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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE TENERSE POR INTERPUESTA EN TIEMPO SI LA DEMANDA SE DEPOSITÓ EN LA OFICINA DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO ANTES DE QUE FENECIERA EL PLAZO CORRESPONDIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS SON OBJETO DE UN ACTO LEGISLATIVO QUE IMPLICA MODIFICAR SU SENTIDO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 69 BIS Y TER DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO EL ARTÍCULO IMPUGNADO, AL SER REFORMADO, NO SUFRIÓ UN CAMBIO EN SU SENTIDO NORMATIVO [ARTÍCULO 69 C), EN LUGAR DEL ORIGINAL IMPUGNADO QUATER, AMBOS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO]. VIII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A SUS REPRESENTANTES. IX. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LAS NORMAS CREADAS POR EL LEGISLADOR QUE REGULAN ASPECTOS ORGÁNICOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS RELACIONADAS CON PROCEDIMIENTOS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS CONTRALORÍAS INTERNAS Y DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES AUTÓNOMAS NO AFECTAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EL DERECHO DE LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN VI, 3, 84, 107, 108, 109 Y 109 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL; 46, 47, 64, FRACCIONES XI, XIII Y XIV, 65, FRACCIÓN V, 69 BIS, 69 TER Y 69 QUATER DEL CÓDIGO ELECTORAL; 106, FRACCIÓN IV, 117, FRACCIÓN XXIII Y 119 BIS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; 12, FRACCIÓN III, 19, FRACCIÓN IV, 27, FRACCIÓN XXI, 34, FRACCIONES XV Y XVI, 36, 37, 38, 39, 40, FRACCIÓN X, 60, FRACCIÓN VIII, 83, FRACCIÓN II, 84, 123 Y 124 DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y 67, FRACCIÓN VIII, 71, FRACCIÓN II, 79, FRACCIÓN XIV, 85, FRACCIÓN VI, 106, PÁRRAFOS CUARTO Y SEXTO, Y 113, PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIONES III Y VI, DE LA LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO, TODOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). X. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL TRANSITORIO PARA SU IMPLEMENTACIÓN (ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN XXIX-V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JULIO DE 2016). XI. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL (ARTÍCULOS 44, FRACCIÓN XXIII-C, Y 67, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA ELEGIR Y SUSTITUIR A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO NO VULNERA SU AUTONOMÍA (ARTÍCULOS 44, FRACCIÓN XXIII-C, Y 67, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XIII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS REQUISITOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR LOCAL PUEDEN SER DIVERSOS A LOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (ARTÍCULOS 44, FRACCIÓN XXIII-C, Y 67, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XIV. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PODER LEGISLATIVO LOCAL GOZA DE UN AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACIÓN PARA ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA SER NOMBRADO O RATIFICADO COMO TITULAR DE UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN PROPORCIONALES Y RAZONABLES (ARTÍCULO 109 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, ARTÍCULOS 47, FRACCIÓN II, Y 69 C), FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO, ARTÍCULO 119 BIS, FRACCIÓN I

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 67/2018 Y SU ACUMULADA 69/2018. · Registro digital (IUS): 30206
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-11-05
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo I, Pág. 50.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 67/2018 Y SU ACUMULADA 69/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN. 30 DE JULIO DE 2020. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: JOCELYN M. MENDIZABAL FERREYRO, NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ Y PABLO RAÚL GARCÍA REYES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de julio de dos mil veinte.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Demanda. Por oficio presentado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su entonces carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 109 Bis, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 47, fracción I, y 69 Quater, fracción I, del Código Electoral; 119 Bis, segundo párrafo, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; 38, fracción I, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y 106, cuarto párrafo, fracción I, de la Ley Orgánica y de Procedimientos, todas las legislaciones del Estado de Michoacán de Ocampo, en la porción normativa "por nacimiento", publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad el veintitrés de julio de dos mil dieciocho.

El promovente señaló como órganos encargados de su emisión y promulgación al Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y al gobernador constitucional de esa entidad.

