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DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS, BIENES Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO QUE DA ORIGEN A LA CONTRIBUCIÓN VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. II. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. EL CONTENIDO ESENCIAL DE ESTE PRINCIPIO CONSISTE EN QUE EL PARTICULAR "SEPA A QUÉ ATENERSE" FRENTE A LA REGULACIÓN NORMATIVA Y A LA ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD. III. DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. LA NORMA QUE ESTABLECE EL COBRO A LAS PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS POR CONCEPTO DE USO O APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS, BIENES Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ES VIOLATORIA DE LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y DE LEGALIDAD, PORQUE NO SE ADVIERTE CUÁL ES EL SERVICIO QUE EFECTIVAMENTE ESTÁ PRESTANDO EL MUNICIPIO A LAS PERSONAS SUJETAS DEL TRIBUTO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 80 BIS DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE INSTA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO PARA QUE SE ABSTENGA DE EMITIR NORMAS QUE PRESENTEN LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 80 BIS DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE JALISCO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 80 BIS DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2025. · Registro digital (IUS): 34017
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-05-22
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Mayo de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.373.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos somete a control de regularidad constitucional el artículo 80 Bis de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día primero de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 41/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 80 Bis de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2025, publicado el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante CNDH) presentó en el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, demanda de acción de inconstitucionalidad, en la que señaló como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito, la Comisión promovente hizo valer, esencialmente, lo siguiente:

• Después de exponer lo que a su consideración comprenden los principios de seguridad jurídica y legalidad que se hacen extensivos al legislador, señala que éste último se encuentra obligado a establecer disposiciones claras y precisas que no den pauta a una aplicación arbitraria por parte de las autoridades, de tal manera que los gobernados tengan plena certeza sobre a quién se dirige la disposición, su contenido y su consecuencia. Refiere también la aplicabilidad de los principios de justicia tributaria a los derechos por servicios, como proporcionalidad y equidad tributaria. Señala que el cobro de un derecho “por concepto de uso o aprovechamiento de servicios, bienes y espacios públicos municipales” no son acordes a las contribuciones denominadas “derechos por servicios”, porque dicho tributo debe responder al costo que le significa al Estado la prestación del servicio de que se trate, y guardar razonabilidad entre la tarifa y el costo erogado, esto es, deben ser proporcionales.

Lo anterior añade la actora, porque en el caso concreto no se advierte cual es el servicio que efectivamente está prestando el Municipio a las personas sujetas del tributo. Ello, porque la norma establece que las personas extranjeras que se encuentren en el Municipio de Puerto Vallarta deberán pagar lo equivalente a 1.25 UMA, “por concepto de uso o aprovechamiento de servicios, bienes y espacios públicos municipales”. Sin embargo, destaca la promovente que dicho elemento de la contribución es sumamente abierto e indeterminado, por lo que también vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

En este mismo tenor, agrega la accionante que se desconoce cuáles son los servicios, bienes y espacios públicos municipales a los que se refiere la norma combatida; pues, incluso, si fueran los siguientes: a) aquellos ya establecidos expresamente en la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, constituiría un cobro adicional a las personas extranjeras que se encuentren en el Municipio o b) aquellos servicios, bienes y espacios públicos que no generan ninguna contribución en términos de dicha ley, resultarían desproporcionales a los sujetos del tributo, porque se estaría imponiendo un valor por aquellos bienes y servicios que se encuentran libres de gravamen.

• Por otro lado, aduce que la norma es violatoria del principio de equidad tributaria, ya que, tratándose del pago por servicios, el monto debe ser igual para todas las personas. Lo anterior, ya que se impone un pago adicional cuando sea una persona extranjera que use o aproveche los servicios, bienes y espacios públicos municipales a pesar de que ya hayan pagado una cuota respectiva. Por ende, alega que la norma admite que se paguen cuotas diversas por un mismo servicio, aprovechamiento de bienes o espacios públicos municipales, cuando la persona beneficiaria sea una persona extranjera. Lo que, desde la perspectiva de la Comisión, carece de justificación constitucional, ya que la distinción solo se basa en que el solicitante sea nacional o no. Por lo que la norma da un trato diferenciado e injustificado, ya que las personas extranjeras deben pagar más por un servicio con relación al resto.

