SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CON INDEPENDENCIA DE QUE OTRAS TAMBIÉN SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LO ACEPTEN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE OCTUBRE DE 2018. MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ, JOSÉ ALFONSO MONTALVO MARTÍNEZ, HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ, ANTONIA HERLINDA VELASCO VILLAVICENCIO, TAISSIA CRUZ PARCERO Y CARLOS LÓPEZ CRUZ. DISIDENTES: HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, FRANCISCO JAVIER TEODORO ARCOVEDO MONTERO Y LUIS PÉREZ DE LA FUENTE. PONENTE: HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. SECRETARIA: MARÍA ABEL RAMOS ÁVALOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, es legalmente competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 9, 17 y 27 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se suscitó entre criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación de los denunciantes. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes están facultados para denunciar los criterios posiblemente contradictorios sostenidos entre los Tribunales Colegiados del Circuito al que pertenecen, de conformidad con el precepto 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Criterios denunciados como contradictorios. Las ejecutorias en probable contradicción, en su parte conducente, son las siguientes:
I. Recurso de revisión 29/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, resuelto en sesión plenaria de veintiséis de abril de dos mil dieciocho:
"SEXTO. Inexistencia de los actos reclamados.
"Cabe precisar, que al ser el dictado de las resoluciones de amparo y su correcta formulación un aspecto de orden público, corresponde a este órgano revisor corregir de oficio cualquier incongruencia que advierta en la resolución impugnada.
"En el particular, tocante al titular de la Unidad de Gestión Judicial Seis del Tribunal Superior de Justicia, agente del Ministerio Público titular de la Unidad Uno sin Detenido de la Agencia Investigadora 75 Ter de la Fiscalía de Juzgados Familiares, secretario de Seguridad Pública y el director general de la Policía Bancaria e Industrial, todas de la Ciudad de México, se aprecia que en la resolución recurrida se sobreseyó, bajo el razonamiento de que no tenían el carácter de autoridades responsables.
"Lo anterior, se dijo, porque no emitieron, dictaron, publicaron, ni ejecutaron la orden de comparecencia reclamada, por lo que no podían considerarse como responsables en el juicio constitucional, además que de las constancias que integraban el sumario, se advertía que dichos actos fueron dictados por diversas autoridades señaladas también como responsables.
"En esa medida, de manera inapropiada se consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en el numeral (sic) 61, fracción XXIII(2) y 5o., fracción II,(3) ambos de la Ley de Amparo, en consecuencia se sobreseyó en el juicio de amparo.
"No obstante, este Tribunal Colegiado estima que si bien procede sobreseer en el juicio biinstancial respecto de las precitadas autoridades, lo es en términos del ordinal 63, fracción IV, de la ley de la materia, esto es, por inexistencia de los actos reclamados.
"En efecto, aun cuando de los informes con justificación que rindieron las citadas autoridades responsables se aprecia que negaron los actos que el quejoso señaló como reclamados, a saber, las órdenes de detención y aprehensión (que finalmente de manera correcta se acreditó como acto la orden de comparecencia), lo cierto es, que quien dictó este último fue el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad Seis, y su ejecución a cargo del jefe general de la Policía de Investigación, pues así se desprende de las constancias de autos.
"Entonces, efectuar el análisis del punto en cuestión en los términos mencionados en la resolución recurrida, va contra la certeza de la existencia de los actos reclamados, en relación a qué acto se le atribuye a cada autoridad de manera independiente, es decir, si dichos actos que se reclaman de las autoridades responsables existen o no.
"De ahí que, en virtud de que los actos reclamados a las autoridades titular de la Unidad de Gestión Judicial Seis del Tribunal Superior de Justicia, agente del Ministerio Público titular de la Unidad Uno sin Detenido de la Agencia Investigadora 75 Ter de la Fiscalía de Juzgados Familiares, secretario de Seguridad Pública, y el director general de la Policía Bancaria e Industrial, todas de la Ciudad de México, no existen, debe declararse el sobreseimiento por su inexistencia, al ser un aspecto de carácter preferente a la causal de improcedencia que estimó actualizada el Juez Federal.
"Más aún, el carácter de autoridad responsable debe observarse desde el punto de vista formal y material, es decir, por una parte, respecto de la naturaleza de la autoridad a la que se imputa la emisión del acto objeto del amparo y, por otra, que ese ente no se atribuya de manera incorrecta facultades que no le corresponden de acuerdo al ámbito de sus atribuciones.