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. Los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman vulnerados son los artículos 1o., 5o., 14, 30 y 35, fracción VI. Asimismo, se alega la violación de los artículos 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2, 25, inciso C) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el numeral 2 del Pacto Internacional de los Derecho Económicos, Sociales y Culturales.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte impugnante expuso en su único concepto de invalidez, en resumen, lo siguiente:

a. El requisito de ser mexicano por nacimiento, exigido para ser titular del Órgano de Control Interno el Poder Judicial, del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Congreso, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, establecidos en las leyes que regulan, respectivamente, a los poderes y organismos autónomos locales mencionados, vulnera los derechos de igualdad, no discriminación, así como a dedicarse libremente a la profesión, industria, comercio o trabajo lícitos y a ser nombrados para cualquier empleo o comisión del servicio público, al excluir injustificadamente de la posibilidad de ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, a los ciudadanos mexicanos que hubiesen obtenido su nacionalidad por naturalización, lo que constituye una exigencia excesiva e injustificada.

b. La porción normativa de las leyes impugnadas se ubica dentro de una categoría sospechosa prevista en el artículo 1o. constitucional y, por lo tanto, discriminatoria, pues la forma de adquirir la nacionalidad (por nacimiento o naturalización) no es un reflejo de los conocimientos, habilidades y aptitudes para el desempeño laboral.

c. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la razón de tener un catálogo de categorías sospechosas es resaltar que existen ciertas características o atributos en las personas que han sido tomados en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y/o discriminar, a quienes las tienen o han sido asociadas con aquéllos.

d. Si bien el principio de igualdad no implica que todas las personas deban encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en absoluta igualdad, lo cierto es que el mismo hace referencia a la situación en la que todos aquellos individuos que se encuentren en escenarios de hechos similares reciban siempre el mismo trato. Así, toda diferencia en el tratamiento a las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y no exista justificación razonable para esa distinción, será discriminatoria.

e. El derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene como objeto remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole, que impidan a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.

f. El derecho humano al trabajo está reconocido en el artículo 123 de la Constitución Federal. En el ámbito internacional, los artículos 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", establecen que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual implica el goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias.

g. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que todo proceso de nombramiento de un servidor público debe tener como función no sólo la selección según los méritos y las calidades del aspirante, sino también el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público.

h. Así, el derecho fundamental al trabajo, en concreto, a acceder a un cargo público, debe ser garantizado en un marco de igualdad, eliminando obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de otra índole que impiden a ciertas personas acceder al servicio público con base en requisitos injustificados, como ocurre con las normas impugnadas.

i. Se han establecido ciertas directrices de escrutinio cuyo objetivo consiste en verificar si las medidas legislativas tienen un contenido de prohibición de discriminación o no.

j. Las normas impugnadas no cumplen con el requisito de escrutinio estricto sobre las normas que contienen categorías sospechosas, pues no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para exigir ser mexicano por nacimiento para ocupar los cargos públicos a que aquéllas se refieren, ya que las funciones específicas a realizar no justifican una restricción de ese tipo, por lo que la norma es discriminatoria respecto de los ciudadanos mexicanos por naturalización.

k. Con respecto a si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, si las normas impugnadas no persiguen esta finalidad, tampoco puede estimarse que se encuentren conectadas con la consecución de objetivo constitucional alguno.

l. En el caso, las normas impugnadas no justifican una necesidad imperiosa ni constitucionalmente válida, ya que no resisten un juicio de proporcionalidad o razonabilidad, pues la participación de los naturalizados mexicanos en la selección de dicho personal no obedece a ninguna razón objetiva, excepción o supuesto constitucionalmente válido para justificar el requisito de ser mexicano por nacimiento, dado que las funciones que realizan los titulares de las instituciones no atienden a cuestiones referentes a la seguridad nacional, fuerzas armadas o a la titularidad de alguna secretaría de Estado.

m. La porción normativa "por nacimiento", contenida en las disposiciones combatidas, generan supuestos de discriminación por motivos de origen nacional, en tanto que se trata de una distinción que tiene como efecto obstaculizar el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones, que en el caso es para ocupar un cargo público.

