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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE REALIZARSE UNA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL REQUISITO DE PERMANENCIA EN EL CARGO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 34, FRACCIÓN II, INCISO E), EN RELACIÓN CON EL INCISO F) DE LA FRACCIÓN I, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN II, INCISO A), EN RELACIÓN CON EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A EFECTO DE QUE NO VULNEREN ESTE DERECHO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 448/2016. · Registro digital (IUS): 28620
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Pág. 141.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 448/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ARTURO BÁRCENA ZUBIETA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día 11 de septiembre de 2018.

VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 448/2016, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Mediante oficio de fecha 8 de diciembre de 2016, el Ministro Javier Laynez Potisek denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio que sostuvo la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 590/2013, y el sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 85/2016, 352/2016 y 374/2016.

SEGUNDO.—Trámite ante la Suprema Corte. Mediante auto de 5 de enero de 2017, el presidente de la Suprema Corte admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, la registró con el número 448/2016 y solicitó requerir a las Secretarías de Acuerdos de la Primera y Segunda Salas para que remitieran copia certificada de las resoluciones de los amparos en revisión 590/2013, 85/2016, 352/2016 y 374/2016, al igual que el soporte electrónico que contuvieran dichas sentencias. Adicionalmente, ordenó turnar el asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a fin de que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción I, de la Ley de Amparo; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y por el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional, y 227, fracción I, en relación con el artículo 226, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Ministro Javier Laynez Potisek.

TERCERO.—Criterios denunciados. En este considerando se sintetizan los antecedentes de los casos que dieron lugar a las ejecutorias cuya contradicción se denuncia, así como los argumentos que las sustentan y los criterios adoptados por ambas Salas exclusivamente en relación con los temas que se abordarán en la presente contradicción de tesis:

I. Sentencia de la Primera Sala, en el amparo en revisión 590/2013.

A continuación, se presentan los antecedentes del caso, la argumentación de la sentencia de la Primera Sala y las tesis aisladas que recogen los criterios establecidos en la ejecutoria.

1. Antecedentes

El Juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión por el delito de ejercicio indebido de servicio público en contra de **********, quien en ese momento se desempeñaba como agente del Ministerio Público de la Federación. Derivado de esta situación, la titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra Derechos de Autor y Propiedad Industrial presentó una queja ante el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República con la finalidad de que se iniciara el procedimiento administrativo de separación del cargo del funcionario sujeto a proceso penal.

Con fundamento en el inciso e) de la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el inciso f) de la fracción I del citado precepto, el secretario instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República inició el procedimiento administrativo de separación del cargo de agente del Ministerio Público de la Federación en contra de **********.

En contra del acuerdo de inicio del procedimiento en cuestión, el acusado promovió juicio de amparo indirecto en el que impugnó, entre otras cosas, la constitucionalidad del inciso e) de la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el inciso f) de la fracción I del citado precepto, con el argumento de que la porción normativa en cuestión vulneraba el derecho a la presunción de inocencia. Al respecto, el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo. Inconforme con la resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió revocar la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento para que se allegaran copias certificadas del expediente administrativo generador de los actos reclamados. En cumplimiento de esa determinación, el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal volvió a dictar sentencia en la que negó el amparo respecto de la ley impugnada. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso un segundo recurso de revisión. En esta ocasión, el Tribunal Colegiado determinó que carecía de competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad del inciso e) de la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, remitió los autos a esta Suprema Corte y se reservó la competencia para conocer los planteamientos de legalidad.

La Primera Sala de esta Suprema Corte negó el amparo en contra del inciso e) de la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al considerar que era susceptible de una interpretación conforme a la luz del derecho fundamental a la presunción de inocencia que evitaba que fuera declarado inconstitucional. Así, reservó jurisdicción al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para que se pronunciara sobre los agravios de legalidad relacionados con el procedimiento de separación, en el entendido de que debía acatar la interpretación conforme de la porción normativa impugnada realizada en la sentencia que resolvió el recurso de revisión.

2. Argumentación de la sentencia

El Pleno de este Alto Tribunal sostuvo en la acción de inconstitucionalidad 4/2006(1) que "dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos ... aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza" (cursivas añadidas).

