I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. FORMA DE ANALIZAR LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CONFORME AL CRITERIO HÍBRIDO ESTABLECIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO [ARTÍCULOS 75, FRACCIÓN V, INCISO N), Y 87, FRACCIÓN IV, INCISOS C) Y F), DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, Y 74, FRACCIÓN V, INCISOS M) Y N), DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, AMBAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFORMADA Y EXPEDIDA, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETOS NÚMEROS 141 Y 153, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS]. III. SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LA NORMA QUE ESTABLECE UNA CUOTA POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS DE LOS MUNICIPIOS, CONFORME AL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), NO GUARDA UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO Y, POR ENDE, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 153, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). IV. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LA REGULACIÓN LOCAL QUE ESTABLECE QUE EL COBRO DE ESTE SERVICIO SERÁ DEL 5 % SOBRE EL TOTAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEÑALADO EN LOS RECIBOS QUE EXPIDA LA CFE, Y QUE LOS POSEEDORES O USUARIOS DE PREDIOS SIN CONSTRUCCIÓN O EDIFICACIONES O AQUELLOS QUE NO HAYAN CONTRATADO EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEBERÁN PAGAR UNA CUOTA ANUAL POR LOS DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A 2 UMA, ES DESPROPORCIONAL Y CARENTE DE RAZONABILIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 143 QUATER, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO 157, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). V. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS QUE SIRVEN PARA DETERMINAR LA CUOTA A PAGAR POR DICHO SERVICIO, ESTO ES, "QUÉ SE ENTIENDE POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EFECTOS DEL COBRO DE ESE DERECHO, QUIÉNES SON LOS SUJETOS DE ESE DERECHO Y CUÁLES SON SUS OBLIGACIONES DE PAGO", ASÍ COMO LAS FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO PARA CELEBRAR CONVENIOS CON LA EMPRESA U ORGANISMO SUMINISTRADOR DE ENERGÍA, CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA (ARTÍCULOS 143 BIS, 143 TER, Y 143 QUATER, PÁRRAFO TERCERO, TODOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO 157, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE EXHORTA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PARA QUE SE ABSTENGA DE EMITIR NORMAS QUE PRESENTEN LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 86, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y 143 QUATER, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, REFORMADA Y ADICIONADA, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE LOS DECRETOS NÚMEROS 153 Y 157, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 86, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y 143 QUATER, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, REFORMADA Y ADICIONADA, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE LOS DECRETOS NÚMEROS 153 Y 157, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 19/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 28 DE OCTUBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. ENCARGADA DEL ENGROSE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIOS: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ Y RODRIGO ARTURO CUEVAS Y MEDINA.
Hechos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH") solicita la invalidez de preceptos contenidos en Leyes de Hacienda de diversos Municipios del Estado de Quintana Roo, reformadas y expedidas mediante publicación en el Periódico Oficial local el veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés.
Problemas jurídicos que se plantean:
1. ¿Procede sobreseer por cesación de efectos respecto de los artículos 87, fracción IV, incisos c y f, de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez y 74, fracción V, inciso m, de la Ley de Hacienda del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, al haber sido reformados los montos que contienen?;
2. ¿La norma que establece cobros por el servicio de expedición de copias certificadas de constancias existentes en los archivos del Municipio, no relacionados con el derecho de acceso a la información, vulnera el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal?; y
3. ¿Las normas que regulan cobros por el servicio de alumbrado público municipal viola el derecho a la seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y proporcionalidad tributarias, previstos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal?;
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de octubre de dos mil veinticinco emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 19/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH"), en contra de preceptos contenidos en Leyes de Hacienda de diversos Municipios del Estado de Quintana Roo, publicadas en el Periódico Oficial local el veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Demanda inicial y normas impugnadas. Por oficio depositado a través del buzón judicial el dieciocho de enero de dos mil veinticuatro y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la CNDH, por conducto de su Presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
"III. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron.
a) Cobros por búsqueda y reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública:
• Artículos 75, fracción V, inciso n), y 87, fracción IV, inciso c) y f), de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, reformada mediante Decreto número 141.
• Artículo 74, fracción V, incisos m) y n), y 86, fracción III, de la Ley de Hacienda del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto número 153.
b) Alumbrado público.
• Artículos 143 BIS, 143 TER y 143 QUATER, de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, reformada mediante Decreto número 157.