n. Todo orden de gobierno está obligado a respetar el derecho humano a la igualdad en cualquier circunstancia, especialmente cuando se emiten normas que puedan hacer referencia a un sector de la población que social e históricamente ha sido discriminado, como lo son las personas con un origen étnico o nacional distinto. En esos términos se ha pronunciado el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en la Recomendación General No. XXX sobre la discriminación contra los no ciudadanos, por lo que las disposiciones normativas impugnadas se ubican dentro de las categorías sospechosas prohibidas por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

o. Reserva exclusiva de los cargos. La Constitución Federal prevé los casos específicos en los que podrá exigirse la calidad de mexicano por nacimiento cuando se trate de cargos públicos o funciones ligados a conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacionales, respecto de los que debe evitarse toda suspicacia acerca de compromisos con Estados extranjeros.

p. El artículo 32 constitucional señala que exclusivamente el legislador federal puede determinar los cargos y funciones en los que se podrá requerir ser mexicano por nacimiento; de ahí, que las Legislaturas Locales no están constitucionalmente habilitadas para cumplir esa exigencia.

q. Sobre esa base, es notorio que las obligaciones de los servidores públicos no trastocan la reserva prevista en el citado precepto constitucional.

r. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 48/2009, sostuvo que la facultad de configuración legislativa le corresponde al Congreso de la Unión y no a las Legislaturas Locales, además de que su ejercicio no es irrestricto, sino que debe satisfacer una razonabilidad en función de los cargos de que se traten.

s. Es decir, la exigencia de la reserva para ocupar ciertos cargos que se establezcan en ley del Congreso de la Unión, debe perseguir los fines objetivos que sostienen el propio precepto constitucional, y los diversos cargos o funciones que la Norma Fundamental establece expresamente deben reservarse a quienes tengan esa calidad.

t. En el citado asunto también se precisó que si bien puede aducirse que el legislador michoacano cuenta con libertad configurativa para determinar los requisitos necesarios para asumir los cargos públicos a que se ha hecho referencia, debe destacarse que tal potestad no es absoluta, sino que la exigencia debe ser razonable en función de que sólo los mexicanos por nacimiento que no hayan adquirido otra nacionalidad ocupen un determinado cargo debe sostenerse en los fines u objetos fijados en el artículo 32 constitucional.

u. Las atribuciones de los titulares de los distintos órganos internos de control de las instituciones a que se refieren las normas cuestionadas, son de carácter afirmativo. Ello implica que no se trata de cargos o funciones ligados a conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacionales, de los que –reitera– debe evitarse toda suspicacia acerca de compromisos con Estados extranjeros.

v. Los requisitos para ocupar la titularidad de los cargos deben ceñirse a los méritos y capacidades, y no al origen nacional de las personas, de ahí que resulte claro que las normas impugnadas en la porción normativa "por nacimiento" son inconstitucionales, pues tener doble o múltiple nacionalidad no es un elemento que pudiera influir en los méritos o capacidades de una persona.

CUARTO.—Trámite. Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el expediente 67/2018, y turnar el asunto al Ministro Eduardo Medina Mora I., para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

El Ministro Eduardo Medina Mora I., por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, admitió a trámite la acción y dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron la norma impugnada para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO.—Demanda. Mediante oficio presentado el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correos del Servicio Postal Mexicano en Morelia, Michoacán, recibido en esa propia fecha en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor Manuel Serrato Lozano, en su carácter de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esa entidad, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 2, fracción VI, 3, 84, 107, 108, 109 y 109 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 46, 47, 64, fracciones XI, XIII y XIV, 65, fracción V, 69 Bis, 69 Ter y 69 Quater del Código Electoral; 106, fracción IV, 117, fracción XXIII y 119 Bis de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; 12, fracción III, 19, fracción IV, 27, fracción XXI, 34, fracciones XV y XVI, 36, 37, 38, 39, 40, fracción X, 60, fracción VIII, 83, fracción II, 84, 123 y 124 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y 67, fracción VIII, 71, fracción II, 79, fracción XIV, 85, fracción VI, 106, párrafos cuarto y sexto, y 113, primer párrafo y fracciones III y VI, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, todos del Estado de Michoacán de Ocampo.

