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Modo: Corpus Pro

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN SU DIMENSIÓN COLECTIVA. EL DAÑO CAUSADO POR LA VULNERACIÓN A ESTE DERECHO NO SÓLO AFECTA A UN SECTOR POBLACIONAL ESPECÍFICO. VÍCTIMAS INDIRECTAS Y POTENCIALES DEL DELITO. LOS GRUPOS, COMUNIDADES U ORGANIZACIONES SOCIALES PUEDEN OSTENTAR ESE CARÁCTER, EN FUNCIÓN DEL DAÑO EFECTIVAMENTE SUFRIDO Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 4, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 547/2022. · Registro digital (IUS): 33513
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-22
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.862.

AMPARO EN REVISIÓN 547/2022. 11 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: En abril de dos mil doce, la periodista ******** ******** fue asesinada al interior de su domicilio. En un principio, se presumió que el delito fue motivado por las notas periodísticas que publicaba en la ***** ******** y otros medios de comunicación. Ante este escenario, el representante legal de ****** (que es editora de esta revista), presentó este recurso con el objeto de que se realice una interpretación pro persona del artículo 4, último párrafo, de la Ley General de Víctimas para que las personas morales -en específico este medio- sea reconocido como víctima indirecta del ilícito cometido en contra de su corresponsal.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día once de octubre de dos mil veintitrés emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 547/2022, promovido en contra de la sentencia que se dictó el veintiocho de julio de dos mil veintidós, por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto ****.

El problema que la Primera Sala debe resolver consiste en determinar si el artículo 4 de la Ley General de Víctimas admite una interpretación pro persona a fin de establecer si a los medios de comunicación puede reconocérseles el carácter de “víctima indirecta” respecto de delitos cometidos contra sus corresponsales.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE(1)

1. Aspectos del ******** penal. El veintisiete de abril de dos mil doce, por la noche, ******* y ******** (a) “****”; acudieron a la casa de ******** ********, ubicada en *****. Los tres estuvieron conviviendo hasta que, momentos más tarde, **** golpeó y sometió a ******** para que le dijera dónde guardaba los celulares, alhajas y dinero, lo cual ocurrió en el baño, donde puso una jerga alrededor de su cuello y presionó hasta asfixiarla. Luego, **** y ***** salieron del lugar llevándose una computadora, una pantalla plana y unos celulares, propiedad de la víctima.

2. Al tiempo de los hechos, la mencionada víctima ******** ********, se desempeñaba como corresponsal de la **** ********.

3. Al día siguiente, la agente Segunda del Ministerio Público Investigador Zona Centro en Xalapa, Veracruz, certificó la llamada en la que se hizo constar que el cuerpo de ******** ******** fue encontrado sin vida en su domicilio, e inició la investigación ministerial.

4. El veintinueve de abril siguiente, el Agente del Ministerio Público Ministerio Público de la Federación adscrita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, dictó acuerdo de inicio de averiguación previa y ordenó su registró con el número ********.

5. El dos de mayo de dos mil doce, ********, en su carácter de representante de la **** ********, compareció de manera voluntaria a denunciar el robo de diversos bienes muebles que le fueron asignados a ******** ********, con motivo de sus funciones como reportera. La comparecencia se suscitó en los siguientes términos:

