I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO ESTATAL EN LA QUE ADUCE QUE LA NORMA IMPUGNADA ES RESULTADO DE UNA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD, Y QUE NO SE TRATA DE UNA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVA. IV. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS. V. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA. VI. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA SALUD. VII. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS A LA AUTONOMÍA Y AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. VIII. DERECHO A DECIDIR. LA MUJER Y LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE GESTAR SON TITULARES EXCLUSIVOS DEL DERECHO A DECIDIR LA CONTINUACIÓN O INTERRUPCIÓN DE SU EMBARAZO. IX. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA. X. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. IMPLICA LA EDUCACIÓN SEXUAL COMO PILAR DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA. XI. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. IMPLICA EL DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN Y ASESORÍA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y MÉTODOS DE CONTROL NATAL. XII. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. IMPLICA LA GARANTÍA DE QUE TOMEN UNA DECISIÓN INFORMADA EN RELACIÓN CON LA INTERRUPCIÓN O CONTINUACIÓN DE SU EMBARAZO. XIII. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. TANTO LA OPCIÓN DE CONTINUAR COMO LA DE INTERRUMPIR EL PROCESO DE GESTACIÓN CONSTITUYEN DOS ÁMBITOS DE PROTECCIÓN CON IGUAL RELEVANCIA. XIV. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. IMPLICA GARANTIZAR LA POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR SU EMBARAZO EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA DE FORMA ACCESIBLE, GRATUITA, CONFIDENCIAL, SEGURA, EXPEDITA Y NO DISCRIMINATORIA. XV. NASCITURUS. SU CONCEPCIÓN COMO BIEN CONSTITUCIONAL Y EL ÁMBITO DE SU PROTECCIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. XVI. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. SÓLO COMPRENDE EL PROCEDIMIENTO DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO DENTRO DE UN BREVE PERIODO CERCANO AL INICIO DEL PROCESO DE GESTACIÓN. XVII. ABORTO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. LA EXCEPCIÓN DE SU PUNIBILIDAD NO PUEDE SER ANALIZADA DE FORMA AISLADA O AUTÓNOMA, SINO COMO PARTE INTEGRANTE DEL SISTEMA QUE REGULA DICHO DELITO EN EL CÓDIGO PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). XVIII. ABORTO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. LA NORMA QUE OMITE ESTABLECER COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO PREVIO A LAS DOCE SEMANAS DE GESTACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE LAS MUJERES Y PERSONAS CON LA CAPACIDAD DE GESTAR A DECIDIR RESPECTO DE SU VIDA REPRODUCTIVA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). XIX. ABORTO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE SANCIONA EN SU TOTALIDAD EL ACTO VOLUNTARIO DE INTERRUMPIR EL EMBARAZO Y OMITE ESTABLECER COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO PREVIO A LAS DOCE SEMANAS DE GESTACIÓN, DESTRUYE EL EQUILIBRIO CONSTITUCIONAL QUE DEBEN GUARDAR PROPORCIONALMENTE EL DERECHO A ELEGIR Y EL BIEN QUE CONSTITUYE EL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). XX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). XXI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). XXII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA QUE A MÁS TARDAR EN EL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES SIGUIENTE AL EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN, SUBSANE EL MOTIVO DE INVALIDEZ DECRETADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 125/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: OLIVER CHAIM CAMACHO.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 125/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra del Decreto por el que se reforma el artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas, publicado el tres de mayo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. El dos de junio de dos mil veintitrés, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta promovió la presente acción de inconstitucionalidad, señalando como norma general impugnada el Decreto por el que se reforma el artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas, publicado el tres de mayo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la promovente expuso el siguiente concepto de invalidez:
ÚNICO. El artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas establece los supuestos en los que no se aplicará la pena por la comisión del delito de aborto.
• La comisión accionante argumenta que la disposición impugnada transgrede diversos derechos consagrados a nivel constitucional y convencional, pues conceptualiza el aborto en todos los casos como un acto criminal.
• Señala que es inconcuso que en el estado de Chiapas existe una prohibición indiscriminada y absoluta respecto de la interrupción del embarazo que interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales; pues el efecto de la norma es que se inicie un proceso penal a la mujer o persona gestante que por una decisión voluntaria interrumpe tempranamente el embarazo en ejercicio de su derecho a la libertad reproductiva; con lo que se vulnera su derecho a decidir.
