. Lo anterior, dado que las leyes generales no buscan agotar la regulación de una materia, sino servir de plataformas mínimas a partir de las cuales las entidades pueden desarrollar las normas necesarias para su contexto específico.(4) Siendo así, sostiene que las facultades adicionales concedidas al Infocol, encuentran sustento en el artículo 42, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia, como una política de transparencia proactiva a nivel local, lo cual, inclusive es acorde con los artículos 56 a 58 de la LGA. 8.2. En respuesta al segundo concepto de invalidez, alega que el artículo 65 impugnado es válido, pues la interpretación del INAI a partir del dictamen de la LGA no es un argumento suficiente, dado que un dictamen carece de valor normativo per se, y de ahí no puede inferirse la existencia de un derecho u obligación si finalmente no se plasmó en el cuerpo normativo aprobado. Además, sostiene que el artículo 65 de la LGA, que prevé la integración del Consejo Nacional, no puede servir como parámetro de contraste, pues dicha disposición en nada se relaciona con los Consejos Estatales, siendo que éstos se rigen por los artículos 70 a 73 de la LGA, donde no se especifica su integración más allá de prever la participación de los Municipios, en términos de la legislación local, y no existe obligación de prever en la integración a todos los organismos constitucionalmente autónomos del Estado de Colima.
8.3. En respuesta al tercer concepto de invalidez, afirma que el artículo 68, numeral 6, impugnado, al otorgarle al presidente del Consejo Estatal la facultad de convocar a las sesiones extraordinarias del mismo, por un lado, corresponsabiliza al titular de la administración pública estatal en el ejercicio de un gobierno abierto y, por otro, no genera un vacío normativo, pues dicho aspecto se legisló conforme a la competencia local, sin transgredir los principios y bases constitucionales.
8.4. En respuesta al cuarto concepto de invalidez, argumenta que el artículo 72 impugnado es válido, dado que la LGA establece bases para el desarrollo de las leyes locales, pero no pretende agotar la regulación, sino funcionar como una plataforma mínima. Por tanto, considera que es válido que la LAEC desarrolle y adicione nuevas atribuciones para el órgano de gobierno del archivo estatal, las cuales son esenciales para que se cumpla con la misión de mantener el orden del ente. Sostener lo contrario limitaría a las Legislaturas Estatales a repetir lo dispuesto por la LGA, vaciando de contenido al concepto de concurrencia.(5)
8.5. En respuesta al quinto concepto de invalidez, alega que, si bien el artículo 73 impugnado prevé una integración del órgano de gobierno del archivo estatal diversa a la del artículo 110 de la LGA, el hecho de que el órgano a nivel nacional tenga siete integrantes, mientras que el local tiene doce, además de prever las figuras de vocales y vicepresidente, de ninguna forma vulnera la autonomía ni la descentralización pretendida, pues la Legislatura Estatal es competente para legislar tal aspecto de acuerdo con las necesidades estatales.
8.6. En respuesta al sexto concepto de invalidez, afirma que fue intencional que los artículos 80 y 81 impugnados no previeran que el director general del archivo estatal deba tener treinta años, como establece la LGA, pues se buscó no violar los derechos a la no discriminación y a la libertad de trabajo previstos en los artículos 1o. y 5o. de la Constitución Federal. Respecto del primer derecho, el legislador local consideró que el cargo en cuestión no podía condicionarse sólo por la edad del aspirante, al no guardar relación alguna con la capacidad intelectual; siendo así, el requisito previsto en el artículo 111, fracción IV, de la LGA es inconstitucional por limitar a las personas en razón de su edad, sin que ésta sea idónea o proporcional.(6) Respecto del segundo derecho, sostiene que debe declararse la invalidez del artículo 111, fracción IV, de la LGA por restringir la libertad de trabajo.(7) Por otro lado, argumenta que el requisito de tener, preferentemente, el grado de doctor en ciencias sociales y humanidades, busca conseguir los perfiles más aptos y deseables, pero no implica que las personas sin dicho título están impedidas a participar.