El promovente señaló como órganos encargados de su aprobación, expedición, promulgación y publicación al Congreso Local, al Gobernador Constitucional, al secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo, así como al director del Periódico Oficial, todos del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el promovente estima vulnerados son los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 9o., 14, 16, 17, 22 y 24. También, alega la transgresión de los artículos 1, 2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

SEXTO.—Conceptos de invalidez. La parte impugnante expuso en sus conceptos de invalidez, los argumentos siguientes:

a) Violación del derecho a la consulta previa en materia indígena, cuando se trata de expedición de normas por parte del Poder Legislativo del Estado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios jurisprudenciales y sentencias relevantes, que los órganos legislativos donde existan comunidades de origen, no gozan de una facultad discrecional soberana, pues su marco de atribuciones está limitado por el principio de autodeterminación de los pueblos de origen, por lo que previo a la emisión de cualquier norma debe realizarse una consulta para determinar si aquéllos están de acuerdo o no con la nueva disposición.

El decreto impugnado impacta en forma directa en cómo se designará al contralor del Poder Judicial, del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral, del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, todos de Michoacán de Ocampo, lo que incide de forma directa en la organización y atribuciones de regiones enteras donde se asientan pueblos originarios.

b) Violación al principio de no retroactividad de la ley.

El decreto impugnado es una norma que obra sobre el pasado; es decir, afecta el plazo para el cual fueron nombrados los contralores actuales –cuyo nombramiento fue realizado en fecha previa al nacimiento del decreto–, por lo cual es una norma de naturaleza retroactiva, que viola tal derecho humano.

c) Violación al derecho a la igualdad y no discriminación por edad.

El decreto impugnado prevé como requisito para ser titular del órgano interno de control de las instituciones señaladas, la edad mínima de treinta años; sin embargo, basar la edad como requerimiento para ocupar un espacio laboral es discriminatorio y desigual, ya que basa uno de sus elementos en una categoría sospechosa, como es la edad mínima.

La edad no garantiza los conocimientos –teóricos, técnicos y prácticos–, la autonomía de criterio, independencia de juicio, ni capacidad personal y profesional, de quien pretenda ocupar la plaza, pues hay otros elementos objetivos de mayor peso para determinar la idoneidad en el desempeño de la función.

d) Falta de respeto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, principios de exacta aplicación de la ley en materia administrativa y electoral, así como de legalidad y seguridad, por imponer como requisito para ocupar el cargo de titular de órgano interno de control el de "gozar de buena reputación", lo que constituye una prueba de imposible demostración que pugna con las reglas de la lógica y la experiencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversas ejecutorias que los requisitos relativos a la moral y a las buenas costumbres, y prestigio profesional, no deben considerarse para ocupar cargos públicos, pues son elementos subjetivos que constituyen un requisito imposible de probar.

Tal elemento es ajeno a la función que pretende desplegar, pues atañe a la vida privada, íntima y es imposible demostrarlo con un documento o probanza permitida por la ley.

e) Falta de competencia constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo para designar a los titulares de los órganos a que se refieren las normas cuestionadas, que deriva en una violación a los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 16, 17, 73, fracción XXIV y 113 constitucionales, a los principios de autoridad competente, fundamentación y motivación, legalidad, seguridad jurídica, autonomía, independencia y protección de los derechos humanos.

El Poder Legislativo del Estado de Michoacán carece de competencia constitucional para legislar a efecto de designar a los titulares de los órganos de control interno –contralores– del Poder Judicial, del Instituto Electoral de Michoacán, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto Mexicano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con lo que transgrede la garantía de autoridad competente prevista en el artículo 16 constitucional, por lo que no existe fundamentación y motivación de los actos de la autoridad legislativa en la emisión del decreto impugnado.

f) Violación a los principios de fundamentación y motivación de los actos de autoridad legislativa, legalidad y seguridad jurídica, así como al principio de división de poderes en referencia a la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Tribunal Electoral, del Instituto Electoral, Poder Judicial y del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, todos del Estado de Michoacán de Ocampo.

El Alto Tribunal ha sostenido en diversos criterios que la designación del titular del órgano de control interno, por parte de los poderes, Municipios u órganos autónomos, invade la esfera competencial y es inconstitucional, pues vulnera los principios señalados.