• Sostiene que en la medida de que en la entidad constituye un delito la interrupción del embarazo, sin importar la temporalidad en la que acontezca, y siempre que se haya dado en ejercicio del derecho a decidir de la mujer o persona gestante, o incluso en el contexto de que la concepción se dio en un marco de ausencia de consentimiento de la mujer o para proteger la salud de la madre y el producto de la concepción, es innegable que la legislación resulta omnicomprensiva de la manera en que la mujer puede manifestar su voluntad de detener anticipadamente el embarazo, ya que en cualquiera de sus expresiones será considerada una conducta criminal.
• Prohibición que se traduce a establecer una obligación para la mujer que, una vez embarazada, necesariamente debe soportar y convertirse en madre.
• Por lo que el aborto tendía que ser catalogado como legal y respetuoso del derecho a decidir, sin desasociarse del supuesto de que la mujer o persona gestante, estando embarazada, tiene el derecho a decidir el libre ejercicio de su maternidad, sin que concurra alguna circunstancia extraordinaria en relación con la causa de concepción, la salud de ella misma o la propia viabilidad del concebido.
3. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 125/2023, y, de conformidad con la certificación respectiva, lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para que fungiera como instructor.
4. Por medio del auto emitido el uno de agosto de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. También, ordenó que se diera vista al Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas para que rindieran sus informes respectivos, así como para que el Congreso del Estado enviara un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. El uno de agosto de dos mil veintitrés, María Lourdes Sánchez, en su carácter de Subconsejera Jurídica de lo Contencioso dependiente de la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado, rindió el informe en representación del Poder Ejecutivo Local, en los términos siguientes:
• Señaló que es cierto que el Gobernador del Estado promulgó y publicó el Decreto número 184, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 280, Cuarta Sección, de fecha tres de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual se reformó el artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas.
6. Informe del Congreso Local. El trece de septiembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Mesa Directiva y Representante Legal del Congreso del Estado, rindió el informe en representación de dicho órgano, en los términos siguientes:
• En cuanto a las causas de improcedencia, señala que no se contraviene la Norma Suprema de la Unión, al acontecer la norma impugnada como resultado de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Declaratoria General de Inconstitucionalidad 5/2022) y no tratarse de una modificación sustancial y materialmente legislativa.
• Por otro lado sostiene que resulta improcedente la extensión de efectos de invalidez respecto de los artículos 70, tercer párrafo, 179 y 183 del Código Penal para el Estado de Chiapas, dado que al no existir una norma general con la característica de haber configurado una modificación sustancial y material, no hay punto de partida para actualizar la oportunidad de acción, para impugnar efectos en el esquema normativo del capítulo de “aborto”, dado que el artículo 181 en su reforma tuvo como único objetivo retirar la porción normativa consistente “si éste se verifica dentro de los noventa días a partir de la concepción”, manteniéndose el resto de su texto intacto a su vigencia anterior a la reforma.
• También refiere que si bien se trata de un decreto emitido en un procedimiento legislativo ordinario, con el único propósito de retirar una porción normativa concerniente a regular relaciones sociales, guarda la diferencia, de ser producto del análisis realizado en sede de control constitucional directo, no del análisis o decisión por la soberanía popular en ejercicio de su libertad configurativa o autonomía plena en la función legislativa.
• De ahí que la cuestión reprochada ha sido materia de un análisis previo (Declaratoria General de Inconstitucionalidad 5/2022), por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dicho procedimiento se pronunció respecto de la inconstitucionalidad de la porción normativa “si éste se verifica dentro de los noventa días a partir de la concepción”, al resultar estigmatizante y revictimizante hacia la mujer.
• Finalmente sostiene que resulta infundado que la comisión actora a partir de la reforma impugnada pretenda generar convencimiento en el sentido de que se introdujo un nuevo cambio con la publicación del decreto, pues con la eliminación de la restricción temporal, el legislador amplió los alcances de una de las circunstancias previstas en el Código que permitirán que no se sancione al sujeto activo del delito, lo que a juicio del organismo nacional con tal modificación se produce un impacto en el sistema penal en materia de aborto en Chiapas, toda vez que no se actualizan los requisitos formal y material para considerarse un acto legislativo que modificó sustancial y materialmente una norma.