“Que comparezco ante esta representación social de manera voluntaria y atendiendo a la designación que en mi persona hiciera el director general de la *** ********, ******, para conocer e imponerme de la investigación que se sigue con motivo del fallecimiento de la persona que en vida respondió a nombre de ******** ******** y quien se desempeñaba como corresponsal de la revista referida, esto a razón del interés social que para el medio de comunicación que represento tiene y también para aportar información que de parte del medio de comunicación por el cual me encuentro presente pueda aportar y que coadyuve en la integración de la indagatoria en que se actúa, agregando que se presenta denuncia formal en contra de quien o quienes resulten responsables, de la sustracción o apoderamiento de bienes inmuebles que por razones de trabajo le fueron proporcionados a la extinta ******** ******** y que recuerdo son un aparato telefónico móvil, al parecer marca *****, con número telefónico ******, y también quiero agregar que cuento con un número telefónico al cual nos comunicábamos con nuestro corresponsal cuando no se podía contactar a través del otro señalado, siendo éste el *****, tenemos también el correo electrónico a través del cual nos hacía llegar la información periodística que es ********.********@********.com.mx, así como un correo personal que es m********7*****. De igual forma quiero significar que la editorial le proporciono a ******** un equipo de cómputo marca Toshiba modelo dos mil ocho, mismo que en el mes de diciembre vía telefónica ella informó al subdirector de información ****, que se habían introducido a su domicilio y que le habían robado su computadora, sin precisar si había siso (sic) ésta u otra, sin embargo para mayor precisión posteriormente se aportaran las documentales que amparen la propiedad de los bienes que tenía en resguardo nuestra corresponsal para el desarrollo de sus actividades. Quiero agregar que se desconoce si ella denunció estos hechos o no, y tampoco aportó mayor detalle en relación a estos hechos. Por cuanto hace al trabajo como corresponsal desarrolló la extinta ******** ********, considero conveniente que quede asentado, que a la editorial ella le refirió en reiteradas ocasiones que el desarrollo de su trabajo se veía obstaculizado al no tener acceso a información en los diferentes tópicos que ella abordaba en sus trabajos de investigación relacionados con economía, política, seguridad y todos aquellos que fueran de interés periodístico, no precisando si el obstáculo lo tenía con una persona en particular o con una dependencia, más bien era en general, sin embargo también es cierto que nos puso en conocimiento que hace aproximadamente cinco años, esto es hacia el año dos mil siete u ocho, fue despedida de una casa editorial de nombre ******, por razones de sus publicaciones en el ámbito de seguridad pública, política, etcétera. Esto nos lleva a sostener que desde la administración pasada ella venía teniendo obstáculos para obtener información. Un caso concreto que ella nos refirió fue que en reiteradas ocasiones no fue convocada a las ruedas de prensa en diferentes dependencias; sin embargo, de manera natural al trabajo periodístico obtenía información de otras fuentes. Significo que los últimos reportes periodísticos que ******** envió a la casa editorial estaban relacionados con la deuda del Gobierno del Estado, el movimiento de los transportistas, la detención de una persona presentada como miembro del cartel de los Zetas, que es una mujer, y la última nota que envió fue el homicidio de ex líder del PRD, esto fue el día veintisiete de abril a las diecinueve cero uno, cuando se recibió el último reporte periodístico de parte de ******** ******** a nuestra casa editora, siendo ese reporte referido con el homicidio del dirigente político **** ******** ****, siendo un trabajo considerado como cotidiano a sus funciones de corresponsal. También tenía encomendada la investigación periodística de la supuesta participación del alcalde panista de Chinameca en la delincuencia organizada. Es importante dejar asentado que cuando menos en tres casos que recuerdo en este momento, en el Estado de Veracruz, cuando se publicó en la ****** ******** temas relacionados con delincuencia organizada, política y homicidios, la revista “curiosamente” fue acaparada casi de inmediato en pocas horas, evitando con ello que la población pudiera adquirirlas de manera común, no todos esos artículos eran publicados con el nombre de ********, ya que también participaban reporteros de la casa editorial ******. En relación a los hechos no se ha pedido investigación, pero internamente nosotros tenemos nuestra línea de investigación. Por el momento es todo lo que puedo manifestar. Sin embargo, a fin de coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos con posterioridad compareceré en ampliación a fin de poder aportar más datos que pudieran ser útiles en torno a los hechos que pudieron generar la privación de la vida de nuestra corresponsal. De igual forma en este acto solicitó formalmente, en primer lugar, como denunciante de bienes propiedad de la casa editorial ser considerada como coadyuvante y también por el interés social que nos motiva ya que la víctima era una de nuestras compañeras de trabajo cuando menos diez años de antigüedad en nuestra institución...”

