INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO. LA CALIDAD DE MUJER O PERSONA CON CAPACIDAD DE GESTAR ES SUFICIENTE PARA TENERLO POR ACREDITADO, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE UNA RELACIÓN DE PROXIMIDAD FÍSICA O GEOGRÁFICA CON EL ÁMBITO ESPACIAL DE VALIDEZ DE LA NORMA, SIN QUE SEA NECESARIA LA EXISTENCIA DE UN ACTO DE APLICACIÓN DE DICHAS DISPOSICIONES.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 412/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 21 DE JUNIO DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CONTRA DEL EMITIDO POR EL PRESIDENTE JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
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Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión ********** y ********** en contra del criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver los amparos en revisión ********** y **********, respectivamente.
El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si existe contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados contendientes a efecto de formular una pregunta genuina respecto a un tema jurídico.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito con folio electrónico 3040 a través del SEPJF, y registrado con folio 2830–SEPJF en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal remitido por ********** en el que denuncia una posible contradicción de criterios suscitada entre el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión ********** y ********** en contra del criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver los amparos en revisión ********** y **********, respectivamente, así como copia simple de las ejecutorias relativas a los recursos de revisión.
2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de criterios con el número 412/2022; asimismo, admitió a trámite la denuncia de la contradicción de criterios y turnó el asunto para su estudio, al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en atención al turno que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos.
3. Por último, solicitó a las presidencias del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito para que por conducto del MINTERSCJN remitieran la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de las ejecutorias relativas a los amparos en revisión **********, **********, ********** y **********, de su índice, respectivamente; así como el proveído en el que informen si el criterio sustentado en dichos asuntos se encuentra vigente, o en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, remitieran la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustente un nuevo criterio, a efecto de la debida integración del expediente. Finalmente, ordenó dar vista a los Plenos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y a los Plenos del Décimo Cuarto Circuito y del Vigésimo Quinto Circuito para conocimiento de la admisión de la contradicción de criterios.
4. Avocamiento. Mediante proveído de tres de enero de dos mil veintitrés esta Primera Sala se avocó al conocimiento del presente asunto y determinó que en su oportunidad se enviarían los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con el punto primero del Acuerdo General Plenario Número 1/2023, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.(5)
6. Lo anterior, sin que pase inadvertido que en términos del artículo tercero transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como el diverso tercero transitorio del decreto publicado en dicho medio oficial el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, el catorce de diciembre de dos mil veintidós, entró en vigor el ACUERDO GENERAL 108/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO–NORTE Y CENTRO–SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, cuyo artículo 4 del referido acuerdo señala que los Plenos Regionales de la Región Centro–Norte y los Plenos Regionales de la Región Centro–Sur iniciarán funciones el dieciséis de enero de dos mil veintitrés;(6) de ahí que dichos Plenos Regionales podrían tener competencia (atendiendo al circuito de los órganos contendientes), para resolver la presente contradicción de criterios, en términos del artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(7)
7. Sin embargo, esta Primera Sala considera que para los efectos de esta posible contradicción de criterios, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos primero transitorio, fracción II,(8) y quinto transitorio(9) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a la entrada en vigor de los Plenos Regionales conforme a los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal y a lo dispuesto en el sentido de que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
8. En ese tenor, si avocándonos a la temporalidad de la denuncia de contradicción, conforme al acuerdo de admisión, se dio cuenta del presente asunto el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Es notorio que su trámite inició con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo señalado y, en consecuencia, esta Primera Sala tiene competencia para conocer y resolver el asunto.
II. LEGITIMACIÓN
9. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(10) pues fue realizada por **********, autorizado en términos amplios de ********** y **********, partes quejosa y recurrente en los amparos en revisión ********** y ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, respectivamente, criterios que contienden en la posible contradicción de criterios que ahora nos ocupa, razón por la que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.(11)
III. CRITERIOS CONTENDIENTES DENUNCIADOS
10. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma, las cuales son las siguientes:
11. I. Criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión ********** y **********. En los juicios de amparo, las quejosas impugnaron del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado de Chihuahua los artículos 143, 145 y 146, fracción I, del Código Penal Local. Los Juzgados de Distrito en ambos casos sobreseyeron en el juicio al estimar actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo.
