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Modo: Corpus Pro

I. DERECHOS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA NORMA QUE ESTABLECE LA BASE DE DICHO TRIBUTO A PARTIR DE ELEMENTOS AJENOS AL COSTO QUE REPRESENTA PARA EL MUNICIPIO LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y DE EQUIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 100, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO). II. DERECHOS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA NORMA QUE ESTABLECE UN COBRO DIFERENCIADO PARA LAS PERSONAS USUARIAS QUE TENGAN UN CONTRATO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y PARA LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE PREDIOS RÚSTICOS, SUBURBANOS O URBANOS QUE NO ESTÉN REGISTRADOS ANTE DICHA COMISIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL OTORGARSE UN TRATO DESIGUAL A LOS GOBERNADOS AL ESTABLECERSE DIVERSOS MONTOS POR LA PRESTACIÓN DE UN MISMO SERVICIO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 100, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO). III. DERECHOS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA NORMA QUE OMITE MENCIONAR EL PARÁMETRO A PARTIR DEL CUAL LA TESORERÍA MUNICIPAL DETERMINARÁ LA TARIFA APLICABLE POR ESTE SERVICIO A LOS CONTRIBUYENTES POSEEDORES DE PREDIOS RÚSTICOS, SUBURBANOS O URBANOS QUE NO ESTÉN REGISTRADOS ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, TODA VEZ QUE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LAS CONTRIBUCIONES DEBEN ESTAR PREVISTOS DE MANERA EXPRESA EN UNA LEY (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 100, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 100, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 40/2025. · Registro digital (IUS): 34212
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-08-28
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Agosto de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.495.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 40/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRO IRVING ESPINOSA BETANZO. SECRETARIO: LUIS FELIPE RUIZ MARTÍNEZ LASSO.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 40/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 115 de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, reformado mediante Decreto número 100, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 24 de febrero de 2025, que contiene cobros por la prestación del servicio de alumbrado público.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El 24 de marzo de 2025, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad impugnando el artículo 115 de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, reformado mediante Decreto número 100 publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 24 de febrero de 2025.(1)

2. Conceptos de invalidez. En dicho escrito se expusieron dos conceptos de invalidez, bajo los siguientes razonamientos:

PRIMERO. El artículo 115 de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, prevé una regulación para recabar los gastos que le genera al municipio la prestación del servicio de alumbrado público que, por su diseño, vulnera el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad en las contribuciones, dado que la tarifa se calcula según el consumo particular de energía eléctrica que suministre la Comisión Federal de Electricidad a los contribuyentes.

Previo a la reforma, el cálculo para la prestación de servicio de alumbrado público se obtenía de dividir el costo anual, global, general, actualizado y erogado por el Municipio para la prestación de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad en el Municipio.

Por ende, la tarifa era general para todos los sujetos obligados a su pago, es decir, enteraban la cantidad por el servicio de alumbrado público. La Comisión tenía la sola función de recaudar la contribución, pues el mecanismo de cálculo ya se encontraba regulado en la propia Ley. En cambio, en el caso de los propietarios de predios rústicos, suburbanos o urbanos que no estuvieran registrados ante la Comisión, pero que se beneficiarán del servicio, pagaban la misma tarifa global definida conforme a la formula prevista en la Ley ante la Tesorería Municipal.

En el texto vigente, cambió el hecho imponible, la base gravable y tarifa aplicable. Para el caso de los propietarios o poseedores de predios rústicos, suburbanos o urbanos que no estén registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, pero cuenten con el beneficio de alumbrado público, pagarán la tarifa que establezca la Tesorería Municipal.

Derivado del nuevo esquema normativo, la Comisión no solo se ocupa de ejercer funciones estrictamente recaudadoras, sino que define la cantidad líquida a pagar por cada contribuyente, al publicar el porcentaje del 5% al consumo de energía eléctrica particular de cada sujeto; es decir, para fijar la tarifa por el servicio de alumbrado público, debe determinarse previamente por la Comisión el monto a pagar por el consumo particular de energía eléctrica por predio, y sobre esa base, se calcula la cuota al aplicar un porcentaje del 5%.

