I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ARCHIVOS. FINALIDAD DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014 A LOS ARTÍCULOS 6 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EMITIR UNA LEY GENERAL EN LA MATERIA (LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE DURANGO). V. ARCHIVOS. FINALIDADES CONSTITUCIONALES DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE DURANGO). VI. ARCHIVOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR SUS SISTEMAS LOCALES SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE SEA EQUIVALENTE AL SISTEMA NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA Y FUNCIONAL PARA EL MISMO (LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE DURANGO). VII. ARCHIVOS. LA PREVISIÓN LOCAL QUE PERMITE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PROPONER AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN O EXTINCIÓN DEL ARCHIVO ESTATAL, CUANDO CONSIDERE QUE SE DEJARON DE CUMPLIR SUS FINES U OBJETO, VIOLA EL MANDATO DE EQUIVALENCIA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE DURANGO). VIII. ARCHIVOS. LA PREVISIÓN LOCAL QUE PERMITE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PROPONER AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN O EXTINCIÓN DEL ARCHIVO ESTATAL, CUANDO CONSIDERE QUE SE DEJARON DE CUMPLIR SUS FINES U OBJETO, GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA RESPECTO DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES LOCAL EN CUANTO A LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS PARA ELLO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE DURANGO). IX. ARCHIVOS. LA PREVISIÓN DE QUE LA PERSONA TITULAR DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO FUNJA COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 65, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE DURANGO). X. ARCHIVOS. LA OMISIÓN DE CONTEMPLAR UN EQUIVALENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INFUNDADA LA OMISIÓN A LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE DURANGO). XI. ARCHIVOS. ANÁLISIS DE LA PREVISIÓN DE QUE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO SE INTEGRE POR UN NÚMERO DE MIEMBROS DIFERENTE AL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN [DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 99, FRACCIONES I, II Y III, INCISO D), DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE DURANGO]. XII. ARCHIVOS. ANÁLISIS DE LA PREVISIÓN DE QUIENES OCUPARÁN LOS CARGOS DE VICEPRESIDENTE, VOCALES, COMISARIO Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO [DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 99, FRACCIONES III, INCISOS A), B) Y C), Y V, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE DURANGO]. XIII. ARCHIVOS. ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DIFERENTE A LA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 99, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE DURANGO). XIV. ARCHIVOS. LA FALTA DE PREVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA SER TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO LOCAL, SIMILARES A LOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INFUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE DURANGO). XV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA (ARTÍCULO 111, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE DURANGO). XVI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PARA DETERMINAR SI UNA DISTINCIÓN RESULTA OBJETIVA Y RAZONABLE, DEBERÁ EFECTUARSE UN ESTUDIO, CUYA INTENSIDAD DEPENDERÁ DEL OBJETO DE LA LITIS (ARTÍCULO 111, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE DURANGO). XVII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO SENTENCIADA POR DELITOS PATRIMONIALES PARA SER TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENER
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2024 Y SU ACUMULADA 103/2024. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 28 DE ABRIL DE 2025. AUSENTE Y PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. HIZO SUYO EL ASUNTO EL MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIADO: DANIELA CARRASCO BERGE Y JUAN CARLOS SALAMANCA VÁZQUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintiocho de abril de dos mil veinticinco, por el que se emite la siguiente
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 99/2024 y su acumulada 103/2024, promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversos artículos de la Ley de Archivos del Estado de Durango, expedida mediante Decreto 559, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el siete de abril de dos mil veinticuatro.
I. TRÁMITE
1. Presentación de las demandas. La demanda del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante, "INAI") fue recibida por medio del sistema electrónico de este Alto Tribunal el 6 de mayo de 2024. Por su parte, el escrito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, "CNDH") se recibió por medio de buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el 7 de mayo de la misma anualidad.
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas. Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Durango.
3 Conceptos de invalidez del INAI. En su escrito, señala como impugnados los artículos 65; 97; 99, fracciones I, II, III, IV y V; y 111, fracción IV, todos de la Ley de Archivos del Estado de Durango (en adelante, "LAED"), así como diversas omisiones legislativas relativas en competencias de ejercicio obligatorio; pues considera que vulneran los artículos 1, 5, 6, apartado A; 14, 16, 30, 32, 35, fracción V; 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T; 124 y 133 de la Constitución Federal, por las siguientes razones.