"Por las consideraciones expuestas, procede sobreseer en el juicio de amparo por inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades, de conformidad con el numeral 63, fracción IV, de la ley de la materia.(4)
"En sustancial relación con lo señalado, el recurrente refiere en vía de agravio que, en el particular reclamó las órdenes de detención y aprehensión, pero en sentencia se estableció que el acto reclamado era la orden de comparecencia, por lo que indebidamente se sobreseyó, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al ordinal 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, es decir que, el titular de la Unidad de Gestión Judicial Seis del Tribunal Superior de Justicia, agente del Ministerio Público titular de la Unidad Uno sin Detenido de la Agencia Investigadora 75 Ter de la Fiscalía de Juzgados Familiares, secretario de Seguridad Pública, y el director general de la Policía Bancaria e Industrial, todas de la Ciudad de México, bajo el argumento que no eran autoridades responsables.
"Argumento que es inoperante.
"Como se aprecia, el motivo de impugnación va encaminado a controvertir la causa de improcedencia que analizó el juzgador de amparo, no obstante, en el particular, este Tribunal Colegiado observó la causal de sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados, de ahí que, no existe materia que analizar en lo impugnado.
"...
"En el orden apuntado, al resultar inoperantes e infundados los agravios hechos valer, procede confirmar la sentencia recurrida por diversas razones, sobreseer en el juicio de amparo y negar la protección de la Justicia Federal.
"Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e), y 84 de la ley de la materia, 37, fracción II, y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se
"Resuelve:
"Primero. Se confirma la sentencia recurrida, por diversas razones.
"Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando sexto de este fallo.
"Tercero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso **********, contra los actos y autoridades señalados en el considerativo quinto, acorde a las razones y fundamentos expresados en esta ejecutoria.
"Notifíquese; con testimonio de la presente sentencia, vuelvan los autos al Juzgado de Distrito y solicítese acuse de recibo; remítase copia autorizada a las autoridades responsables; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
"Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Alejandro Gómez Sánchez (presidente), Mario Ariel Acevedo Cedillo (ponente) y José Alfonso Montalvo Martínez.
"Firman los ciudadanos Magistrados que integran el tribunal, ante el secretario de Acuerdos que da fe."
"II. Recurso de revisión 1045/2005, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, resuelto en sesión de nueve de junio de dos mil cinco:
"SEXTO. Los agravios hechos valer por el quejoso, son infundados e inoperantes, en atención a las siguientes razones.
"En primer término, son inoperantes los argumentos del inconforme en que aduce que el Juez Federal incurrió en violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el 73, fracciones I, V, y VI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
"En efecto, no puede atribuirse a los Jueces de Distrito, violación a garantías individuales ni transgresión a preceptos del orden común, cuando actúan como órganos de amparo, pues sus sentencias tienen por objeto precisamente resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables.
"Así, si a los Jueces de Distrito atañe salvaguardar los derechos fundamentales de los gobernados, sujetándose a las prescripciones de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, entonces sólo puede atribuírseles la inobservancia de los preceptos correspondientes a tales ordenamientos legales, que regulan sus actuaciones, por consiguiente, procede examinar sus determinaciones al tenor de los mismos.
"Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 2/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/94, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito, publicada en la página cinco, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (transcribió texto)
"También es aplicable la tesis VII.1o.C. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyo criterio este órgano colegiado comparte, visible en la página novecientos cincuenta, del Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON CUANDO SE IMPUTA AL JUEZ DE DISTRITO VIOLACIÓN A DISPOSICIONES DEL ORDEN COMÚN.’ (transcribió texto)
"Por otra parte, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, este tribunal analizará si el sobreseimiento decretado por el Juez Federal se ajustó a derecho, dado que el juzgador de garantías se basó, para hacerlo, en una causal de improcedencia, cuyo estudio es de orden público, en términos del artículo 73, último párrafo, de la ley de la materia.
"En este orden de ideas, tenemos que en primer lugar, por lo que hace a la emisión del oficio **********, reclamado al visitador general y agente del Ministerio Público visitador, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el primero negó el acto reclamado, en tanto que del informe con justificación del segundo, se advirtió que él no emitió el indicado oficio, de veinticuatro de enero de dos mil cinco; en esa tesitura, toda vez que el quejoso no desvirtuó tal circunstancia, el Juez Federal determinó sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, al considerar inexistente el acto que se reclamó de tales autoridades.