Al respecto, esta Suprema Corte ha sostenido que la presunción de inocencia es un derecho fundamental aplicable al derecho administrativo sancionador. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 200/2013, el Pleno sostuvo que la presunción de inocencia es un derecho fundamental de todo ciudadano, aplicable y reconocible a las personas que pudiesen estar sometidas a un procedimiento administrativo sancionador, aclarando que este derecho fundamental aplica modularmente al procedimiento administrativo sancionador. En cuanto al contenido de este derecho, en el amparo en revisión 349/2012, la Primera Sala identificó tres vertientes de la presunción de inocencia en sede penal: (1) como regla de trato procesal; (2) como regla probatoria; y, (3) como estándar probatorio o regla de juicio, cuyo contenido ha sido desarrollado y precisado en varios asuntos posteriores.

Ahora bien, en el caso concreto se planteó que una norma general de derecho administrativo vulnera el principio de presunción de inocencia. Para poder responder a esta cuestión, la Primera Sala ha desarrollado la metodología que permite establecer sucesivamente varias premisas hasta llegar al estudio del problema de constitucionalidad: (i) determinar si las normas impugnadas regulan efectivamente un procedimiento administrativo sancionador o un procedimiento donde se pueda obtener evidencia que después pueda ser utilizada en un procedimiento administrativo sancionador; (ii) precisar cuál es el contenido del derecho o garantía penal cuya violación se esté aduciendo; (iii) aclarar si el derecho en cuestión es compatible con el derecho administrativo sancionador; (iv) modular el contenido que el derecho fundamental invocado tiene en sede penal para poder trasladarlo al procedimiento administrativo sancionador; y, (v) finalmente, contrastar la disposición impugnada con el contenido que se determinó para el derecho en sede administrativa.

Respecto del examen que debe realizarse en la grada identificada con el inciso (i), debe señalarse que el procedimiento de separación del cargo regulado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República no constituye propiamente un procedimiento administrativo sancionador, sino un procedimiento de separación del servicio por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia que no conlleva una sanción propiamente dicha.

De esta manera, esta Primera Sala entiende que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que no puede aplicarse directamente al procedimiento de separación del cargo al que fue sometido el quejoso, porque no se trata de un procedimiento administrativo sancionador. En este sentido, no se cumplen los presupuestos que esta Suprema Corte ha establecido para poder llevar a cabo el traslado de un derecho fundamental o garantía de naturaleza penal al contexto de los procedimientos administrativos

Con todo, la anterior conclusión no comporta que la presunción de inocencia de la que goza toda persona sujeta a proceso penal no pueda tener una incidencia indirecta o un efecto reflejo en otros procedimientos o ámbitos donde se establezcan consecuencias desfavorables a una persona por el simple hecho de estar sujeto a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado también establece la forma en la que debe tratarse fuera del proceso a una persona que está sometida a proceso penal. Más específicamente, en estos casos la finalidad de esta vertiente de la presunción de inocencia consiste en impedir que fuera del proceso penal se aplique cualquier tipo de medida desfavorable asociada al simple hecho de que una persona esté sujeta a proceso, evitando así que, a través de esas medidas, se haga una equiparación entre imputado y culpable en ámbitos extraprocesales.

De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala estima necesario hacer una interpretación conforme del inciso e) de la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el inciso f) de la fracción I del citado precepto; de tal forma que se interprete que cuando un agente del Ministerio Público Federal esté sujeto a proceso penal debe ser suspendido de su cargo hasta en tanto se resuelva el proceso penal correspondiente, de tal modo que si dicho proceso penal no culmina con el dictado de una sentencia en la que se declare la plena responsabilidad penal del agente respectivo, éste pueda ser reinstalado. En cambio, si el proceso penal respectivo concluye con el dictado de una sentencia en la que se declare la culpabilidad del agente en cuestión, entonces, la suspensión decretada válidamente podrá derivar en una separación definitiva.