12. En ambas resoluciones, los Juzgados de Distrito determinaron que las quejosas carecían de interés legítimo para reclamar la constitucionalidad de los preceptos señalados al no reunir los requisitos para tener acreditada una afectación individualizable y diferenciada como terceras a la norma, pues alegaron una afectación general no diferenciada que no satisface los requisitos de concreción de un daño jurídicamente cognoscible.
13. Consideraron que independientemente de que los preceptos impugnados pudieran o no producir alguna lesión generada por su parte valorativa a través de los postulados que contienen, ello no impacta, ni siquiera colateralmente a las quejosas en un grado suficiente para afirmar que se genera en su contra una afectación relevante, cualificada y real al cuestionar la constitucionalidad de los artículos únicamente por su posición como mujeres frente al orden jurídico, lo que resultó insuficiente para considerar acreditado el interés legítimo.
14. En contra de tales determinaciones ambas quejosas interpusieron recurso de revisión (********** y **********), donde el Tribunal Colegiado del conocimiento, con idénticas consideraciones, determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo, para lo cual, estudió los agravios de las quejosas, concluyendo en cada uno de los asuntos, que a la parte quejosa le asiste un interés legítimo para solicitar la protección constitucional, reasumió jurisdicción y estudió en el fondo los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. En lo que al caso interesa (legitimación) y atención a la similitud de las resoluciones, se transcriben las consideraciones del amparo en revisión ********** por ser el primero que se resolvió por el referido órgano colegiado y sirvió de precedente para resolver el segundo.
"CUARTO. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.
"12. Los agravios vertidos por la parte quejosa resultan fundados, en los cuales, en esencia, manifestó lo siguiente:
"I. El Juez de Distrito realiza un indebido análisis sobre el perjuicio de las normas impugnadas, ello al establecer que la parte quejosa no acreditó el interés legítimo para acudir al juicio de amparo a reclamar la constitucionalidad de las normas impugnadas.
"II. La sentencia recurrida carece de argumentación sobre la falta de interés legítimo de la parte quejosa, ello en virtud de que el A quo, únicamente se limita a establecer que se carece del referido interés, sin embargo, en ningún momento explica los razonamientos que lo llevara a sobreseer en el juicio constitucional.
"III. En la sentencia recurrida, el Aquo, desarrolla diversos argumentos sobre la inexistencia del interés legítimo, sin embargo no los hizo juzgando con una perspectiva de género.
"IV. El Juez de Distrito omite realizar los pronunciamientos para acreditar el interés legítimo de la parte quejosa.
"13. En primer término, para dar contestación a la calificativa de los agravios, es necesario abordar lo relativo al interés legítimo, a fin de determinar si le asiste ese carácter a la parte quejosa y, por ende, si es procedente o no el juicio constitucional; el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna y el 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: (se transcriben)
"14. De los artículos transcritos con anterioridad, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo el carácter de quejoso, quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico.
"15. Así, como presupuesto procesal de la acción constitucional, se establece que la parte quejosa debe tener un interés jurídico o legítimo; y que este último, se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la propia esfera jurídica, ante la especial situación que la parte quejosa guarde frente al orden jurídico.
"16. En ese sentido, a raíz del nuevo paradigma constitucional y de derechos humanos, el cual obliga a todas las autoridades del país a adoptar la protección más amplia para las personas, ante lo cual, la interpretación que se realice de las figuras integrantes de nuestro sistema jurídico deberá ser conforme al principio pro persona que constituye la base de dicho paradigma.
"17. Una vez establecido lo anterior, resulta procedente establecer si a la parte quejosa le asiste el interés legítimo que alude, por lo que resulta menester traer a colación los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, al resolver la contradicción de tesis 111/2013 estableció que... (Se parafrasean las consideraciones de fondo de la sentencia)
"...
