I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA ESTABLECERLA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA). III. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LA RESERVA CONSISTENTE EN TENER AQUÉLLA PARA OCUPAR DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS ESTÁ LIMITADA A QUE ÉSTOS, ASÍ COMO SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTES, SEAN ESTRATÉGICOS, PRIORITARIOS Y VINCULADOS DIRECTAMENTE CON LA PROTECCIÓN DE LA SOBERANÍA Y LA SEGURIDAD NACIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA). IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SUS ALCANCES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA). V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA). VI. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LA RESERVA EXPLÍCITA DE CIERTOS CARGOS Y FUNCIONES PARA MEXICANOS POR NACIMIENTO ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE LIMITA, EN PRINCIPIO, A LOS QUE CORRESPONDEN A LA TITULARIDAD DE LOS PODERES DE LA UNIÓN, O A ÁMBITOS QUE INCIDEN EN LA ESTRUCTURA BÁSICA ESTATAL, O EN ASPECTOS RELATIVOS A LA SOBERANÍA NACIONAL O A LA DEFENSA DE ÉSTA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA). VII. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. EL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA CARECE DE FACULTADES PARA ESTABLECERLA COMO REQUISITO PARA SER SECRETARIO, COORDINADOR JURISDICCIONAL, ACTUARIO O JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 93/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 21 DE ABRIL DE 2020. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de abril de dos mil veinte.
VISTOS; para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 93/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la acción. Por oficio presentado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en los siguientes términos:
2. Autoridad emisora de la norma impugnada:
• Poder Legislativo del Estado de Sinaloa.
3. Autoridad promulgadora de la norma impugnada:
• Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa.
4. Norma general cuya invalidez se reclama:
• Artículo 25, fracción I, en la porción normativa "por nacimiento", de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el uno de octubre de dos mil dieciocho.
5. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman vulnerados. La accionante, sostiene que la norma general impugnada, vulnera los siguientes preceptos de orden constitucional y convencional.
• 1o., 5o., 30, 32 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• 1o., 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
6. TERCERO.—Conceptos de invalidez. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea como único concepto de invalidez, el siguiente:
"ÚNICO. El artículo 25, fracción I, en la porción normativa ‘por nacimiento’, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, así como el derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, al establecer como requisito para ejercer los cargos públicos de secretario, coordinador jurisdiccional, actuario y jefe de la unidad de apoyo administrativo del tribunal, el ser ciudadano mexicano por nacimiento, excluyendo injustificadamente a aquellas personas cuya nacionalidad sea adquirida de forma distinta."
7. Dicho concepto, se sostiene en tres líneas argumentativas:
a) Distinción sustentada en el origen nacional y su examen como categoría sospechosa.
La norma impugnada no cumple con el requisito de escrutinio estricto sobre las normas que contienen categorías sospechosas, en virtud de que no existe justificación constitucionalmente imperiosa, para exigir ser mexicano por nacimiento para ocupar los cargos de secretario, coordinador jurisdiccional, actuario o jefe de la unidad de apoyo administrativo del tribunal, en el Estado de Sinaloa, dado que sus funciones específicas son esencialmente administrativas.
En la demanda, se detallan las funciones referidas a cada uno de los mencionados cargos y, con ello, se pretende evidenciar que no existe necesidad de imponer una restricción, por lo que la norma resulta discriminatoria respecto de los ciudadanos mexicanos por naturalización.
Se explica que la restricción impuesta a la participación de los naturalizados mexicanos en la selección para los cargos públicos aludidos, no obedece a ninguna razón objetiva, excepción o supuesto constitucionalmente válido, ya que las funciones de los puestos en cuestión, no atienden a cuestiones referentes a la seguridad nacional, a las fuerzas armadas o a la titularidad de alguna Secretaría de Estado.
b) Transgresión al derecho de libertad del trabajo y acceso a un cargo público.
Se indica que el no justificar de manera razonable la exigencia, viola el derecho de libertad del trabajo y acceso a un cargo público, que genera un supuesto de discriminación, constitucionalmente prohibido al sustentarse en motivos de origen nacional.
Se cita a la Primera Sala de la Suprema Corte, en cuanto a que ha precisado que el derecho de igualdad tiene como objetivo disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.
También se cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela–, ya que ha señalado que todo proceso de nombramiento de un cargo en la administración pública, debe tener como función no sólo la selección según los méritos y calidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público.
