EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA. SU VIGENCIA ES CONDICIONANTE PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. PRESCRIPCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SEPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. NO OPERA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA, AL OBTENER RESULTADO DESAPROBATORIO EN LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS, DE LOS MAGISTRADOS JESÚS DE ÁVILA HUERTA, FILEMÓN HARO SOLÍS, JOSÉ MANUEL MOJICA HERNÁNDEZ, ROBERTO CHARCAS LEÓN, OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA, SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO Y CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. PONENTE: FILEMÓN HARO SOLÍS. ENCARGADA DEL ENGROSE: CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en materia administrativa del propio Circuito.
SEGUNDO.—La ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado al resolver el recurso de revisión 323/2019, en lo conducente, dice:
"Quinto. El único agravio resulta ineficaz.
"De los antecedentes del procedimiento de separación seguido al quejoso se advierte lo siguiente:
"1. El quejoso fue evaluado por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza los días diecisiete, dieciocho y diecinueve de agosto de dos mil quince –exámenes toxicológico, médico, psicológico, poligráfico, entorno social–, en el reporte final de once de septiembre de dos mil quince, se concluyó que resultó ‘no aprobado’ (fojas 6 y de la 12 a 19 del cuaderno de pruebas);
"2. El seis de noviembre de dos mil quince, la directora de Profesionalización y Vinculación con Seguridad Nacional levantó acta administrativa de recepción de los resultados emitidos por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, respecto del quejoso (fojas 3 y 4 del cuaderno de pruebas);
"3. El ocho de enero de dos mil dieciséis se remitieron los documentos respectivos al área de Asuntos Internos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, a efecto de iniciar el procedimiento de separación correspondiente (foja 1 del cuaderno de pruebas);
"4. El treinta de octubre de dos mil diecisiete, el encargado del área de Asuntos Internos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco dictó ‘auto de avocamiento’ en el procedimiento administrativo de separación **********; al calce de este documento se advierte la leyenda ‘recibí copias de la totalidad del presente expediente **********’ (fojas 143 a 146 del cuaderno de pruebas);
"5. La audiencia de ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos se llevó a cabo el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en la que el quejoso manifestó que el procedimiento administrativo de cese ‘se encuentra totalmente prescrito.’ (fojas 149 a 168 del cuaderno de pruebas). Asimismo, se advierte que dicha audiencia continuó el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete;
"6. Por escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecisiete, el quejoso promovió juicio de amparo en el que reclamó: ‘Las violaciones en la instauración y auto de avocamiento del procedimiento administrativo de separación, que se tramita bajo el expediente **********, así como su defectuoso e ilegal emplazamiento realizado supuestamente sobre la persona del suscrito quejoso, mediante auto de avocamiento de fecha 30 de octubre del año 2017, emplazamiento realizado ilegalmente por el personal del área de Asuntos Internos, supuestamente de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco y las cuales especificaré en el capítulo correspondiente de conceptos de violación’. De dicho juicio tocó conocer al entonces Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco asignándosele el número de expediente **********;
"7. Asimismo, mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecisiete, el quejoso promovió diverso juicio de amparo en el que reclamó: ‘las violaciones de la resolución emitida por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, al no proporcionar la información correspondiente solicitada por el hoy quejoso, así como el acuerdo de fecha 23 de enero del año 2018, emitido por la autoridad sustanciadora el C. **********, en su carácter de encargado de área de Asuntos Internos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco y en el cual omite el desahogo de las pruebas que fueron admitidas al hoy quejoso, las cuales especificaré en el capítulo correspondiente a los Conceptos de Violación’. De este juicio tocó conocer al mismo Juzgado Noveno referido, en donde se le asignó el número de expediente 493/2018;
"8. En acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Juez Noveno de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco ordenó la acumulación del juicio de amparo 493/2018 al diverso 643/2017, los cuales fueron resueltos el veinte de julio de dos mil dieciocho. En la sentencia se consideró lo siguiente:
"‘... del contenido de las constancias del procedimiento en cita, mismas que fueron valoradas con anterioridad, no se advierte que el encargado del área de Asuntos Internos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco haya hecho pronunciamiento con relación a la prescripción de la facultad para incoar procedimiento en relación a la responsabilidad administrativa del ahora quejoso, no obstante que lo hizo valer.’
"Consecuentemente, en acato a la jurisprudencia a que se ha hecho mención –2a./J. 154/2010, de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SI SE ALEGA EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE ACTUALIZÓ AQUÉLLA Y NO SE ADVIERTE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE HAYA OCUPADO DE TAL ASPECTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE ESTUDIE.’–, este juzgador no puede emprender el análisis de dicho tópico, en sustitución de la responsable, pues independientemente de lo que se alegue, en estricta aplicación de la jurisprudencia aludida, este órgano jurisdiccional sólo podrá analizarlo, hasta que exista pronunciamiento expreso en ese sentido por parte de la responsable.