El efecto de la reforma no se reduce a clarificar la aplicación del artículo para dotar de certidumbre a los destinatarios, sino modifica integralmente los elementos del sistema contributivo en materia de alumbrado público.

De la lectura del artículo y cada uno de los elementos de la contribución que establece, se advierte que la norma genera incertidumbre jurídica porque la base gravable del “derecho” se encuentra relacionada con un hecho imponible que no responde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público.

La determinación de la tarifa no atiende al costo del servicio prestado, sino a elementos extraños y ajenos a esa actividad pública, como es el consumo particular de energía eléctrica y no al verdadero costo erogado por el municipio. Si el hecho imponible de la contribución no refiere a una actuación del órgano municipal a través del régimen de servicio público, cabe preguntarse cuál es, entonces, el hecho que origina el nacimiento de esta obligación tributaria.

La cuota a cubrir depende del importe a pagar ante la Comisión Federal de Electricidad por el consumo de energía eléctrica, lo que significa que el legislador local se excedió de sus facultades de creación normativa, porque en realidad está estableciendo un impuesto por el consumo de energía eléctrica.

Tratándose de las contribuciones denominadas “derechos”, su hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado y la base imponible se fijará en razón del valor o costo que éste último determine, atendiendo al uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público o el servicio que prestará; mientras que en el caso de los “impuestos”, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que, sin tener una relación directa con la actividad del ente público, son reveladores de la capacidad contributiva del sujeto pasivo.

La norma establece como base para determinar el monto a pagar por el servicio, el total de consumo de energía eléctrica a cargo de los propietarios o poseedores de predios, lo que, en realidad, no puede ni tiene la naturaleza de un derecho, sino de un impuesto al consumo del fluido eléctrico, materia que es competencia del legislador federal.

Los cambios se encuentran relacionados con un hecho generador que no responde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un acto, situación o actividad denotativos de capacidad contributiva ajenos a la actividad municipal que, en el caso consiste en el consumo particular de energía eléctrica.

La verdadera naturaleza del tributo referido al tipo de consumo de energía eléctrica de los usuarios, puesto que, al haber identificado el hecho imponible real, que se encuentra en la base, es dable concluir que se trata de una contribución perteneciente a la categoría de los impuestos.

Si la norma denomina “derecho” a las cuotas de pago según el consumo de la energía eléctrica prevista por la Comisión, es inconcuso que se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, lo que solamente corresponde a la Federación.

No se pasa por alto que el artículo 115 de la Constitución prevé que el municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, sin embargo, este precepto no implica una habilitación constitucional para cobrar contribuciones por el consumo de energía eléctrica.

La norma es contraria a los principios de justicia tributaria, pues además de que el monto de las cuotas no guarda congruencia con el costo que para el Estado tiene la realización del servicio, esto también se traduce en un trato desigual entre los gobernados, ya que impone diversos montos por la prestación de un mismo servicio en el que se sólo se presume la capacidad económica de la persona a partir del consumo particular de energía eléctrica, características que además, son más bien propias de un impuesto y no de un derecho.

SEGUNDO. El párrafo cuarto del artículo 115 de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, prevé que los propietarios y poseedores de predios rústicos, suburbanos o urbanos que no estén registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, pero se beneficien del servicio de alumbrado público, pagarán la tarifa que establezca la Tesorería Municipal, lo que vulnera la seguridad jurídica y los principios de legalidad y de reserva de ley en materia tributaria, en virtud de que la Ley referida deja la determinación de la tarifa a pagar por los sujetos pasivos de la contribución a la total discreción de una autoridad municipal.