Todos los decretos fueron publicados en el periódico oficial de la entidad el 21 de diciembre de 2023."
2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La CNDH considera que las normas que combate vulnera los artículos 1o., 14. 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la accionante hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• PRIMERO. Los artículos impugnados que prevén cobros por servicios de búsqueda de documentos o expedición de copias certificadas de archivos, ya sea en el Registro Civil o en la Tesorería Municipal respectiva son injustificados y desproporcionados, ya que no atienden a los costos que le representa a los municipios la prestación de los servicios, por lo que vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Atento a las cantidades fijadas por el Congreso local no se advierte que exista razonabilidad alguna entre el costo de los materiales usados, tales como hojas y tinta, menos aun tratándose de la simple búsqueda de los documentos, por lo que los montos establecidos resultan desproporcionados, pues no responden al gasto que efectúa el municipio correspondiente para brindar el servicio.
Tratándose de la búsqueda de documentos, ésta requiere de menores recursos que la certificación o la expedición de copias simples, pues es suficiente que el funcionario encargado realice dicha búsqueda sin generar costos adicionales para el Estado, de modo que no puede existir un lucro o ganancia, pues la cuota debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.
Los montos previstos para el pago de certificaciones resultan desproporcionados, pues si bien es cierto que el servicio que proporciona el Estado no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener una certificación, sino que también implica la certificación respectiva del funcionario público autorizado, lo cierto es que la relación entablada entre las partes no es de derecho privado, de modo que no puede existir un lucro o ganancia para éste, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.
• SEGUNDO. Los artículos impugnados que prevén cobros por el servicio de alumbrado público municipal son inconstitucionales, pues, entre los elementos de la contribución, se determinó que para el cálculo del monto a pagar por ese concepto se tomará como base el consumo particular de energía eléctrica de los contribuyentes que sean poseedores o propietarios de bienes inmuebles ubicados en ese territorio municipal, sobre el cual se aplicará una tarifa del 5%.
El Congreso local en realidad estableció un impuesto sobre el consumo del fluido eléctrico, cuestión que está fuera de su competencia legislativa, por lo que vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad; por la otra, su diseño permite que se cobren montos distintos sobre un mismo servicio y sin que la cuota corresponda al costo que para el municipio tiene la ejecución del servicio, en contravención a los principios de justicia tributaria.
Se considera que dicho modelo normativo deviene inconstitucional por tres razones fundamentales: 1) en realidad, se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, cuya legislación solo compete al Congreso de la Unión; 2) para el cálculo del monto a pagar por el servicio se tomaron en cuenta elementos ajenos al costo erogado por el Municipio para la prestación del referido servicio, en perjuicio del principio de proporcionalidad tributaria aplicable al pago de derechos; 3) permite cobrar montos distintos sobre un mismo servicio, en inobservancia del principio de equidad tributaria.
Si las normas denominan "derecho" a la contribución prevista, cuya cuota responde al 5% sobre el total del consumo de energía eléctrica señalado en los recibos que, por la prestación de tal servicio, expida la CFE, es inconcuso que materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, lo que solamente corresponde a la Federación en términos del artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o, inciso a), de la Constitución Federal.
Si bien el artículo 115 de la Norma Suprema prevé que el municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, este precepto no implica una habilitación constitucional para cobrar contribuciones por el consumo de energía eléctrica.
De la interpretación armónica de las citadas normas constitucionales, se llega a la conclusión de que la habilitación de conformar la base de la contribución consistente en la prestación del servicio de alumbrado público de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica por parte de los sujetos obligados trastoca el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria (como se explicará con mayor detalle en líneas posteriores), toda vez que no se está pagando por la prestación del servicio otorgado por el municipio en sus funciones de servicio público, sino por el consumo de energía eléctrica, puesto que a mayor consumo de dicha energía la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo y a la inversa.
Bajo esas consideraciones, es notable que la norma también es contraria a los principios de justicia tributaria, pues además de que el legislador en realidad estableció el cobro por un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica sin tener habilitación constitucional, también presenta vicios materiales en tanto que el monto de las cuotas no guarda congruencia con el costo que para el Estado tiene la realización del servicio, lo que trae como consecuencia un trato desigual entre los gobernados, ya que impone diversos montos por la prestación de un mismo servicio en el que solo se presume la capacidad económica de la persona a partir del consumo de energía que conste en los recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, características que, además, son más bien propias de un impuesto y no de un derecho.