El decreto impugnado otorga a la Legislatura Estatal una facultad discrecional para designar al titular del órgano de control interno de los órganos señalados, el que se encargará de investigar y resolver los procedimientos y recursos de responsabilidad de los servidores públicos de cada uno de esos órganos.

El contralor será designado por el voto de las dos terceras partes del Congreso del Estado, de lo que se advierte que éste cuenta con la facultad discrecional para designar al funcionario señalado, en tanto que el órgano correspondiente sólo realizará una evaluación y su intervención en la elección es mínima, pues la documentación y los exámenes correspondientes deberán ser remitidos al Congreso Local junto con la lista, para que éste designe a quien ocupará la plaza, lo que implícitamente le permite desechar el listado o bien, realizar una revisión a los exámenes practicados.

Tal facultad discrecional vulnera los principios de división de poderes y autonomía, ya que limita la posibilidad de designar contralor por parte del máximo órgano de cada una de las instituciones y permite que otro poder tenga intromisión a su vida intraorgánica, lo que está vedado constitucionalmente y, por tanto, se transgrede el derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica, así como a la garantía de autoridad competente y de fundamentación y motivación de actos legislativos.

La Suprema Corte de Justicia ha sostenido que cuando se trate de exámenes de aptitud para ocupar una plaza, las reglas previstas en la norma, en la convocatoria y en las evaluaciones que se practiquen, deben ser claras y precisas, para que los aspirantes participen en un ambiente de igualdad de oportunidades y de certeza y/o claridad, y/o transparencia en la forma en que serán evaluados.

Así, las porciones normativas impugnadas conceden una facultad discrecional a la institución para decidir la forma y términos en que se evaluará a cada aspirante, ya que no fija el mínimo o máximo sobre el cual se evaluará. Por tanto, al no fijar las bases generales para que los aspirantes contiendan en un clima de condiciones igualitarias y de trasparencia en la contienda, es incuestionable que las normas no son proporcionales ni razonables.

El Sistema Nacional Anticorrupción pretende la alta especialización y tecnificación en dichas áreas, y al dejar al libre arbitrio de la autoridad que emite la convocatoria, calificar y validar la forma y términos de evaluación, no se genera certeza y seguridad para que quien sea designado tenga las aptitudes necesarias para el desempeño del cargo.

Además, dentro de los requisitos previstos para ser designado titular del órgano de control interno no se prevén aquellos que permitan asegurarse que quien sea designado tenga la experiencia en el manejo de recursos y actividades públicas, a efecto de protegerlas.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en jurisprudencia firme, que cuando dos normas de la misma jerarquía se opongan, y con ello generen inseguridad jurídica, deben declararse inconstitucionales.

En el caso, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Michoacán señalan ciertos requisitos para ocupar cargos dentro del Sistema; sin embargo, de una confronta de dichas legislaciones con las leyes que se impugnan, se advierte que ésta genera incertidumbre para emitir la convocatoria y evaluar, pues no se indican las materias sobre las que versará el examen –que debieran ser las que señala el sistema anticorrupción– y estas últimas sólo hacen referencia a aquellos conocimientos que le permitan desarrollar la función.

Las normas impugnadas remiten a la ley de responsabilidades para sancionar al titular del órgano de control interno de las instituciones señaladas, facultando sólo al Consejo de la Comisión para sancionarlo por faltas leves. Sin embargo, privar al órgano-pleno respectivo de la atribución de investigar a los titulares de los órganos de control interno por faltas graves que cometa y llevarlo ante el Tribunal de Justicia Administrativa para enjuiciarlo y sancionarlo, transgrede los principios de seguridad y certeza jurídica, así como el de autonomía, pues impide al Consejo/Pleno conocer de la investigación, para luego enjuiciarlo ante el tribunal respectivo.

SÉPTIMO.—Acumulación. Mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 69/2018. Asimismo, dada la identidad respecto del decreto combatido en la acción de inconstitucionalidad 67/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estimó procedente decretar la acumulación de los expedientes. Finalmente, turnó los autos al Ministro Eduardo Medina Mora I.

Por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron el decreto impugnado para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Procuraduría General de la República para que formulara el pedimento correspondiente.