3.1. En el primer concepto de invalidez, el INAI sostiene que el artículo 97 de la LAED, contraviene lo dispuesto en los artículos 78, 79, 80 y 81 de la Ley General de Archivos (en adelante, "LGA"). Al respecto, considera que la LGA no establece norma alguna que permita la disolución, liquidación o extinción del Archivo General de la Nación, o los archivos generales de las entidades federativas; por lo tanto, el hecho de que el precepto impugnado permita que la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango pueda proponer al titular del Poder Ejecutivo local la disolución, liquidación o extinción del Archivo Estatal cuando considere que se dejaron de cumplir sus fines u objeto, resulta en una transgresión a la autonomía del Archivo Estatal y genera arbitrariedad en tanto no existe un marco normativo detallado, a pesar de la referencia normativa al artículo 17 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Durango. Además, en cualquier caso, la disolución de los archivos generales es un aspecto que compete únicamente al Sistema Nacional de Archivos a través del Consejo Nacional. Sumado a lo anterior, el precepto impugnado podría dar lugar a que se restrinja el derecho humano de acceso a la información y la protección de la memoria histórica.
3.2. En el segundo concepto de invalidez, el INAI argumenta que el artículo 65 de la LAED contraviene los artículos 65, 66, 68 y 71 de la LGA al establecer una configuración e integración del Consejo Estatal de Archivos que no es equivalente con lo dispuesto para el Consejo Nacional de Archivos. En este sentido, sostiene que las entidades federativas, al crear su sistema local de archivos deben hacerlo con una integración, atribuciones y funciones equivalentes al previsto por la LGA para el caso del sistema nacional, incluyendo la existencia de un Consejo local como órgano de coordinación. Además, deberán prever la participación de los municipios en dicho Consejo local en los términos que determine cada entidad federativa. Así, considera que el artículo presenta dos vicios específicos.
3.2.1 Incorrecta asignación de la presidencia del Consejo. Conforme al artículo 65, fracción I, de la LGA, la presidencia del Consejo Nacional de Archivos recae en el titular del Archivo General de la Nación. Sin embargo, el precepto impugnado le asigna tal función dentro del Consejo Estatal al Poder Ejecutivo local, a través de la Secretaría General de Gobierno, por lo que no se respeta el deber de equivalencia entre ambos sistemas. Esta transgresión se confirma con lo dispuesto en el artículo 59 de la LAED –no impugnado– que atribuye a la presidencia del Consejo Estatal la facultad de delegar la representación de este en el titular de la Dirección General del Archivo General del Estado.
3.2.2 Omisión de prever a un representante del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Durango. El artículo impugnado omite incluir como integrante del Consejo Estatal a un representante del órgano estatal homólogo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante, "INEGI"), esto es, el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Durango. Tal situación puede generar un detrimento en el adecuado funcionamiento del Consejo local y debilitar su carácter deliberativo.
3.3 En el tercer concepto de invalidez, el INAI arguye que el artículo 99 de la LAED es contrario a lo previsto por el artículo 110 de la LGA al establecer una configuración e integración de la Junta de Gobierno del Archivo General del Estado que no es equivalente con lo dispuesto para el órgano de gobierno del Archivo General de la Nación. Al respecto, señala cinco diferencias principales:
3.3.1 Incluye a una persona representante de la sociedad civil como vocal, con derecho a voz y voto.
3.3.2 Introduce la figura de un comisario, con derecho a voz, pero sin voto, que será ejercida por el titular de la Secretaría de Contraloría Estatal.
3.3.3 Introduce la figura de Secretario Técnico, que será ejercida por la persona titular de la Dirección General del Archivo Estatal.
3.3.4 No se prevé la presencia de un representante del órgano equivalente a nivel estatal de la Secretaría de la Función Pública.
3.3.5 No se prevé la presencia de un representante del órgano equivalente a nivel estatal del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (en adelante, "CONAHCYT").(1)
Por lo que hace a los puntos 3.3.1. a 3.3.3., el INAI sostiene que no se genera un impacto negativo en el funcionamiento del sistema. No obstante, tratándose de las omisiones detectadas en los puntos 3.3.4 y 3.3.5, argumenta que sí podrían generar una afectación en la operación de la Junta de Gobierno.
Aunado a lo anterior, sostiene que el artículo 99, fracción I, rompe con el mandato de equivalencia en tanto designa como presidente de la Junta de Gobierno al titular del Poder Ejecutivo Local, a diferencia de la LGA que asigna dicha función al titular de la Secretaría de Gobernación.