"Lo anterior no se comparte, pues como se advierte de las constancias que integran el juicio constitucional, es claro que el acto reclamado sí existe, pues el veinticuatro de enero de dos mil cinco, el agente del Ministerio Público supervisor adscrito a la Fiscalía de Revisión ‘A’, Agencia de Revisión ‘C’ y Unidad de Revisión ‘C-1’, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, emitió el oficio 103-100/0251/2005; en estas condiciones, lo cierto es que el visitador general y agente del Ministerio Público visitador, no intervinieron en su emisión.
"Esto es así, pues no resulta lógico ni jurídico sostener que el acto reclamado, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica de un quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras.
"De lo expuesto, se concluye que por el visitador general y agente del Ministerio Público visitador, se actualiza una causal de improcedencia diversa a la considerada por el Juez Federal, establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el invocado numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, por lo que no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo del que emana la sentencia que se revisa.
"Consecuentemente, si bien debe sobreseerse en el juicio por lo que a tales autoridades corresponde, debe ser por causas diversas a las estimadas por el a quo.
"...
"Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 77, 80, 184, 188, 190 y 191 de la Ley de Amparo; y 41, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se:
"Resuelve:
"Primero. Se confirma la sentencia que se revisa, únicamente en su sentido, aunque por causas diversas a las señaladas por el Juez de Garantías.
"Segundo. Se sobresee el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al visitador general y agente del Ministerio Público visitador, así como el atribuido al agente del Ministerio Público supervisor adscrito a la Fiscalía de Revisión ‘A’ de la Visitaduría General, todos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, precisados en el resultando primero del presente fallo.
"Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria devuélvanse los autos al Juez de Distrito, envíese copia certificada de la misma al visitador general y agentes del Ministerio Público visitador y supervisor, adscritos a la Fiscalía de Revisión ‘A’ de la Visitaduría General, todos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
"Así lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: presidenta Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig, María Eugenia Estela Martínez Cardiel y Manuel Bárcena Villanueva, siendo ponente el tercero de los nombrados, quienes firman con la secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe."
CUARTO.—Constatación de la contradicción de criterios. Acorde con el artículo 225 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción de tesis se establece al dilucidar los criterios discrepantes que sostienen, en este caso, Tribunales Colegiados de Circuito.
La finalidad de resolver una contradicción de tesis, radica en la necesidad de dotar de seguridad jurídica; por tanto, para establecer si existe o no la contradicción, es necesario que dos o más Tribunales Colegiados de Circuito adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
Así, es necesario realizar un estudio comparativo de las ejecutorias denunciadas en aparente conflicto, a efecto de corroborar si existe o no un criterio discrepante con relación a un mismo punto de derecho.
I. Ambos Tribunales Colegiados de Circuito determinaron que cuando las autoridades señaladas como responsables niegan la existencia de los actos que se les atribuyen procede sobreseer en el juicio de amparo. Por tanto, sobre ese punto no existe motivo alguno de controversia. Sin embargo, en cuanto a cuál es la causal de sobreseimiento que se actualiza, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes fueron discordantes, como enseguida se expone.
A. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 29/2018, consideró que si una o varias autoridades responsables negaran el acto reclamado en tanto que otras lo aceptaran, con relación a las primeras procede sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto reclamado.
B. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 1045/2005, determinó que si una o más autoridades negaran el acto reclamado, mientras que otras lo aceptaron, respecto de las primeras procede sobreseer en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 11, de la citada ley reglamentaria (hipótesis previstas en los artículos 63, fracción V, 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo vigente), pues dijo el acto reclamado sí existe.
II. Como puede advertirse, la contradicción de criterios resultó, porque uno de los Tribunales Colegiados de Circuito consideró que cuando una o más de las autoridades señaladas como responsables, niegan haber emitido el acto reclamado, aunque otra lo acepte, procede decretar por aquéllas, el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados. Mientras que el otro Tribunal Colegiado de Circuito, determinó que ante la negativa de una o más autoridades responsables de la existencia del acto reclamado, cuando otras autoridades también señaladas como responsables lo admite, procede sobreseer en el juicio, porque aquéllas no tienen el carácter de responsables.