La prestación del servicio de alumbrado público es indivisible, lo cual dificulta la determinación sobre en qué grado se beneficia cada individuo de la comunidad por el servicio que se presta, por lo que no se autoriza a los congresos estatales a fijar fórmulas o configuraciones normativas que soslayen los principios contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, o que contradigan cualquier otro mandato de rango constitucional.

El legislador optó por delegar cuando menos la base gravable y la tarifa a pagar por los propietarios o poseedores de predios rústicos, suburbanos o urbanos que no estén registrados ante la Comisión a un órgano del Ayuntamiento.

La Ley combatida no ofrece algún método, regla general o parámetro dentro de los cuales puede actuar la autoridad exactora para determinar la tarifa a pagar por los contribuyentes, máxime que tampoco se observa que remita a algún otro ordenamiento que defina la cantidad a pagar por concepto de alumbrado público.

Si bien los dos primeros párrafos del artículo 115 precisan i) qué comprende la prestación del servicio de alumbrado público y su mantenimiento; y ii) los elementos que componen el costo del servicio y mantenimiento del servicio; estas cuestiones en nada abonan para conocer el método o fórmula de cálculo para que los propietarios o poseedores de predios rústicos, suburbanos o urbanos que no estén registrados ante la Comisión, sepan con certeza cuál será la cantidad a enterar ante la Tesorería Municipal y sobre qué bases objetivas se determinó ese monto.

No existe remisión alguna a otro ordenamiento con rango de ley que resulte útil para identificar el mecanismo de cálculo de la tarifa, cuando menos, la cuota que se cobrará a los propietarios o poseedores de predios rústicos, suburbanos o urbanos que no estén registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, ni tampoco se encontró otra legislación aplicable que contuviera una previsión que subsane la omisión advertida en la Ley impugnada.

Únicamente se indica el ingreso estimado por la recaudación por el derecho derivado de la prestación del servicio de alumbrado público, sin que contenga algún otro elemento útil para cuantificar la tarifa a cubrir.

La Ley es omisa en establecer la base gravable y la tarifa aplicable. No existe certeza sobre el hecho imponible real y permite que las autoridades aplicadoras impongan la cuota de manera discrecional, al no existir parámetro, pauta ninguna otra manera de delimitar el margen de actuación de la autoridad exactora, con la finalidad de proporcionar certeza jurídica al gobernado.

Por tanto, la Ley es inconstitucional al no contener todos los elementos esenciales del derecho que cobrará el Municipio, ya que no señala la tarifa a pagar por ese concepto, por lo que se transgrede el principio de reserva de ley y de legalidad tributaria, toda vez que la ley es omisa en definir la tarifa de la contribución; además de la seguridad jurídica en materia tributaria, dado que las personas usuarias no tendrán la certeza sobre a qué atenerse respecto de la cantidad a enterar ante la autoridad recaudadora.

3. Admisión y trámite. Por acuerdo de 25 de marzo de 2025,(2) la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte dio cuenta de la demanda presentada por el la Comisión Nación de Derechos Humanos, asignándole el número de expediente 40/2025 y designando como instructor del procedimiento al entonces Ministro Javier Laynez Potisek.

4. Mediante acuerdo de 10 de abril de 2025,(3) el entonces Ministro Instructor dio cuenta de la demanda de inconstitucionalidad, la admitió a trámite y tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo como las entidades que emitieron y publicaron las normas impugnadas; asimismo, entre otros aspectos, solicitó el informe a dichas autoridades y le dio vista del asunto al Fiscal General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que hasta antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su representación correspondiera.