OCTAVO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo. Al rendir su informe y contraargumentar la posición de la parte impugnante en la acción de inconstitucionalidad 67/2018, el Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción nació para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, se trata de una ley de orden público, de observancia general en todo el territorio nacional, cuyo objeto es establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional.

b. Ahora, al tratarse de una ley que emite el Congreso de la Unión en su competencia, se relaciona con el artículo 32 constitucional, conforme al cual "El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también es aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión"; de ahí que el Congreso Local emitió en forma constitucional y legal el Decreto 611, y por disposición constitucional se requerirá ser mexicano por nacimiento para ejercer el cargo y función de titular de un órgano de control interno, pues la reserva es para quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.

c. Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los órganos del Estado, son áreas que requieren ser de carácter confiable. De ahí que para la selección de los integrantes de los órganos internos se deberán observar los requisitos establecidos en su nombramiento, al igual que un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública y servicio público, con base en mecanismos más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización.

d. La medida prevista en las porciones normativas impugnadas es constitucional, porque un titular de un órgano de control interno es un servidor público de un nivel muy importante para la función que le corresponde desempeñar, como se advierte de las atribuciones legales contenidas en el Decreto 611, lo que justifica el requisito de ser mexicano por nacimiento y hace indudable que el cargo no puede recaer en una persona extranjera.

e. La reforma que se pretende invalidar en alguna de sus porciones normativas articula el fortalecimiento de competencias de las instancias públicas y de la sociedad para prevenir y erradicar de forma eficiente la corrupción, dado que se consideran metas irrenunciables para todos los mexicanos que requieren para su cumplimiento no sólo la acción constante del Estado, sino de la participación informada, activa y responsable de la ciudadanía. De ahí que los numerales cuya invalidez se solicita, no excluyen injustificadamente a aquellas personas cuya nacionalidad no sea adquirida de nacimiento.

f. Contrariamente a lo que señala la parte promovente, las normas impugnadas no vulneran en perjuicio de los ciudadanos que no adquirieron la nacionalidad mexicana por nacimiento los derechos de igualdad y no discriminación, así como los de dedicarse a cualquier empleo o comisión, de servicio público, pues únicamente se trata de un requisito para acceder al cargo de titular de alguno de los órganos de control interno de las diferentes entidades estatales y municipales a que se refiere.

g. Apoya a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "FACULTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NO ES IRRESTRICTA, SINO QUE DEBE SATISFACER UNA RAZONABILIDAD EN FUNCIÓN DE LOS CARGOS QUE REGULE."

h. En cuanto a lo relativo al origen nacional como una categoría sospechosa protegida por el artículo 1o. constitucional, ésta es inexistente en razón de que el decreto cuya invalidez se solicita persigue los objetivos y los rectores legales que exige al respecto la materia anticorrupción. Por tanto, no se vulnera tal precepto constitucional, pues no se advierte discriminación en este asunto, sino que se apega a una serie de modificaciones normativas que están reformadas conforme a lo determinado por el Congreso de la Unión.

i. Con respecto al concepto de invalidez dirigido a evidenciar que no se está en el supuesto de reserva exclusiva de los cargos públicos, se reitera, el cargo que asume el titular de un órgano interno de control, así como el área que tenga a bien desempeñar esas funciones, corresponderá a reunir requisitos de estricta confidencialidad, pues conocerán del manejo, control y seguimiento de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

j. Si bien es cierto el requisito de ser mexicano por nacimiento se relaciona con una reserva exclusiva de un cargo público, la Ley de Nacionalidad, al ser reglamentaria de los artículos 30, 32 y 37, apartados A y B de la Constitución Federal, conlleva definir que dentro del ejercicio de algún cargo o función, que por su naturaleza requiera reservar a quien tenga la calidad de mexicano por nacimiento y no haya adquirido otra nacionalidad, será necesario que las normas inherentes lo regulen, es decir, que la disposición aplicable así lo señale expresamente, situación que acontece en el Decreto Legislativo 611, cuya invalidez se promueve.

NOVENO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo. El Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo exhibió su informe con respecto a la acción de inconstitucionali

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30206-4ef869da/i-accion-de-inconstitucionalidad-debe-tenerse-por-interpuesta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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