I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SI EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO SÓLO ESTÁ DIRIGIDO A REGIR CUESTIONES INHERENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UNA VIOLACIÓN DE LA VEDA ELECTORAL (DECRETO NO. 288 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL, LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL, LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TODAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NO. 288 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL, LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL, LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TODAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SOLO HECHO DE QUE EL CONGRESO LOCAL HAYA DESPLEGADO SU FUNCIÓN LEGISLATIVA PARA REGULAR ASPECTOS INHERENTES A LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES, ES RAZÓN SUFICIENTE PARA DESCARTAR LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NO. 288 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL, LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL, LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TODAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN MANDATO CONVENCIONAL EN LA ELABORACIÓN DE LEYES Y OTROS PROCESOS DE ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONDICIÓN DE AQUÉLLAS (ARTÍCULO 139, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD", DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VIII. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL HECHO DE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA HAYA PREVISTO UNA MEDIDA AFIRMATIVA PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES INCLUYAN EN SUS CANDIDATURAS, COMO MÍNIMO, UNA FÓRMULA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFECTA DIRECTAMENTE A ESE GRUPO VULNERABLE, QUE HACE IMPRESCINDIBLE QUE, EN EL PROCESO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA NORMA, SE INCLUYA UNA FASE DE CONSULTA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 139, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD", DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). IX. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. X. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LA NORMA LOCAL, QUE PREVÉ LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EN MATERIA ELECTORAL BAJO EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, RESPETA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO PENAL (ARTÍCULO 7, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XI. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LAS NORMAS LOCALES QUE LES LIMITAN A INTERVENIR DIRECTAMENTE EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ÚNICAMENTE PARA EFECTO DE REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CONTRAVIENEN EL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO SEXTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LAS AUTORIDADES ELECTORALES SÓLO PODRÁN INTERVENIR EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EFECTO DE REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, A SU NORMATIVA INTERNA O A DERECHOS DE LA CIUDADANÍA. EN NINGÚN CASO PODRÁN RESOLVER NOMBRANDO DIRIGENTES Y CANDIDATOS O DETERMINANDO CUALQUIER ACTO QUE INTERFIERA INJUSTIFICADAMENTE EN FORMA DI
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 198/2023 Y SU ACUMULADA 200/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 20 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO NARVÁEZ MEDÉCIGO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Congreso de Baja California aprobó diversas reformas a su legislación local en materia electoral. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el partido político nacional Movimiento Ciudadano promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de dichas modificaciones legales. Los accionantes adujeron violaciones constitucionales tanto en el procedimiento legislativo del decreto impugnado como en el contenido material de sus disposiciones.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinte de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 198/2023 y su acumulada 200/2023, promovidas, respectivamente, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el partido político Movimiento Ciudadano en contra del Decreto 288 por medio del cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley Electoral, la Ley de Partidos Políticos, la Ley del Tribunal de Justicia Electoral, la Ley de Asistencia Social y la Ley de Participación Ciudadana, todas del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el dos de septiembre de dos mil veintitrés.
En el presente fallo se analiza si las reformas a través de las cuales el Congreso de Baja California modificó el sistema electoral local vulneraron la prohibición constitucional de reformar leyes electorales dentro de los noventa días anteriores al inicio de un proceso electoral, si se incurrió en violaciones graves a los principios constitucionales que rigen los procedimientos legislativos y si existía obligación de consultar a personas con discapacidad antes de modificar la regulación de acciones afirmativas. También se determina si las reformas impugnadas vulneran las atribuciones de las autoridades electorales locales y si transgreden el derecho a la información de la ciudadanía.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Emisión de la norma general impugnada. El dos de septiembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el Decreto 288 (en lo sucesivo "el decreto"). A través de este instrumento, se aprobaron reformas a diversos artículos de la Ley Electoral, la Ley de Partidos Políticos, la Ley del Tribunal de Justicia Electoral, la Ley de Asistencia Social y la Ley de Participación Ciudadana, todas del Estado de Baja California.(1)
2. Promoción de las acciones de inconstitucionalidad. Inconformes con el procedimiento que dio origen al decreto y/o con su contenido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el partido político Movimiento Ciudadano promovieron las siguientes acciones de constitucionalidad:
2.1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó la constitucionalidad del artículo 139, párrafo segundo, en la porción normativa, "y personas con discapacidad", de la Ley Electoral del Estado de Baja California.(2) Básicamente, adujo a través de un único concepto de invalidez que la reforma a tal precepto no había sido debidamente consultada con personas con discapacidad.
