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INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA. LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN V, Y 40 A 42 DE LA LEY PARA PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y QUE REGULA EL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA POR PARTE DE SUS ELEMENTOS, NO PUEDEN SER IMPUGNADOS BAJO LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS LEGÍTIMO, AL TENER EL CARÁCTER DE NORMAS HETEROAPLICATIVAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2017. · Registro digital (IUS): 27901
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-06-22
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo III, Pág. 1870.

INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA. LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN V, Y 40 A 42 DE LA LEY PARA PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y QUE REGULA EL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA POR PARTE DE SUS ELEMENTOS, NO PUEDEN SER IMPUGNADOS BAJO LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS LEGÍTIMO, AL TENER EL CARÁCTER DE NORMAS HETEROAPLICATIVAS.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 24 DE ABRIL DE 2018. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ FRANCISCO CILIA LÓPEZ Y DIÓGENES CRUZ FIGUEROA. DISIDENTE: MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ GONZÁLEZ. PONENTE: JOSÉ FRANCISCO CILIA LÓPEZ. SECRETARIA: KRYSTELL DÍAZ BARRIENTOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que los asuntos de los que deriva se emitieron por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Sexto Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser la denunciante la Magistrada María Leonor Pacheco Figueroa, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

TERCERO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados. Las consideraciones que sobre el tema de la contradicción expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que se estiman discrepantes, son las siguientes:

1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito:

1.1. En el amparo en revisión 104/2015:

"SÉPTIMO.—Los agravios que hizo valer el quejoso recurrente principal deben desestimarse, por los motivos que en seguida se exponen:

"En el primer agravio (fojas 10 a 43), el inconforme aduce que el sobreseimiento en el juicio decretado en el considerando quinto del fallo recurrido adolece de exhaustividad, congruencia y completitud, en relación con la garantía de acceso efectivo a la justicia contenida en el artículo 17 constitucional y, con su deber de fundar y motivar adecuadamente sus decisiones según lo indican los artículos 14 y 16 del propio Ordenamiento Supremo, ya que no se materializaron los motivos de indudable y manifiesta actualización del sobreseimiento, además de que se dejaron de analizar los conceptos de violación y los argumentos en cuanto a que la ley reclamada es autoaplicativa porque genera una restricción al catálogo de derechos humanos con su mera publicación dada la excesiva ambigüedad, vaguedad e imprecisión de los supuestos normativos y conceptos jurídicos, entre los cuales se habilita el uso de la fuerza pública y porque genera un efecto inhibitorio en el ejercicio y goce de sus derechos.

"Al respecto, señala lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en cuanto a leyes autoaplicativas, que son aquellas que por sí mismas crean una carga al gobernado, por lo que no es necesario un acto de aplicación; asimismo, aduce que la ley impugnada establece supuestos generales que restringen el derecho de manifestarse, reunirse y expresarse libremente; más allá de requerir un primer acto de aplicación, la existencia de un marco normativo restrictivo y contrario a los derechos humanos, genera la vulneración de los derechos fundamentales del quejoso por su sola entrada en vigor. Que tratándose de normas protectoras de derechos humanos su defensa adquiere una dimensión superlativa y estos criterios de protección son aplicables a efecto de asegurar una debida tutela jurisdiccional sobre éstos.

"Asimismo, señala que el nuevo modelo del juicio de amparo respecto a las obligaciones de acceso a la justicia derivado del artículo 1o. constitucional, obligan a todos los Jueces del Poder Judicial de la Federación a realizar una interpretación pro persona de las normas procedimentales.

"Por otro lado, el inconforme hace referencia al concepto de la prueba tripartita que ha establecido en jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que dice exige que toda restricción a la libertad de expresión sea necesaria y proporcional, sin que eso signifique que sea sinónimo de indispensable, al no ser suficiente demostrar que sea útil, razonable u oportuna; que las restricciones deberán justificarse según objetivos colectivos que preponderen claramente sobre el ejercicio de la libertad de expresión, buscando siempre restringir lo menos posible el derecho a la libertad de expresión.

"Refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que toda medida dirigida a restringir los derechos de libre expresión debe ser proporcional, entendido como el no impedimento del ejercicio de un derecho en su totalidad que genere en la población una inhibición en su ejercicio, así como nuevos parámetros de interpretación respecto al interés legítimo y las normas autoaplicativas que han superado la visión sostenida en el pasado.