Se indica que el Estado Mexicano tiene la obligación de remover o disminuir los obstáculos que impidan a ciertas personas ejercer sus derechos.
Así, el derecho del trabajo reconocido en el artículo 123 constitucional, debe ser protegido en un plano de igualdad.
Luego, si el caso en concreto involucra de manera específica el acceder a un cargo público, se debe garantizar que no existan obstáculos para ejercer este derecho.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva OC-4/84, consideró a la nacionalidad como un estado natural del ser humano y señala que restringir exagerada e injustificadamente el ámbito de ejercicio de los derechos políticos de los naturalizados, constituyen verdaderos casos de discriminación que crean injustificadamente dos grupos de distintas jerarquías entre nacionales de un mismo país.
c) Reserva exclusiva de cargos públicos (a casos específicos de la Constitución Federal y a los que señale el Congreso de la Unión).
La Constitución Federal en su artículo 32, prevé casos específicos en los que podrá exigirse la calidad de mexicano por nacimiento cuando se trate de cargos y funciones ligados a conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacionales; mismas que en el caso no se satisfacen.
Se menciona que el Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 48/2009, estimó que la facultad de configuración legislativa que corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión y no a las Legislaturas Locales, no es irrestricta, sino que debe satisfacer una razonabilidad en función de los cargos de que se trate.
Las atribuciones en la norma impugnada de los cargos de secretarios, coordinador jurisdiccional, actuario o jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Sinaloa, no están encaminadas a asegurar la soberanía y seguridad nacional, sino únicamente a realizar gestiones esencialmente administrativas, por lo que no es posible exigir la calidad de ciudadano mexicano por nacimiento para ocupar dichos cargos, pues el resultado de esa medida trae como consecuencia la discriminación de los mexicanos por naturalización en un puesto que no tiene relación con la defensa de la soberanía o identidad nacionales. Se estima que la exigencia que se cuestiona, trae además consigo la violación al derecho al trabajo contemplado en los artículos 5o. y 123 constitucionales, así como al derecho de los ciudadanos mexicanos a poder ser nombrados para cualquier empleo o comisión del servicio público, contenido en el artículo 35, fracción VI, de la Constitución General.
Asimismo, dicho artículo constitucional señala que exclusivamente el legislador federal puede determinar los cargos y funciones en los que se podrá requerir ser mexicano; sin embargo, las Legislaturas Locales no se encuentran habilitadas para establecer dicha exigencia.
8. CUARTO.—Admisión y trámite. En acuerdo de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, bajo el número 93/2018 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.
9. Por acuerdo de seis de noviembre de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa, para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, les requirió los antecedentes legislativos y un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en el que constara la publicación de la norma impugnada.
10. QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. En acuerdo dictado el diez de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Poder Ejecutivo del Estado, en el que, esencialmente:
• Refirió que resultaban ciertos los hechos que se le atribuyen, consistentes en la promulgación y publicación del Decreto 831, el cual contiene la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, publicado el uno de octubre de dos mil dieciocho; no obstante, se externó también que dicho Poder se muestra en plena disposición de salvaguardar el derecho a la igualdad y a la no discriminación; así como de acatar cualquier resolución del Máximo Tribunal del País.
11. SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa. En acuerdo dictado el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se acordó el informe rendido, de manera extemporánea, por el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, el cual, señaló, en síntesis, los siguientes argumentos:
• No son válidos los argumentos establecidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya que el decreto impugnado de inconstitucional es acorde con la regulación contenida en la propia Constitución Federal y en otras leyes ordinarias.
• El requisito para ocupar ciertos cargos públicos consistente en ser mexicano por nacimiento, se encuentra inicialmente en el artículo 32 de la Constitución General de la República el cual establece:
"Artículo 32. La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad."
• En consonancia con el precepto citado, el requisito en mención se encuentra presente para ocupar los cargos de comisionado, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, diputado, senador, presidente del país, secretario de despacho, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fiscal general de la República, gobernador de cualquiera de los Estados integrantes de la Federación, donde en este último caso no sólo es necesario ser mexicano por nacimiento, sino además ser nativo del Estado de la entidad federativa que se gobierne.