2.2 Movimiento Ciudadano. El dos de octubre de dos mil veintitrés, el partido político nacional Movimiento Ciudadano impugnó la totalidad del decreto.(3) Por un lado, adujo que las modificaciones a la legislación electoral no habían respetado la veda legislativa prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "la Constitución Federal"), ni habían cumplido tampoco con el procedimiento legislativo. Por otro lado, sostuvo que el contenido del decreto vulneraba los principios constitucionales de división de poderes e independencia tanto del Instituto como del Tribunal Electoral del Estado de Baja California. Por último, alegó que la reforma que eliminaba la obligación de las personas candidatas de asistir a los debates organizados por el Instituto Electoral local vulneraba el derecho a la información de la ciudadanía.
3. Trámite. El dos de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, registrarlo con el número 198/2023 y turnarlo al Ministro Javier Laynez Potisek para que se encargara de instruir el procedimiento correspondiente.(4) El cuatro de octubre siguiente, la Ministra Presidenta acordó formar y registrar el expediente restante bajo el número 200/2023, turnarlo por conexidad al ministro instructor en la acción de inconstitucionalidad 198/2023 y decretar su acumulación con ese expediente, pues en ambos se impugnaba la misma norma de carácter general.(5)
4. Admisión de las demandas. El veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, dio vista al Congreso y al Ejecutivo del Estado de Baja California para que rindieran sus informes dentro del plazo de seis días naturales y les requirió para que con ellos enviaran, respectivamente, copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y el ejemplar del Periódico Oficial del Estado en que constara su publicación. Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que hasta antes del cierre de la instrucción hiciera las manifestaciones que le correspondieran. Por otra parte, solicitó al Instituto Nacional Electoral diversa documentación relacionada con el partido político promovente y a la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su opinión respecto de ambas acciones de inconstitucionalidad. Por último, requirió al Instituto Electoral del Estado de Baja California para que informara la fecha de inicio del próximo proceso electoral a nivel local.(6)
5. Desahogo de requerimientos por la autoridad electoral. El cuatro de noviembre de dos mil veintitrés, el Instituto Nacional Electoral remitió la documentación relacionada con el Partido Movimiento Ciudadano que le fue requerida por el ministro instructor.(7) Por su parte, el diez de noviembre siguiente, el Instituto Electoral local indicó que el proceso electoral en esa entidad federativa comenzaría el primer domingo de diciembre del año previo a la elección, es decir, el tres de diciembre de dos mil veintitrés.(8)
6. Opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El mismo diez de noviembre de dos mil veintitrés, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Presidente, remitió las opiniones relativas a las demandas de acción de inconstitucionalidad.(9) Mientras que en ellas no hubo pronunciamiento sobre los planteamientos relacionados con violaciones al procedimiento legislativo por considerarlos ajenos a la materia electoral, la Sala Superior se pronunció por la inconstitucionalidad de diversas disposiciones del decreto.
7. Informe del Ejecutivo local. Los días trece y veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, a través de su Consejero Jurídico, rindió su informe en el sentido de sostener la constitucionalidad del decreto impugnado, y remitió el ejemplar del Periódico Oficial del Estado que le fue requerido.(10)
8. Informe del Congreso local. El catorce de noviembre de dos mil veintitrés, el Poder Legislativo del Estado de Baja California, a través del Presidente y de la Secretaria de la Mesa Directiva, rindió su informe en el sentido de sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad del decreto impugnado. Remitió, a su vez, los antecedentes legislativos que le fueron requeridos.(11)
9. Alegatos. El treinta de noviembre de dos mil veintitrés, el ministro instructor puso los autos a vista a las partes para que en el plazo de dos días naturales a partir de que les fuera notificado el acuerdo formularan por escrito sus alegatos,(12) sin que al vencimiento de ese término alguna de ellas los hubiera formulado.