6. La averiguación previa se consignó al Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en relación con el indiciado ********; mientras que continuó abierta respecto del coparticipe de nombre *******, a quien se declaró prófugo.

7. La indagatoria de mérito se radicó, como causa penal *****, ante el Juzgado Penal Tercero de Primera Instancia de la Jurisdicción de Pacho Viejo, en el Distrito de Xalapa de Enríquez del Poder Judicial del Estado de Veracruz quien dictó sentencia definitiva el dos de abril de dos mil trece, en la que declaró a ********, penalmente responsable de los delitos de Homicidio calificado y Robo agravado, razón por la que le impuso, entre otras, la pena de treinta y ocho años de prisión.

8. En contra de la determinación anterior, el agente del Ministerio Público, el sentenciado y su defensor, interpusieron recurso de apelación que se radicó en la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, como Toca penal ********, que se resolvió el ocho de agosto de dos mil trece, en el sentido de revocar el fallo de primer grado y declarar la absolución de ********.

9. Inconforme, ***** ******** -hermano de la víctima directa- en su carácter de ofendido, promovió juicio de amparo directo, que se radicó en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con el número *****, y en sesión de diecinueve de junio de dos mil catorce, dictó sentencia, que se terminó de engrosar el dos de julio siguiente, en la que se concedió el amparo solicitado a efecto de que la Sala responsable: i) Dejara insubsistente la sentencia reclamada; ii) dictara otra en la que, reiterara lo relativo a la acreditación de los delitos de Homicidio y Robo; iii) concluyera que sí se encontraba acreditada la plena responsabilidad penal de ******** en la comisión del delito de Robo; iv) agotara su jurisdicción respecto de la agravante del delito de Robo; v) con plena jurisdicción, determinara lo que corresponde a la plena responsabilidad penal del referido reo en la comisión del ilícito de Homicidio, prescindiendo de las tres razones que sostuvo para absolverlo, acorde a los agravios formulados por los recurrentes en contra de las consideraciones que el juzgado del ******** vertió en la sentencia condenatoria de primer grado, al considerar que sobre el particular se configuró un delito emergente en términos de lo dispuesto por el artículo 39 del Código Penal para el Estado de Veracruz, incluido, el aspecto atinente a la calificativa de este delito; y vi) con plenitud de jurisdicción, se pronunciara sobre la individualización de sanciones y reparación de daño.

10. En cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, la Sala responsable, dejó sin efectos la sentencia absolutoria emitida en el Toca penal ********, y el veinticinco de junio de dos mil quince, emitió otra en la que determinó confirmar en su integridad la sentencia condenatoria emitida en primera instancia.

11. Solicitud de reconocimiento de la víctima. El veintidós de junio de dos mil veintiuno, ********, en su carácter de apoderado legal y Director de la persona jurídica “*****, empresa editora de la **** ********, dirigió un escrito a la Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Fiscalía General de la República, en el que solicitó que en representación de la referida personal moral, se le reconociera la calidad de víctima indirecta en la averiguación previa ********, en la que se investiga el homicidio de la periodista ******** ********.

12. En respuesta, el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular del Equipo II de Investigación y Litigación de la Fiscalía Especializada para los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Fiscalía General de la República, mediante oficio ********, de siete de julio de dos mil veintiuno, negó la petición formulada, al considerar que no encontraban reunidos los requisitos establecidos en el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas.

13. Inconforme, ********, ostentándose con el carácter mencionado, promovió demanda de amparo indirecto, por escrito que se presentó en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el veintinueve de julio de dos mil veintiuno.