5. Informe del Poder Legislativo Estatal. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el 26 de mayo de 2025,(4) el Diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVIII Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, rindió el informe solicitado, en el cual manifestó, en esencia, lo siguiente:

Causal de improcedencia:

La Comisión accionante carece de competencia para impugnar el Decreto, dado que en términos del artículo 105, fracción III, inciso g), de la Constitución, únicamente tiene competencia para ejercitar una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales que vulneren los derechos humanos, lo que no acontece en la especie, ya que reclama la constitucionalidad de una norma que vulnera el principio de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad de las contribuciones consagrado en el artículo 31, fracción IV de la Constitución, aduciendo que el cobro del derecho por concepto de alumbrado público vulnera el principio de proporcionalidad de las contribuciones.

Sobre el fondo:

Los derechos relativos a las contribuciones no forman parte de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna, ni en los tratados internacionales, sino que son parte de las obligaciones de contribuir al gasto público de la Federación, establecido en el artículo 31 mencionado.

Además, le corresponde la carga de probar la inconstitucionalidad de las porciones normativas, así como su competencia para impugnarlas.

Las razones que motivaron para aprobar y expedir el contenido de los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, están apegados a los principios tributario de la Constitución.

La fórmula para calcular el derecho por el servicio y mantenimiento de alumbrado público fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 15/2007, relativo al artículo 13 de la Ley que Regula los Servicios de Alumbrado Público de dicho Estado, que es similar al artículo 115 que se impugna.

El derecho de alumbrado público debe ser otorgado por el Municipio, obligación que también se encuentra contemplada en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en el artículo 147 inciso b).

No se invaden competencias federales porque en ningún momento el mecanismo de cobro del derecho toma como base el consumo de energía eléctrica; así como que el ordenamiento trae consigo la época de pago y la manera en que será calculada la tarifa, sin dejar al arbitrio de ninguna autoridad administrativa la labor de legislar en materia hacendaria.

La base del tributo lo compone el costo anual, global, general, actualizado y erogado, que consiste en la suma que resulte del total del gasto involucrado con la prestación de ese servicio por el Municipio, y no el suministro o consumo de energía eléctrica, señalando la época de pago y la manera en que se calculará la tarifa.

Dentro del análisis realizado, el derecho al que se refiere el artículo 155 podrá ser recuperado con aportaciones correspondientes al 5%, equivalente al importe del consumo de energía eléctrica que conste en el recibo o factura de pago que expida la Comisión Federal de Electricidad a los usuarios, determinando con ello que dicha porción normativa en ningún momento resulta causar afectación.

La intención de la reforma fue actualizar y armonizar el esquema de cobro de la contribución por los servicios de alumbrado público prestado por el Municipio, fue para mayor claridad y precisión del importe que podrá ser recuperado en favor del Municipio, pues el contenido previo al establecer un porcentaje de hasta 5% sujeto a criterio de la autoridad, generaba incertidumbre en su aplicación.

6. Informe del Poder Ejecutivo Estatal. Mediante oficio recibido el 6 de junio de 2025(5) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Felipe Fuentes del Río, en su carácter de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, en representación del titular de dicho Poder, compareció a rendir el informe solicitado, en el que expone esencialmente lo siguiente:

Causal de improcedencia:

Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con el diverso 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, relativo a cuando no se hacen valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la acción de inconstitucionalidad no existe argumento lógico y jurídico que haga notar la contravención a los derechos que a su criterio considera violados y que directamente trasgreda una disposición constitucional, sino que genéricamente enuncia que se viola el derecho a la seguridad jurídica, así como los principios de legalidad, de justicia tributaria y de reserva de ley en materia tributaria, aduciendo que la norma contiene diversos vicios de inconstitucionalidad, sin que tenga un argumento lógico y jurídico en el que confronte la norma que se tilda de inconstitucional con el derecho o principio transgredido.

El Ejecutivo actuó como autoridad que promulgó y ordenó la publicación del artículo impugnado, lo que no contraviene los preceptos constitucionales, ni los derechos fundamentales porque fue en cumplimiento a los numerales 69, 91, fracciones I, II y XII, de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 2, párrafo segundo y 7, fracción II, de la Ley del Periódico Oficial del Estado.