Así, la materia de esta contradicción, es la relativa a determinar, si en caso de que las autoridades responsables nieguen el acto reclamado, cuando en el juicio de amparo se demostró su existencia emitido por otras autoridades también señaladas como responsables, debe decretarse el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo (inexistencia del acto), o bien, lo procedente es declarar el sobreseimiento, de conformidad con la fracción V del citado artículo 63, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, de la legislación citada, relativa a que no tienen el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo.
No es obstáculo para considerar que existe la contradicción, el hecho de que uno de los Tribunales Colegiados de Circuito haya resuelto conforme a la Ley de Amparo vigente, y el otro de acuerdo con lo establecido en la Ley de Amparo abrogada, pues ya la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia5 2a./J. 87/2000 en el sentido de que basta la identidad de contenido normativo entre las leyes aplicadas para que exista la contradicción de tesis y en el caso se advierte que las hipótesis de los artículos 74, fracción III, 73, fracción XVIII y 11, todos de la Ley de Amparo abrogada, coinciden con las establecidas en los artículos 63, fracción V, 61, fracción XVIII y 5o., fracción II, de la actual Ley de Amparo, como se advierte del cuadro siguiente:
Ver cuadro
Por otra parte, no pasa inadvertido que el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ha sido materia de diversas denuncias de contradicción, una ante este Pleno de Circuito y otras ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, ello tampoco es obstáculo para resolver el fondo de la presente contradicción de tesis, pues respecto a la resuelta por este Pleno de Circuito se declaró improcedente y, las tramitadas ante la Suprema Corte, inexistentes, como se advierte de la siguiente información.
1. La contradicción de tesis 1/2017, resuelta en sesión de once de julio de dos mil diecisiete, por el Pleno en Materia Penal de este Primer Circuito, entre el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito de la misma materia y sede, al resolver el recurso de revisión 233/2016 y el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en la propia especialidad y circunscripción, al fallar el amparo en revisión 975/2005, que originó la jurisprudencia I.5o.P. J/3, no obstante que se estimó existía la contradicción denunciada, se declaró improcedente.
Lo anterior, pues aunque se advirtió que ambos órganos resolvieron la misma cuestión jurídica en diferente sentido, dado que el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que bastaba que alguna o algunas de las autoridades señaladas como responsables negaran el acto que se les atribuía (con independencia de que otras lo aceptaran), y la parte quejosa no desvirtuara tal negativa, para que con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se decretara el sobreseimiento respecto de dichas autoridades. Ello de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES."6
En tanto que el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo lo contrario, al afirmar que la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo abrogada, sólo es aplicable cuando todas las autoridades señaladas como responsables niegan la existencia del acto que se les atribuye y no se demuestra lo contrario, mas no si se acredita que el acto existe respecto de alguna autoridad. Así, en cuanto a las que no se demuestre su intervención en el acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, con relación al 11, ambos de la ley de la materia, pues al no haber emitido, dictado, publicado ni ejecutado el acto reclamado, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo; por tanto, deberá sobreseerse en cuanto a esas autoridades en términos del artículo 74, fracción III, y no IV, del citado ordenamiento.
Sin embargo, se reitera, se declaró improcedente la denuncia de contradicción de tesis, toda vez que el primero de los órganos colegiados, resolvió conforme a la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual precisó "resulta aplicable de manera obligatoria", sin agregar mayores razonamientos a los contenidos en dicha jurisprudencia, lo que hizo concluir que en realidad la oposición se planteó entre la jurisprudencia del Pleno del Máximo Órgano de Justicia del País y la emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y ello hizo ineludible declarar improcedente la denuncia relativa.
2. La contradicción de tesis 41/2007, entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 1972/2006 y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al fallar el juicio de amparo en revisión 975/2005, –y en iguales términos al decidir los amparos 1045/2005, 1115/2005, 895/2005 y 1055/2005–, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil siete, se declaró inexistente.
Expuso, el Máximo Tribunal, que de la lectura de los aspectos destacados en las ejecutorias mencionadas, se desprende que los citados Tribunales Colegiados de Circuito, no se pronunciaron en torno a un problema jurídico cuyas características y antecedentes resulten ser esencialmente idénticos sino que, parten de distintos supuestos y temas a estudiar.