• Los artículos 32 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que el ejercicio de los cargos o funciones para los cuales por disposición de la propia Constitución se requiera ser mexicano por nacimiento se reserva a quienes tengan esa calidad, y que tal reserva será aplicable a aquellos cargos o funciones que así lo señalen otras leyes federales, es decir, tales requisitos son concomitantes. Se citaron como apoyo, los siguientes criterios:
"NOTARIADO. EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, AL ESTABLECER QUE PARA OBTENER LA PATENTE DE ASPIRANTE A NOTARIO SE REQUIERE SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO Y NO HABER OPTADO POR OTRA NACIONALIDAD, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
"NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO COMO REQUISITO PARA OCUPAR DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS. BASTA QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTABLEZCA EN LA LEY TAL EXIGENCIA, PARA QUE CONJUNTAMENTE OPERE EL REQUISITO DE NO ADQUIRIR OTRA NACIONALIDAD."
• El decreto impugnado fue emitido en estricto apego y cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de la potestad conferida por el artículo 43, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la que se establece expresamente como facultad exclusiva del Congreso del Estado, la de expedir, interpretar, reformar, abrogar y derogar leyes y decretos en todos los ramos de la administración pública del Estado.
• Fueron respetadas a cabalidad las ordenanzas de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, al igual que el resto de las disposiciones legales aplicables.
12. SÉPTIMO.—Alegatos y cierre de instrucción. Mediante proveído de catorce de febrero de dos mil diecinueve, se agregaron a los autos los alegatos formulados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se acordó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución. Destaca también que, en acuerdo de veintiséis de febrero siguiente, se agregaron a los autos los alegatos formulados de manera extemporánea por el Poder Ejecutivo del Estado.
13. OCTAVO.—Returno. En proveído dictado el diez de octubre de dos mil diecinueve y, considerando que el Tribunal Pleno en sesión del mismo día, determinó que los asuntos turnados a la ponencia del Ministro Eduardo Medina Mora I., se returnaran por estricto decanato entre los Ministros que integran el Pleno, se determinó returnar el presente expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ello, con fundamento en el artículo 14, fracciones II, primer párrafo y XXIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 34, fracción XXII, y 81, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CONSIDERANDO:
14. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal;(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa y distintos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
15. SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. Asimismo, señala que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
16. En el caso, el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, fue publicado mediante Decreto 831 en el Periódico Oficial del Estado, el uno de octubre de dos mil dieciocho, como se advierte del ejemplar que obra agregado en el expediente.(3)
17. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley reglamentaria, el plazo para promover la presente acción, transcurrió del martes dos al miércoles treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.
18. Bajo ese contexto, al haberse presentado la acción de inconstitucionalidad el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho,(4) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe concluirse que la misma fue promovida oportunamente.
19. TERCERO.—Legitimación. A continuación, se procede a analizar la legitimación del promovente de la acción de inconstitucionalidad, por ser un presupuesto indispensable para su ejercicio.
20. En lo que interesa, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(5) dispone, sustancialmente, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación para instar acción de inconstitucionalidad en contra de, entre otras, normas emitidas por las Legislaturas Estatales, cuando se alegue la transgresión de los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.
21. A su vez, en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su reglamento interno, corresponde al presidente de la referida comisión su representación legal.
22. Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, en relación con el diverso numeral 11, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(6) las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
23. Luego, si quien suscribe el escrito inicial de la presente acción es Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión,(7) puede concluirse que dicho funcionario, sí está facultado para actuar en la presente acción de inconstitucionalidad en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
24. A la vez, en el caso se plantea la incompatibilidad del artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa con la Constitución General y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por estimar que se violan los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad de trabajo, así como a desempeñar un empleo público.
25. De igual forma, se cuestiona la competencia de la Legislatura Local para emitir la norma impugnada.
26. Sobre ello, si se tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es un análisis en abstracto, inclusive previo a la aplicación de las normas correspondientes, es inconcuso que tratándose de normas respecto de las que se alega invasión competencial de una autoridad legislativa local a una federal, tales cuestiones son justiciables a través de este medio de defensa.
27. Lo anterior, en tanto las normas emitidas por autoridades incompetentes podrían implicar, desde luego, violación al artículo 16 constitucional respecto a los requisitos que las autoridades deben observar en relación con los actos de molestia que generan en los particulares, dentro de los que se encuentra la competencia para ejecutarlos, legalidad y seguridad jurídica.(8)
28. Por lo anterior, se concluye que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra debidamente legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad, en los términos planteados.
29. CUARTO.—Causas de improcedencia. No se hicieron valer causales de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni se advierte alguna otra de oficio por este Tribunal Pleno.