3. Admisión y trámite. Por acuerdo de dos de abril de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta formó y registró el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó su turno al Ministro instructor, quien, mediante acuerdo de veintiuno de abril de la misma anualidad, admitió el presente medio de control y realizó los requerimientos y trámites ordenados por ley.

4. Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. El órgano parlamentario local argumentó, en síntesis, lo siguiente:

• La CNDH no cuenta con la legitimación para promover dicho medio de control, ya que se trata de una norma de carácter local, por lo que compete únicamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

• La CNDH no cuenta con legitimación para impugnar normas de carácter fiscal, sino contra normas violatorias de derechos humanos.

• No se vulneran los derechos humanos y constitucionales, puesto que no se emitió en contravención a los principios de legalidad tributaria.

• La expedición de la norma combatida tiene sustento en los artículos 71, 89, 101, 102, 104, 138, 145 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, así como en el artículo 28, fracción IV de la Constitución local, por lo que están sujetos a los lineamientos en materia hacendaria y de presupuestos.

• La legalidad de la expedición de la norma controvertida no solo se encuentra por haber sido emitida con base en sus facultades, sino que la labor normativa se encuentra plenamente justificada cuando el objetivo es el mejoramiento de espacios y servicios públicos, lo que se traduce en un beneficio directo a la sociedad.

• Contrario a lo señalado por la CNDH, el Congreso local desahogó un proceso amplio en el cual se llevaron a cabo cada una de las etapas del proceso legislativo y se cumplió cabalmente con los requisitos reflejándose en el artículo impugnado.

• De la exposición de motivos se advierte que el artículo combatido tiene como objeto, mediante la implementación de una adhesión tributaria, favorecer los servicios públicos municipales, en beneficio social, así como el mejoramiento de la infraestructura que permita a los ciudadanos nacionales y extranjeros disfrutar de los beneficios de una ciudad turística de mejor nivel.

• Si bien, conforme al artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, todos los mexicanos deberán de contribuir al gasto público, también se entiende que los extranjeros tendrán que contribuir en la medida de sus posibilidades.

• Contrario lo que señala la CNDH, la contribución cumple con todos los elementos del tributo, siendo infundado que genere incertidumbre jurídica, pues se encuentran identificados quiénes son los que deberán realizar la contribución, en qué momento y la cantidad que les será aplicada.

• No existe incertidumbre de cuáles servicios y qué tipo de estructura municipal será beneficiada con la contribución, pues basta con remitirnos a la exposición de motivos del decreto combatido para desestimar dicho argumento.

• La contraprestación no debe entenderse en sentido de derecho privado, de manera que corresponda exactamente al valor del servicio prestado u otorgado, pues los servicios públicos se prestan en función al interés general, y secundariamente en función de los particulares, siendo accidental si éstos reciben o no el beneficio en lo individual; y

• Además de que sería imposible plasmar en una ley una fórmula matemática que establezca el costo de cada compra y mejora que se realice para el beneficio social pretendido. Aunado a que no se deja en incertidumbre ni en arbitrariedad el manejo de los recursos obtenidos, ya que su finalidad se encuentra "en el mantenimiento y mejoramiento de los espacios públicos municipales, principalmente destinados a las actividades del turismo, así como para el mejoramiento de los servicios públicos municipales que presta el municipio...".

Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. El Poder local argumentó, en síntesis, lo siguiente:

• Que es un hecho cierto haber promulgado y publicado la norma impugnada.

• Los actos que le competen al Poder Ejecutivo local en el procedimiento legislativo para la emisión de la norma impugnada los cumplió a cabalidad de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Jalisco.