Por lo que hace a la fracción II del artículo 99, prevé la existencia de una vicepresidencia de la Junta de Gobierno a cargo de la persona titular de la Secretaría General de Gobierno local, siendo que la LGA no estableció la figura de vicepresidente dentro del órgano de gobierno del Archivo General de la Nación.
Tratándose de la fracción III, se integra la figura de vocales, con los representantes previstos en los incisos a) a d); sin embargo, los vocales no están contemplados en la LGA y los representantes previstos por la legislación local no encuentran homólogo en el órgano nacional. En este aspecto, sostiene que la presencia de otros poderes en el órgano de gobierno vulnera la autonomía del Archivo General del Estado.
Pasando a la fracción IV del artículo 99, el INAI sostiene que la integración de la figura de un comisario, a cargo de un representante de la Contraloría del Estado, excede lo previsto por el artículo 110 de la LGA.
Finalmente, por lo que hace a la fracción V, se prevé la existencia de una Secretaría Ejecutiva, a cargo del Director General del Archivo Estatal, a diferencia de lo previsto por el artículo 110 de la LGA.
3.4 En el cuarto concepto de invalidez, el INAI considera que el artículo 111 de la LAED establece indebidamente los requisitos de elegibilidad para ocupar la titularidad de la Dirección General del Archivo General del Estado, vulnerando los derechos humanos de igualdad y no discriminación, por dos razones:
3.4.1 En primer lugar, tratándose de la fracción IV del artículo 111, considera que es inconstitucional el requisito consistente en no haber sido sentenciado por la comisión de algún delito patrimonial o inhabilitado para despeñar un cargo público. Esto, dado que se contraviene el principio de reinserción social, así como el derecho al empleo en condiciones de igualdad. Al respecto, sostiene que este Alto Tribunal ha determinado la inconstitucionalidad de requisitos similares al fallar las acciones de inconstitucionalidad 101/2019, 253/2020, 53/2020 y 122/2021. En este sentido, la fracción impugnada impide de manera injustificada que las personas puedan acceder a este cargo público, aun cuando ya se haya compurgado la pena impuesta por los delitos o faltas administrativas correspondientes, y sin considerar si las conductas por las que fueron sancionadas las personas se relacionan o no con las funciones a desempeñar. Aunado a lo anterior, este requisito se configura como una pena trascendental y genera discriminación por razones de condición social, al imponerle una sanción de por vida a las personas que se sitúen en la hipótesis.
3.4.2 En segundo lugar, el artículo 111 omite prever un requisito de elegibilidad similar al regulado por el artículo 111, fracción VI, de la LGA, consistente en no haber sido secretario de estado, fiscal general de la república, senador, diputado federal o local, dirigente de un partido o agrupación política, gobernador o jefe de gobierno durante el año previo al día del nombramiento. Esta situación, considera, podría dar lugar a conflictos de interés y no permitir un nombramiento imparcial y adecuado.
4. Conceptos de invalidez de la CNDH. En su escrito, señala como impugnados los artículos 111, fracción IV, en la porción normativa o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 117, 118 y 119, todos de la LAED; pues considera que se vulneran los artículos 1, 14, 16 y 35, fracción VI, de la Constitución Federal, así como diversos preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por las siguientes razones.
• En el primer concepto de invalidez, la CNDH argumenta que el artículo 111, fracción IV, en la porción normativa o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, resulta contrario a los derechos humanos de igualdad, no discriminación y acceso a un cargo público. Al respecto, sostiene que dicha porción normativa es sobreinclusiva y claramente desproporcionada en tanto no evidencia la relación entre la prohibición y las afectaciones que podrían generarse en el desempeño de la titularidad de la Dirección General del Archivo General del Estado.(2)
Así, considera que la porción impugnada no permite identificar la naturaleza de la inhabilitación, si resultó de una conducta dolosa o culposa, la gravedad, el límite temporal, así como si la sanción se encuentra vigente o ya ha sido cumplida.
En este sentido, la porción normativa impugnada no supera un test de escrutinio ordinario pues, si bien, puede tener una finalidad constitucionalmente válida –garantizar la rectitud y probidad de los funcionarios públicos–; lo cierto es que no supera la segunda grada del test en tanto no existe una relación directa, clara e indefectible para el necesario cumplimiento del fin que se propone, esto es, la distinción no se encuentra estrechamente vinculada con la configuración de un perfil inherente a la función pública a desempeñar.
