I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER [ARTÍCULO 10, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. III. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN. SUS DIFERENCIAS. IV. TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. V. PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. VI. LIBERTAD DE REUNIÓN. MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. VII. LIBERTAD DE REUNIÓN. ALCANCE DE ESTE DERECHO HUMANO. VIII. LIBERTAD DE REUNIÓN. SU EJERCICIO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS SOCIALES PARTICULARES, BODAS, XV AÑOS, BAUTIZOS U OTROS, EN CASA PROPIA O DE TERCEROS, SIN FINES DE LUCRO, NO DEBE CONDICIONARSE AL COBRO POR LA EMISIÓN DE UN PERMISO PREVIO QUE CARECE DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN V, INCISO C), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL ARENAL, ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS]. IX. LIBERTAD DE REUNIÓN. LA NORMA QUE SANCIONA A QUIEN LLEVE A CABO BAILES, TERTULIAS, KERMESES O TARDEADAS, POR NO CONTAR CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE, NO SE SUPERA LA PRIMERA GRADA DEL TEST DE RAZONABILIDAD, PUES LA NORMA IMPUGNADA NO TIENE UN FIN CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN V, INCISO C), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL ARENAL, ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS]. X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XI. TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. XII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. IMPLICA QUE LA CONDUCTA O INFRACCIÓN ESTÉ PREVISTA EN UNA LEY EN SENTIDO FORMAL Y MATERIAL, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO CLARO Y PRECISO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LAS PERSONAS ESTÉN EN POSIBILIDAD DE CONOCER EN FORMA CIERTA SOBRE LA CONDUCTA QUE PUEDE GENERAR UNA SANCIÓN. XIII. TIPICIDAD. LAS NORMAS DE REMISIÓN NO VULNERAN DICHO PRINCIPIO, CUANDO EL SUPUESTO DE INFRACCIÓN QUE CONTIENEN SE COMPLEMENTA CON LO PREVISTO POR EL PROPIO ORDENAMIENTO O POR SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS. XIV. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE UN MUNICIPIO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE LAS ESTABLECE A TRAVÉS DE LA REMISIÓN A OTROS ORDENAMIENTOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD, AUN CUANDO CONTENGA UNA CLÁUSULA ABIERTA, YA QUE ELLO NO IMPLICA QUE LA AUTORIDAD PUEDA SANCIONAR CUALQUIER CONDUCTA DE MANERA ARBITRARIA, PUES EN CADA CASO DEBERÁ FUNDAR Y MOTIVAR SU DECISIÓN (ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL ARENAL, ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023). XV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN V, INCISO C), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL ARENAL, ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 68/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.
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Hechos: El Poder Ejecutivo Federal promovió la presente acción de inconstitucionalidad contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, en la que impugnó diversas disposiciones normativas contenidas en la Ley de Ingresos del Municipio de El Arenal de dicha entidad para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, relacionadas con la imposición de multa por realizar eventos sociales sin contar con el permiso correspondiente, así como por cometer infracciones por violaciones a la ley impugnada, demás leyes y ordenamientos municipales que no estén previstas en la propia norma, según la gravedad de la infracción.
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente a la sesión del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 68/2023, promovida por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, en la que se impugnan disposiciones normativas contenidas en la Ley de Ingresos del Municipio de El Arenal, Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Demanda inicial y normas impugnadas. Por escrito recibido el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado el diecisiete del citado mes y año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 98, fracción V, inciso c) y 101, ambos de la Ley de Ingresos del Municipio de El Arenal, Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicada el veintiuno de enero de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial de la citada entidad.
2. Precisó como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco.
3. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El Poder Ejecutivo Federal accionante considera que se violan los artículos 1o., 9o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Conceptos de invalidez. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos aduce, en esencia, lo siguiente:
Primero. Las multas establecidas en el artículo 98, fracción V, inciso c), de la Ley de Ingresos del Municipio de El Arenal, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, relativas a la celebración de bailes, tertulias, kermeses o tardeadas, vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad, además del derecho a la libertad de reunión previstos en los artículos 9o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A) Principios de seguridad jurídica y legalidad.