5. Pedimento del Fiscal General de la República. En el presente asunto no formuló pedimento ni realizó manifestaciones.

6. Cierre de la instrucción. Habiéndose llevado a cabo el trámite legal correspondiente y al advertir que había concluido el plazo para formular alegatos, en acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinticinco se declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

7. Returno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente ordenó turnar el presente asunto al Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, para que funja como instructor, en atención a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.) del Pleno de este Alto Tribunal, en el cual se establece que dicho Ministro conocerá de los asuntos turnados a la ponencia del Ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

I. COMPETENCIA

8. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(1) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(3) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre una disposición de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta y la Constitución Federal.

II. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA

9. Del escrito de demanda se advierte que la Comisión accionante impugna el artículo 80 Bis de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, adicionado mediante Decreto número 29826/LXIV/25, publicado el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.

III. OPORTUNIDAD

10. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma sujeta a control de constitucionalidad en el correspondiente medio oficial. Asimismo, señala que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

11. La norma controvertida se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el jueves veintisiete de febrero de dos mil veinticinco; por tanto, el plazo de impugnación transcurrió del viernes veintiocho de febrero al sábado veintinueve de marzo de dos mil veinticinco. Consecuentemente, dado que la demanda de la acción de inconstitucionalidad se presentó el siguiente día hábil lunes treinta y uno de marzo del citado año, es que resulta oportuna su promoción.

IV. LEGITIMACIÓN

12. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional,(5) la promovente cuenta con legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad porque plantea la posible contradicción entre una ley expedida por la legislatura estatal que, desde su perspectiva, transgrede distintos derechos humanos consagrados en la Constitución Federal.

13. El escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad 41/2025 está firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante acuerdo de designación correspondiente emitido el doce de noviembre de dos mil veinticuatro por el Presidente y la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

14. La representación legal de la Presidenta de la referida Comisión está prevista en el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en el numeral 18 del Reglamento Interno de la misma Comisión.(6)

15. En consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este medio de control constitucional.

16. Sin que sea obstáculo, lo señalado por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, respecto a que la CNDH no cuenta con la legitimación para promover este medio de control, sino a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de dicha entidad federativa al tratarse de una norma de carácter local.

17. Lo anterior porque, como ya quedó precisado, la CNDH cuenta con las facultades para instar este medio de regularidad constitucional, en virtud de que así lo prevé expresamente el artículo 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Federal, al disponer que esa comisión puede promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas que, eventualmente pudieran estimarse violatorias de los derechos fundamentales contenidos en la Carta Magna.

18. En efecto, en el caso, la CNDH promueve la presente acción de inconstitucionalidad en contra de una norma local, a saber: el artículo 80 Bis de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta del Estado de Jalisco, el cual fue adicionado y aprobado por la legislatura de esa entidad federativa, ello en ejercicio de la potestad que le confiere el precepto constitucional en cita para impugnar normas generales con independencia del fuero al que correspondan (federal o local).

19. También debe desestimarse el diverso argumento formulado por el Poder Legislativo local, en el que señala que la CNDH carece de legitimación para solicitar la invalidez de normas de carácter tributario, debido a que sólo puede solicitar la invalidez de normas que vulneren derechos humanos.

20. Lo anterior es así, ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para impugnar normas de carácter tributario, mientras se alegue la violación a un derecho humano consagrado en la Constitución Federal y Tratados Internacionales de los que México sea parte, tal y como lo establece el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal.(7)

21. Tal como se advierte, el artículo antes referido condiciona la procedencia de la acción a que la CNDH denuncie la inconstitucionalidad de leyes federales o locales que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y Tratados Internacionales de los que México sea parte, sin que de esa norma se desprenda algún límite o restricción que impida reconocer la legitimación de la referida comisión para promover la presente acción de inconstitucionalidad en contra de normas tributarias.

