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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). III. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA ESTABLECERLA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBICO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE CONTAR CON RECONOCIDA SOLVENCIA MORAL PARA SER TITULAR DE LAS DIRECCIONES GENERAL Y DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, RESULTA DISCRIMINATORIO, PUES ES SUMAMENTE SUBJETIVO Y AMBIGUO (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN V Y 17, FRACCIÓN V, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "DE AMPLIA SOLVENCIA MORAL Y", DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", Y V, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "AMPLIA SOLVENCIA MORAL Y", 17, FRACCIÓN V, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE AMPLIA SOLVENCIA MORAL Y", DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 65/2021. · Registro digital (IUS): 30430
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-03-11
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo I, Pág. 622.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 65/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE ENERO DE 2022. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: OLIVER CHAIM CAMACHO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de enero de dos mil veintidós.

VISTOS; para resolver los autos de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que se solicita la invalidez de los artículos 15, fracciones I, en la porción normativa "por nacimiento", y V, en la porción normativa "de amplia solvencia moral y", y 17, fracción, V, en la porción normativa "de amplia solvencia moral y", de la Ley que Crea el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León, expedida mediante Decreto Número 454, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el diez de marzo de dos mil veintiuno; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación del escrito inicial, normas impugnadas y autoridades emisora y promulgadora. Por escrito depositado el ocho de abril de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad, por conducto de su presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, en la que se solicitó la invalidez de los artículos 15, fracciones I, en la porción normativa "por nacimiento", y V, en la porción normativa "de amplia solvencia moral y" y 17, fracción, V, en la porción normativa "de amplia solvencia moral y", de la Ley que Crea el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León, ordenamiento expedido mediante Decreto Número 454 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el diez de marzo de dos mil veintiuno.

2. Al respecto, señaló que los órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan son los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León.

3. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La promovente estimó violados los artículos 1o., 5o., 14, 16, y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

4. TERCERO.—Radicación, admisión y trámite. Por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad 65/2021 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.

5. Por diverso auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad, tuvo por presentada a la promovente con la personalidad que ostentó y por designados a los delegados y autorizados que señaló. Además, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León para que rindieran su informe, y los requirió para que el primero de ellos enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada y, el segundo, exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en el que constara la publicación del decreto controvertido.

6. Además, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.

7. CUARTO.—Informes de las autoridades. Mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, en representación del gobernador de la referida entidad, rindiendo el informe solicitado al Poder Ejecutivo Estatal.

8. Asimismo, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León rindió informe por conducto de la diputada presidenta de la septuagésima quinta Legislatura del Congreso de esa entidad, el cual fue acordado por auto de uno de junio de dos mil veintiuno.

9. QUINTO.—Ausencia del pedimento de la Fiscalía General de la República y de la opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El fiscal general de la República no formuló pedimento en el presente asunto. Además, el consejero jurídico del Gobierno Federal no realizó manifestación alguna.

10. SEXTO.—Alegatos y cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por recibidos los alegatos formulados por la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, toda vez que había trascurrido el plazo legal de cinco días hábiles concedido a las partes para formular alegatos, ordenó cerrar instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

11. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) y,10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece,(3) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna diversos artículos de la Ley que Crea el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León, expedida mediante Decreto Número 454 publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el diez de marzo de dos mil veintiuno.

12. SEGUNDO.—Precisión de la Litis. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló como normas impugnadas los artículos 15, fracciones I, en la porción normativa "por nacimiento", y V, en la porción normativa "de amplia solvencia moral y", y 17, fracción V, en la porción normativa "de amplia solvencia moral y", ambos de la Ley que Crea el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León, expedida mediante Decreto Número 454 publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el diez de marzo de dos mil veintiuno.

13. TERCERO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(4) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha en que la ley que se impugna sea publicada en el medio oficial correspondiente y, en caso de que el último día fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

14. Ahora, en el presente caso se advierte que el Decreto Número 454, por el que se expidió la Ley que Crea el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el diez de marzo de dos mil veintiuno; por lo tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del once de marzo al nueve de abril de dos mil veintiuno.