Conforme a los principios de seguridad jurídica y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad sólo puede afectar la esfera jurídica de los gobernados con apego a las funciones constitucionales y legales que le estén expresamente concedidas, por lo que al actuar fuera del marco que regula su actuación sería arbitrario y contrario al régimen de legalidad.
Dichos principios se hacen extensivos al legislador, quien se encuentra obligado a establecer normas claras y precisas que no den pauta a una aplicación arbitraria de la ley, además de que los gobernados tengan plena certeza de a quién se dirige la disposición, su contenido y la consecuencia de su incumplimiento.
La protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías encaminadas a asegurar que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas, por lo que una forma de garantizar esta protección es que el actuar de la autoridad se acote en una ley, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Federal.
Estima que el artículo 98, fracción V, inciso c), de la ley impugnada, no genera certeza jurídica, pues su redacción debe ser clara y precisa para los gobernados, lo cual no acontece en el caso, ya que establece como una infracción la simple celebración de "bailes", "tertulias", "kermeses" o "tardeadas" sin definir con claridad qué debe entenderse por dichos conceptos y tampoco establece los elementos para determinar cómo se actualiza dicha infracción, porque si la conducta prohibitiva es la realización de espectáculos de carácter público, el legislador local no justifica el por qué se incluye en dicha categoría a los eventos como "bailes", "tertulias", "kermeses" o "tardeadas", sin especificar si se refiere a realizados en vía pública o en algún domicilio particular de los ciudadanos del Municipio de El Arenal, Estado de Jalisco.
Así, la citada porción normativa no establece con claridad la forma en que se actualizará dicho supuesto de infracción, ni el momento en que se determinará actualizada la conducta infractora para el caso de realizar "bailes", "tertulias", "kermeses" o "tardeadas", ya sea en vía pública o en el interior del domicilio particular, lo cual genera incertidumbre y falta de certeza jurídica en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
B) Derecho a la libertad de reunión.
Indica que el artículo 98, fracción V, inciso c), de la ley impugnada, restringe de forma injustificada la libertad de reunión tutelada por los diversos 9o. constitucional, 11 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al establecer como un supuesto de infracción la celebración "bailes", "tertulias", "kermeses" o "tardeadas", situación que implica una restricción injustificada de un derecho fundamental, ya que las autoridades municipales no pueden limitar el derecho de reunión, por tratarse de actividades que la Constitución Federal garantiza a los ciudadanos.
Refiere que el artículo 9o., párrafo primero, de la Constitución Federal reconoce el derecho de asociación y de reunión, las cuales no pueden coartarse cuando dichas actividades sean pacíficas y su objeto sea lícito; sin dejar de advertir que, en los asuntos políticos de la nación, únicamente los ciudadanos mexicanos pueden tener participación.
Menciona que este Alto Tribunal estableció la diferencia entre el derecho de asociación y el de reunión, precisando que el primero encierra un derecho complejo compuesto por libertades de índole positiva y negativa que implica, entre otras cuestiones, la posibilidad de que cualquier individuo pueda establecer, por sí mismo y junto con otras personas, una entidad con personalidad jurídica propia, cuyo objeto y finalidad lícita sea de libre elección; mientras que la libertad de reunión consiste en que todo individuo pueda congregarse o agruparse con otras personas, en un ámbito privado o público y con la finalidad lícita que desee, siempre que se realice de manera pacífica.
Dicha diferencia radica sustancialmente en que la libertad de asociación implica la formación de una nueva persona jurídica, con efectos jurídicos continuos y permanentes, mientras que una simple congregación de personas, aunque puede compartir los fines u objetivos de una asociación, se caracteriza por una existencia transitoria cuyos efectos se despliegan al momento de la reunión física de los individuos, lo que fue sustentado en la tesis aislada 1a. LIV/2010, de rubro: "LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN. SUS DIFERENCIAS."(1)
Agrega que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 15, reconoce el derecho de reunión pacífica y, sobre este derecho humano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que abarca tanto reuniones privadas, como reuniones en la vía pública, ya sean estáticas o con desplazamientos.