"29. Ahora bien, una vez precisado lo relativo al interés legítimo, resulta importante hacer mención que cuando se está ante la impugnación de normas generales, como es el caso, pueden ser combatidas a través del juicio de amparo en dos oportunidades, esto es, con motivo de su sola vigencia, en su carácter de autoaplicativas; o bien, por virtud de su primer acto de aplicación, heteroaplicativas; principios que se obtienen del referido artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"30. Cuando la sola vigencia de la norma afecta o vincula al gobernado desde su inicio, sin que sea necesario que se actualice condición alguna o un acto posterior de la autoridad o del propio destinatario para que se genere dicha obligatoriedad y consecuencias, se está en presencia de una norma autoaplicativa o de individualización incondicionada, dado que vincula al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho.
"31. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que para actualizar el perjuicio se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación, se estará ante una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada; ya que la aplicación jurídica o material de la norma se halla sometida a la realización de ese acontecimiento.
"32. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 152/2013, estableció que... (Se parafrasean consideraciones en torno al interés legítimo).
"...
"35. En el caso en concreto, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, refirió que no estaba embarazada; sin embargo, manifiesta le agravia el contenido de los numerales 143, 145 y 146, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, al considerar que vulneran sus derechos de igualdad, no discriminación, autonomía reproductiva, salud, libre desarrollo de la personalidad, decisión, y que la simple existencia de esas normas le estigmatiza por discriminación, así como a un sector de la población, al impedir que puedan ejercer su sexualidad y decidir sobre su plan de vida.
"36. De lo anterior se desprende que la parte quejosa combate la norma jurídica en calidad de tercero, ya que la posición que guarda ante la norma es que en caso de quedar embarazada, estaría obligada a continuar con el embarazo hasta su conclusión, aun contra su voluntad, pues no contaría con el derecho de decidir si quiere llevarlo a término; ya que la ley establece una obligación de no hacer, consistente en no abortar, en no interrumpir el producto desde su concepción, ni permitir que otro lo haga con su consentimiento.
"37. Aunado a que, en caso de querer presentar alguna acción jurídica contra dicha disposición, se enfrentaría ante la posibilidad de que la misma traspasara el tiempo del embarazo, a saber, nueve meses, pues en ocasiones un juicio de cualquier índole puede durar ese tiempo o hasta más.
"38. Por ello, es que se puede advertir la existencia de una afectación jurídicamente relevante en la esfera jurídica de la parte quejosa, que versa sobre el derecho a decidir, mismo que se le niega desde el momento de la creación de la norma, obligándola a asimilar un embarazo (presente o futuro) del que no se le otorga la oportunidad de decidir sobre interrumpirlo o no. Dado que en caso de quedar embarazada y no ubicarse en alguna de las excluyentes de responsabilidad que marca la ley, en su artículo 146 del Código Penal del Estado de Chihuahua, no tendría derecho de decidir si quiere o no continuar con dicho estado de gravidez.
"39. Lo anterior, no obstante tener un derecho que le asiste (derecho a decidir) y que es resultado de una combinación de derechos y principios que tienen sus bases en la dignidad humana, autonomía, libre desarrollo de la personalidad, derecho a la vida privada, igualdad jurídica, derecho a la salud (psicológica y física) y a la libertad reproductiva.
"40. Tal como se desarrollará en los siguientes párrafos, este Tribunal Colegiado estima que asiste la razón a la quejosa al sostener que tiene interés legítimo para combatir las normas impugnadas, sin necesidad de acreditar el acto de aplicación al que hizo mención el Juez de Distrito.
"41. Lo anterior en virtud de que de los artículos 1o. y 4o. constitucionales se reconoce el derecho exclusivo de las mujeres a la autodeterminación en materia de maternidad; y si bien nuestra Carta Magna carece de mayor referencia explícita respecto a este derecho fundamental, lo cierto es que de la lectura conjunta de los derechos a que se ha hecho referencia, conllevan inequívocamente al reconocimiento de esa prerrogativa cuyo punto de partida se encuentra en la literalidad del artículo 4o. Constitucional, segundo párrafo, que de manera explícita dispone: ‘Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos’.