3. Criterios derivados de la sentencia

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO DEL IMPUTADO EN MATERIA PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL PUEDE TENER UN EFECTO REFLEJO EN OTROS PROCEDIMIENTOS O ÁMBITOS DONDE SE ESTABLEZCAN CONSECUENCIAS DESFAVORABLES PARA UNA PERSONA SUJETA A PROCESO PENAL. La presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado no sólo determina la forma en la que debe tratarse a éste en el marco del proceso penal, sino que también establece la manera en la que debe tratarse al imputado ‘fuera del proceso’. En este caso, la finalidad de esta vertiente de la presunción de inocencia consiste en impedir que fuera del proceso penal se aplique cualquier tipo de medida desfavorable asociada al simple hecho de que una persona esté sujeta a proceso, evitando así que a través de esas medidas se haga una equiparación entre imputado y culpable en ámbitos extraprocesales. De esta manera, la presunción de inocencia de la que goza toda persona sujeta a proceso penal puede tener un ‘efecto reflejo’ en otros procedimientos o ámbitos donde se establezcan consecuencias desfavorables a una persona por el simple hecho de estar sujeta a proceso penal."(2)

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO DEL IMPUTADO. EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN II, INCISO E), EN RELACIÓN CON SU FRACCIÓN I, INCISO F), DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEBE INTERPRETARSE DE CONFORMIDAD CON AQUEL DERECHO FUNDAMENTAL. El inciso e) de la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el inciso f) de la fracción I del citado precepto, debe interpretarse de conformidad el derecho a la presunción de inocencia, de tal manera que cuando un agente del Ministerio Público Federal esté sujeto a proceso penal debe ser suspendido de su cargo hasta en tanto se resuelva el proceso penal correspondiente, de tal modo que si dicho proceso penal no culmina con el dictado de una sentencia en la que se declare la plena responsabilidad penal del agente respectivo, éste pueda ser reinstalado. En cambio, si el proceso penal respectivo concluye con el dictado de una sentencia en la que se declare la culpabilidad del agente en cuestión, entonces la suspensión decretada válidamente podrá derivar en una separación definitiva."(3)

II. Sentencias dictadas por la Segunda Sala

A continuación, se exponen los antecedentes de las tres ejecutorias que dieron lugar a la denuncia de contradicción, para, posteriormente, presentar en un solo apartado los argumentos que centralmente sustentan las tres sentencias de la Segunda Sala y el criterio de solución que puede extraerse de esos precedentes, sin que hasta el momento éste haya sido recogido en una tesis aislada.

1. Antecedentes

A. Amparo en revisión 352/2016

El Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz dictó auto de formal prisión por el delito de extorsión agravada en contra de **********, quien en ese momento se desempeñaba como agente del Ministerio Público de la Federación. Derivado de esta situación, el delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Veracruz presentó una queja administrativa ante el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República con la finalidad de que se iniciara el procedimiento administrativo de separación del cargo del funcionario sujeto a proceso penal.

Con fundamento en el inciso e) de la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la secretaria instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República inició el procedimiento administrativo de separación del cargo de agente del Ministerio Público de la Federación en contra de **********.

En contra del acuerdo de inicio del procedimiento en cuestión, el acusado promovió juicio de amparo indirecto en el que impugnó, entre otras cosas, la constitucionalidad del inciso e) de la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el inciso f) de la fracción I del citado precepto, con el argumento de que la porción normativa en cuestión vulneraba el derecho a la presunción de inocencia. Superados diversos temas competenciales, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz determinó sobreseer en el juicio de amparo. Inconforme con esa decisión, el quejoso interpuso recurso de revisión.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito resolvió revocar la sentencia recurrida respecto del sobreseimiento de las normas generales impugnadas y dejó a salvo la jurisdicción de esta Suprema Corte para conocer, entre otras cosas, de la impugnación del inciso e) de la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el inciso f) de la fracción I del citado precepto. Posteriormente, la Segunda Sala de esta Suprema Corte negó el amparo en contra de la porción normativa centralmente con la argumentación que más adelante se expone.

B. Amparo en revisión 374/2016

El Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México dictó auto de formal prisión por el delito de uso de copia de documento público falso en contra de **********, quien en ese momento ostentaba el cargo de inspector jefe de la Policía Federal Ministerial. Derivado de esta situación, el director general de Servicios Especiales de Seguridad y Protección a Personas, encargado del despacho de la Policía Federal Ministerial, en suplencia por ausencia del titular de la Policía Federal Ministerial, presentó queja ante el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República con la finalidad de que se iniciara el procedimiento administrativo de separación del cargo del funcionario sujeto a proceso penal.

Con fundamento en el inciso a) de la fracción II del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el inciso b) de la fracción I del citado precepto, la secretaria instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización inició el procedimiento administrativo de separación del cargo de agente del Ministerio Público de la Federación en contra de **********.