15. En ese sentido, toda vez que el escrito inicial relativo a la presente acción de inconstitucionalidad se depositó en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de abril de dos mil veintiuno, es evidente que su promoción resulta oportuna.

16. CUARTO.—Legitimación. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal,(5) establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales o locales, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.

17. Asimismo, en términos del artículo 11 de la ley reglamentaria,(6) aplicable en materia de acciones de inconstitucionalidad conforme a lo previsto en el diverso precepto 59 del mismo ordenamiento,(7) dicho órgano debe comparecer por conducto de los funcionarios facultados legalmente para representarlos y, en todo caso, se debe presumir que el funcionario quien comparece goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

18. Ahora, en el presente asunto se surten tales supuestos, pues la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien cuenta con facultades de representación del organismo en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;(8) y 18 de su reglamento interno.(9) Además, la funcionaria acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo del Senado de la República por medio del cual se le designó como presidenta de dicha Comisión por el periodo que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

19. QUINTO.—Conceptos de invalidez e informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León. En los escritos presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como por las autoridades emisora y promulgadora, hicieron valer los argumentos siguientes:

20. I. Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la declaración de invalidez de los artículos 15, fracciones I, en la porción normativa "por nacimiento", y V, en la porción normativa "de amplia solvencia moral y", y 17, fracción, V, en la porción normativa "de amplia solvencia moral y", de la Ley que Crea el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León, ordenamiento expedido mediante Decreto Número 454, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el diez de marzo de dos mil veintiuno, al considerar, medularmente, que:

a) Los artículos combatidos permiten excluir de forma injustificada a determinados sectores de la población de la posibilidad de ejercer diversos cargos públicos, con lo que se trasgreden los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación; además, constituyen medidas legislativas que obstaculizan el ejercicio a la libertad de trabajo y de acceso a un cargo público, y son contrarias al principio de legalidad.

b) Es inconstitucional el artículo 15, fracción I, de la ley combatida, el cual establece como requisito para ocupar el cargo de titular de la Dirección General del Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León, tener la nacionalidad mexicana por nacimiento, ya que excluye injustificadamente a las personas que obtuvieron su nacionalidad de forma distinta, aunado a que el Congreso Local no se encuentra habilitado constitucionalmente para establecer dicha calidad para el desempeño de un cargo público.

Al respecto, destaca que en la acción de inconstitucionalidad 93/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la facultad de determinar los cargos públicos en los que su titular debe cumplir con el requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento no corresponde a las entidades federativas, por lo que éstas no pueden, en ningún caso, establecer ese requisito para acceder a otros cargos distintos a los que emanan de la Constitución Federal.

Por lo tanto, es inconcuso que el Congreso Local, al incorporar el requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento para ocupar el cargo de director general del señalado instituto, emitió una norma sin sustento constitucional, ya que dicho cargo no está previsto en el catálogo de puestos públicos para los que la Carta Magna requiere esa calidad, además de que el legislador no está habilitado para establecer dicho requisito.

Además, las funciones que realiza el director general del Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León, no persiguen la finalidad de la reserva prevista en el artículo 32 constitucional, ya que no se trata de un cargo ligado a conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacionales.

Aunado a lo anterior, la porción normativa impugnada transgrede lo previsto en el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal, en el sentido de que cualquier ciudadano mexicano tiene el derecho de ocupar cargos en la función pública, en condiciones de igualdad, siempre y cuando cumplan las calidades exigidas por las leyes.

Además, el requisito combatido no supera un test de escrutinio estricto, ya que la medida es discriminatoria, pues no es razonable, dado que las funciones que realiza el titular de la Dirección General del señalado instituto no justifican una exigencia de este tipo; asimismo, el requisito impugnado no persigue un fin constitucionalmente imperioso.

c) Los artículos 15, fracción V, y 17, fracción V, de la ley impugnada, establecen como requisito para ingresar como titulares de las direcciones general y de las unidades académicas, ambos del Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo de Nuevo León, gozar de amplia solvencia moral, con lo que se vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que los términos empleados son indeterminados e imprecisos, lo que permite que sea la autoridad quien arbitrariamente califique el perfil de los aspirantes con base en determinaciones subjetivas.