• Concluye señalando que deben desestimarse los argumentos de la parte actora ya que si bien, una norma general puede impugnarse a partir de su emisión, ésta debe ser producto en sentido estricto del ente legislativo, y advertir una modificación sustancial y material diverso al texto antes vigente, lo que en el asunto en particular no ocurre,
7. Alegatos. La comisión accionante y el Congreso del Estado formularon los alegatos que estimaron pertinentes, los cuales fueron agregados, respectivamente, en autos de treinta y uno de enero y catorce de febrero de dos mil veinticuatro.
8. Cierre de la instrucción. En el mismo auto de catorce de febrero de dos mil veinticuatro el Ministro ponente acordó el cierre de instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) así como el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 de este Tribunal Pleno.(3) Lo anterior, dado que se planteó la posible contradicción entre el Decreto por el que se reforma el artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas, publicado el 3 de mayo de 2023 en el Periódico Oficial de esa entidad federativa y la Constitución Federal.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
10. Las y los senadores promoventes impugnan el Decreto por el que se reforma el artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas, publicado el tres de mayo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
III. OPORTUNIDAD
11. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(4) el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente. Si el último día de plazo fuese inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.
12. El Decreto por el que se reforma el artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas, publicado el tres de mayo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad federativa. Por tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del jueves cuatro de mayo al viernes dos de junio de dos mil veintitrés.
13. Por lo tanto, como la demanda se presentó el dos de junio de dos mil veintitrés, debe concluirse que la demanda fue promovida en forma oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
14. La acción fue promovida por parte legitimada.
15. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(5) dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales o locales, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, en términos de los artículos 11 y 59 de la Ley Reglamentaria,(6) dicho órgano debe comparecer por conducto de los funcionarios facultados legalmente para representarlos y, en todo caso, se debe presumir que el funcionario quien comparece goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
16. En el presente asunto se surten tales supuestos, pues la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien cuenta con facultades de representación del organismo en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(7) La funcionaria acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo del Senado de la República por medio del cual se le designó como Presidenta de dicha Comisión por el período que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.(8)
17. En ese sentido, como la acción de inconstitucionalidad fue promovida contra una ley federal por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidencia, se concluye que fue promovida por parte legitimada.
V. ANTECEDENTES RELEVANTES
18. Previo a abordar el estudio de las causales de improcedencia y en su caso del fondo del asunto, resulta necesario citar como antecedente la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 5/2022, dado que guarda relación con el presente asunto.
19. Con motivo de la resolución emitida en el amparo en revisión 438/2020, resuelto por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que en la materia de la revisión revocó la sentencia y concedió el amparo a la parte quejosa al declarar la inconstitucionalidad del artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas en su porción normativa “, si éste se verifica dentro de los noventa días a partir de la concepción”, se planteó una declaratoria general de inconstitucionalidad.
20. Mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, la Presidencia de este Alto Tribunal admitió a trámite la declaratoria general de inconstitucionalidad, registrándola bajo el consecutivo 5/2022 y, en términos de los artículos 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 232 de la Ley de Amparo, se envió al Congreso del Estado de Chiapas, copia certificada de la sentencia dictada en el amparo en revisión 438/2020.
21. A través del oficio recibido por esta Suprema Corte el día diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el Congreso del Estado de Chiapas informó que se emitió el decreto 184, por medio del cual, se reformó el texto del artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas.
22. Substanciado el procedimiento, en sesión de catorce de agosto de dos mil veintitrés, este Tribunal Pleno, por mayoría de ocho votos, resolvió la declaratoria general de inconstitucionalidad en comento en el sentido de determinar que dicho asunto quedó sin materia; ello al ser expulsada del orden jurídico la porción normativa inconstitucional.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
23. En el informe del Legislativo Estatal se hizo valer como causa de improcedencia que no se contraviene la Norma Suprema de la Unión, al tratarse la norma impugnada del resultado de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Declaratoria General de Inconstitucionalidad 5/2022) y no tratarse de una modificación sustancial y materialmente legislativa; causal que resulta infundada.
24. Es así, pues de acuerdo con el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, este Tribunal Pleno se encuentra facultado para estudiar las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Tal como se ha señalado, en este caso, la parte plantea que un decreto que reforma la codificación penal estatal contraviene la Constitución Federal.
25. La comisión accionante alega violaciones a la Constitución, precisamente, porque argumenta que la norma impugnada transgrede el derecho a la libertad reproductiva, con lo que se vulnera su derecho a decidir.