14. De ese asunto tocó conocer al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien lo registró con el número ********, y dispuso admitir a trámite la demanda. Seguido el curso procesal, celebró audiencia constitucional y dictó en ella la sentencia respectiva, misma que se terminó de engrosar el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en la que resolvió conceder el amparo para el efecto de que el agente del Ministerio Público responsable: i) dejara sin efecto el oficio ******; y ii) de nueva cuenta emitiera la determinación correspondiente al reconocimiento de víctima solicitada por el quejoso, en congruencia con los argumentos formulados.

15. En cumplimiento a la ejecutoria de Amparo, la agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en acuerdo que emitió el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dejó insubsistente el referido oficio *****, y realizó el análisis de los argumentos que planteó el representante legal de *****, empresa editora de la **** ********, con base en lo cual, reiteró su decisión de no reconocer la calidad de víctima indirecta que solicitó.

16. El acuerdo ministerial de referencia se comunicó a la quejosa ******, empresa editora de la ***** ********, a través del oficio *****, y se sustenta en las consideraciones siguientes:

“[...] la colaboración de ******** ********, con su representada, lo único que generó fue la existencia de una relación laboral entre ambas, lo cual para esta autoridad, no es vinculante para otorgarle a ******, empresa editora de la ***** la calidad de víctima indirecta, puesto que ******** ******** como persona física (trabajadora), prestaba sus servicios con su representada bajo las condiciones a las cuales las partes hayan convenido, entre ellas una remuneración. Lo cual indica que en su momento se generó una relación jurídica que vinculaba a ******** como trabajadora y a su representada como empleadora.

De modo que, los derechos y obligaciones que entre las partes se hayan generado en razón a la relación jurídica laboral, única y exclusivamente están encaminados a regular el derecho del trabajo, el cual comprende una serie de principios y normas que regulan las relaciones de los trabajadores y empleadores y de ambos con el Estado. De ahí que el trabajo de la periodista y la relación laboral de ésta con su representada, no es suficiente para presumir en *****, empresa editora de la ***** ********, una afectación como consecuencia de la muerte de ******** y, por tanto, obtener el reconocimiento de los derechos que conlleva la calidad de víctima indirecta.

[...] Tomando en cuenta sus argumentos, así como, lo señalado por esta autoridad líneas arriba, es de mencionar que la consecuencia de la muerte de la periodista no trastoca la relación laboral, toda vez, que los derechos laborales que en vida hubiera tenido ******** ********, en su momento, debieron haber sido garantizados en plenitud por parte de su empleador **** ********; por lo que, la única consecuencia que su muerte trae consigo es una causa por lo cual la relación laboral de la periodista con *** ******** se dio por terminada, ello atendiendo el contenido del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo.

De ahí que, Usted es muy claro en decir que la relación que guardan los medios de comunicación con las personas periodistas estriba a lo contractual y transciende a los intereses privados de una empresa.

Resalta esta argumentación, toda vez que una empresa es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, a lo cual la doctrina mercantilista le reconoce el carácter económico, luego entonces, los intereses privados de una empresa son económicos y atienden al beneficio de la sociedad por la cual fue creada.

De ahí que, ni la relación contractual, ni los intereses privados de su representada como empresa, pueden ser considerados para que se le reconozca la calidad de víctima.

[...] la Ley General de Víctimas (L.G.V.), es muy clara en señalar a quiénes se les denominarán víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas potenciales y víctimas entendidas como grupos, comunidades u organizaciones sociales [...]

Ahora, es de advertir, que *****, empresa editora de la **** ********, es una persona moral y no una persona física, este último, requisito sine qua non para que en términos de la Ley General de Víctimas se pueda otorgar la calidad de víctima indirecta.

Bajo esa tesitura, es necesario diferenciar los conceptos persona física y persona moral; el primero de ellos, es definido por la Real Academia Española (REA) como persona; individuo de la especie humana. El segundo, persona moral, se debe entender a aquella entidad reconocida por ley como sujetos de derechos y obligaciones. Suelen ser creadas por un grupo de personas que se unen con un fin determinado, como ejemplo de ellas se encuentran las sociedades mercantiles, las asociaciones y sociedades civiles. El artículo 25, fracción III, del Código Civil Federal, señala que son personas morales, las sociedades civiles o mercantiles.

