DECLARACIÓN DE PERIODISTAS EN CALIDAD DE TESTIGOS EN UN PROCESO PENAL. ALCANCES DE SU DERECHO A NO RENDIRLA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 243 BIS, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO.

Si bien el precepto citado establece el derecho de diversos profesionistas a no declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder, si así es su deseo, pero sólo respecto de los datos que conlleven la identificación de las personas que les proporcionen información reservada con motivo de su trabajo, lo cierto es que la existencia de ese derecho no exime a un periodista de su obligación de comparecer en su calidad de testigo, si así se le requiere por parte del Juez instructor, con motivo de que fue ofrecido por el procesado en ejercicio de su derecho de defensa y al desahogar dicha diligencia, previo a acreditar su calidad de periodista, al declarar, podrá hacer uso del derecho de que goza, relativo a no revelar sus fuentes de información; además, ese requerimiento no vulnera en perjuicio del periodista quejoso los derechos de libertad de expresión, acceso a la información, libertad de prensa y prohibición a la censura previa, pues la admisión de su testimonial y la consecuente citación por el juzgador, únicamente tienen por objeto que comparezca ante la autoridad jurisdiccional al desahogo de dicha diligencia y declarar en cuanto a hechos que son materia de una investigación y que conoció por sí mismo y no con motivo de su calidad de periodista; de ahí que de acuerdo con la teoría de la ponderación de principios, cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, el problema debe resolverse atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto. En ese sentido, si durante un procedimiento penal se requiere a un periodista que se presente ante la autoridad jurisdiccional a desahogar una diligencia en calidad de testigo, debe considerarse, por una parte, que de autorizar la no comparecencia del testigo se afectarían gravemente el interés de la sociedad y los principios que rigen el proceso penal, así como los derechos de los procesados, quienes ante tal circunstancia serían privados de la oportunidad de cuestionar al testigo sobre los hechos materia de investigación y, por otra, que la obligación de comparecer como testigo, no afecta los derechos del quejoso, pues las preguntas que tendrá que responder versarán sobre los hechos que son materia de la indagatoria y no a revelar sus fuentes de información por su calidad de periodista, por lo que no se violarían sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución Federal; por consiguiente, debe prevalecer el interés de la sociedad sobre el particular del quejoso, pues es evidente el mayor beneficio que conlleva.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.