4. Radicación y turno del asunto. Mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 19/2024, y turnó el asunto a la Ministra Lenia Batres Guadarrama como instructora del procedimiento, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
5. Admisión de la demanda. Por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda relativa, en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Quintana Roo para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial local en el que conste su publicación; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción, formularan el pedimento que les corresponde.
6. Informe del Poder Legislativo de Estado de Quintana Roo. Mediante oficio recibido el ocho de mayo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Quintana Roo, rindió el informe solicitado, en el cual manifestó, en esencia, lo siguiente:
• Improcedencia de la acción por falta de legitimación de la CNDH
La CNDH, en términos del inciso g) fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente tiene competencia para ejercer una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.
Los derechos relativos a las contribuciones no forman parte de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, ni en los reconocidos en instrumentos internacionales, sino que son parte de nuestras obligaciones como mexicanos de contribuir al gasto público de la Federación, Estados y municipios de conformidad con el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Corresponde a la CNDH acreditar la pretensión de su acción, es decir, la carga de probar la inconstitucionalidad de las porciones normativas que impugna, así como de legitimar su competencia para promover la presente acción de inconstitucionalidad en contra de mi representada, ya que al carecer de competencia como ya se ha señalado, se comprueba como consecuencia que su demanda deviene improcedente.
• Razones y fundamentos que sustentan la validez de la norma impugnada
El Congreso del Estado llevó a cabalidad todo el proceso legislativo que culminó con la expedición de los Decretos impugnados.
Las cuotas o tarifas propuestas van en función al costo que le presenta al Municipio prestar esos servicios. Dichas tarifas otorgan un trato equitativo a los contribuyentes, en razón a que la cuota será la misma cuando el concepto se basa en un despliegue técnico de igual magnitud, por tratarse de supuestos idénticos, y será diversa cuando conlleve elementos distintos; y también es proporcional, porque mientras más esfuerzo requiera el servicio a otorgar al contribuyente, la actividad que deberá efectuar la autoridad municipal será mayor, por ende, el monto de la contribución a enterar será superior.
Los derechos impugnados son acordes a una contribución al gasto público encaminada a satisfacer los servicios que el Estado debe prestar a la colectividad, como lo son los servicios públicos que prestan los Municipios, de ahí que el producto de esta recaudación beneficia en forma directa a todos los usuarios de los servicios públicos que prestan los municipios; por tanto, lejos de ser inconstitucional cumple plenamente con lo establecido en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El tributo cuestionado no se trata de un impuesto, es decir, una prestación en dinero o en especie que el Estado fije unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la que la Ley señala como hecho generador del crédito fiscal, sino un derecho o sea una contraprestación requerida por el poder público, en pago de los servicios prestados, y mucho menos se legisla en materia exclusiva de la federación.
Se puede inferir que en ningún momento los actos reclamados son inconstitucionales, toda vez que al establecer nuestra Ley Suprema que los municipios son los que deben tener a su cargo el servicio y mantenimiento del alumbrado público, es lógico que cobre los derechos correspondientes por el mismo. En consecuencia, no se está legislando en materia de energía eléctrica.
Toda vez que el Municipio es por mandato constitucional el obligado de tener a su cargo el servicio de alumbrado público, éste en ejercicio de dicha facultad conviene con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta le auxilie y funja como órgano retenedor del derecho correspondiente que todo ciudadano debe pagar por disfrutar ese servicio, y de esta manera contribuir al gasto público, obligación establecida en el numeral 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se surte la equidad, ya que todos los ciudadanos que gocen del servicio de alumbrado público están obligados a pagar sus contribuciones por dicho servicio, sobre una misma base, lo cual es el espíritu del Legislador, ya que todos los sujetos que encuadren en dichas hipótesis les corresponde una acción común.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Mediante oficio recibido el diez de mayo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la persona titular de la Consejería Jurídica de Quintana Roo, compareció a rendir el informe solicitado, en el que expone, esencialmente, lo siguiente:
• La promulgación y publicación de los Decretos impugnados no contraviene de forma alguna la Constitución Federal, ni los derechos fundamentales que estima violados la accionante, dado que fueron realizados en cumplimiento a la obligación que, conforme a lo establecido por los artículos 69, 91 fracciones I, II y XIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2°, párrafo segundo y 7°, fracción II de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, tiene la Gobernadora del Estado, de promulgar y publicar en el Periódico Oficial del Estado los Decretos expedidos por la Legislatura del Estado de Quintana Roo.