"42. En primer lugar, es necesario partir de la premisa de que los significados son transmitidos en las acciones llevadas por las personas, al ser producto de una voluntad, de lo que no se exceptúa el Estado, como persona artificial representada en el ordenamiento jurídico. En ese entendido, las leyes –acciones por parte del Estado– no sólo regulan conductas, sino que también transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos normativos que establecen; es decir, las leyes no regulan la conducta humana en un vacío de neutralidad, sino que lo hacen para transmitir una evaluación oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático sobre una cuestión de interés general. Así, es posible suponer que, en ciertos supuestos, el Estado toma posición sobre determinados temas; el presupuesto inicial es que las palabras contienen significados y que el lenguaje es performativo. "43. Muchas veces, el ejercicio interpretativo sobre una disposición requiere desentrañar esa voluntad legislativa que pretende dar un mensaje oficial. Dicha voluntad se puede sintetizar en un conjunto de proposiciones coherentes o tesis que hacen referencia a un tema y, a partir de la comprensión de éstas, es posible asignar una interpretación o alcance a la norma en lugar de otra.
"44. A esta voluntad legislativa se acude para desentrañar la intención o el propósito de la medida normativa. Esta técnica de interpretación ha sido utilizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes, como se observa en la Tesis de rubro: ‘EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y DETERMINACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR: FUNCIONES QUE CUMPLEN EN EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS.’
"45. En este sentido, es posible afirmar que las leyes no sólo contienen una parte dispositiva, sino también una valorativa. Esta última es el producto de ciertas tesis sobre las que concurren las mayorías legislativas y muchas veces el valor constitucional de una norma es la preservación del mensaje que transmite. Dicho mensaje puede servir de base para la elaboración de otros productos normativos por parte de los operadores jurídicos, pues –como se dijo– las leyes sancionan significados y los promueven mediante la regulación de la conducta humana.
"46. Por tanto, las leyes contribuyen a la construcción del significado social en una comunidad, utilizable como base para el desenvolvimiento de la vida en sociedad y el desarrollo de las múltiples relaciones jurídicas en que (sic) encuentran las personas cotidianamente, quienes pueden asumir que esa evaluación incluida en la parte evaluativa de una norma es una toma de posición de la que pueden partir para planear sus propias acciones. La implicación de esta premisa es que cuando una ley cambia, también se sucede un cambio de significados o de juicios de valor por parte del Estado promovidos a través del derecho.
"47. Lo anterior es especialmente cierto en las normas legales que regulan contextos de intercambio entre las personas, pues establecer normas que no sólo permitan dichas transacciones, sino que las promocionan, implica avalar el significado social que encierra ese intercambio. Por el contrario, las normas que restringen el intercambio pueden basarse en un juicio negativo del legislador democrático sobre el acto de la transacción y desalentar su ejercicio.
"48. La Primera Sala del Alto Tribunal, ha considerado que cuando se trata de estereotipos es relevante tomar en consideración el papel que desempeñan las leyes, pues la percepción social que hace sobrevivir un prejuicio contra un sector discriminado se sustenta en una compleja red de leyes y normas que regulan los intercambios de las personas para promocionar el rechazo a estos grupos.
"49. Es importante recordar que la discriminación no sólo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo vulnerable, sino también mediante aquellas normas que promocionan y ayudan a construir un significado social de exclusión o degradación, que si bien pueden no tener a los miembros de cierto grupo vulnerable como destinatarios, los efectos de su aplicación mediante la regulación de la conducta de terceros sí les genera un daño de estigmatización por discriminación. Lo anterior significa que una ley que en principio pudiera parecer neutra, podría generar una afectación directa e inminente por su simple existencia.
"50. En este sentido, el significado social que es transmitido por la norma no depende de las intenciones del autor de la norma, sino que es función del contexto social que le asigna ese significado. Por tanto, es irrelevante si se demuestra que no fue intención del legislador discriminar a un grupo vulnerable, sino que es suficiente que ese significado sea perceptible socialmente. Así pues, lo relevante de un acto de autoridad (por acción u omisión) es determinar si el acto es discriminatorio y no si hubo o no intención de discriminar por parte de la autoridad.
"51. En ese sentido, se estima que junto a la afectación material o tradicional que puede generar la parte dispositiva de una norma, puede existir una afectación inmaterial que produce el mensaje transmitido por la norma, es decir, por su parte valorativa. En otras palabras, el estigma por discriminación puede ser una afectación expresiva generada directamente por una norma, la cual comúnmente se traduce en una serie de eventuales afectaciones materiales secundarias, con motivo de la puesta en práctica del contenido prescrito por la norma, como es la exclusión de beneficios o distribución inequitativas de cargas. Sin embargo, lo relevante es que independientemente de las partes heteroaplicativas que contenga la norma, si existe una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente, se debe reconocer interés legítimo para impugnarla, sin esperar el acto de aplicación.