30. QUINTO.—Estudio de fondo. El problema jurídico a resolver en la presente acción de inconstitucionalidad, está relacionado con la determinación del legislador del Estado de Sinaloa de prever como requisito para ser secretario, coordinador jurisdiccional, actuario o jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa de dicho Estado, el ser mexicano por nacimiento.
31. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclama la inconstitucionalidad del artículo 25, fracción I, en la porción normativa "por nacimiento", de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, por considerar que vulnera los derechos de igualdad, no discriminación y libertad de trabajo, así como la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar sobre esta reserva.
32. En su único concepto de invalidez la accionante plantea tres argumentos torales: a) Distinción sustentada en el origen nacional y su examen como categoría sospechosa; b) Transgresión al derecho de libertad del trabajo y acceso a un cargo público; y, c) Reserva exclusiva de cargos públicos (a casos específicos de la Constitución Federal y a los que señale el Congreso de la Unión).
33. Ahora bien, por ser una cuestión de estudio preferente, en la presente acción de inconstitucionalidad se habrá de definir, en primer término, si la norma impugnada fue emitida por autoridad competente o no. El precepto normativo que se combate es del tenor literal siguiente:
Ver precepto
34. Con base en el contenido del precepto transcrito, se tiene que para ser secretario, coordinador jurisdiccional, actuario o jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, situación que la promovente de la acción de inconstitucionalidad estima inconstitucional, en virtud de que el legislador local, en términos de lo previsto en el numeral 32 de la Constitución Federal, no cuenta con facultades para prever como requisito para ocupar dicho cargo el ser mexicano por nacimiento.
35. El anterior argumento es esencialmente fundado, porque si bien este Tribunal Constitucional –en sus diversas integraciones– ha variado su criterio en relación con la competencia o incompetencia de las Legislaturas Locales para regular la materia que nos ocupa; ahora, bajo su más reciente integración, arriba a la conclusión de que las Legislaturas Locales no se encuentran habilitadas para regular supuestos en los que se limite el acceso a cargos públicos a los mexicanos por nacimiento en las entidades federativas, pues de hacerlo, llevará, indefectiblemente, a declarar la invalidez de las porciones normativas que así lo establezcan.
36. En efecto, la habilitación constitucional a cargo de la Federación o de los Estados para regular una determinada materia es un presupuesto procesal de la mayor relevancia para cualquier análisis de fondo, pues de concluirse –como sucede en el caso– que el Congreso del Estado de Sinaloa no se encuentra habilitado para establecer dicha exigencia, se actualizará inmediatamente la invalidez de la disposición impugnada, sin necesidad de analizar si la norma tiene un fin válido, pues resultará inconstitucional al haberse emitido por una autoridad incompetente.
37. A fin de evidenciar lo anterior, se estima pertinente establecer el marco constitucional que rige el tema de nacionalidad en nuestro sistema jurídico mexicano y, para ello, es dable transcribir los siguientes artículos de la Constitución Federal.
Ver artículos
38. De los preceptos constitucionales transcritos se desprende lo siguiente:
• La nacionalidad mexicana podrá adquirirse por nacimiento o por naturalización (nacionalidad mexicana originaria y derivada, respectivamente).
• La nacionalidad mexicana por nacimiento está prevista en el apartado "A" del artículo 30 constitucional, a través de los sistemas de ius soli y de ius sanguinis, esto es, en razón del lugar del nacimiento y en razón de la nacionalidad de los padres o de alguno de ellos, respectivamente.
• La nacionalidad por naturalización, denominada también derivada o adquirida es, conforme al apartado "B" del citado artículo 30 constitucional, aquella que se adquiere por voluntad de una persona, mediante un acto soberano atribuido al Estado que es quien tiene la potestad de otorgarla, una vez que se surten los requisitos que el propio Estado establece para tal efecto.
• De acuerdo con el artículo 30 constitucional, apartado B, son mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores la carta de naturalización y la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y reúnan los requisitos establecidos en la ley relativa.
• Se dispone lo relativo a la doble nacionalidad, así como lo relativo a los cargos y funciones para los que se requiera ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad.
• Finalmente, se establece que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad y los motivos de pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización.
39. Es necesario precisar que el texto vigente de los artículos 30, 32 y 37 constitucionales, tiene su origen en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, de cuyo procedimiento destaca lo siguiente:
• La reforma tuvo por objeto la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente de que se adopte alguna otra nacionalidad o ciudadanía, para que quienes opten por alguna nacionalidad distinta a la mexicana puedan ejercer plenamente sus derechos en su lugar de residencia, en igualdad de circunstancias.