"En forma concreta, el inconforme afirma que al ostentar un interés legítimo no requiere para acceder al juicio de garantías de un acto condicionado de aplicación, ya que la sola observancia de la ley le ocasiona una afectación en su esfera jurídica, ya que a su parecer el artículo 23, fracción V, de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, no define con claridad y precisión el catálogo de armas no letales, cuyo uso se habilita en manifestaciones públicas, lo que dice también sucede con los artículos 41 y 42 de la misma ley, los cuales disponen de conceptos jurídicos indeterminados que, por su vaguedad, autorizan a las autoridades de seguridad pública a emplear el uso de la fuerza pública en contextos de manifestaciones; lo que dice genera incertidumbre jurídica derivada de la vaguedad e imprecisión de las disposiciones en mención, los que son una muestra del carácter autoaplicativo, en tanto establecen límites desproporcionales a la libertad de expresión y a la libre manifestación con su sola entrada en vigor, pues desde el comienzo de su vigencia habilitan a las autoridades policiales a utilizar la fuerza en manifestaciones y de dispersión bajo criterios ambiguos que permiten aplicaciones discrecionales y subjetivas por parte de las autoridades de las corporaciones policiacas.

"Afirma que al decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo se dejó de analizar el efecto inhibitorio, amedrentador, disuasivo e intimidatorio de la ley impugnada, lo que implica la generación de afectaciones a derechos por su simple entrada en vigor, ya que limita el ejercicio de libre expresión, reunión y manifestación, insistiendo en que la ley reclamada es de carácter autoaplicativa al establecer límites desproporcionales con su sola entrada en vigor, pues desde el comienzo establece la utilización de conceptos jurídicos indeterminados que, por su vaguedad, autorizan a las autoridades de seguridad pública el uso de la fuerza en contextos de manifestaciones que generan en el quejoso un efecto inhibitorio en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión en sus múltiples vertientes.

"Expone un concepto relativo a lo que se ha establecido respecto de las calles como un espacio público de participación política, por lo que dice se deben rechazar aquellas normas jurídicas o interpretaciones de las mismas que vayan en contra de tal concepción, dado que la utilización del espacio público como lugar de participación política es base del principio de legitimidad democrática.

"Asimismo, señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puntualizado que el empleo de la fuerza es la última razón de la intervención estatal, es excepcional y debe atender a principios como la proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la medida, que las normas vagas ambiguas, amplias o abiertas, que pueden llevar a interpretaciones judiciales amplias que restringen indebidamente la libertad de expresión, pueden llevar al Estado a ser objeto de responsabilidad, lo que dice acontece con los preceptos legales reclamados.

"Por otro lado, aduce que en el fallo recurrido se pasa por alto que con apoyo en la ley impugnada ocurrieron violaciones graves a derechos humanos el día nueve de julio de dos mil catorce, cuando pobladores de la comunidad de ********** se manifestaban sobre la carretera Atlixco-Puebla, como lo evidenció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación **********, por lo que la falta de claridad normativa y la ausencia de protocolos derivaron en la muerte de un menor de edad a manos de la policía; con lo que dice que si espera la aplicación de la ley para poder reclamarla, se pueden constituir actos consumados de manera irreparable, así como tener consecuencias de hechos y de derechos fatales.

"Por otra parte, arguye que la ponderación entre sus derechos y el interés social no conlleva a la contraposición de dos intereses en abstracto, pues lo que los Jueces ponderan en los casos concretos, no son principios en abstracto, sino las circunstancias de hecho que justifican la aplicación de ciertos principios ante otros, sobre la base de los singulares intereses en conflicto; que con la concesión del amparo no se afecta el orden público, ya que este concepto no es antagónico con el goce y vigencia de los derechos fundamentales implicados en las manifestaciones y protestas sociales, al contrario, el ejercicio de dichos derechos humanos forma parte del interés social y el orden público en una sociedad democrática.