En contra del acuerdo de inicio del procedimiento en cuestión, el acusado promovió juicio de amparo indirecto en el que impugnó la constitucionalidad del inciso a) de la fracción II del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el inciso b) de la fracción I del citado precepto, con el argumento de que la porción normativa en cuestión vulneraba el derecho a la presunción de inocencia. El Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó sobreseer en el juicio de amparo. Inconforme con esa decisión, el quejoso interpuso recurso de revisión.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió revocar la sentencia recurrida respecto de las normas generales impugnadas y dejó a salvo la jurisdicción de esta Suprema Corte para conocer de la impugnación del inciso a) de la fracción II del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el inciso b) de la fracción I del citado precepto. Posteriormente, la Segunda Sala de esta Suprema Corte negó el amparo en contra de la porción normativa centralmente con la argumentación que más adelante se expone.

C. Amparo en revisión 85/2016

El Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México dictó auto de formal prisión por el delito de cohecho en contra de **********, quien en ese momento ostentaba el cargo de agente federal de Investigación de la Policía Federal Ministerial. Derivado de esta situación, el titular de la Policía Federal Ministerial presentó queja ante el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República con la finalidad de que se iniciara el procedimiento administrativo de separación del cargo del funcionario sujeto a proceso penal.

Con fundamento en el inciso a) de la fracción II del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el inciso b) de la fracción I del citado precepto, el secretario general instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización inició el procedimiento administrativo de separación del cargo de agente federal de investigación a **********.

En contra del acuerdo de inicio del procedimiento en cuestión, el acusado promovió juicio de amparo indirecto en el que impugnó, entre otras cosas, la constitucionalidad del inciso a) de la fracción II del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el inciso b) de la fracción I del citado precepto, con el argumento de que la porción normativa en cuestión vulneraba el derecho a la presunción de inocencia. El Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México determinó negar el amparo respecto de la citada porción normativa. Inconforme con esa decisión, el quejoso interpuso recurso de revisión.

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió remitir los autos a esta Suprema Corte para conocer de la impugnación del inciso a) de la fracción II del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el inciso b) de la fracción I del citado precepto. Posteriormente, la Segunda Sala de esta Suprema Corte confirmó la negativa del amparo en contra de la porción normativa centralmente con la argumentación que a continuación se expone:

2. Argumentación de las sentencias

En la acción de inconstitucionalidad 4/2006, el Pleno de la Suprema Corte sostuvo que entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador existen ciertas similitudes debido a que ambas son manifestaciones inequívocas de la potestad punitiva del Estado, siendo la sanción una reacción frente a la comisión de lo ilícito o la antijurídico. En esta línea, se señaló que en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse válidamente a los principio penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza y, en consecuencia, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal.

Con posterioridad, al resolver la contradicción de tesis 200/2013, el Pleno sostuvo que uno de los principios rectores del derecho penal que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de todo ciudadano, aplicable y reconocible a las personas que pudiesen estar sometidas a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder sancionador del Estado, a través de autoridad competente, aclarando que dicho principio aplica modularmente al procedimiento administrativo sancionador.

Ahora bien, el procedimiento administrativo sancionador es distinto al procedimiento por el cual se verifica el cumplimiento de los diversos requisitos de permanencia dentro del servicio civil de carrera, que constituyen el marco laboral-administrativo que rige las relaciones entre el Estado y sus miembros, y que deriva de la libertad configurativa que se otorgó al legislador federal. Así, de no cumplirse con los requisitos de permanencia, la institución que corresponda estará en aptitud de separar al servidor público de su cargo. De esta manera, es evidente que un procedimiento de separación no puede constituirse como un procedimiento administrativo sancionador, en tanto que la característica esencial para que sea considerado con tal carácter es que el Estado actúe en ejercicio del ius puniendi.

Consecuentemente, si la finalidad del procedimiento es la separación del servidor público por incumplimiento de los requisitos de permanencia en el servicio, cuya satisfacción determinan la subsistencia en la relación laboral-administrativo del servidor público con el Estado, entonces es inconcuso que aquél no actúa como ente punitivo en términos de sus facultades constitucionales, por lo que tampoco serían aplicables los principios del derecho penal, como el derecho a la presunción de inocencia.