Lo anterior, porque se exige que la moralidad de la persona que pretenda aspirar al desempeño de los cargos mencionados se encuentre reconocida como apropiada, no sólo por la credibilidad a la que pretende aludir el término "solvencia", sino que, además, deba tener la cualidad de ser "amplia", pasando por alto que todas estas implicaciones, características o propiedades no pueden tener una connotación o significado uniformemente aceptable para todos, ya que esos conceptos entrañan una valoración eminentemente subjetiva.

Así, la evaluación que hará la persona para determinar si otro individuo acredita ese requisito no depende, ni parte de ningún parámetro objetivo, sino que se sujeta a criterios subjetivos que la persona que evalúa estime relevantes o adecuados para concluir si tiene o no una moralidad solventemente reconocida, derivado de una evaluación y valoración de su estilo de vida, modos de pensar, posturas ideológicas, o el tipo de trabajo que desempeñó previamente, entre muchos otros.

Además, dicho requisito, por su ambigüedad y falta de uniformidad en su apreciación, también se traduce en una forma de discriminación, toda vez que, la designación de las titularidades de las direcciones general y de las unidades académicas, todas del instituto de capacitación y educación para el trabajo neoleonés, podrían quedar subordinadas a la plena voluntad del juicio valorativo y del orden discrecional de quienes los designan.

d) En caso de que las normas impugnadas sean declaradas inconstitucionales, se extiendan los efectos a todas aquellas que estén relacionadas.

21. II. Informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, en representación del gobernador de la referida entidad, se limitó a manifestar que es cierto el acto consistente en la promulgación y publicación del decreto impugnado y, toda vez que no se hacen valer conceptos de invalidez en contra de dichos actos, estará atento y respetará lo que resuelva esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

22. III. Informe rendido por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. La diputada presidenta de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso de Nuevo León, señaló que los conceptos de invalidez que hace valer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son inoperantes, ya que el Congreso Local actuó dentro de la esfera competencial que le otorga los artículos 116 constitucional y 63, 70 y 71, de la Constitución Local, y se cumplieron con todas las formalidades del procedimiento legislativo.

23. Además, respecto del requisito "por nacimiento", manifiesta que la ciudadanía tiene, como uno de sus efectos, la posibilidad de ocupar cargos públicos, los cuales quedan sujetos a los requisitos que indique la ley, por lo que la ciudadanía no conlleva de forma automática la posibilidad de desempeñar dichos cargos, sino que sólo es un requisito fundamental que tiene que ser contemplado en cada caso.

24. Por otro lado, señala que es de explorado derecho que los funcionarios públicos deben ser honestos y tener una reputación intachable, ya que depositar la confianza en quien ostente cualquier cargo directivo, implica una responsabilidad compartida.

25. SEXTO.—Causas de improcedencia. Toda vez que las partes no hicieron valer algún motivo de improcedencia, ni este Tribunal Pleno advierte que se actualice alguno, se procede al estudio de los conceptos de invalidez que hace valer la accionante.

26. SÉPTIMO.—Análisis de fondo. A fin de dar una respuesta clara a los planteamientos que hizo valer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el presente estudio se dividirá en los rubros siguientes:

27. Tema I. Contar con el requisito de ser mexicano por nacimiento para ocupar el cargo de director general del Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León.

28. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta en sus conceptos de invalidez que el artículo 15, fracción I, en la porción normativa "por nacimiento", de la Ley que Crea el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León, es inconstitucional, ya que, en lo que interesa, el Congreso Local no se encuentra habilitado constitucionalmente para establecer dicha calidad para el desempeño de un cargo público.

29. El artículo señalado, en la porción impugnada prevé:

"Artículo 15. Para ser director general del instituto, se requiere:

"I. Ser mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. ..."