22. Por el contrario, desde la anterior integración, este Alto Tribunal ha sostenido en precedentes,(8) que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de ingresos de las entidades federativas, pues este tipo de normas, al establecer diversos tributos, se encuentran sometidas a los principios de la materia fiscal, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, como el de reserva de ley, legalidad, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad, los cuales, enuncian las características que permiten construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Constitución Federal.(9)

23. Además, se ha reconocido la legitimación activa a la CNDH, cuya función es la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea parte. De igual manera, se ha sostenido que para tener por satisfecho el requisito de legitimación, no es necesario un estudio preliminar sobre la constitucionalidad de la norma controvertida, o bien, si aquella tutela o no derechos humanos, toda vez que dichas cuestiones se dirimen en el fondo del asunto. Por el contrario, basta que la accionante precise que la impugnación que lleva a cabo salvaguarda derechos humanos, máxime cuando como en el caso se destaca la vulneración a los principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributarias.(10) Incluso, en la actual integración de esta Suprema Corte de Justicia se han analizado en este tipo de medios de regularidad constitucional diversas leyes de ingresos o de hacienda de distintos municipios en los que se cuestionan distintos pagos de derechos por diversos conceptos.(11)

24. Por estas razones, contrario a lo manifestado por la legislatura demandada, la CNDH está legitimada para impugnar el Decreto número 29826/LXIV/25 por el que se adiciona el artículo 80 Bis de la Ley de Ingresos de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco, publicado el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

25. El Poder Legislativo local señala que no se vulneran los derechos humanos y constitucionales, puesto que la norma impugnada no se emitió en contravención al principio de legalidad tributaria.

26. Tales argumentos deben desestimarse ya que el análisis de la actualización de las violaciones a derechos humanos y constitucionales que aduce la Comisión accionante en su demanda involucra el estudio de fondo del asunto.(12)

27. Al no hacerse valer algún otro motivo de improcedencia o sobreseimiento, sin que este Tribunal Pleno advierta, de oficio, que se actualice alguno, corresponde realizar el estudio de fondo de la acción de inconstitucionalidad.

VI. ESTUDIO DE FONDO

28. En su primer concepto de invalidez, la Comisión accionante aduce, en esencia, que el artículo 80 Bis de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, el cual prevé un cobro de un derecho “por concepto de uso o aprovechamiento de servicios, bienes y espacios públicos municipales”, es violatorio de las prerrogativas fundamentales de seguridad jurídica y legalidad.

29. Lo anterior, atento a que no se advierte cuál es el servicio específico que efectivamente está prestando el Municipio a las personas sujetas del tributo, es decir, la causa eficiente que lo genera. Ello, porque la norma establece que las personas extranjeras que ingresen al Municipio de Puerto Vallarta deberán pagar lo equivalente a 1.25 UMA, “por concepto de uso o aprovechamiento de servicios, bienes y espacios públicos municipales”. Sin embargo, dicho elemento de la contribución es sumamente abierto e indeterminado, puesto que de su literalidad se desconoce cuáles son los servicios, bienes y espacios públicos municipales a los que se refiere la norma combatida. Incluso, si fueran los siguientes: a) aquellos ya establecidos expresamente en la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, constituye un cobro adicional a las personas extranjeras que se encuentren en el Municipio o b) aquellos servicios, bienes y espacios públicos que no generan ninguna contribución en términos de dicha ley; los mismos resultan desproporcionales para los sujetos del tributo, porque se estaría imponiendo un valor por aquellos bienes y servicios que se encuentran libres de gravamen. 30. Los argumentos planteados son esencialmente fundados.

31. Para explicar dicha conclusión, se expondrá (A) el parámetro de regularidad y la interpretación que esta Suprema Corte de Justicia ha hecho de los artículos 14 y 16 constitucionales, para (B) enseguida evaluar la norma sujeta a control de constitucionalidad.