26. Contrario a lo que aduce el Poder Legislativo Estatal en su informe, el hecho de que la reforma al numeral impugnado (eliminación de la porción normativa “, si éste se verifica dentro de los noventa días a partir de la concepción”) obedezca al cumplimiento dado a una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, no implica que se haya reconocido el resto del contenido normativo, y menos aún si se considera que en la sesión en la que se resolvió el procedimiento en cuestión se determinó que dicho asunto quedó sin materia, sin que este Tribunal Pleno realizara un estudio en el que convalidara el nuevo contenido normativo a la luz de la Constitución pues, como se determinó, dicho procedimiento únicamente tiene por objeto la expulsión de la porción normativa inconstitucional del sistema jurídico.
27. Por tanto, con independencia de si el cambio normativo ocurrió con motivo de la declaratoria en comento, o motu proprio, al tratarse de la reforma de la norma, ésta debe entenderse como una nueva, la cual puede ser impugnada a través de este tipo de procedimientos, amén de si el cambio normativo que sufrió resultó drástico o si con este no se afectó la esencia de la institución jurídica del “aborto”.
28. Por estas razones, debe desestimarse la causa de improcedencia hecha valer por el Legislativo Estatal.
VII. ESTUDIO DE FONDO
29. Este Tribunal Pleno advierte que es esencialmente fundado el único concepto de invalidez planteado, al tenor del desarrollo argumentativo que será descrito en las siguientes líneas, así como con los alcances y entendimiento que serán fijados a lo largo de la presente consideración.
VII.1. ASPECTOS PRELIMINARES
30. Previo a la exposición de las razones que sostienen la decisión correspondiente, conviene hacer las siguientes precisiones en cuanto al tema central de la impugnación, el contexto de la decisión y el método que será empleado para apreciar el caso, así como el orden de análisis que se ejecutará en el estudio.
31. El artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas, que constituye la norma impugnada, establece lo siguiente:
Artículo 181. No es punible el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de violación, o cuando la madre embarazada corra peligro de muerte, o pueda determinarse que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con trastornos físicos o mentales graves, previo dictamen del médico que la asista, oyendo el dictamen de otros médicos especialistas, cuando fuere posible y no sea peligrosa la demora.
32. De esta forma, conforme se plantea en el concepto de invalidez reseñado, la materia del ordenamiento al que pertenecen las disposiciones reclamadas, el contenido de la norma y los efectos que su posible aplicación pueden significar para sus destinatarios, se acredita que la ley cuestionada pertenece al ámbito penal y su existencia implica la posibilidad de que sea impuesta una pena privativa de libertad.
33. En ese contexto, atendiendo a que lo que prevé la norma impugnada son los casos de excepción de punibilidad del aborto como delito, lo que procede en la presente acción es determinar si la ley local respeta los derechos de la mujer y persona gestante al tipificar la conducta consistente en la decisión voluntaria de interrumpir el embarazo.
34. Al respecto, este Alto Tribunal ha emitido distintos pronunciamientos(9) vinculados con la problemática recién descrita (particularmente en las últimas dos décadas), lo que al día de hoy conforma una robusta base jurisprudencial que tiene su origen en casos asociados directa e indirectamente con el núcleo de la presente Acción, debiendo subrayarse que cada criterio fue emitido en proporción directa a las necesidades y las preguntas constitucionalmente relevantes que cada asunto planteó.
35. En la construcción de la doctrina de este Alto Tribunal sobre la materia de análisis, cabe resaltar el último de los pronunciamientos realizados tocante a este tema, a saber, en la acción de inconstitucionalidad 148/2017. Así, en concordancia con los razonamientos sostenidos en dicho asunto, reiterados en gran parte en el presente estudio, corresponderá a este Tribunal Pleno abordar nuevamente la problemática descrita desde una perspectiva de derechos, que tenga como base lo dicho hasta ahora.
36. Asimismo, resulta indispensable expresar que este Tribunal Pleno, tal como lo realizó en el precedente señalado, guía su análisis y decisión desde la obligación de apreciar el caso con perspectiva de género(10) como método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar a partir de las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. El acercamiento a la problemática definida parte de cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria.(11) 37. Asimismo, en materia de género e interseccionalidad, el espectro de la decisión comprende tanto a las mujeres como a las personas con capacidad de gestar, concepto fundamental de textura inclusiva en el que subyace una finalidad de reconocimiento y visibilización de aquellas personas que, perteneciendo a diversas identidades de género distintas del concepto tradicional de mujer, sus cuerpos sí tienen la capacidad de gestar(12) (por ejemplo hombres transgénero, personas no binarias, entre otras).