Por tanto, el Estado no puede prohibir los actos que recaen dentro de las actividades que la Constitución Federal garantiza al individuo, los cuales puede ejecutar libremente, sin permiso o gracia de la autoridad.
El artículo 98, fracción V, inciso c), de la ley impugnada establece como una conducta sancionable (si no hay permiso expedido previamente) la celebración de "bailes", "tertulias", "kermeses" o "tardeadas", lo cual implica la imposición de una restricción injustificada al ejercicio de un derecho fundamental como lo es la libertad de reunión, en tanto que el precepto impugnado no especifica si dichas conductas serán sancionables si se desarrollan en la vía pública o en propiedad privada.
Expresa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 34/2019, determinó declarar la invalidez de diversas porciones normativas de la Ley de Ingresos del Municipio de Venado, del Estado de San Luis Potosí, por las mismas razones que expone en este asunto.
Considera que se actualiza la inconstitucionalidad del precepto analizado, pues limita de forma injustificada el ejercicio del derecho de reunión de los habitantes del Municipio de El Arenal, Estado de Jalisco y establece una conducta prohibitiva que no resulta necesaria, lo cual es violatorio de los artículos 9o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues restringe la libertad de reunión.
Segundo. El artículo 98, fracción V, inciso c), de la Ley de Ingresos del Municipio de El Arenal, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en lo correspondiente a la porción normativa "tertulias", vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad, así como el derecho a la intimidad previstos en los artículos 14 y 16 de la constitucionales.
Refiere que la porción normativa contenida en el artículo 98, fracción V, inciso c), de la Ley de Ingresos del Municipio de El Arenal, Jalisco, reclamada, prevé el cobro de una multa por concepto de "tertulias" cuando no se haya solicitado con antelación el permiso de la autoridad correspondiente.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por "tertulia" se entiende "la reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar sobre algún tema"; por tanto, ésta podría llevarse a cabo en espacios como corredores, banquetas, plazas comerciales, cafés, salones o domicilios particulares, de ahí que, resulta absurdo que se pretenda equiparar con una fiesta o evento público, ya que las tertulias pueden realizarse de manera espontánea entre dos o más personas, lo que imposibilitaría tramitar un permiso previo para su celebración.
Sostiene que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 15, reconoce el derecho de reunión pacífica, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que tal derecho abarca tanto reuniones privadas como las que se celebran en la vía pública, ya sean estáticas o con desplazamientos.
Por ello, el Estado no puede concesionar los actos que recaen dentro de las actividades que la Constitución Federal garantiza al individuo y que las personas pueden realizar libremente sin permiso de la autoridad.
En el caso, la disposición impugnada pretende establecer el cobro de una multa por concepto de la realización de "tertulias" en el Municipio de El Arenal, Estado de Jalisco, cuando no se haya solicitado previamente el permiso correspondiente, lo cual implica la imposición de una restricción injustificada e innecesaria para el ejercicio de los derechos fundamentales como lo es el derecho a la intimidad.
Indica que el derecho humano a la privacidad o intimidad tiene su fundamento en el artículo 16 de la Constitución Federal, el cual también contiene el derecho a la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad es salvaguardar el respeto al ámbito de la vida privada, excluida del conocimiento ajeno y de las injerencias arbitrarias de las autoridades, por lo que representa un derecho fundamental, resultado de los ámbitos constitucional y convencional, ya que en el ámbito internacional el derecho fundamental a la privacidad se encuentra tutelado el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el diverso 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Respecto al derecho a la intimidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de autoridades. En este orden de ideas, el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada.
De esta manera, establecer el pago de una multa económica por la realización de "tertulias", cuando no se haya solicitado previamente el permiso correspondiente, constituye una intromisión injustificada en la vida privada de las personas, ya que podría tratarse de actos espontáneos celebrados en el domicilio particular de las personas.