8.7. En respuesta a los conceptos de invalidez séptimo y octavo, sostiene que los artículos 84, numeral 3, y 93 impugnados resultan constitucionales. Explica que la LGA busca garantizar los principios y bases, entre otros, para la preservación homogénea de los archivos. Afirma que el Congreso Estatal legisló en ejercicio de las facultades concurrentes para, por un lado, garantizar la integridad de los documentos, sin que se transgredan las facultades del Archivo General de la Nación; y, por otro, coadyuvar en el plano estatal con el objeto y fin de la LGA.
8.8. En respuesta al noveno concepto de invalidez, indica que el artículo 101 impugnado no transgrede el derecho humano a la seguridad jurídica, dado que tanto éste como el artículo 118 de la LGA hacen una remisión a la autoridad competente en la materia. Lo anterior conforme a lo previsto en la LGRA, donde sí se prevé la clasificación de faltas administrativas graves y no graves, así como las autoridades competentes para sustanciar y sancionar, como parte de un solo régimen administrativo a nivel nacional.
8.9. En respuesta al décimo concepto de invalidez, propone que se desestimen los argumentos de inconstitucionalidad en contra de los artículos 87 a 90 impugnados, ya que el objeto de la reforma en materia de archivos fue crear enlaces permanentes en la comunidad archivística a nivel nacional, siendo lógico que a nivel estatal se pueda implementar un registro que coadyuve de forma coordinada con las funciones del Registro Nacional, así es que no se duplican las funciones, sino que se establece una concurrencia en cuanto a la preservación de la memoria documental mexicana.
8.10. En respuesta al décimo primer concepto de invalidez, argumenta que el artículo 35, numeral 3, impugnado no contraviene la LGA, pues ésta otorga al Consejo Nacional la facultad para elaborar los criterios para la preservación digital de los archivos históricos del Estado, mas no respecto de la conservación de los fondos de valor histórico dentro del Estado de Colima.
8.11. En respuesta al décimo segundo concepto de invalidez, alega que el artículo 49 impugnado es válido, pues el INAI no señala ni motiva por qué se considera inconstitucional, limitándose a decir que la actividad conferida al Infocol no está prevista ni en la Ley General de Transparencia ni en la LGA; además, dichas leyes generales, al funcionar como un mínimo normativo, permiten que sea el legislador local quien prevea, tomando en cuenta su realidad social, las atribuciones para el organismo garante de la transparencia a nivel local.
8.12. Por último, en respuesta al décimo tercer concepto de invalidez, afirma que los artículos 92, numeral 1, y 97, numeral 2, otorgan la calidad de inalienable, imprescriptible e inembargable a los documentos del archivo histórico del Estado con la finalidad de proteger el patrimonio documental de la entidad federativa, lo que, en cualquier caso, es concordante con el objeto y fin de la LGA. Además, sostiene que no es válido recurrir a un dictamen dentro del proceso legislativo para sustentar la inconstitucionalidad de una norma, pues aquél carece de valor normativo en sí mismo.
9. Auto por el que se tienen rendidos los informes. Por auto de catorce de febrero de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes solicitados y otorgó un plazo de cinco días hábiles para la formulación de alegatos.
10. Alegatos. Mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil veinte, el Poder Legislativo Local formuló alegatos en la presente acción de inconstitucionalidad.
11. Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República no formuló pedimento alguno.
12. Opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El consejero jurídico del Gobierno Federal no realizó manifestaciones.
13. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción.
II. COMPETENCIA
14. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) así como el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013 de este Tribunal Pleno;(10) toda vez que el INAI plantea la posible contradicción entre diversos artículos de la LAEC, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el catorce de agosto de dos mil diecinueve, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. OPORTUNIDAD
15. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnado.(11)
16. El Decreto Número 108, por el que se expide la LAEC, se publicó el catorce de agosto de dos mil diecinueve. Por lo que el plazo para su impugnación transcurrió del quince de agosto al trece de septiembre, ambos de dos mil diecinueve.
17. En el caso, la demanda del INAI se recibió el trece de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal. Por tanto, cabe concluir que resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
18. A continuación, se analiza la l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30699-01ff34b7/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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