• La reforma se vio motivada por el importante número de mexicanos residentes en el extranjero y que se ven desfavorecidos frente a los nacionales de otros países cuyas legislaciones consagran la no pérdida de su nacionalidad.
• Con la reforma, México ajustó su legislación a una práctica internacional facilitando a los nacionales la defensa de sus intereses.
• Se consideró que la reforma constituía un importante estímulo para los mexicanos que han vivido en el exterior, pues se eliminarían los obstáculos jurídicos para que después de haber emigrado puedan repatriarse a nuestro país.
• En concordancia con el establecimiento de la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, se propuso eliminar las causales de pérdida de nacionalidad mexicana por nacimiento señaladas en el apartado A del artículo 37 constitucional, salvo en circunstancias excepcionales, exclusivamente aplicables a personas naturalizadas mexicanas.
• Por otra parte, se fortalecieron criterios específicos para asegurar que los mexicanos por naturalización acrediten plenamente un vínculo efectivo con el país, así como la voluntad real de ser mexicanos.
• Se agregó un nuevo párrafo al artículo 32, para que aquellos mexicanos por nacimiento que posean otra nacionalidad, al ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, siempre sean considerados como mexicanos, para lo cual, al ejercitar tales derechos y cumplir sus obligaciones, deberán sujetarse a las condiciones establecidas en las leyes nacionales.
• En el marco de esta reforma, se consideró indispensable tener presente que el ejercicio de los cargos y funciones correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias del Estado Mexicano que por naturaleza sustentan el fortalecimiento de la identidad y soberanía nacionales, exige que sus titulares estén libres de cualquier posibilidad de vínculo jurídico o sumisión hacia otros países.
• Por lo anterior, se propuso agregar otro nuevo párrafo al artículo 32 en el que los cargos establecidos en la Constitución, tanto los de elección popular, así como los de secretarios de Estado, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros, que de alguna manera puedan poner en riesgo la soberanía y lealtad nacionales, se reservan de manera exclusiva a mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad.
40. Por otra parte, en el dictamen de la Cámara Revisora (diputados), se sostuvo lo siguiente:
• Las reformas constitucionales tienen como principal objetivo establecer la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente de que se adopte otra nacionalidad, ciudadanía o residencia, salvo en circunstancias excepcionales aplicables exclusivamente a personas naturalizadas mexicanas, siempre con la intervención del Poder Judicial, por lo que desaparecen las causales de pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento señaladas en el inciso A del artículo 37 constitucional.
• En el artículo 30 se establece la transmisión de la nacionalidad a los nacidos en el extranjero, hijos de mexicanos nacidos en territorio nacional, y a los que nazcan en el extranjero hijos de mexicanos por naturalización, lo que permitirá asegurar en estas personas el mismo aprecio que sus progenitores tienen por México.
• Se fortalecen tanto en el artículo 30 relativo a los extranjeros que contraen matrimonio con mexicanos, como en el artículo 37 relativo a la pérdida de la nacionalidad, criterios específicos para asegurar que los mexicanos por naturalización acrediten plenamente un vínculo efectivo con el país y una voluntad real de ser mexicanos.
• Se agrega un nuevo párrafo al artículo 37 para que aquellos mexicanos por nacimiento que adquieran otra nacionalidad, al ejercer sus derechos derivados de la legislación mexicana, sean considerados como mexicanos, por lo que, para el ejercicio de esos derechos, deberán sujetarse a las condiciones que establezcan las leyes nacionales. Esta disposición tiene por objeto dejar en claro que aquellos mexicanos que se hayan naturalizado ciudadanos de otro país, no podrán invocar la protección diplomática de gobierno extranjero, salvaguardando así otras disposiciones constitucionales, tales como la relativa a la doctrina Calvo.
• La reforma del artículo 32 resulta fundamental para evitar conflictos de intereses o dudas en la identidad de los mexicanos con doble nacionalidad, respecto del acceso a cargos que impliquen funciones públicas en este país. De ahí, la conveniencia de que el precepto ordene que "la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad", así como que "el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad".
• El Constituyente considera que las Fuerzas Armadas tienen como misión principal garantizar la integridad, independencia y sobera
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30090-119e766f/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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