"El inconforme afirma que en la sentencia recurrida se dejó de observar el contenido de la contradicción de tesis 293/2011 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció el alcance del parámetro de control de regularidad constitucional y la fuerza vinculante de los criterios emitidos en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluidos los casos en que el Estado Mexicano no es parte, resaltando que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año dos mil once, en particular, la modificación al artículo 1o., amplió y configuró un catálogo de derechos humanos que goza de supremacía constitucional, lo que a decir del inconforme implica que el Juez omitió la obligación que tiene como órgano garante de derechos humanos de analizar si la ley tildada de inconstitucional e inconvencional se ajusta o no a las disposiciones en materia de derechos humanos contenidas en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales conforme al parámetro de control de constitucionalidad y convencionalidad.

"Deben desestimarse los argumentos antes sintetizados.

"En primer lugar, porque respecto de las pretendidas violaciones a la Constitución debe decirse que, al conocer de los juicios de amparo de su competencia los Jueces de Distrito ejercen la función de control constitucional, y aun cuando en contra de sus resoluciones dictadas en la audiencia constitucional procede el recurso de revisión, éste es un procedimiento que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional y, por ello, técnicamente no se deben analizar los agravios consistentes en que el Juez Federal viola preceptos constitucionales al conocer de un juicio de amparo, dada la naturaleza de éste y por la función de control constitucional que dicho juzgador desempeña; por lo que tal argumento resulta inoperante.(1)

"Por otra parte, en el considerando quinto del fallo recurrido el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito sobreseyó en el juicio, al estimar que se actualizó la causal de improcedencia invocada por el Congreso del Estado, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, cuya constitucionalidad cuestiona el inconforme, no es de carácter autoaplicativa, ya que con su sola vigencia no limita o restringe el derecho de las personas a manifestarse, sino que requiere de un acto concreto de aplicación que cause afectación al gobernado; sin embargo, la posibilidad de reclamarla se encuentra sujeta a las eventualidades de una manifestación social, en la que se ejerzan actos de violencia y, por ello, se genere la necesidad del uso de la fuerza pública (fojas 392 a 394).

"Asimismo, se precisó que no se advierte la afectación del interés legítimo que arguye el inconforme en cuanto refiere que los artículos 23, 40, 41 y 42 de la ley reclamada, generan un efecto inhibitorio, ya que consideró que el primero de los numerales sólo contempla un catálogo de los instrumentos que en casos y momentos específicos se podrán utilizar en el uso de la fuerza pública y que la planeación de operativos tiene la finalidad de proteger el derecho humano de manifestación y que el uso de la fuerza pública sólo se autoriza ante violencia o desapego a la pacífica manifestación; asimismo, que los preceptos legales citados no contemplan una obligación de hacer o no hacer para el gobernado, que surja en forma automática por la sola entrada en vigor, por lo que no existe una afectación inmediata, directa y actual al derecho de libre manifestación y expresión de ideas u opiniones de todo ciudadano, previsto en los artículos 6o., 7o. y 9o. constitucionales, citando en apoyo de sus consideraciones la tesis, de rubro: ‘ACUERDO 16/2013 POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL CONTROL DE MULTITUDES. SU SOLA VIGENCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO DE QUIENES AFIRMAN ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS QUE REGULA.’; y que al no existir acto de aplicación se actualizó la causal de improcedencia en comento (fojas 394 frente a 400 vuelta).

"El argumento del inconforme en el que afirma que sí tiene interés legítimo y que no se requiere de un acto de aplicación para impugnar la ley reclamada, porque a su parecer desde su vigencia le causa afectación a su esfera jurídica, debe desestimarse.

"Lo anterior es así, ya que tal afirmación la apoya en argumentos relacionados con el fondo del asunto, como lo es que a su parecer los artículos 23, fracción V, 41 y 42 de la ley reclamada, no definen con claridad y precisión el catálogo de armas no letales y utilizan términos que adolecen de vaguedad e imprecisión; pues el estudio de tales argumentos implicaría realizar un pronunciamiento en cuanto al contenido de dichos numerales para determinar si, como lo arguye el inconforme, contienen términos vagos y ambiguos que permitan a las autoridades estatales actuar arbitrariamente, pero no para definir si desde la entrada en vigor la ley causa afectación a su interés legítimo.