30. A juicio de este Tribunal Pleno, resulta fundado el concepto de invalidez señalado líneas arriba.

31. Al respecto, es conveniente precisar que este Tribunal Pleno, en su actual integración, al resolver la acción de inconstitucionalidad 87/2018,(10) sostuvo que, derivado de una interpretación sistemática del artículo 1o. en relación con el diverso 32, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de determinar los cargos públicos en los que su titular deba cumplir con el requisito de ser mexicano por nacimiento, no corresponde a las entidades federativas, por lo que éstas no pueden, en ningún caso, establecer ese requisito para acceder a otros cargos distintos a los que emanan por mandando de la Constitución Federal.(11)

32. Además, en dicho asunto se destacó que la reserva consistente en ser mexicano por nacimiento para ocupar determinados cargos públicos, no era irrestricta, pues encontraba su límite en que los cargos y funciones correspondientes sean estratégicos y prioritarios; de lo contrario, podría considerarse una distinción discriminatoria para el acceso a esos empleos públicos a los mexicanos por naturalización y, por tanto, violatoria del principio de igualdad y no discriminación previsto en los artículos 1o., párrafo quinto, 32 y 133 de la Constitución Federal.

33. Asimismo, se destacó que la habilitación constitucional a cargo de la Federación o de los Estados para regular una determinada materia es un presupuesto procesal de la mayor relevancia para cualquier análisis de fondo, pues de concluirse que el congreso de una entidad federativa, no se encuentra habilitado para establecer dicha exigencia, se actualizará inmediatamente la invalidez de la disposición impugnada, sin necesidad de analizar si la norma tiene un fin válido, pues resultará inconstitucional al haberse emitido por una autoridad incompetente.

34. Dichas consideraciones fueron reiteradas por este tribunal constitucional en las acciones de inconstitucionalidad 59/2018,(12) 4/2019,(13) 35/2018,(14) 40/2019,(15) 88/2018,(16) 93/2018,(17) 45/2018 y su acumulada 46/2018,(18) 157/2017,(19) y 67/2018 y su acumulada 69/2018.(20)

35. Ahora, en la acción de inconstitucionalidad 111/2019,(21) así como en las diversas acciones 113/2020,(22) 182/2020,(23) 192/2020,(24) 39/2021(25) y 6/2020,(26) falladas recientemente, este Tribunal Pleno mantuvo su criterio en el sentido de que las Legislaturas de los Estados no se encuentran habilitadas para regular supuestos en los que se limite el acceso a cargos públicos a los mexicanos por nacimiento en las entidades federativas, pues, de hacerlo, llevará indefectiblemente, a declarar la invalidez de las porciones normativas que así lo establezcan.

36. Sin embargo, para llegar a dicha conclusión se partió únicamente del estudio de los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Federal, sin la necesidad de recurrir a la interpretación sistemática antes mencionada ni al estudio del principio de igualdad y no discriminación.

37. Además, en las mencionadas acciones de inconstitucionalidad 39/2021 y 6/2020, se consideró que era necesario eliminar las referencias a la reforma constitucional en materia de nacionalidad, específicamente, en el tema de los cargos y funciones a áreas estratégicas y prioritarias, al considerarse que no se encontraban relacionadas con la problemática en estudio.

38. En consecuencia, al ser estos últimos asuntos los que contienen el criterio vigente del Tribunal Pleno, el estudio de la porción normativa impugnada en este asunto se realizará conforme a las consideraciones sostenidas en ellos.

39. En ese sentido, es importante realizar un análisis de las normas que tienen como finalidad regular el tema de la nacionalidad en México. Para pronta referencia, se transcriben los preceptos constitucionales relevantes para estudiar el caso concreto:

"Artículo. 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

"A). Son mexicanos por nacimiento:

"I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.

"II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional.

"III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y

"IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

"B). Son mexicanos por naturalización:

"I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.

"II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley."

"Artículo. 32. La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

"El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.

"En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.

"Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.

"Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano."

"Artículo. 37. ...

"A). Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

"B). La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:

"I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y . ..."