38. El desarrollo de los temas comienza con la exposición del derecho constitucional de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir, que es aquel en el cual incide la tipificación hecha por la legislatura estatal, atraviesa por revisar su contenido y el carácter no absoluto de esta prerrogativa en su interrelación con el bien constitucionalmente protegido (nasciturus) y, a partir de este estudio, se desarrolla que el tipo penal que criminaliza la conducta del aborto autoprocurado o consentido limita de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión (lo que origina la invalidez del artículo 181 del ordenamiento ya referido y del resto del sistema normativo).
39. Cabe hacer la precisión de que la problemática se cierne sobre el supuesto de la mujer o persona con capacidad de gestar que, estando embarazada, habrá de decidir el libre ejercicio de su maternidad, sin que concurra alguna circunstancia extraordinaria en relación con la causa de la concepción, la salud de ella misma o la propia viabilidad del concebido. En ese sentido, las implicaciones del derecho a decidir se desarrollarán a partir de ese tema concreto, pues es el que exige desarrollar esta Acción de Inconstitucionalidad, sin que ello suponga o signifique que se trata de la única posible manifestación del derecho a decidir que le asiste a todo ser humano.
40. Ahora bien, en la referida acción de inconstitucionalidad 148/2017, este Pleno sostuvo, entre otros aspectos, que el acceso a condiciones que aseguren una existencia digna, incluyendo el cuidado de la salud, es fundamental, puesto que el derecho a la salud y las libertades asociadas a él son condiciones indispensables para el derecho a elegir el curso de la vida reproductiva; de ahí que la relación entre salud, bienestar e interrupción del embarazo reconoce la posibilidad de acceder a una interrupción de embarazo segura no solo en casos de riesgo físico, sino también cuando la continuación del embarazo es incompatible con el proyecto de vida de la mujer. Este enfoque considera cómo el embarazo puede afectar la salud y el bienestar de las mujeres. La relación entre salud y derechos reproductivos es esencial para el bienestar de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
41. Asimismo, en dicho precedente se establecieron diversas conclusiones que serán tomadas como premisa para resolver este asunto y que, esencialmente, consisten en lo siguiente:
42. Constitucionalización del derecho a decidir. Este aspecto implica que no tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional un escenario en el cual la mujer y las personas con capacidad de gestar no puedan plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo por un corto período de tiempo al inicio de la gestación. Esto equivaldría a asumir que su dignidad y autonomía personal pueden modularse y restringirse en función de supuestos basados en un constructo social que, antes que personas independientes, las configura como instrumentos de procreación. Además, limitaría las posibilidades en relación con su plan y proyecto de vida, impidiendo alcanzar el bienestar integral como meta permanente del derecho a la salud. La noción de justicia reproductiva, que comprende el derecho a la autodeterminación y se vincula al principio más amplio de autonomía corporal, es esencial para la protección de la salud mental y física de las mujeres y personas con capacidad de gestar. La decisión de ser madre o no, una vez que ha ocurrido la concepción, debe presumirse racional y deliberada, considerando la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad en términos de realización y responsabilidad individual. Las razones para continuar o interrumpir el embarazo pertenecen a la esfera de intimidad de la mujer y de las personas con capacidad de gestar, y pueden ser de diversa índole, incluyendo razones médicas, económicas, familiares y sociales. La construcción y definición del derecho fundamental en comento se basa en una amalgama de elementos jurídicos detallados. Además de esas piezas, es crucial considerar la situación de desigualdad, marginación y precariedad que enfrentan muchas mujeres en nuestro país. La mirada interseccional es vital para comprender todos los factores y grupos afectados por las regulaciones punitivas en materia de interrupción del embarazo. Emitir una decisión consecuente con las condiciones sociales, económicas, educativas y culturales es esencial para legitimar este derecho. La realidad de pobreza, rezago educativo y falta de acceso a servicios de salud y seguridad social debe ser tomada en cuenta dado que las poblaciones indígenas y rurales también enfrentan desigualdades significativas.
43. Derecho a decidir y reconocimiento de la mujer: El derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir es fundamental para materializar sus derechos. Este derecho se opone al control estatal basado en arbitrariedades o prejuicios, reconociendo a la mujer como un ser independiente y responsable de sus elecciones. Además, es un mecanismo para reconocer a la mujer en toda su dimensión, considerando la realidad mexicana.