• La acción es improcedente por falta de legitimación de la CNDH para impugnar normas de carácter tributario. La legitimación que tiene la titular del órgano protector de los derechos humanos a nivel nacional está acotada a las vulneraciones de, precisamente, los derechos humanos de las personas. En el presente caso, las disposiciones impugnadas contienen normas de carácter contributivo, mismas que escapan de la facultad de la Comisión accionante ya que no se refieren de manera directa a la protección de derechos humanos.
Por consiguiente, al no tener legitimación la Comisión, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al numeral constitucional 105, fracción II, inciso g), lo que debe derivar en el sobreseimiento de la acción.
• PRIMERO. Los cobros por búsqueda y reproducción de información, no relacionada con el derecho de acceso a la información pública, son constitucionales. El Congreso local atendió al costo que representaba brindar los servicios de búsqueda de información y de certificación de documentos para cada uno de los Municipios, asegurándose que el gasto público fuera cubierto de manera correcta, velando por la eficiente operación de la administración pública municipal y garantizando así el interés general de la población, sin contravenir el principio de proporcionalidad tributaria.
• SEGUNDO. Los cobros por el servicio de alumbrado público son válidos. El artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal y el diverso 147, inciso b) de la Constitución de Quintana Roo estipulan que los Municipio tienen a su cargo el servicio público de alumbrado público; en correlación, el numeral 115, fracción IV, inciso c), constitucional, así como el numeral 153, fracción III, inciso c) de la Constitución local, facultan a los Municipios a administrar libremente su hacienda, la cual se formará, entre otros, por los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
El contenido de la norma impugnada no representa un impuesto sobre energía eléctrica, como afirma la accionante, sino más bien se trata de un derecho por la prestación del servicio público de alumbrado. Aunque la prestación del servicio de alumbrado público tiene la capacidad de beneficiar a todos, es imposible negar que algunos de los ciudadanos, específicamente aquellos propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en el territorio municipal reciben un mayor provecho.
Se solicita atenta y respetuosamente al Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluya en su sentencia los lineamientos y directrices que debería seguir el Congreso local para reformar los artículos impugnados, a efecto de seguir las pautas y parámetros dados por el máximo tribunal del país para emitir las nuevas normas que regulen estas hipótesis, sin incurrir en alguna redacción que conculque o demerite los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
8. Acuerdo que tiene por rendidos los informes de las autoridades emisora y promulgadora. Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo; y fijó plazo de cinco días hábiles para que las partes formularan alegatos. Asimismo, dio vista a los municipios de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto y Tulum, todos del estado de Quintana Roo, para que en el término de quince días hábiles informaran cuál es el costo organizacional, material, humano, tecnológico y demás cuestiones relacionadas en que incurren para cumplir con las obligaciones que implica otorgar los servicios públicos sobre los que versan las normas impugnadas. 9. Informe del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil veinticuatro, el municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo, por conducto de su Directora General de Asuntos Jurídicos manifestó sustancialmente lo siguiente:
• PRIMERO. La prestación del servicio de búsqueda de documentos, implica la disposición del personal humano a quien se le tiene que emplear en cada caso concreto, para la búsqueda de la constancia requerida, quienes en los casos como el de la Tesorería Municipal, sus archivos los tiene en sus oficinas adscritas en tiempo estimable de tres meses por lo voluminoso de las constancias que adjuntan los contribuyentes en sus diversos trámites; por lo que al término de este periodo aproximado, se concentran en un archivo general que se encuentra fuera de las áreas dela Tesorería municipal, lo cual implica más tiempo del normal por el traslado de la persona designada en ese momento para dicho fin, así como el empleo de vehículo y combustible; lo que se debe considerar respecto a la diferencia entre el costo del servicio entre una dependencia y otra, independientemente del uso de energía eléctrica, para los equipos de impresión, tóner en su caso que son los elementos ya contemplados, que sin embargo quizás no se contemplan por la parte demandante para este tipo de servicios.