Aunado a lo anterior, la norma impugnada es contraria al artículo 22 de la Constitución Federal, en tanto se configura como una pena inusitada y trascedente, pues la sanción de inhabilitación adquiere un carácter permanente.
• En el segundo concepto de invalidez, la CNDH sostiene que los artículos 117, 118 y 119 de la LAED contravienen el régimen en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos previsto en la LGA. Esta situación, representa una transgresión al mandato de equivalencia u homologación en materia de archivos y vulnera los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad.(3)
4.1. En primer lugar, argumenta la inconstitucionalidad de la falta administrativa descrita en el artículo 117, fracción III, que es considerada como no grave conforme a lo dispuesto por el último párrafo del mismo precepto. En este aspecto, señala que una conducta idéntica prevista en el artículo 116, fracción III, de la LGA es considerada como falta administrativa grave. Por lo tanto, esta situación transgrede el mandato de homologación y trasciende de forma negativa en la posibilidad de determinar adecuadamente la autoridad competente para conocer de los procedimientos, así como las sanciones que pueden imponerse.
4.2. Como segundo punto, advierte que el artículo 119 impugnado es inconstitucional dado que remite para efectos de la aplicación de las sanciones administrativas a las leyes en materia de procedimiento administrativo del Estado aplicables; siendo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la LGA, se debió hacer una remisión a las leyes aplicables en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
4.3. En tercer lugar, arguye que el artículo 118 impugnado es inconstitucional, pues al establecer el régimen de sanciones en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, contraviene el catálogo de sanciones previsto por los artículos 75 a 80 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (en adelante, "LGRA"). Esta falta de armonización impide realizar una individualización adecuada de las sanciones. Aunado a lo anterior, esta situación provoca incertidumbre respecto de la autoridad competente para imponer las sanciones. Finalmente, sostiene que el legislador local generó una distorsión en el sistema normativo en materia archivística al no ajustar su régimen sancionatorio con lo establecido por la LGRA y la LGA, rompiendo con el mandato de equivalencia que debe imperar en este rubro.
5. Auto de registro y turno. Por acuerdo de 7 de mayo de 2024, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente de la acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI, a la que le correspondió el número 99/2024, y turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor.
6. Auto de registro y acumulación. En acuerdo de 9 de mayo de 2024, la Ministra Presidenta ordenó formar y registrar el expediente de la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, a la que le correspondió el número 103/2024; además, determinó su acumulación con la diversa 99/2024 al existir identidad del Decreto legislativo impugnado.
7. Auto de admisión. Mediante acuerdo de 22 de mayo de 2024, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad hechas valer. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Durango para que rindieran su informe, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para manifestaran lo que corresponda a su derecho.
8. Informe del Poder Legislativo del Estado de Durango. En su informe, el Congreso local sostiene, en esencia, la validez de las normas impugnadas.
8.1 En relación con el artículo 97 de la LAED, señala que resulta válido contemplar a nivel local una posibilidad en caso de que el Archivo Estatal dejara de cumplir con sus fines y establecer las directrices a seguir. Así, el precepto pretende garantizar la conservación de los archivos en el remoto caso de que desapareciera el Archivo Estatal.
Aunado a esto, la norma impugnada solamente autoriza la posibilidad de proponer la disolución del Archivo, más no otorga la facultad directa a la Secretaría de Finanzas de tomar la decisión final, sino que esto permanece como una atribución del titular del Poder Ejecutivo local.
8.2 En relación con los argumentos relativos a que diversos preceptos de la LAED son inconstitucionales al establecer una integración diversa respecto de la Junta de Gobierno del Archivo Estatal y del Consejo Estatal de Archivos, considera que es un aspecto que se sitúa dentro de la libertad configurativa local, por lo que debe reconocerse su validez. Asimismo, considera que las alegadas omisiones de integrar a los órganos mencionados a un representante del INEGI (Consejo Estatal) y a un representante de la Secretaría de Función Pública local y del órgano equivalente al CONAHCYT (Junta de Gobierno), no es un aspecto posible en tanto no existen dependencias con esa naturaleza en la entidad federativa.
8.3 En relación con el artículo 111, fracción IV, impugnada, sostiene la validez del precepto, al considerar que resulta posible establecer este tipo de requisitos en aras de proteger el bienestar colectivo y el orden público. Inclusive, argumenta que un requisito similar es contemplado por la LGA para el caso del titular del Archivo General de la Nación.