10. Manifestaciones del Fiscal General de la República. En el presente asunto la representación social no realizó manifestación alguna.
11. Cierre de instrucción. El quince de enero de dos mil veinticuatro, el ministro instructor consideró que el expediente estaba debidamente integrado y cerró la instrucción para el efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.(13)
I. COMPETENCIA
12. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, incisos f) y g), de la Constitución Federal;(14) 1o. de la Ley Reglamentaria,(15) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(16) toda vez que los promoventes plantean la posible contradicción entre disposiciones de carácter general emitidas por el Poder Legislativo de una entidad federativa y la Constitución Federal.
13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
14. De la lectura integral de las demandas se desprende que se impugna la totalidad del Decreto 288 mediante el cual, se aprueban las reformas a los artículos 7, 21, 27 bis, 33, 134, 139, 146, 168, 327, 328 y 330 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 6, 21 y 43 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California; 6, 7, 10, 12, 14 de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, como también la adición de un capítulo IX bis denominado "Del órgano interno de control del tribunal" y la adición de los artículos 22 bis y 22 ter al mismo ordenamiento; la adición de un artículo 4 bis a la Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California; así como las reformas a los artículos 3, 5, 7, 14, 29, 31, 32, 33 y 34 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el dos de septiembre de dos mil veintitrés.
15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.
III. OPORTUNIDAD
16. De acuerdo con el artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria,(17) el plazo para ejercer una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general impugnada fue publicada en el medio oficial correspondiente. Ese mismo precepto dispone, además, que en materia electoral todos los días son hábiles para efectos del cómputo de los plazos. Dado que el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado el dos de septiembre de dos mil veintitrés, el plazo señalado inició el tres de septiembre siguiente y venció el dos de octubre de dos mil veintitrés.
17. Las demandas se presentaron los días veintinueve de septiembre (198/2023) y el dos de octubre (200/2023) de dos mil veintitrés. Resulta evidente, por ende, que las acciones de inconstitucionalidad se promovieron de manera oportuna.
18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.
IV. LEGITIMACIÓN
19. Corresponde ahora analizar si las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por parte legitimada. Por cuestión de claridad en la exposición, el estudio se realizará de acuerdo con el tipo de accionante. Primero se analizará la legitimación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (IV.1) y posteriormente la del partido político Movimiento Ciudadano (IV.2).
IV.1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
20. Por un lado, artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(18) dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales o locales, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, en términos de los artículos 11 y 59 de la Ley Reglamentaria,(19) dicho órgano debe comparecer por conducto de los funcionarios facultados legalmente para representarlos y, en todo caso, se debe presumir que el funcionario quien comparece goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
21. En el presente asunto se surten tales supuestos, pues la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien cuenta con facultades de representación del organismo en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(20) La funcionaria acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo del Senado de la República por medio del cual se le designó como Presidenta de dicha Comisión por el periodo que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.(21)
IV.2 Partido Movimiento Ciudadano
22. Por otro lado, el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal(22) dispone que los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral cuentan con legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o locales, siempre que lo hagan a por conducto de sus dirigencias nacionales. También se surte este supuesto, pues el Partido Movimiento Ciudadano es un partido político con registro ante el Instituto Nacional Electoral que comparece por conducto de su dirigencia nacional y que controvierte leyes en materia electoral(23) expedidas por el Congreso de Baja California.
23. Concretamente, la demanda fue suscrita por Dante Alfonso Delgado Rannauro, Ana Lucía Baduy Valles, Benjamín Alamillo González, Jacobo David Cheja Alfaro, Lucía Alejandra Puente García, Martha Patricia Herrera González, Priscilla Franco Barba, Rubén Isaac Barrios Ochoa y Tabita Ortiz Hernández, en su calidad de integrantes de la Comisión Operativa Nacional, por lo que fue presentada por el órgano que ostenta la representación política y legal de la dirección nacional de dicho instituto político en términos del artículo 20, párrafo 2, inciso a), de sus Estatutos.(24) Además, dichos miembros acreditan su personería con copia certificada de la integración de la Comisión Operativa Nacional del partido, expedida por la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.(25)
24. No es obstáculo para llegar a esta conclusión que al rendir su informe el Congreso de Baja California haya argumentado que se actualizaba la causa de improcedencia relativa a la falta de legitimación de dicho partido. La autoridad responsable afirmó que no había quedado demostrado que los documentos básicos del partido actor se encontraran vigentes, y que tampoco se había acreditado que quienes firmaron la demanda contaran con los derechos o facultades indispensables para promoverla. Tal apreciación es inexacta.