Así, al tratarse en todos los casos de procedimientos administrativos de separación y no de procedimientos sancionadores, no es posible trasladar los principios que rigen en el derecho penal y, por ende, no puede alegarse la transgresión a ese principio dentro de los procedimientos de separación instaurados.

3. Criterio derivado de las sentencias

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN Y POLICÍAS FEDERALES MINISTERIALES, POR NO ACREDITARSE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESULTA INAPLICABLE ESE PRINCIPIO. El procedimiento de separación contenido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por no acreditarse los requisitos de permanencia previstos en los artículos 34, fracciones I, inciso f), y II, inciso e), así como 35, fracciones I, inciso b), y II, inciso a), ambos del ordenamiento legal referido, versa únicamente sobre el posible incumplimiento de aquellas exigencias que deben satisfacerse para seguir ejerciendo el cargo asignado y que, en términos del precepto 123, apartado B, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas de los Estados están facultadas para establecerlas con libertad de configuración; por tanto, la separación de agentes del Ministerio Público de la Federación y de la Policía Federal Ministerial deriva específicamente del marco administrativo-laboral especial que rige las relaciones entre el Estado y sus miembros, resultando inconcuso que ese procedimiento no se asemeja a uno de naturaleza administrativa sancionatoria, pues este último se caracteriza por la actuación del Estado como ente punitivo en términos de sus facultades constitucionales en un plano de supra a subordinación. En consecuencia, dentro de los procedimientos de separación de los servidores públicos mencionados, es inaplicable el principio constitucional de presunción de inocencia, en virtud de que éste sólo es exigible cuando en el procedimiento subyace el ejercicio de una facultad punitiva del Estado y no una relación de coordinación, aun cuando ésta derive de un régimen especial regulado por normas de carácter administrativo, en términos del citado artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional."(4)

CUARTO.—Análisis de los criterios denunciados. En primer lugar, esta Suprema Corte recuerda que para poder determinar si existe una contradicción de tesis debe verificarse que se cumplan los siguientes requisitos: (i) los órganos contendientes deben sostener tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado en un tramo de su razonamiento con la finalidad de justificar una determinada decisión a través de argumentos jurídicos; y, (ii) los criterios deben discrepar sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Pleno de este Alto Tribunal considera que sí existe la contradicción de tesis denunciada. En el presente asunto, las sentencias de las Salas de esta Suprema Corte derivaron de procedimientos administrativos de separación del cargo de funcionarios públicos regulados en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En todos los casos, los quejosos impugnaron la constitucionalidad de la citada ley con el argumento de que el requisito de permanencia en el cargo, consistente en "no estar sujeto a proceso penal", vulneraba el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Como se explica a continuación, las Salas de la Suprema Corte adoptaron criterios contradictorios sobre este punto de derecho:

Al resolver el amparo en revisión 590/2013, la Primera Sala determinó que el procedimiento de separación del cargo por incumplimiento de los requisitos de permanencia regulado en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República no constituye propiamente un procedimiento administrativo sancionador. En consecuencia, la Primera Sala entendió que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que no puede aplicarse directamente al procedimiento de separación del cargo. Con todo, también aclaró que esta situación no implica que el derecho a la presunción de inocencia del que goza un acusado en un proceso penal no pueda tener una incidencia indirecta o un efecto reflejo en otros procedimientos o ámbitos donde se establezcan consecuencias desfavorables a una persona por el simple hecho de estar sujeto a un proceso penal.

En este sentido, la Primera Sala determinó que el derecho a la presunción de inocencia del acusado dentro del procedimiento penal en su vertiente de regla de tratamiento lo protege en contra de las leyes que contemplen la consecuencia jurídica consistente en la "separación del cargo" en procedimientos administrativos de verificación del cumplimiento de requisitos de permanencia en el cargo para aquellos supuestos en los que el funcionario no cumpla con la condición de "no estar sujeto a proceso penal".

No obstante, en el caso concreto, la Primera Sala estimó que el remedio para reparar la inconstitucionalidad del inciso e) de la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el inciso f) de la fracción I del citado precepto, era que el Tribunal Colegiado realizara una interpretación conforme de las porciones normativas en cuestión al momento de analizar los agravios de legalidad dirigidos en contra del acto de apli

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28620-d151a015/presuncion-de-inocencia-debe-realizarse-una-interpretacion-conforme · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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