8.4 Por último, en relación con el artículo 119 impugnado, considera que es válido establecer a nivel local que las faltas administrativas de los servidores públicos en materia de archivos sean sancionadas conforme a lo previsto en las leyes de procedimiento administrativo locales, dado que la LGA prevé en el artículo 117 que las entidades federativas podrán sancionarlas en términos de la ley aplicable.
9. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Durango. En su informe, el Poder Ejecutivo local argumenta, en esencia, que los conceptos de invalidez planteados por los accionantes no señalan vicios respecto de los actos de promulgación y publicación del Decreto impugnado. En este tenor, sostiene la validez de las normas impugnadas. Asimismo, menciona que el artículo 91 de la LAED –no impugnado– fue objeto de una fe de erratas publicada en el Periódico Oficial de la entidad federativa de 14 de abril de 2024.
10. Auto por el que se tienen rendidos los informes. Por auto de 2 de julio de 2024, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes solicitados y otorgó un plazo de cinco días hábiles para la formulación de alegatos.
11. Alegatos. Las partes no formularon alegatos en la presente acción de inconstitucionalidad.
12. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República no formuló pedimento alguno.
13. Opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. La Consejería Jurídica del Gobierno Federal no realizó manifestaciones.
14. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el 19 de agosto de 2024, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción.
II. COMPETENCIA
15. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, incisos g) y h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(4) 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(5) –aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación–;(6) así como el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 de este Tribunal Pleno;(7) toda vez que el INAI y la CNDH plantean la posible contradicción entre diversos artículos de la LAED, publicada en el Periódico Oficial de la entidad federativa el 7 de abril de 2024, y la Constitución Federal. III. OPORTUNIDAD
16. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnado.(8)
17. El Decreto 559 por el que se expide la LAED se publicó el 7 de abril de 2024 en el Periódico Oficial del Estado de Durango. Por tanto, el plazo para su impugnación transcurrió del 8 de abril al 7 de mayo de la misma anualidad.
18. Por un lado, la demanda del INAI se recibió el 6 de mayo de 2024 por medio del sistema electrónico de este Alto Tribunal. Por otro lado, la demanda de la CNDH se recibió por medio del buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el 7 de mayo de 2024. En conclusión, la presentación de ambos escritos resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
19. A continuación, se analiza la legitimación del promovente, por ser un presupuesto indispensable para la procedencia de la acción.
20. Por una parte, la demanda del INAI está suscrita por Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos, actuando como representante legal.
21. El artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal vigente al momento de la presentación de la demanda otorgaba legitimación al organismo garante previsto en el artículo 6 constitucional –el INAI–, para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y local, así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado, cuando considere que se vulnera el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
22. En este sentido, a partir de una lectura integral de la demanda, el INAI considera que las disposiciones impugnadas repercuten en las bases y principios para la protección, promoción, respeto y garantía del derecho de acceso a la información pública, pues en su argumentación advierte la estrecha relación entre las materias de archivos, transparencia y protección de datos personales a partir de la reforma constitucional de 7 de febrero de 2014. De ahí que prima facie este Alto Tribunal advierte que sí existen planteamientos que, en caso de ser fundados, podrían impactar en el derecho humano mencionado.
23. Ahora bien, la Ley Reglamentaria en la materia establece que el actor comparecerá por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlo.(9)
24. En la especie, tanto el artículo 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como el artículo 35, fracción XVIII, de su homóloga federal, vigentes al momento de presentar la demanda establecían la atribución del INAI para promover acciones de inconstitucionalidad en términos del artículo 105 constitucional, cuando así lo aprobaran la mayoría de sus Comisionados en el Pleno.(10)
25. La representación legal del INAI correspondía a la persona Comisionada Presidenta,(11) no obstante, dentro de su estructura interna, se establecía la Dirección General de Asuntos Jurídicos, adscrita a su oficina.(12)
26. En ese sentido, el artículo 32 del Estatuto Orgánico del INAI, atribuía a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la representación legal del Instituto en asuntos jurisdiccionales, así como para rendir los escritos de demanda en las acciones de inconstitucionalidad, promover o desistirse, así como todas las acciones que a dichos juicios se refieren.(13)
27. Es decir, para que el Director General de Asuntos Jurídicos presentara una demanda de acción de inconstitucionalidad, lo tenía que hacer por instrucciones del Pleno del INAI, mediante un acuerdo aprobado por la mayoría de sus miembros.