44. Derecho a decidir y protección integral. De igual manera, el derecho a decidir sobre la continuación o interrupción de un embarazo es fundamental para las mujeres y personas con capacidad de gestar. Su implementación requiere acciones específicas por parte del Estado, basadas en el artículo 1 de la Constitución, que establece la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos. La constitucionalización de este derecho implica una serie de implicaciones esenciales: autonomía de la mujer, responsabilidad estatal, conceptualización precisa y consideración de la realidad nacional.
45. Educación sexual y reconocimiento de la mujer. La educación sexual desempeña un papel crucial en la política pública de salud reproductiva. Comprende aspectos formales y campañas de divulgación sobre sexualidad, planificación familiar, anticonceptivos y derechos sexuales. Es importante destacar que la interrupción legal del embarazo no debe considerarse como un método de planificación familiar, sino como una última opción después de una educación generalizada.
46. Acceso a información y asesoría en planificación familiar. El Estado debe proporcionar información y servicios de planificación familiar. Esto incluye asesoría por especialistas para elegir el método anticonceptivo adecuado. El objetivo es promover el bienestar sexual y reproductivo, prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, y garantizar los derechos reproductivos con un enfoque de género y no discriminación. Además, el acompañamiento informado es esencial para que las mujeres tomen decisiones basadas en información veraz y respetuosa, considerando su dignidad y el tiempo necesario para evaluar todas las opciones.
47. Acompañamiento informado y protección del derecho a elegir. El acompañamiento informado, como requisito previo a la decisión, se basa en la confianza y la atención conjunta entre los servicios de salud estatales y la mujer o persona gestante. Este mecanismo protege tanto el derecho a elegir como el bien constitucional en juego. La confidencialidad de los datos proporcionados por la paciente es esencial en este proceso.
48. Dos ámbitos del derecho a decidir. El derecho a decidir se manifiesta en dos esferas igualmente relevantes. Por un lado, está la elección de la maternidad, donde el Estado debe brindar atención médica y psicológica adecuada; mientras que por otro lado, está la posibilidad de interrumpir el embarazo, que también requiere protección y acompañamiento durante todo el proceso.
49. Acceso a la interrupción del embarazo en instituciones de salud pública. El Estado debe garantizar que las mujeres o personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo puedan hacerlo de manera accesible, gratuita, confidencial, segura y sin discriminación. Los servicios de salud deben proporcionar información actualizada y opciones de calidad. Además, el personal médico debe respetar la dignidad y la intimidad de la paciente brindando atención pronta y sin cuestionamientos. La capacitación especializada es esencial para garantizar una práctica segura y la atención adecuada en caso de complicaciones.
50. El nasciturus y su estatus jurídico. El marco legal mexicano distingue entre la protección jurídica del no nacido y el reconocimiento formal de una persona como titular de derechos. El Código Civil Federal establece que la capacidad jurídica se adquiere exclusivamente por el nacimiento. Además, los tratados internacionales también se refieren a las personas nacidas como titulare
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33794-10331380/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO. LA CALIDAD DE MUJER O PERSONA CON CAPACIDAD DE GESTAR ES SUFICIENTE PARA TENERLO POR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ABORTO EN CASO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, AL PREVER QUE NO ES PUNIBLE CUANDO SE VERIFIQUE DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS A PARTIR DE LA C (AMPARO EN REVISIÓN)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [AR (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ABORTO. LOS ARTÍCULOS 339, 340, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "AL QUE HICIERE ABORTAR A UNA MUJER... CUANDO FALTE EL CONSENTIMIENTO, LA PRISIÓN SERÁ DE TRES A SEIS AÑOS, Y SI EMPLEARE VI (VI.1o.P.11 P (11a.))
- ABORTO. LOS ARTÍCULOS 340, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "AL QUE HICIERE ABORTAR A UNA MUJER... SIEMPRE QUE LO HAGA CON CONSENTIMIENTO DE ELLA", 342 Y 343 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE (VI.1o.P.12 P (11a.))
- ABORTO. LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN I Y 117 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS SON INCONSTITUCIONALES. (XVIII.2o.P.A.12 P (11a.))
- TIPO PENAL DE ABORTO CONSENTIDO Y AUTOPROCURADO. ES INCONSTITUCIONAL. (1a./J. 230/2025 (11a.))
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