25. Aunque es cierto que de las constancias agregadas al escrito de demanda no se advierte la vigencia de los nombramientos de quienes se ostentaron como integrantes de la Comisión Operativa Nacional ni la del documento que acredita a Movimiento Ciudadano como partido político nacional, ambas cuestiones sí se encuentran debidamente acreditadas en autos. Si de las constancias remitidas por el Instituto Nacional Electoral(26) se advierte con claridad que tanto el registro de Movimiento Ciudadano como partido nacional como los nombramientos de los integrantes de la Comisión Operativa Nacional se encuentran vigentes, entonces no existe motivo alguno para concluir que dicho partido carezca de legitimación en este asunto. En consecuencia, desde ahora se desestima la causa de improcedencia invocada en ese sentido.
26. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
27. Corresponde ahora analizar si respecto de las normas generales impugnadas se actualiza alguna otra causa de improcedencia –ya sea invocada por alguna de las autoridades que participaron en su emisión, o bien, advertida de oficio por esta Suprema Corte– que impidiera la resolución de fondo del presente asunto.
V.1 Ausencia de conceptos de invalidez
28. El Congreso Estatal sostiene en su informe que, en relación con la acción de inconstitucionalidad promovida por Movimiento Ciudadano, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción VIII, y 61, fracciones IV y V, de la Ley Reglamentaria.(27) En su opinión, dicho accionante omitió formular conceptos de invalidez suficientes respecto de cada uno de los preceptos impugnados, por lo que el juicio debe sobreseerse en función de aquellos.(28)
29. No se actualiza la causa de improcedencia invocada. Como se explica enseguida, además de que en el presente asunto existe causa de pedir respecto de todas las disposiciones del decreto impugnado, pues se controvierten tanto la oportunidad en su promulgación como la constitucionalidad de su procedimiento legislativo, es criterio reiterado de esta Suprema Corte que la suplencia de los conceptos de invalidez deficientes opera también en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.
30. En primer lugar, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende claramente que el partido político formuló conceptos de invalidez que se encuentran relacionados con la totalidad del decreto impugnado. Mientras que Movimiento Ciudadano planteó la inconstitucionalidad del procedimiento legislativo que dio origen al decreto,(29) también esgrimió que se había vulnerado la prohibición de legislar durante la denominada "veda electoral".(30)
31. Toda vez que estos dos argumentos se relacionan con el decreto en su totalidad, es decir, se trata de planteamientos que, de ser fundados, desembocarían en la invalidez de todas las disposiciones que integran la norma general impugnada, es evidente que, contra lo que afirma el Congreso de Baja California, en el presente caso sí se formularon conceptos de invalidez relacionados con cada uno de los preceptos impugnados. Dicho a la inversa, respecto de cada disposición del decreto impugnado esta Suprema Corte como mínimo deberá analizar si su expedición vulneró las normas constitucionales relacionadas con veda electoral o con procedimiento legislativo. No puede concluirse, por tanto, que no exista concepto de invalidez respecto de todos los preceptos impugnados.
32. En segundo lugar, suponiendo que los argumentos de los accionantes hubieran sido formulados de manera deficiente como afirma la autoridad en su informe, desde hace tiempo el Tribunal Pleno zanjó que en acciones de inconstitucionalidad en materia electoral no opera el estricto derecho.(31) Por consiguiente, en estos casos sí es posible suplir la deficiencia en la formulación de los conceptos de invalidez; desde luego con la limitante prevista en el párrafo segundo del artículo 71 de la Ley Reglamentaria(32) en el sentido de que en acciones de inconstitucionalidad contra leyes electorales sólo es posible fundar la invalidez de una norma general en un precepto constitucional señalado expresamente como vulnerado por la parte accionante.