A. Parámetro de regularidad constitucional.

32. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido que los derechos de legalidad y seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal son respetados por la ley cuando las normas que facultan a la autoridad permiten que las personas conozcan la consecuencia jurídica de sus actos y la actuación de la autoridad se encuentre limitada y no sea arbitraria. En sentido inverso, las normas contravienen esos derechos cuando no hay una regulación del supuesto normativo o cuando habiéndola esta es deficiente.(13)

33. El principio de seguridad jurídica tutela que el gobernado jamás quede en una situación de incertidumbre jurídica ni en un estado de indefensión, por lo que el contenido esencial de dicho principio radica en que el particular “sepa a qué atenerse” respecto de la regulación normativa y la actuación de la autoridad.(14)

34. El principio de seguridad jurídica no implica que la ley deba señalar de manera especial y precisa un procedimiento para cada relación entre la autoridad y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y evitar que la autoridad incurra en arbitrariedades.(15)

35. En la acción de inconstitucionalidad 300/2020, el Pleno sostuvo que el principio de seguridad jurídica, aplicado al ámbito legislativo, no exige que se defina cada una de las palabras y enunciados empleados en una norma, pero sí que los vocablos usados sean de uso común e indudable comprensión para los destinatarios de la disposición jurídica,(16) sin condicionar su constitucionalidad al hecho de que describan el significado de los vocablos utilizados en su redacción.

36. No obstante, para que ello suceda, es un imperativo que el legislador evite o disminuya la utilización de conceptos, expresiones, ideas o palabras que provoquen la imprecisión, oscuridad, ambigüedad, confusión o contradicción de las normas, ya que ello podría tener como resultado que los gobernados no tengan conocimiento de a qué atenerse o si, por el contrario, cumplen con los elementos fijados en la norma correspondiente para actuar de alguna manera precisa o ejercer determinado derecho.

B. Análisis de la norma impugnada

37. El artículo 80 Bis de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta tuvo su origen en la iniciativa presentada por el propio Presidente Municipal, teniendo como única finalidad la adición de dicho artículo. En la exposición de motivos, se señala que esta disposición se enmarca en el contexto de que el turismo genera un incremento en la demanda de los servicios públicos municipales, en la infraestructura, bienes y espacios públicos; y dado que el turismo extranjero no contribuye al gasto de estos, de manera enunciativa mas no limitativa, respecto a seguridad pública, salud, aseo público, saneamiento, servicio de agua y alcantarillado, de uso y aprovechamiento de infraestructura y espacios públicos y bienes del dominio público necesarios para satisfacer las necesidades del turista extranjero, se propuso adicionar una nueva contribución para que paguen una contraprestación por los servicios que reciben o de los que se benefician durante su visita.

38. Señalando que el destino de los recursos será para el mantenimiento y mejoramiento de los espacios públicos municipales destinados a las actividades del turismo, así como para el mejoramiento de los servicios públicos municipales, principalmente al sector turístico y de manera particular: el Centro Histórico, la Franja Turística, la Zona Romántica, la avenida del Ingreso, El Malecón; así como los proyectos de protección al medio ambiente y los proyectos para la sustentabilidad de la ciudad.

39. A continuación, se transcribe un fragmento relevante de dicha exposición de motivos:

“... si bien el turismo representa para los vallartenses un importante detonante económico, también el turismo representa un incremento en la demanda de los servicios públicos municipales, infraestructura, bienes y espacios públicos, tales como seguridad pública, salud, aseo público, saneamiento, agua potable, de mantenimiento y construcción de infraestructura urbana y espacios públicos, entre otros servicios y bienes del dominio público necesarios para satisfacer las necesidades del turista, lo cual necesariamente implica que el municipio ejerza el gasto público en una mayor medida en ese especifico sector.

En ese sentido, que los recursos presupuestales que requiere el municipio de Puerto Vallarta para atender esas necesidades y afrontar eficientemente esa demanda, deben incrementarse lo que sin duda se logrará ampliando el marco normativo recaudatorio municipal, mediante la creación de nuevas contribuciones en los términos de Ley a ese sector, pues resulta proporcional y equitativa que el turista pague al municipio una contraprestación por esos servicios y bienes públicos de los que se beneficia.

