I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA LEY DE CARÁCTER ESTATAL VIOLA DERECHOS HUMANOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL Y LIMITACIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EXPEDIDA EN EL DECRETO 090, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 6 DE AGOSTO DE 2025. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: PABLO RAÚL GARCÍA REYES.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 31/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra diversos artículos de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado de Quintana Roo, expedida en el Decreto 090, publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el dieciséis de enero de dos mil veinticinco.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. El diecisiete de febrero de dos mil veinticinco, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad impugnando los artículos 11, fracciones II, en las porciones normativas: “La ampliación y saneamiento de las poblaciones” y “así como el establecimiento, funcionamiento o mantenimiento de éstos evitando su abandono o suspensión”, III, V, VIII, XI, XV y XXV, en la porción normativa: “o privada” y 21, en la porción normativa: “V, VIII y X”, de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado de Quintana Roo, expedida en el Decreto 090, publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el dieciséis de enero de dos mil veinticinco, señalando como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo.
2. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó vulnerados los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 1°, 2°, 9° y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Radicación. Por auto de veinte de febrero de dos mil veinticinco, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 31/2025 y por razón de turno designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que actuara como instructor en el procedimiento.
4. Admisión. En proveído de trece de marzo de dos mil veinticinco, el Ministro instructor admitió la acción, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para los efectos legales conducentes.
5. Informes del Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Quintana Roo. Mediante proveído de diez de junio de dos mil veinticinco, el Ministro instructor tuvo por rendido el informe presentado por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo pero no el correspondiente al Poder Legislativo al considerar que había sido presentado por su Directora de Análisis Jurídico, sin que tal carácter la facultara para acudir a este medio de control constitucional y dado que el informe había sido remitido de manera extemporánea.
6. Además, corrió traslado al promovente, a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que formularan alegatos dentro del plazo otorgado para tal efecto.
7. Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de ocho de julio de dos mil veinticinco se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
8. Avocamiento. Previo dictamen, por acuerdo de quince de julio de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su radicación y resolución. Posteriormente, el Presidente de esta Sala acordó en proveído de uno de agosto siguiente que ésta se avocara a su conocimiento.
II. COMPETENCIA
9. La Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero del dos mil veintitrés, toda vez que se cuestiona la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado de Quintana Roo.(1)
III. OPORTUNIDAD
10. De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y el cómputo inicia a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial, en el entendido de que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
11. En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en el Periódico Oficial de la Entidad el dieciséis de enero de dos mil veinticinco, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad trascurrió del diecisiete de enero al quince de febrero de dos mil veinticinco.
12. Luego, si el escrito de demanda se presentó el diecisiete de febrero de dos mil veinticinco en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, esto es, el día hábil siguiente al último día del plazo para su vencimiento, es claro que su presentación resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
13. La acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue instada por parte legitimada, toda vez que de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) dicha Comisión está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.
14. En el caso, el escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia del Acuerdo de designación expedido a su favor como Presidenta de la citada Comisión por la Mesa Directiva, expedido por la Sexagésima Sexta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el doce de noviembre de dos mil veinticuatro.
15. Aunado a que en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(4) y 18 de su Reglamento Interno,(5) cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(6)
16. Además, en el caso se plantea que diversos preceptos de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado de Quintana Roo, resultan violatorios de los principios de seguridad jurídica, legalidad y del derecho de propiedad privada.
17. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el referido artículo 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, procede reconocerse la legitimación activa en este asunto.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
18. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia,(7) aplicable para las acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59(8) y 65 de ese mismo ordenamiento,(9) relacionada con la cesación de efectos de las normas impugnadas.
19. Para demostrar lo anterior, es necesario tener en cuenta que en la jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.) de rubro “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.”,(10) el Tribunal Pleno sostuvo que para determinar si se está ante la presencia de un nuevo acto legislativo debe acreditarse tanto un criterio formal como uno material o sustantivo. El primer criterio exige que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, mientras que el segundo se refiere a que la modificación haya llevado a un verdadero cambio normativo que cambie la trascendencia, el contenido o alcance del precepto, de manera que un nuevo acto legislativo implica necesariamente una modificación al sentido normativo de la disposición.
20. De este modo, la emisión de nuevos actos legislativos impide el análisis de fondo respecto de disposiciones impugnadas cuya redacción ya no subsiste. En la medida en que un nuevo acto legislativo —por definición— modifica el sentido normativo del precepto impugnado, no es posible emprender el estudio de validez de una norma jurídica que ya fue sustituida por otra.