33. Así, independientemente de que en el presente caso los argumentos encaminados a demostrar la inconstitucionalidad de todas las disposiciones impugnadas no se hubieran esgrimido con la suficiencia requerida para estimarlos fundados por sí mismos, lo cierto es que al existir causa de pedir respecto del decreto impugnado en su totalidad, esta Suprema Corte se encuentra en aptitud de suplir en su deficiencia esos conceptos de invalidez, siempre y cuando para hacerlo se base en preceptos constitucionales cuya violación haya sido invocada expresamente en la demanda. Consecuentemente, contra lo que sugiere el Congreso Estatal, tampoco la formulación deficiente de los planteamientos de inconstitucionalidad del decreto sería motivo suficiente para decretar el sobreseimiento de la acción. 34. Por estas razones, corresponde desestimar la última causa de improcedencia invocada y, al no advertirse de oficio la actualización de alguna otra, entrar al análisis de los planteamientos de los accionantes.
35. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.
VI. ESTUDIO DE FONDO
36. En el presente asunto se plantean violaciones constitucionales que involucran al decreto impugnado en su totalidad y otras que se relacionan sólo con sus disposiciones específicas. Como ha sostenido reiteradamente este Tribunal Pleno, cuando en una misma acción de inconstitucionalidad coexistan estos dos tipos de planteamientos, deberán analizarse en primer término aquellos que, de resultar fundados, producirían un efecto de invalidación total de la norma general impugnada, pues ello en principio tornaría innecesario ocuparse del resto de conceptos de invalidez.(33) De este modo, corresponde aquí analizar en orden preferente los planteamientos de los accionantes relacionados con violación a la veda electoral (VI.1) y con violaciones al procedimiento legislativo (VI.2). Sólo si ambos planteamientos se desestimaran, o bien esta Suprema Corte considerara excepcionalmente que, pese a resultar fundado alguno de ellos, es indicado resolver alguna otra cuestión, entonces se abordarán planteamientos relacionados con la inconstitucionalidad de disposiciones del decreto en específico (VI.3).
VI.1. Violación a la veda electoral
37. Contenido y publicación de la norma general impugnada. Como se mencionó en el apartado de antecedentes, el decreto impugnado contiene múltiples modificaciones legales en el ámbito electoral local. Concretamente, través de él se reformaron los artículos 7, 21, 27 bis, 33, 134, 139, 146, 168, 327, 328 y 330 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, relativos tanto a las atribuciones de las autoridades administrativas electorales como de las jurisdiccionales en esa materia; 6, 21 y 43 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California, relacionados con las atribuciones y obligaciones a cargo de los partidos políticos; 6, 7, 10, 12, 14 de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, correspondientes a la regulación interna del Tribunal Electoral local, como también la adición de un capítulo IX bis denominado "Del órgano interno de control del tribunal" y la adición de los artículos 22 bis y 22 ter al mismo ordenamiento, inherentes a la creación de un órgano de control interno en la estructura orgánica del Tribunal Electoral local; la adición de un artículo 4 bis a la Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California, vinculado a la prohibición del uso de servicios de asistencia social con fines electorales; así como las reformas a los artículos 3, 5, 7, 14, 29, 31, 32, 33 y 34 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, ligadas a la regulación tanto del plebiscito como del referéndum a nivel local. Como ya se mencionó, dicho instrumento fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el dos de septiembre de dos mil veintitrés.(34)
38. Concepto de invalidez. El partido político Movimiento Ciudadano alega que con la publicación del decreto impugnado en esa fecha se vulnera el último párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal porque se introdujeron modificaciones fundamentales a la legislación electoral después de los noventa días anteriores al inicio del proceso electoral. Por un lado, sostiene que el decreto impugnado fue expedido sin tomar en cuenta que el proceso electoral federal concurrente inició desde el siete de septiembre de dos mil veintitrés. Por otro, indica que el legislador soslayó que incluso desde el cinco de septiembre de ese mismo año el Instituto Electoral local aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de coordinación y colaboración con el Instituto Nacional Electoral para establecer las bases de coordinación para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024. Incluso, afirma que a través del Acuerdo INE/CG540/2023 se instruyó a los titulares de las Vocalías Ejecutivas de las Juntas Locales Ejecutivas para que notificara sus nombramientos a las personas designadas para integrar los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral para el proceso electoral 2023-2024 y tomaran protesta el uno de noviembre de dos mil veintitrés.(35)