La promulgación se realizó en cumplimiento de sus obligaciones, por lo que no se contravienen principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni sus derechos fundamentales.

En cuanto al fondo:

No se vulnera el derecho a la seguridad jurídica ni los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad en las contribuciones y de reserva de ley en materia tributaria, dado que los artículos 31, y 155 de la Constitución establece la forma en que los municipios se harán de recursos suficientes para la prestación de los servicios a los que están obligados. El 115 establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan y de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Los municipios se encuentran facultados para cobrar por la prestación de los servicios que prestan a la sociedad, entre ellos el servicio de alumbrado público como una contraprestación establecida a su favor.

El derecho al alumbrado público es una contribución que cobran los municipios para pagar el suministro de energía eléctrica, así como para mantener y mejorar las luminarias y redes de suministro de alumbrado. El cobro es creado por el pleno de los congresos locales, los que facultan a los municipios para que en sus respectivas leyes de hacienda o ingresos, establezcan el modo de realizar el cobro respectivo, siendo estos la autoridad responsable de efectuar el cobro. Muchos municipios han preferido delegar mediante convenio con la Comisión Federal de Electricidad, para que en los recibos de consumo de energía eléctrica, se ejerza el cobro de este derecho, o en su caso, a través de la Tesorería Municipal.

El cobro se basa en la necesidad del Estado de recaudar ingresos para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, como se estableció en la tesis de rubro: “OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. OBEDECEN A UN DEBER DE SOLIDARIDAD”.

Se encuentra debidamente establecida la descripción jurídica donde se impone a modo de un derecho la aplicación de la tasa sobre el consumo de energía eléctrica, indicando los casos concretos de su cobro, además que no grava la enajenación del bien, sino que tiene la finalidad de proporcionar y mantener el servicio de alumbrado público que incide en la seguridad de la sociedad, así como en la convivencia y armonía de sus integrantes. Además, se cumple con los requisitos establecidos por este Alto Tribuna, al determinar que la validez constitucional de un tributo, no solo es necesario que esté establecido por ley, sino que además debe ser proporcional, equitativo y destinado al pago de gastos públicos, así como exige que sus elementos esenciales (sujeto, objeto, base, tasa y época de pago) estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado o municipio, los que se establecieron en el artículo 115 impugnado.

Conforme a la reserva de ley que rige en materia tributaria, es de carácter relativa. Es suficiente que en el acto normativo primero se contengan los aspectos esenciales de la contribución, mientras que otras partes de su regulación pueden establecerse en otras fuentes jurídica distintas, siempre y cuando la complementación sea para el cumplimiento de la finalidad recaudatoria, ya que sí se establecieron todos los componentes de la contribución y delimitar los márgenes de actuación de la autoridad exactora, con lo que proporciona certeza jurídica respecto a la determinación y cumplimiento del derecho por el servicio de alumbrado público.

El ordenamiento establece la forma de llevar a cabo el cálculo de la tarifa a pagar en todo caso.

7. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formularon pedimento ni manifestación alguna.

8. Alegatos. Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Fiscalía General de la República no formularon alegatos.

9. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, por acuerdo de 18 de agosto de 2025,(6) se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro Instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

10. Returno. Mediante proveído de 4 de septiembre de 2025,(7) se ordenó el returno de este asunto al Ministro Irving Espinosa Betanzo para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

I. COMPETENCIA

11. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General(8) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024, en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 2/2025 (12a.) de 3 de septiembre de 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de ese mismo mes y año, toda vez que se plantea la posible contradicción entre normas de rango constitucional y una Ley de Hacienda Municipal del Estado de Quintana Roo.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

12. Del análisis al escrito presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se advierte que se impugna el artículo 115 de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, reformado mediante Decreto número 100, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 24 de febrero de 2025, el cual se reproduce a continuación:

Artículo 115. La prestación del servicio y mantenimiento del alumbrado público a favor y en beneficio de los habitantes del Municipio de Isla Mujeres, es objeto del cobro del presente derecho. Se entiende por servicio y mantenimiento de alumbrado público, la iluminación que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines, oficinas de la administración pública municipal y otros lugares de uso común, así como el mantenimiento y la ampliación de la red de distribución de dicho servicio.