21. En el caso concreto, constituye un hecho notorio, invocado con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(11) de aplicación supletoria en términos del artículo 1° de la Ley Reglamentaria,(12) que el primero de abril de dos mil veinticinco se publicó el Decreto Número 117 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado de Quintana Roo en el periódico oficial de dicha entidad federativa.
22. A continuación, se hace un análisis comparativo entre las normas impugnadas de dicho ordenamiento con las que fueron reformadas mediante el decreto en comento. Se destacan en la columna izquierda las porciones normativas específicamente impugnadas respecto a algunos preceptos.
Ver análisis comparativo
23. A partir de lo anterior, esta Segunda Sala estima que con la emisión del Decreto publicado el primero de abril de dos mil veinticinco en el periódico oficial de la entidad federativa mencionada, se actualiza el primer requisito de un nuevo acto legislativo, pues el criterio formal se acredita con la derogación y modificación de las disposiciones de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado de Quintana Roo que habían sido impugnadas en esta acción de inconstitucionalidad.
24. También se acredita el segundo requisito para demostrar que existe un nuevo acto legislativo, ya que el contenido de la reforma realizada demuestra que existió una eliminación de las porciones normativas impugnadas de la fracción II y una derogación de las fracciones III, V y XXV del artículo 11 de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado de Quintana Roo, lo que impide que puedan analizarse.
25. De igual manera, se advierte que se realizaron cambios a las fracciones VIII, XI y XV del mismo precepto, pues se agregaron nuevas condiciones y presupuestos para la actualización de las causas de utilidad pública previstas para los procedimientos de expropiación, por lo que ya no subsiste el motivo que justificó su impugnación.
26. Finalmente, esta Segunda Sala estima que las modificaciones realizadas al artículo 21 impugnado también conllevan un cambio sustantivo que altera la materia de estudio originalmente planteada, ya que la eliminación y modificación de las diversas fracciones del artículo 11, que originalmente se enunciaban, cambian el alcance del precepto y repercuten en la inclusión que existía de las fracciones V, VIII y X, las cuales fueron impugnadas en conjunto por la accionante.
27. Máxime que, como ya se señaló, con el decreto de reformas a la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado de Quintana Roo también se realizó una derogación de la fracción V y hubo modificaciones al contenido de la fracción VIII.
28. Es pertinente aclarar que no constituye un obstáculo para determinar la improcedencia del juicio que los accionantes también hayan impugnado la mención que se hace en ese precepto respecto a la fracción X del artículo 11 y cuyo contenido no tuvo cambios en relación con el decreto de reformas aludido.(13)
29. Sin embargo, si la nueva redacción del artículo 21 terminó por modificar por completo las fracciones originalmente referidas e introdujo un nuevo parámetro en la valoración de las causas de utilidad pública de carácter urgente o inaplazable para las que puede proceder la posesión provisional de un bien durante un procedimiento de expropiación, entonces la modificación de todo el precepto evidentemente desemboca en la improcedencia de la acción también en relación con esa porción normativa.
30. Consecuentemente, debe decretarse el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad.
VI. DECISIÓN
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros y Ministras Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama y Presidente Javier Laynez Potisek (ponente). La Ministra Yasmín Esquivel Mossa, se aparta del cambio de sentido normativo.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA Y PONENTE
MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK
SECRETARIA DE ACUERDOS
MELVA IDALIA PRIEGO JIMÉNEZ
Esta hoja corresponde a la acción de inconstitucionalidad 31/2025, fallada en sesión de seis de agosto de dos mil veinticinco. CONSTE.
________________
1. Artículo. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...]
II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: [...]
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; [...].
Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...].
SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
(...)
II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención;
2. Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.
3. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...]
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. [...]
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislatura.
4. Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional; [...].
5. Artículo 18. La Presidencia es el órgano ejecutivo de la Comisión Nacional. Está a cargo de un presidente, al cual le corresponde ejercer, de acuerdo con lo establecido en la Ley, las funciones directivas de la Comisión Nacional y su representación legal".
6. Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones: [...]
XI.- Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y [...].
7. Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...)
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (...).
8. Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.
9. Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.
La (sic) causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.
10. Tesis jurisprudencial P./J. 25/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 65, con registro digital 2012802, que establece: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema.”
11. Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.
12. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
13. Artículo 11. Son causas de utilidad pública (...)
X. La conservación de los edificios, casas u objetos que tengan valor histórico, artístico o cultural para el Estado o sus municipios, que no sea de competencia federal (...)
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201051-fe7cadb1/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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