Tercero. Lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Arenal, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica, en su vertiente de taxatividad.
Afirma que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1o. y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los principios de legalidad, reserva de ley, proporcionalidad y de seguridad jurídica, al momento de tipificar como antijurídicas algunas conductas de los gobernados, el legislador tiene la obligación de observar que las normas que expida establezcan todos los elementos necesarios para que la actuación de la autoridad encargada de su aplicación se encuentre acotada y su pronunciamiento sobre la imposición de sanciones tenga invariablemente un sentido objetivo y de ninguna manera arbitrario.
Mientras que el principio de legalidad, en su aspecto de tipicidad, supone, la presencia de una ley escrita, estricta y previa (lex certa) que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones aplicables.
Precisa que el derecho administrativo sancionador consiste en la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas. De modo que, atendiendo a la garantía de legalidad en materia de sanciones administrativas, el tipo normativo debe contener la descripción precisa de la conducta considerada ilícita a partir de elementos unívocos y ciertos, para que la autoridad que aplica la normatividad sancionadora y el destinatario de la normativa, tengan plena certeza y seguridad jurídica de su alcance, significado y consecuencia, por lo que la descripción de la norma no debe ser vaga ni imprecisa, ante el riesgo de un excesivo arbitrio del órgano encargado de sancionar, que pueda conculcar los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica.
Al respecto, aduce que este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 100/2006,(2) determinó que los principios de tipicidad y de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, los cuales se manifiestan como una exigencia al legislador para que lleve a cabo una predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas, así como de las sanciones correspondientes y, en relación con el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia, al analizar el artículo 9o. de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que los principios establecidos en dicha disposición convencional resultan aplicables a la materia sancionatoria administrativa.
Agrega que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, una naturaleza similar a la de éstas, debido a que ambas implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta antijurídica.
Concluye que para que exista seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva administrativa exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar; de manera que, conforme a los principios de legalidad y taxatividad, la norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual también da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad.
En ese sentido, al expedir la Ley de Ingresos del Municipio de El Arenal, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, el legislador local no cumplió con los principios de legalidad y seguridad jurídica, en su vertiente de taxatividad, ya que el artículo 101 establece que son sancionables: "Todas aquellas infracciones por violaciones a esta Ley, además leyes y ordenamientos municipales, que no se encuentren previstas en los artículos anteriores, serán sancionadas, según la gravedad de la infracción, con una multa,(sic) de: $707.85 a $4,081.17."
Considera que la citada disposición viola el artículo 14 de la Constitución Federal, porque se trata de un tipo de infracción abierta que permite a las autoridades administrativas integrar en "otros ordenamientos municipales" las conductas supuestamente infractoras, lo cual no permite a los gobernados conocer con certeza las posibles conductas tipificadas como infracción y, en consecuencia, el legislador local faltó a su obligación de establecer las infracciones a la ley de forma precisa y clara.
Lo anterior, debido a que la forma en la que se determina dicha infracción permite un margen amplio para la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación, ya que corresponderá a éstas determinar qué conductas pueden ser sancionadas y el destinatario de la norma no conoce las hipótesis que constituyen una infracción a la ley, dado que pueden estar previstas en cualquier tipo de ordenamiento municipal, con lo cual se genera falta de certeza jurídica.
En suma, estima que los artículos 98, fracción V, inciso c), y 101, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Arenal, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, resultan inconstitucionales conforme a lo dispuesto por los artículos 1o., 9o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vulnerar los principios de legalidad y seguridad jurídica en su vertiente de taxatividad, así como los derechos a la libertad de reunión e intimidad.
Finalmente, solicita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que vincule al Congreso del Estado de Jalisco para que en lo futuro se abstenga de expedir normas en el mismo sentido y que incurran en la misma inconstitucionalidad alegada.
5. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de presidencia de siete de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 68/2023 y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para su trámite y la elaboración del proyecto correspondiente.
6. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a las autoridades que emitieron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes. De igual forma, ordenó dar
vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción manifestara lo que a su representación correspondiera. 7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Mediante escrito recibido el once de mayo de dos mil veintitrés por este Alto Tribunal, la presidenta y secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, comparecieron en representación del Poder Legislativo de la entidad a rendir el informe correspondiente. En el cual expresan lo siguiente: • La facultad para regular y calificar cuáles conductas pueden constituir riesgos para la seguridad de una comunidad sujetas a ser reguladas por autoridad pública municipal, corresponde por mandato constitucional a los Municipios, los que a su vez materializan su voluntad mediante la expedición de normas de aplicación municipal.
• Conforme a lo previsto en los artículos 28, fracción IV, de la Constitución Federal y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el 37, fracción I, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, todos del Estado de Jalisco, la ley se expidió por mandato constitucional y en cumplimiento a ordenamientos aplicables a los poderes, en los tres niveles de gobierno.
• Refiere que la Ley de Ingresos del Municipio de El Arenal, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, es acorde al orden constitucional vigente; pues de los preceptos normativos se advierte que la pena contemplada por la comisión de la conducta regulada, establece con claridad el sujeto, el acto o conducta sancionable, así como los montos en razón de la gravedad de la falta.
• La ley impugnada cumple con los parámetros de legalidad suficientes para ser considerada constitucional, a la luz de los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
• La porción normativa impugnada, no restringe el derecho a la libertad de reunión, reconocido en el artículo 9o. de la Constitución Federal, y numerales diversos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, porque con la aprobación de los preceptos impugnados, el legislador persigue sancionar conductas individuales, que puedan alterar el orden público y afecte la tranquilidad y seguridad de terceros.
• Lo que se pretende es sancionar la omisión de contribuir con la obligación que tiene el Municipio al orden y la seguridad, pero de ninguna manera prohíbe o inhibe la libre reunión, únicamente fortalece el mecanismo para la atención del orden público y la seguridad de los organizadores y de terceros ajenos a la celebración.
• Al establecerse permisos para la celebración de festejos de diversa índole, la autoridad reconoce el derecho humano a la libre reunión, pero además, procura que ésta se desarrolle en condiciones de seguridad, por lo que una vez cubierto el requisito administrativo referido como la obtención de un permiso por parte de la autoridad municipal, la autoridad no solo no inhibe el derecho humano a la libertad de reunión, sino que contribuye al desarrollo de celebraciones en el marco del orden y la seguridad.
• La ley conlleva la protección de un derecho humano diverso, el derecho a la seguridad, por lo que de la lectura de los numerales 98 y 101 de la ley impugnada, éstos no trastocan ni prohíben las celebraciones contempladas por dichos preceptos, únicamente pretende regularlas.
• Debe retomarse lo resuelto por el Tribunal Pleno del Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 29/2011, en la que se aclaró que las normas jurídicas son expresadas mediante enunciados lingüísticos denominados disposiciones, y se definió el principio de taxatividad como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras, describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.
• En ese asunto, se reconoce que la precisión de las disposiciones es una cuestión de grado, por ello, lo que se busca con ese tipo de análisis es no validar las normas si y sólo si se detecta la certeza absoluta de los mensajes del legislador, ya que ello es lógicamente imposible, sino más bien lo que se pretende es que el grado de imprecisión sea razonable. Esto es, que el precepto sea lo suficientemente claro como para reconocer su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió su cometido.
• En relación con el grado de precisión que se exige en las normas penales, en dicha acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Pleno citó la jurisprudencia 1a./J. 54/2014 (10a.), de la Primera Sala, de rubro: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES. ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS."
• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que el principio de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma.
• Aplicable por analogía, el asunto citado, permite establecer la exigencia real de la norma en cuanto a la precisión en la definición de las conductas sancionables por autoridad administrativa, en el caso sanciones previstas en una ley de ingresos.