Reiteró que la cuestión a resolver se presentó respecto de dos temas derivados de supuestos distintos porque:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito parte de un supuesto en el que, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse clara y precisamente los actos reclamados materia de la litis y las pruebas conducentes para tenerlos como acreditados. Y que si éstos, son negados por parte de las autoridades responsables señaladas por el quejoso, sin prueba alguna presentada por el recurrente que demuestre lo contrario, es evidente que el acto reclamado no existe, lo que actualiza el sobreseimiento previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Ahora bien, siguió diciendo el Máximo Tribunal, el mismo órgano colegiado adujo que si, posteriormente, una autoridad distinta a las señaladas como autoridades responsables por el quejoso acepta el acto reclamado, ello no constituye un impedimento para fundar el sobreseimiento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo antes mencionado, como sucedió en el amparo en revisión 1972/2006, materia del criterio del órgano denunciante de la contradicción. Más aún, que en el caso resuelto por el mismo Tribunal Colegiado de Circuito, se consideró que no fue correcto siquiera que se haya tenido por demostrado aquél acto reclamado.
Por otro lado, dijo la Sala de la Suprema Corte, que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito partió de un supuesto distinto, pues en el caso, el quejoso en un principio al interponer un amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito por diverso acto de autoridad7 –probablemente violatorio de sus garantías individuales– señaló –erróneamente– un conjunto de autoridades responsables a las que atribuyó de manera igual el acto reclamado, omitiendo fijar clara, precisa e individualizadamente qué reclamaba de cada una de ellas. De ahí que como resultado esperado, las autoridades responsables que no habían intervenido en dicho acto, lo negaran sin que hubiera alguna prueba que desvirtuara lo contrario, y el Juez del conocimiento, inadvirtiendo el caso en su completitud, y sin prevenir al quejoso, sobreseyó por no existir el acto reclamado con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, sin obstáculo para ello que hubiera otras autoridades que aceptaran su existencia, pues las negativas primeras no podían ser desvirtuadas.
Consecuentemente, consideró la Suprema Corte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al observar la omisión del a quo, señaló el incumplimiento de lo dispuesto en el ya mencionado artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues si bien a pesar de que ciertos funcionarios hayan negado su intervención en la emisión de los actos señalados como reclamados por el recurrente, y que éste no lo haya desvirtuado, lo cierto era que, tales resoluciones sí existieron, aunque fueron emitidas por otras autoridades –que también habían sido señaladas como responsables– de manera que no era válido sostener su inexistencia.
De ahí que, el Tribunal Colegiado de Circuito advirtiera que en el caso de aquellas autoridades señaladas como responsables que habían negado el acto reclamado, se debía actualizar la hipótesis prevista en el artículo 74, fracción III, en relación con los artículos 73, fracción XVIII y 11, todos de la Ley de Amparo, esto es: que se sobreseía por la actualización de una causal de improcedencia, que encontraba su aplicación a contrario sensu en la disposición que define a la autoridad responsable.8
Conforme a lo anterior, concluyó la Primera Sala, que no existió la contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes por partir de supuestos diferentes y resolverlos, más aún, de manera distinta. Sin que pasara desapercibido por esa Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en la misma ejecutoria 1972/2006 emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito denunciante, la resolvió tomando como base a contrario sensu la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, esto es, haciendo observaciones contrarias para resolver el amparo en revisión, mas ello no implica, dijo, una necesaria contradicción de criterios cuando se parte de estudios diferentes, aunque de la misma fonética y lectura de las tesis de ambos Tribunales Colegiados de Circuito, parezca que se parten de los mismos supuestos.
Incluso, en la misma denuncia de contradicción de tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al citar el criterio del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito, indujo a lo antes explicado, pues este último señaló que sí es posible sobreseer por medio del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo como bien ha insistido el órgano colegiado denunciante, pero siempre y cuando todas las autoridades señaladas como responsables niegan la existencia del acto que se les atribuye, como bien ocurrió en el supuesto presentado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, pues todas las autoridades responsables negaron el acto reclamado, y quien aceptó dicha existencia fue una autoridad distinta de las señaladas.
Además, no encontró contradicción alguna respecto al concepto de autoridad que cada Tribunal Colegiado de Circuito mencionó, pues además de surgir de un supuesto diferente en cada uno de los casos, ambos criterios son compatibles, ya que si bien uno fundamenta las características fundamentales de la autoridad responsable en un artículo expreso de la Ley de Amparo, el otro parte de una interpretación correcta de lo que constituye dicha autoridad, criterio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28344-b91473a6/sobreseimiento-en-el-juicio-de-amparo-procede-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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