"La afirmación del inconforme en cuanto a que en el fallo recurrido se omitió el estudio del efecto inhibitorio, amedrentador, disuasivo e intimidatorio que a su juicio tiene la ley impugnada, como arguyó en la demanda de amparo, es infundada porque como ha quedado señalado con antelación, en la sentencia recurrida se consideró que los artículos 23, 40, 41 y 42 de la ley reclamada, sólo contemplan un catálogo de los instrumentos que en casos y momentos específicos se podrán utilizar en el uso de la fuerza pública y que la planeación de operativos tiene la finalidad de proteger el derecho humano de manifestación y que el uso de la fuerza pública sólo se autoriza ante violencia o desapego a la pacífica manifestación, por lo que implícitamente se estimó que los preceptos reclamados no tienen tal efecto y, por ello, no existe una afectación inmediata, directa y actual al derecho de libre manifestación y expresión de ideas u opiniones de todo ciudadano; de ahí que no se incurrió en la omisión que infundadamente se afirma.

"Por otra parte, es inoperante el argumento del inconforme, consistente en que en la sentencia recurrida se omitió el análisis de los conceptos de violación que hizo valer en la demanda de amparo y, con ello, dejó de analizar el fondo del asunto.

"En efecto, pues el sobreseimiento en el juicio decretado en la resolución recurrida imposibilita al juzgador federal a realizar el estudio de los conceptos de violación, puesto que la principal consecuencia es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.(2)

"En ese orden de ideas, deben desestimarse los argumentos del recurrente en los que plantea la inconstitucionalidad de la ley reclamada porque a su parecer, genera una restricción al catálogo de derechos humanos, como son los de manifestarse, reunirse y expresarse libremente, con su mera publicación dada la excesiva ambigüedad, vaguedad e imprecisión de los supuestos normativos y conceptos jurídicos, entre los cuales se habilita el uso de la fuerza pública; que infringen el concepto de la prueba tripartita establecida en jurisprudencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; que las calles son un espacio público de participación política; que se omitió observar el contenido de la contradicción de tesis 293/2011 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció el alcance del parámetro de control de regularidad constitucional y la fuerza vinculante de los criterios emitidos en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluidos los casos en que el Estado Mexicano no es parte; puesto que los señalamientos mencionados se refieren al fondo del asunto, y al haberse sobreseído en el juicio de amparo no es dable analizarlos.

"También se desestima el argumento del inconforme consistente en que en el fallo recurrido se pasa por alto que con apoyo en la ley impugnada ocurrieron violaciones graves a derechos humanos el día nueve de julio de dos mil catorce, cuando pobladores de la comunidad de ********** se manifestaban sobre la carretera Atlixco-Puebla, como lo evidenció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación **********, por lo que la falta de claridad normativa y la ausencia de protocolos derivaron en la muerte de un menor de edad a manos de la policía.

"Lo anterior, dado que se trata de un aspecto ajeno al juicio de amparo, en el que se cuestiona la constitucionalidad de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, porque al parecer del quejoso la sola entrada en vigor afecta sus derechos de asociación y de libre expresión, no así a los hechos que refiere en el argumento en comento.

"Asimismo, son inoperantes los argumentos del inconforme, consistentes en que la ponderación entre sus derechos y el interés social no conlleva a la contraposición de dos intereses en abstracto; que con la concesión del amparo no se afecta el orden público y que el ejercicio de los derechos humanos forma parte del interés social y el orden público en una sociedad democrática. En virtud de que con ellos se pretenden cuestionar consideraciones que no se expusieron en el fallo recurrido para sobreseer en el juicio, por lo que no tienden a desvirtuar su legalidad.(3)

"Por otro lado, es infundado el argumento del quejoso en cuanto señala que el nuevo modelo del juicio de amparo respecto a las obligaciones de acceso a la justicia derivado del artículo 1o. constitucional, obligan a todos los Jueces del Poder Judicial de la Federación a realizar una interpretación pro persona de las normas procedimentales.

"Lo anterior, dado que el mencionado principio pro persona no implica que deban soslayarse las reglas o requisitos de procedencia del juicio de amparo.(4)

"En el segundo agravio (fojas 43 a 53), el inconforme afirma que en la sentencia recurrida indebidamente no se aplicó la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).’, por lo que no se encuentra debidamente fundada y motivada; y que no es aplicable la tesis que al respecto se citó de rubro: ‘ACUERDO 16/2013 POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL CONTROL DE MULTITUDES. SU SOLA VIGENCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO DE QUIENES AFIRMAN ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS QUE SE REGULA.’, porque al ser de un Tribunal Colegiado de diverso Circuito no resulta obligatoria, además de que no se expusieron los motivos por los cuales se prefirió citar esta tesis.