"52. Así, la estigmatización por discriminación no sólo depende de las impresiones subjetivas de la parte quejosa, sino de una evaluación impersonal y objetiva del juzgador, lo que se determina mediante la derivación de entendimientos colectivos compartidos, el contexto social en que se desenvuelve y la historia de los símbolos utilizados.
"53. Sobre la base de este análisis, la alegada afectación de estigmatización por discriminación es impersonal y objetiva e implica un perjuicio social, directo, personal y casi individualizable. Lo anterior se robustecerá a medida que la utilización del criterio discriminador excluya a los miembros de ese grupo vulnerable de la distribución de beneficios, o bien, afecte la balanza de cargas establecidas en su contra. Sin embargo, en estos casos no será necesario acreditar el acto de aplicación de una negativa de esos beneficios o la actualización de la carga en concreto, sino simplemente demostrar ser destinatario de la estigmatización por discriminación de la norma, la cual puede ser autoejecutable y su impugnación no debe esperar a ningún acto de aplicación, pues el daño se genera desde la emisión de la norma.
"54. En síntesis, existirá interés legítimo para impugnar una norma por razón de una afectación por estigmatización si se reúnen los siguientes requisitos:
"I. Se combata una norma de la cual se extraiga un mensaje perceptible objetivamente –aunque no cabe exigir que sea explícito, sino que puede ser implícito– del que se alegue exista un juicio de valor negativo o estigmatizador, mediante la indicación de los elementos de contexto de los símbolos utilizados, la voluntad del legislador, la historia de discriminación, etcétera, que simplemente permitan afirmar al quejoso que dicho mensaje es extraíble de la norma. No será requisito exigir al quejoso acreditar un acto de aplicación de la parte dispositiva de la norma que regule el otorgamiento de beneficios o la imposición de cargas.
"II. Se alegue que ese mensaje negativo utilice un criterio de clasificación sospechoso, en términos del artículo 1o. constitucional, del cual, se insiste, el quejoso es destinatario por pertenecer al grupo identificado por alguno de esos elementos –origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas–.
"III. Finalmente, se debe acreditar que el quejoso guarda una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de validez de la norma, sobre el cual se espera la proyección del mensaje.
"55. Por las relatadas consideraciones, es que se arriba a la conclusión que a la parte quejosa efectivamente le asiste un interés legítimo para solicitar la protección constitucional, pues si bien actualmente no existe un acto de aplicación de las normas impugnadas emitido en su contra; lo cierto es que el mensaje normativo contenido en la ley penal le causa una afectación individual, calificada, actual, real y jurídicamente relevante desde su entrada en vigor; es decir, una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, pues esta afectación incide en el derecho de decidir que funge como instrumento para ejercer el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía personal y el derecho a la vida privada, ya que no le permite, en relación con la posibilidad de ser madre, elegir quien quiere ser, tomando en consideración que en la maternidad subyace la noción de voluntad, el deseo de que la vida personal atraviese por tal faceta.
"56. De manera que, de concederse el amparo, resultaría un beneficio jurídico a la parte quejosa, claro y tangible, pues incidiría sobre sus derechos fundamentales como la dignidad, su autonomía, libre desarrollo de su personalidad, igualdad de género, y el pleno ejercicio de su derecho a la salud.
"57. Máxime que, como se advierte, las disposiciones reclamadas por la parte quejosa contienen un criterio de clasificación que involucra una categoría sospechosa, es decir, criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional (origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas); y tienen por objeto anular y menoscabar derechos y libertades de la aquí quejosa.
"58. Por tanto, en virtud de las cuestiones atentatorias de perspectiva de género, igualdad, discriminación, desarrollo de la personalidad, autonomía reproductiva y salud q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31992-e01e3375/interes-legitimo-para-impugnar-en-amparo-disposiciones-relativas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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