28. Para satisfacer lo anterior, en sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2024, las personas Comisionadas del INAI aprobaron por unanimidad de cuatro votos la presentación de la demanda que nos ocupa.(14) En lo que interesa, se acordó:(15)
"PRIMERO. Se instruye al Director General de Asuntos Jurídicos, como representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que elabore el documento e interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera no limitativa, en contra de las disposiciones contenidas en los artículos 65, 97, 99, fracciones I, II, III, IV, V y 111, fracción IV, así como las omisiones detectadas en el Decreto 559 por el que se expide la Ley de Archivos para el Estado de Durango publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango, el siete de abril de dos mil veinticuatro."
29. Así, el Director General de Asuntos Jurídicos cuenta con la representación del INAI, ente legitimado para promover la presente acción de inconstitucionalidad en contra de diversos preceptos de la LAED.(16)
30. Por otra parte, la demanda de la CNDH está suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión, lo cual acredita con la copia certificada del nombramiento emitido por el Senado de la República el 12 de noviembre de 2019.
31. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, otorga legitimación a la CNDH para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y local, así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado, cuando considere que se vulneran los derechos humanos previstos constitucional y convencionalmente.
32. En este sentido, a partir de una lectura integral de la demanda, la CNDH arguye que las disposiciones impugnadas de la LAED repercuten en la garantía de los derechos de igualdad, no discriminación, acceso a un cargo público, seguridad jurídica y legalidad, entre otros.
33. Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su Presidenta está facultada para promover las acciones de inconstitucionalidad que le correspondan.(17)
34. Así, si la demanda de la CNDH fue suscrita por su Presidenta, quien cuenta con la representación legal, cabe concluir que el escrito se presentó por parte legitimada.
V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
35. Este Alto Tribunal no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia y las autoridades demandas no plantearon argumento alguno en este sentido.
VI. PRECISIÓN DE LA LITIS
36. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(18) a partir de una lectura integral de la demanda, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que se debe tener como efectivamente impugnados los artículos 65, fracción I; 97; 99, fracciones I, II, III, IV y V; 111, fracción IV; 117, 118 y 119, todos de la LAED, así como las omisiones planteadas a lo largo de los conceptos de invalidez.
VII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
37. El estudio de fondo se dividirá, por cuestiones metodológicas, en seis temas:
Ver temas
TEMA 1. Parámetro de regularidad en materia de archivos
38. Este Tribunal Pleno ya se ha pronunciado con anterioridad respecto del parámetro de regularidad en materia de archivos al resolver múltiples acciones de inconstitucionalidad donde se ha analizado la validez de las legislaciones emitidas por las entidades federativas a la luz de lo dispuesto por la Constitución Federal y la LGA.(19)
39. En este sentido, se ha tomado como punto de partida uno de los objetivos de la reforma constitucional de 7 de febrero de 2014 que fue establecer bases y principios para la armonización de la materia de archivos a nivel nacional, facultando al Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia, que estableciera la estandarización de las formas de administración, asegurara procedimientos para la adecuada atención y protección de los archivos, y creara el Sistema Nacional a través de un esquema de colaboración y coordinación.(20)
40. Bajo esta línea, se adicionó la fracción XXIX-T al artículo 73 constitucional, previendo la facultad del Congreso de la Unión para:(21)
"[...] expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos."
41. Es decir, para emitir una ley general que cumpliera dos propósitos: establecer la organización y administración homogénea de los archivos para todos los órdenes de gobierno, y definir las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Lo anterior significa que la LGA, por un lado, contiene normas que se refieren a la organización y administración de archivos y que son homogéneas para todo el país y, por lo tanto, las leyes de archivos de las entidades federativas no pueden contener disposiciones que alteren esa homogeneidad; por el otro lado, las entidades federativas mantienen libertad configurativa para determinar la forma de organización y funcionamiento de sus sistemas locales de archivos, para lo cual deberán respetar las bases que define la LGA.
42. La LGA se expidió el 15 de junio de 2018 y, a partir del 15 de junio del año siguiente, fecha de su entrada en vigor, corrió el plazo de un año para que las entidades federativas armonizaran sus ordenamientos correspondientes con lo dispuesto en dicha ley.(22)
43. La motivación de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33629-30aca2b8/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-direccion-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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