39. Respuesta de las autoridades responsables. En sus informes, tanto el Ejecutivo como el Congreso Estatal niegan que con la expedición del decreto impugnado se hubiera violado la veda electoral. Ambas autoridades aducen que el decreto no es aplicable para el proceso electoral federal, sino únicamente al circunscrito al ámbito local. Y como éste último inicia más bien el tres de diciembre de dos mil veintitrés, en su concepto la legislación fue expedida en estricto acatamiento al plazo de noventa días previsto en el artículo 105 constitucional.(36)
40. Opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior de este órgano jurisdiccional especializado considera que el concepto de invalidez del partido accionante es infundado porque la reforma sólo tiene impacto en Baja California. En consecuencia, como la publicación del decreto impugnado fue antes de los noventa días previos al inicio del proceso electoral local, estima que no le asiste la razón al partido político.(37)
41. Cuestiones jurídicas por resolver. Del planteamiento del partido político Movimiento Ciudadano en relación con la violación a la veda electoral se desprenden dos preguntas concretas cuyas respuestas deberán ser afirmativas para que la Suprema Corte declare la invalidez del decreto impugnado por ese motivo. Las preguntas son las siguientes:
1. ¿Las reformas del decreto impugnado son aplicables en el proceso electoral a nivel federal?
2. Si ése fuera el caso, ¿el decreto impugnado contiene modificaciones legales fundamentales en el sentido del artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal?
42. A continuación, se da respuesta puntual a la primera de estas cuestiones.
1. ¿Las reformas del decreto impugnado son aplicables en el proceso electoral a nivel federal?
43. Es bien conocido que en el orden jurídico mexicano rige un estricto periodo de veda para la modificación de legislación en materia electoral. El artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal dispone a la letra en su penúltimo párrafo que "[l]as leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales".(38) Como ha sostenido reiteradamente este Tribunal Pleno, dicha regla constitucional pretende garantizar el principio rector de certeza en materia electoral, pues permite no solamente que los sujetos del proceso electoral tengan pleno conocimiento de las normas que los regirán, sino también que la Suprema Corte resuelva sobre la constitucionalidad de su contenido antes de que sean aplicadas por las autoridades electorales.(39)
44. De la simple literalidad de ese precepto se advierte que, para que se pueda considerar que una ley electoral vulnera la prohibición constitucional de legislar durante el periodo de veda, deben conjugarse simultáneamente tres elementos. Primero, la norma electoral debe haberse promulgado y publicado después de los noventa días anteriores al inicio de un proceso electoral. Segundo, la norma debe aplicar en el proceso electoral cuyo inicio está próximo. Tercero, debe tratarse de una modificación legal fundamental en el sentido del artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, es decir, la norma debe producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso.(40) Si faltara alguno de estos elementos, entonces no podrá concluirse que con la publicación de la norma general se vulneró la regla constitucional que establece la veda electoral ni, por tanto, declarar su invalidez por ese motivo.
45. Si este aspecto se analizara únicamente en función del inicio del proceso electoral local, es claro que no existiría la violación constitucional porque no se actualizaría elemento alguno de la prohibición. Toda vez que el artículo 5o. de la Constitución de Baja California(41) dispone que el proceso electoral local dará inicio el primer domingo de diciembre del año anterior a la elección, o sea el tres de diciembre de dos mil veintitrés, es obvio que la expedición del decreto impugnado no es posterior a los noventa días anteriores a tal fecha, pues aquél fue publicado el dos de septiembre de ese mismo año.
46. Ahora bien, si el decreto impugnado se analiza en función del inicio del proceso electoral federal tal como solicita el partido accionante, en el presente caso ciertamente se actualiza el primer elemento de la prohibición constitucional. Mientras que los artículos 40, numeral 2, y 225, numerales 1 y 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales(42) disponen que el proceso electoral federal comienza con la primera sesión que celebre el Consejo General durante la primera semana de septiembre del año previo a la elección, y dicha sesión tuvo lugar el siete de septiembre de dos mil veintitrés,(43) e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32577-412d0711/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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