(...)

9. Es por lo anterior que, se propone establecer en la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2025 una nueva contribución municipal en el rubro de derechos, el cual consistirá en un derecho que pagarán las personas físicas turistas que ingresen al municipio como contraprestación por los servicios, bienes y espacios públicos municipales que usan y aprovechan durante su estancia, lo cual resulta proporcional y equitativo.

Este nuevo derecho que ahora se propone sea adicionado, únicamente aplicará al turista extranjero, ya que el turista nacional de alguna manera ya contribuye al gasto público municipal al contribuir ante el fisco federal, estatal y municipal de acuerdo con el marco jurídico tributario del país.

En tanto que las personas turistas extranjeras, si bien es cierto realizan una derrama económica importante para el municipio, no menos cierto lo es que no contribuyen a los gastos públicos municipales, de ahí que se justifica, es equitativa y proporcional, que paguen una contraprestación por los servicios que reciben o de los que se benefician del municipio durante su visita, enunciativamente mas no limitativamente de aseo público, servicio de agua y alcantarillado, seguridad pública, uso y aprovechamiento de infraestructura y espacios públicos, lo que, actualmente se garantizan de otros rubros de ingresos provenientes de contribuciones pagadas por los vallartenses o provenientes de participaciones federales, no del turismo extranjero.

El destino de este derecho será para el mantenimiento y mejoramiento de los espacios públicos municipales destinados a las actividades del turismo, así como para el mejoramiento de los servicios públicos municipales que presta el municipio, principalmente al sector turístico y de manera particular el centro histórico, la franja turística, la zona romántica, la avenida del ingreso, el malecón, así como los proyectos de protección a medio ambiente y los proyectos para la sustentabilidad de la ciudad.”[El subrayado es nuestro]

Ver fragmento de exposición de motivos con subrayado

40. El texto del artículo 80 Bis de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta sujeto a control, es el siguiente:

“Artículo 80 Bis. - Las personas físicas extranjeras que ingresen al territorio que comprende el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, deberán pagar por concepto de uso o aprovechamiento de servicios, bienes y espacios públicos municipales, una cuota equivalente a 1.25 U.M.A. (Unidad de Medida y Actualización) la cual tendrá una vigencia de 365 días, a partir de la fecha de pago, mismo que será personal e intransferible

El importe de la cuota que para este derecho se señala deberá ser cubierto a la Tesorería o Hacienda Municipal, por los medios que por acuerdo del Ayuntamiento se autorice y que se darán a conocer en los términos de Ley.

Estarán exentos del pago de este derecho las niñas y niños extranjeros menores de 14 años de edad, las personas extranjeras con alguna discapacidad, guías de turistas, operadores de tours, personal de aerolíneas, cruceros, trabajadores del ramo turístico, así como las personas extranjeras que cuenten con residencia temporal o permanente en términos de la Ley de Migración.

Las personas físicas extranjeras que tributan localmente mediante unidades económicas que generan empleo en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, podrán solicitar el reembolso de este derecho a la Tesorería Municipal a través de los medios autorizados, hasta por el importe del pago de la cuota.”

41. Como se advierte, el artículo combatido establece una contribución que tiene la naturaleza jurídica de un “derecho” en términos del artículo 5° y 132, 133, 134, 135, 136 y 137 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco,(17) entendidos estos como las contraprestaciones establecidas en la ley, por los servicios que presta el Municipio en sus funciones de Derecho Público.

42. Ahora, el cobro que prevé está dirigido a las personas físicas extranjeras que ingresen al territorio que comprende el Municipio, “por concepto de uso o aprovechamiento de servicios, bienes y espacios públicos municipales”. La cuota que se establece es

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34017-82a34310/derechos-por-el-uso-o-aprovechamiento-de-servicios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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