• SEGUNDO. Se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los conceptos de invalidez que hace valer no combaten los motivos que lo hacen reclamar la invalidez de la norma general que en la especie lo es la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
La accionante no combate en general la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; sino que el Decreto 141; por lo que sus Conceptos de Invalidez debieron estar encaminados a combatir este Decreto; y al no haberlo realizado, es evidente que no se hace valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del multicitado Decreto 141, actos que realmente motiva su Acción de Inconstitucionalidad y por ende no cumplió con el requisito previsto en la fracción VII del artículo 22 de la referida Leu Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior es así, puesto que en primer término no se advierte que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del Decreto 141; en el mismo sentido al no cumplir con el requisito previsto en el artículo 19 fracción VII de esta ley Reglamentaria, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX de ese artículo 19; por tal virtud, resulta evidente que resulta procedente que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación decrete el sobreseimiento.
10. Informe del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Por escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, el municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo, por conducto de su Síndico municipal manifestó sustancialmente lo siguiente:
• La promovente señala que se transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria lo que resulta no estar apegado a la verdad en virtud de que Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Hacienda del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, (publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo con fecha 21 de diciembre de 2023, estableciéndose su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2024), el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, establecía el cobro de los diferentes ingresos bajo la potestad tributaria circunscrita en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo.
• Como se puede observar los conceptos vertidos en los artículos 67 y 77 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, corresponden a los consignados como artículos 74 y 86 de la Ley de Hacienda del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.
• De lo anterior se desprende que la anterior Ley (Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo) a la cual se encontraba sujeto el Municipio de Felipe Carrillo Puerto ya contemplaba el cobro en la misma cuantía que hoy se observa y cuestiona de conformidad como se explicó anteriormente en la transición de S.M.G. a U.M.A. lo cual significa una continuidad en el monto de los cobros que se vienen ejecutando con la actual Unidad de Medida y Actualización desde el ejercicio fiscal 2017.
• Ante tal circunstancia, no existe menoscabo, lesividad, desproporción injustificación o incremento abrupto en los cobros aludidos, en virtud de como se demuestra con lo anterior, ya se venían cobrando en la cuantía indicada, y que la migración de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo hacia la Ley de Hacienda del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, no significo incremento a los cobros que ya se venían ejecutando con la misma cuantía y regularidad.
11. Pedimento de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Las referidas dependencias no formularon manifestación alguna o pedimento concreto.
12. Cierre de instrucción. Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
13. Returno. En sesión de diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, el Pleno de este Alto Tribunal encargó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa el engrose de este asunto.
I. COMPETENCIA
14. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 1o., de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de esa Norma Fundamental,(3) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro ,(4) toda vez que la CNDH promueve su demanda contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMA IMPUGNADA
15. En términos del artículo 41, fracción I,(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias que dicte esta Suprema Corte de Justicia de la Nación deben contener la fijación breve y precisa de las normas generales que son materia de la acción de inconstitucionalidad
16. Atento a ello, de la revisión integral de la demanda se observa que la CNDH combate diversas disposiciones contenidas en Leyes de Hacienda de diversos Municipios del Estado de Quintana Roo, publicados en el Periódico Oficial local el veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, cuyas impugnaciones divide en dos temas concretos.
17. A) Cobros por servicio de búsqueda y reproducción de información, no relacionada con el derecho de acceso a la información pública.
1) Artículos 75, fracción V, inciso n y 87, fracción IV, incisos c) y f), de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez.
2) Artículos 74, fracción V, incisos m) y n) y 86, fracción III de la Ley de Hacienda del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.
18. B) Cobros por servicio de alumbrado público municipal.
1) Artículos 143 BIS, 143 TER y 143 QUATER, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum.
III. OPORTUNIDAD
19. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(6) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada y que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
20. En el caso, las normas impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el jueves veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días naturales transcurrió, en el primer caso, del veintidós de diciembre de dos mil veintitrés al veinte de enero de dos mil veinticuatro.
21. El cómputo se muestra en el siguiente calendario:
Ver calendario
22. En ese sentido, si la demanda promovida por la CNDH depositado a través del buzón judicial el dieciocho de enero de dos mil veinticuatro y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) se concluye que su presentación resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
23. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) la CNDH es un ente legitimado para promover el presente medio de control constitucional; por otra parte, el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia(9) señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.
24. En el caso, la demanda la suscribe María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la CNDH, quien exhibió copia certificada del acuerdo de su designación por el Senado de la República de doce de noviembre de dos mil diecinueve.(10) Asimismo, acorde con las fracciones I y XI del artículo 15 de la L
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33933-6cb2f7f6/i-accion-de-inconstitucionalidad-forma-de-analizar-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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