"Agrega, que una mayor protección del quejoso requería tomar en cuenta la necesidad de sustanciar el juicio de garantías en su totalidad para dictar una resolución clara, completa, exhaustiva y congruente que permita desarrollar las posibilidades del recurso de protección constitucional.

"Debe desestimarse el agravio así formulado.

"Lo anterior es así, dado que, contrario a lo que afirma el recurrente, la sentencia recurrida sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues en ella se citó el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, así como la tesis aislada de rubro antes mencionado y se expusieron las razones por las cuales se arribó a la convicción de que el quejoso carece de interés legítimo para impugnar la ley reclamada por su sola entrada en vigor.

"Por otra parte, si bien es cierto que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo la jurisprudencia es de carácter obligatorio, también lo es que dicha obligatoriedad se encuentra sujeta a que en el caso concreto sea procedente su aplicación.(5)

"Ahora bien, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere el inconforme, publicada en la página 60, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

"‘INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).—A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto –en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales–, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica –no exclusivamente en una cuestión patrimonial–, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.’

"De la jurisprudencia transcrita se desprende que el Pleno del Máximo Tribunal del País estableció en términos generales el concepto de interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, no se refirió en forma concreta a la impugnación de alguna norma que prevea la forma en que deben actuar los elementos de seguridad pública en manifestaciones como lo prevé la ley reclamada, tema respecto del cual sí aborda la tesis aislada citada en la sentencia recurrida.

"No obsta que dicha tesis sea un criterio aislado del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, pues si bien es cierto, no resultaba obligatoria, también lo es que al abordar el tema similar a la ley reclamada en el juicio de amparo de origen, es dable que el a quo la citara por lo ilustrativa que resulta.

"De ahí que no causa la afectación que alega el inconforme la circunstancia de que en la sentencia recurrida no se hubiera citado la jurisprudencia a que se refiere, antes transcrita; y que, contrario a lo que arguye sí se encuentra justificada la aplicabilidad de la tesis aislada mencionada.

"En el tercer agravio (fojas 53 a 58), afirma que en el fallo recurrido al sobreseer en el juicio se infringió el principio de congruencia, ya que, por una parte no entró al estudio de los conceptos de violación hechos valer, pero posteriormente presume la constitucionalidad de la ley reclamada, ya que si se sostiene que la entrada en vigor de la ley reclamada no afecta la esfera de derechos del quejoso, no se debió interpretar el contenido de la ley en su perjuicio.

"Es infundado el agravio antes sintetizado.

"Lo anterior es así, dado que el inconforme afirma que existe incongruencia a partir del párrafo que transcribe el fallo recurrido en el que se concluyó que los artículos 23, 40, 41 y 42 de la ley reclamada, no contemplan una obligación de hacer o no hacer para el gobernado, que surja en forma automática por la sola entrada en vigor, ni generan una afectación inmediata, directa y actual al derecho de libre manifestación de todo ciudadano, sino que la finalidad de la ley es la protección de la integridad, derechos y bienes de las personas, la preservación del orden público y las libertades en eventos como las manifestaciones públicas (foja 398); lo que en forma alguna constituye una incongruencia como infundadamente lo afirma el recurrente, pues en todo momento se determinó sobreseer en el juicio al considerarse que la sola vigencia de la ley no causa afectación al inconforme y, por ello, carece de interés legítimo para reclamarla, lo que así desprendió del contenido de los artículos cuestionados.

"Asimismo, el análisis que se realizó de los numerales reclamados se hizo no para determinar si son o no constitucionales, como de manera infundada lo arguye el inconforme, sino para establecer que no le causan afectación con su sola entrada en vigor. ..."

1.2. En el amparo en revisión 105/2015:

"SEXTO.—Los agravios que hace valer la quejosa recurrente principal deben desestimarse, por los motivos que se pasan a exponer:

"En el primero de ellos (fojas 6 a 43), la inconforme aduce que el sobreseimiento en el juicio decretado en el considerando quinto del fallo recurrido adolece de exhaustividad, congruencia y completitud, en relación con la garantía de acceso efectivo a la justicia contenida en el artículo 17 constitucional y con su deber de fundar y motivar adecuadamente s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27901-d4114f97/instituciones-policiales-del-estado-de-puebla-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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