El costo del servicio y mantenimiento de alumbrado público se compone con los siguientes conceptos:

I. El costo por servicios personales empleados en la instalación, operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público, entendido como tal los sueldos, salarios, compensaciones, prestaciones legales y contribuciones derivadas de la administración de la nómina correspondiente a la Dirección de Alumbrado Público del Municipio.

II. El costo de los materiales, suministros y gastos de mantenimiento empleados durante el año próximo anterior en el servicio de alumbrado público, el cual se compondrá de lo erogado en los conceptos por compras y adquisiciones, reposición de lámparas, mantenimiento de líneas eléctricas y postes, materiales, equipos de seguridad, herramientas y maquinaria, así como los gastos asociados a la operación y mantenimiento de esta.

III. El costo general del suministro de energía eléctrica contratado por el Municipio.

IV. El costo de la ejecución de los nuevos proyectos de ampliación e introducción del servicio de alumbrado público.

El derecho a que se refiere este artículo podrá ser recuperado con aportaciones correspondientes al 5% equivalente al importe de consumo de energía eléctrica que conste en el recibo o factura de pago que expida la Comisión Federal de Electricidad a sus usuarios finales, sea mensual o bimestral.

Los propietarios o poseedores de predios rústicos, suburbanos o urbanos que no estén registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, y cuenten con el beneficio del servicio de alumbrado público prestado por el Municipio, pagarán la tarifa que establezca la Tesorería Municipal, y se comprobará mediante el recibo que para tal efecto expida esta última.

El pago de este derecho efectuado en parcialidades mensuales, que deberán ser enteradas dentro de los primeros diez días de cada mes, pudiendo realizarlos con el pago del impuesto predial correspondiente, o a través de la recuperación efectuada a través de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos previstos en este mismo artículo.

Para lo anterior, el Ayuntamiento estará facultado para convenir con la Comisión Federal de Electricidad la recaudación y el entero de esta contribución, sea en forma mensual o bimestral, o en el plazo que resulte del convenio que se celebre para ello.

III. OPORTUNIDAD

13. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General(10) (de ahora en adelante, la “Ley Reglamentaria de la materia”), el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial y, en caso de que el último día del referido plazo sea inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

14. En el caso, la reforma al artículo 115 de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 24 de febrero de 2025, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del martes 25 de febrero al miércoles 26 de marzo de 2025. Consecuentemente, dado que la acción de inconstitucionalidad se presentó a través del buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lunes 24 de marzo de 2025, se concluye que su presentación resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

15. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o estatales que estime vulneran derechos humanos.(11)

16. La demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, calidad que acreditó con la copia certificada del acuerdo de designación de 12 de noviembre de 2019, expedido por el Presidente y la Secretaria de la Mesa Directiva de la Sexagésima Sexta Legislatura del Senado de la República, y acorde con las fracciones I y XI del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(12) ejerce la representación legal de ese órgano autónomo y, de igual forma, cuenta con la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad.

17. Conviene precisar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumenta que la disposición reclamada de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, vulnera los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, seguridad jurídica, reserva de ley y legalidad tributaria, por lo que es de reiterarse el criterio sostenido por el Tribunal Pleno en el sentido de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para impugnar normas de carácter tributario, como acontece en el caso.(13)

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

18. El Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo plantean como causales de improcedencia las siguientes:

Primera. Falta de legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para solicitar la invalidez de normas que tienen carácter tributario.

19. El Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, al rendir su informe, alega que la acción es improcedente porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ca

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34212-32918538/i-derechos-por-servicios-de-alumbrado-publico-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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