De ahí que su pretensión de que se le reconozca a “******, empresa editora de la **** ********, como víctima indirecta, no se ajusta a lo que señala el artículo 4° de la Ley General de Víctimas, puesto que el mismo indica que víctimas directas, indirectas y potenciales, es una persona física y no así a una persona moral.

Ahora bien, el último párrafo del multicitado numeral señala como víctimas, a los grupos, comunidades u organizaciones sociales, sin embargo, estos conceptos deben ser entendidos a través de los enfoques diferencial y especializado, los cuales son observados por la propia Ley General de Víctimas. En tal sentido, es que el artículo 5 reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, señalando que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

Sobre este punto, el artículo 27, fracción VI de la Ley General de Víctimas, establece que la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. Asimismo, la misma ley refiere que la restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados; y que las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados. Si bien es cierto, ******, empresa editora de la *** ********, está compuesta por socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones, conforme a lo señalado en los artículos 1 y 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. De ahí que, diste del conjunto de personas físicas que conforman un grupo, una comunidad u organización social, a los que hace alusión el último párrafo del artículo cuarto de la L.G.V., entes que como se ha mencionado, deben entenderse desde un enfoque diferencial y especializado, ello en razón a que las medidas colectivas que en la Ley General de Víctimas se observan van encaminadas al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.

[...] Es importante señalar que aun cuando los familiares directos o indirectos de ******** ********, no ejerzan un rol activo en el impulso de las investigaciones, ni en el esclarecimiento de los hechos, esto no es justificación para que a la moral ****, empresa editora de la **** ********, se le reconozca como víctima indirecta, puesto que es de advertir que el Estado es el obligado en realizar la investigación y persecución de los delitos, por lo que no puede recaer en los particulares dicha responsabilidad.

Asimismo, es el Estado quien debe de garantizar el derecho a la verdad, mismo que se encuentra subsumido en el derecho de las víctimas directas o sus familiares a obtener de los órganos competente del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que establecen los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, los familiares de las víctimas directas de violaciones a derechos humanos como titulares del derecho a la verdad deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos ********s, tanto con la finalidad de que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables, con el objetivo de obtener una reparación.

En razón de lo anterior, esta autoridad ministerial reitera que no es procedente reconocerle a su representada la calidad de víctima indirecta, toda vez que no se cumple con los presupuestos exigidos por la Ley General de Víctimas, y que, de reconocerle dicha calidad, este órgano investigador estaría violentando el principio de exacta aplicación de la ley, el cual, se encuentra previsto en el artículo 14 de la Carta Magna.”

17. Juicio de amparo indirecto. En desacuerdo, *****, en su carácter de apoderado legal de *****, empresa editora de la *** ********, por escrito que se depositó en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, promovió juicio de amparo indirecto, contra el oficio ******, con el que se le comunicó el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, que emitió la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.

18. De la demanda de amparo conoció el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien, por auto de veintitrés de marzo siguiente, ordenó su registro con el número ***** y lo admitió a trámite. Substanciado el procedimiento, en audiencia constitucional que se celebró el trece de mayo de dos mil veintidós, dictó sentencia que se terminó de engrosar el veintiocho de julio siguiente, en la que resolvió negar el amparo que se solicitó.

19. Recurso de revisión. En desacuerdo con la resolución de amparo, la parte quejosa, por conducto de ***** ********, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, interpuso recurso de revisión.

20. Conoció del asunto, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuya Presidenta, en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, lo registró como *****, y dispuso su admisión. Luego, en sesión de seis de octubre de dos mil veintidós, decidió reservar jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera el tema de constitucionalidad planteado, relacionado con la interpretación del artículo 4, párrafo quinto, de la Ley General de Víctimas, en relación con el derecho fundamental de acceso a la justicia en su principio de acceso a la justicia de las personas morales.

21. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el entonces Presidente de este Alto Tribunal, registró el asunto como 547/2022, lo admitió a trámite, asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión, lo radicó en la Primera Sala por tratarse de un asunto de su especialidad, y lo turnó para su estudio a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto correspondiente.

22. El Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, ordenó avocarse al conocimiento del asunto y el envío de los autos a la Ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución.

II. COMPETENCIA

23. Esta Primera Sala es competente para conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente tras el decreto de reforma legal en la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; así como en los puntos Primero y Quinto, fracción I, inciso B),(2) todos del Acuerdo General 1/2023, emitido el veintiséis de enero de dos mil veintitrés.(3)

24. Lo anterior, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada en audiencia constitucional por un Juzgado de Distrito, que involucra desarrollar los alcances del derecho fundamental que tienen las víctimas de participar en el ******** penal y de quienes efectivamente pueden tener ese carácter en términos de la Constitución Política del país y de los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; ello, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

25. Es innecesario realizar el cómputo relativo a la oportunidad de la presentación del recurso, así como verificar la legitimación del recurrente, en virtud de que el Tribunal Colegiado ya se pronunció al respecto y determinó que el recurso se interpuso de manera oportuna, por parte legitimada.(4)

IV. PROCEDENCIA

26. El presente recurso es procedente, en razón que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se cuestionó la interpretación progresiva en materia de derechos humanos para los derechos de las víctimas del artículo 4, párrafo quinto, de la Ley General de la Ley General de Víctimas. Por tanto, se surten los extremos del Punto Tercero, con relación al Punto Segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario 1/2023.

V. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO

27. Para delimitar la problemática jurídica del presente asunto, es necesario sintetizar los argumentos de la demanda de amparo, las consideraciones de la sentencia recurrida, los agravios expuestos por el recurrente, así como la resolución del Tribunal Colegiado que previno en la revisión.

28. Conceptos de violación. La parte quejosa, en síntesis, hizo valer con ese carácter:

• La autoridad responsable violenta en perjuicio del medio de comunicación ********, el derecho de acceso a la justicia, porque niega reconocer su calidad de víctima, y con fundamento en una interpretación restrictiva, inconstitucional e inconvencional, reserva esa calidad únicamente al ofendido y su representante legal.

• Al aseverar que la relación de las personas periodistas con los medios de comunicación únicamente se reduce al plano laboral y que el trabajo de los medios de comunicación sólo tiene un fin mercantilista, ignora el interés legítimo de la solicitud presentada por el ******, y contraviene el contenido de los artículos 1º y 20, Apartado C, de la Constitución Federal; 1, 8, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 10, 2°, 4°, 70 y demás relativos de la Ley General de Víctimas.

• Es posible ampliar el concepto de víctima en delitos cometidos contra la libertad de expresión que involucren periodistas y lesionen una comunidad profesional y a los medios de comunicación, de manera que una persona moral pueda intervenir cuando se lesionen bienes jurídicos colectivos.

• La Constitución tutela un conjunto de derechos fundamentales, más allá de la calidad de las personas, y si bien la dogmática, en relación con los derechos humanos, se ha desarrollado en torno a la idea de individuo, no existe ninguna limitación ni restricción para reconocer que las personas jurídicas pueden ser sujetos de protección en la medida en que cumplan con un fin específico.

• Con esa base, el concepto de víctima puede ser progresista para otorgar una interpretación amplia y pro persona al artículo 4 de la Ley General de Víctimas.

• En el sistema penal inquisitivo-mixto, existen diversas figuras en cuanto a la calidad de la persona, física o moral, que resiente di

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33513-36846090/libertad-de-expresion-en-su-dimension-colectiva-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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