• Contrario a lo sostenido por el presidente de la República, la norma cumple con los principios de taxatividad aplicable, por cuanto define los elementos esenciales, de forma suficiente para que el ciudadano conozca que se encuentra en el supuesto de una conducta punitiva, tenga certeza sobre la conducta particular que se comete, y desde luego, la sanción que podría imponérsele de resultar culpable.
• La facultad de emitir leyes en materia de ingresos para los Municipios en el Estado, corresponde por mandato constitucional al Poder Legislativo, el que a su vez materializa su voluntad mediante la expedición o modificación de una norma.
• En el caso de Jalisco, el numeral 35 de la Constitución Local da legitimidad a los actos del Poder Legislativo, estableciéndole facultades y obligaciones, siendo la principal, emitir normas de carácter general que regulen la actividad en sociedad de los habitantes en el Estado.
• Los actos que se plantean en los preceptos impugnados son de reciente imposición, pues no se encontraban regulados de manera previa, porque resultan de una serie de necesidades y conductas sociales, susceptibles de prevenirse en materia de derecho a la seguridad.
• Contrario a lo sostenido por la parte accionante, no es posible asumir que con la entrada en vigor de la Ley de Ingresos del Municipio de El Arenal, se vulneren los derechos humanos de libre reunión, consagrado en el numeral 9o. constitucional, ello porque su vigencia no inhibe ni prohíbe o reprime, la libre reunión en el desarrollo de las celebraciones sociales, sean públicas o privadas, definidas por la ley referida.
• Con la entrada en vigor del precepto en cuestión, se actualiza y se perfeccionan los alcances de la norma, al tipificar de manera aún más descriptiva, precisa y actual, la conducta prohibida.
• Aunque el derecho impugnado impone nuevas obligaciones al ciudadano, también lo es que la jurisprudencia legitima la descripción típica de las conductas cuando se verifica la necesidad real de protección de los intereses de la comunidad, y se justifica para garantizar la pacífica convivencia de los asociados, previa evaluación de acuerdo con las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento determinado, y siempre que el poder punitivo se ejerza en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentos, de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro, lo que para el caso se traduce en exigir el aviso a la autoridad municipal mediante el trámite de un permiso para las celebraciones de tipo social, en la procuración del orden y la seguridad públicas, sin que ello implique violaciones al derecho humano de libre reunión, por cuanto la porción normativa impugnada únicamente impone la obligación de acercarse a la autoridad municipal para la obtención del permiso correspondiente, lo que de ninguna forma implica una prohibición para el desarrollo de semejantes celebraciones.
• La ley en cuestión no persigue limitar derechos humanos de los particulares sino lo contrario, conlleva mejores prácticas en materia de policía y buen gobierno, porque la ley impugnada, no contraviene derechos humanos vigentes, sino que persigue fortalecer el marco jurídico en la entidad, perfeccionando sus alcances, adecuándola a las necesidades y conductas actuales.
• Por lo que la Ley de Ingresos del Municipio de El Arenal, no es contraria a los principios de legalidad y certeza jurídica, en tanto da a conocer a los gobernados el comportamiento o conducta considerada incorrecta y, de esa manera, se colma el tipo de la infracción y se impide su aplicación arbitraria por parte de la autoridad.
• La ley aprobada no da pie a la arbitrariedad de la autoridad para elegir de forma libre una sanción distinta sobre una misma conducta y, en ese sentido, dicha sanción no podrá ser de mayor o menor grado para una misma conducta, por lo que no genera incertidumbre en el gobernado, quien no pierde certeza de la conducta y la sanción, porque ésta guarda la previsibilidad legal.
8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Por escrito recibido el diez de mayo de dos mil veintitrés por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Isidro Rodríguez Cárdenas, director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del titular del citado Poder Ejecutivo del Estado, compareció a rendir el informe solicitado en el que manifestó que los artículos cuya invalidez se demandó no son producto de un acto imputable al Gobernador Constitucional de la entidad, sino exclusivo del Poder Legislativo Local.
9. En adición a lo anterior, expresó que la promulgación del decreto impugna
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32270-b97d4209/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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