40. De los artículos constitucionales antes citados se desprende lo siguiente:

a) La nacionalidad mexicana podrá adquirirse por nacimiento o por naturalización (nacionalidad mexicana originaria y derivada, respectivamente).

b) La nacionalidad mexicana por nacimiento está prevista en el apartado A del artículo 30 constitucional, a través de los sistemas de ius soli y de ius sanguinis, esto es, en razón del lugar del nacimiento y en razón de la nacionalidad de los padres o de alguno de ellos, respectivamente.

c) La nacionalidad por naturalización, denominada también derivada o adquirida es conforme al apartado B del citado artículo 30 constitucional, aquella que se adquiere por voluntad de una persona, mediante un acto soberano atribuido al Estado que es quien tiene la potestad de otorgarla, una vez que se surten los requisitos que el propio Estado establece para tal efecto.

d) De acuerdo con el artículo 30 constitucional, apartado B, acceden a la mexicanidad por naturalización las personas extranjeras que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores la carta de naturalización y la mujer o varón extranjero que contraiga matrimonio con varón o mujer mexicana, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y reúnan los requisitos establecidos en la ley relativa.

e) Se dispone lo relativo a la doble nacionalidad, así como a los cargos y funciones para los que se requiera la mexicanidad por nacimiento y no se adquiera otra nacionalidad.

f) Finalmente, se establece que ninguna persona mexicana por nacimiento podrá ser privada de su nacionalidad y los motivos de pérdida de la mexicanidad por naturalización.

41. El texto vigente de los artículos 30, 32 y 37 constitucionales, tiene su origen en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, de cuyo procedimiento destaca lo siguiente:

a) La reforma tuvo por objeto la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente de que se adopte alguna otra nacionalidad o ciudadanía, para que quienes opten por alguna nacionalidad distinta a la mexicana, puedan ejercer plenamente sus derechos en su lugar de residencia, en igualdad de circunstancias.

b) La reforma se vio motivada por el importante número de mexicanos residentes en el extranjero y que se ven desfavorecidos frente a los nacionales de otros países, cuyas legislaciones consagran la no pérdida de su nacionalidad.

c) Con la reforma, México ajustó su legislación a una práctica internacional facilitando a los nacionales la defensa de sus intereses.

d) Se consideró que la reforma constituía un importante estímulo para las personas mexicanas que han vivido en el exterior, pues se eliminarían los obstáculos jurídicos para que después de haber emigrado puedan repatriarse a nuestro país.

e) En concordancia con el establecimiento de la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, se propuso eliminar las causales de pérdida de nacionalidad mexicana por nacimiento señaladas en el apartado A del artículo 37 constitucional, salvo en circunstancias excepcionales, exclusivamente aplicables a personas naturalizadas mexicanas.

f) Por otra parte, se fortalecieron criterios específicos para asegurar que los mexicanos por naturalización acrediten plenamente un vínculo efectivo con el país, así como la voluntad real de ser mexicanos.

g) Se agregó un nuevo párrafo al artículo 32, para que aquellos mexicanos por nacimiento que posean otra nacionalidad, al ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, siempre sean considerados como mexicanos, para lo cual, al ejercitar tales derechos y cumplir sus obligaciones, deberán sujetarse a las condiciones establecidas en las leyes nacionales.

42. En el dictamen de la Cámara de Diputados (instancia revisora) se sostuvo lo siguiente:

a)Las reformas constitucionales tienen como principal objetivo establecer la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente de que se adopte otra nacionalidad, ciudadanía o residencia, salvo en circunstancias excepcionales aplicables exclusivamente a personas naturalizadas mexicanas, siempre con la intervención del Poder Judicial, por lo que desaparecen las causales de pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento señaladas en el inciso A del artículo 37 constitucional.

b) En el artículo 30 se establece la transmisión de la nacionalidad a los nacidos en el extranjero, hijos de mexicanos nacidos en territorio nacional, y a los que nazcan en el extranjero hijos de mexicanos por naturalización, lo que permitirá asegurar en estas personas el mismo aprecio que sus progenitores tienen por México.

c) Se fortalecen tanto en el artículo 30 lo relativo a los extranjeros que contraen matrimonio con mexicanos, como en el artículo 37 lo relativo a la p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30430-c70d79c9/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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