"...
"En mérito de lo anterior, al resultar fundado el concepto de violación que se analiza, resulta innecesario el estudio del resto de los argumentos propuestos por la parte quejosa, ya que no podría obtener mayores beneficios que los alcanzados con el motivo de disenso que fue examinado y calificado como fundado.
"...
"SEXTO.—Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 77 y 192 de la ley de la materia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso; lo anterior para que, dentro del plazo de tres días contados a partir de que cause ejecutoria esta resolución, la autoridad responsable encargado del área de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, efectúe lo siguiente:
"Deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de separación **********; a partir de la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete; hecho lo cual:
"Dicte otra resolución, en la que se pronuncie respecto a la prescripción de las facultades sancionadoras relativas al procedimiento administrativo aludido, con libertad de jurisdicción; después de ello determine lo que conforme a sus atribuciones legales corresponda.
"SÉPTIMO.—Estudio referente al juicio de amparo 493/2018.
"En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución de veintitrés de enero de dos mil dieciocho dictada dentro del procedimiento administrativo de separación **********, cesó en sus efectos.
"...
"En efecto, en el juicio de amparo 643/2017, promovido por el quejoso **********, en atención a que el encargado del área de Asuntos Internos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, no realizó pronunciamiento con relación a la prescripción de la facultad para incoar el procedimiento administrativo de separación **********, se concedió el amparo para el efecto de que se dejara insubsistente todo lo actuado en a (sic) partir de la audiencia de ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete; razón por la cual se llega a la conclusión de que cesan los efectos de la resolución de veintitrés de enero de dos mil dieciocho dictada dentro del procedimiento administrativo de separación **********.
"Esto es así, ya que se trata de cuestiones relacionadas con el desechamiento de pruebas acaecidas con posterioridad a la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que no resulta dable atender en la presente instancia constitucional los motivos de disenso correspondientes.
"9. Dicha sentencia fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver, en sesión de once de diciembre de dos mil dieciocho, el amparo en revisión 384/2018 (principal).
"10. En cumplimiento a lo anterior el encargado del área de Asuntos Internos adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco emitió el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en el que además de que ordenó ‘dejar insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de separación **********, a partir de la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, quedando intocadas las constancias y actuaciones practicadas en fechas anteriores a la que se señala en el fallo protector, esto es, al veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete’, concluyó en el sentido siguiente:
"‘Primero. No ha lugar el que opere la prescripción de la facultad sancionadora del Estado en cuanto al procedimiento especial de separación número **********, de acuerdo a los razonamientos y fundamentos antes vertidos.
"‘Segundo. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132, 133, 134 y 135 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, notifíquese y emplácese al elemento operativo encausado para que se apersone al procedimiento especial de separación con número de expediente **********, y de esta forma pueda fraguar una defensa eficaz en cuando (sic) a las conductas que se le reclaman.’
"11. Inconforme con el auto anterior, el quejoso promovió diverso juicio de amparo del que también conoció el ahora Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asignándole el número de expediente **********, resuelto mediante sentencia de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en el sentido de sobreseer el juicio en una parte y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada en el resto, tal como se advierte a continuación:
"a) En el considerando ‘tercero’ se sobreseyó en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de la Secretaría de Movilidad y su secretario, el actuario notificador adscrito al área de Asuntos Internos de la Secretaría de Movilidad, así como el director general del Centro Estatal de Control y Confianza, director del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado (cuya denominación correcta es secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública), director de Profesionalización y Vinculación con Seguridad Nacional, todos del Estado de Jalisco, ante la inexistencia de los actos que se les atribuyeron;
"b) En el considerando ‘SEXTO’ adujo: ‘se reitera fundado el concepto de violación, en el que, suplido en la deficiencia de la queja, se señala que desde el diez de septiembre de dos mil quince, se notificó al entonces secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, el resultado de no aprobado en la evaluación de los exámenes de control y confianza practicados al aquí quejoso, y no fue sino hasta el treinta de octubre de dos mil diecisiete, que la autoridad instructora inició el procedimiento respectivo, resultando inconcuso que transcurrió en exceso el término de un año que establece el numeral 120 de la ley especial referida, para que la autoridad ejerciera sus facultades, resultando consecuentemente la actualización de la figura de la prescripción en favor del aquí quejoso’. Por lo que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que se ‘Deje insubsistente el auto reclamado de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en el procedimiento administrativo **********, así como todo lo actuado en el mismo, y dicte otro en el que lo declare prescrito’.
"Inconforme con la sentencia anterior, la autoridad responsable interpuso el presente recurso de revisión, en el que en su único agravio manifestó:
"‘• El párrafo tercero del artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco establece que la prescripción para interponer la denuncia o iniciar el procedimiento de oficio a que se refiere este artículo, será de un año a partir de la fecha en que se cometió la conducta, esto en el caso de los procedimientos administrativos de responsabilidad previstos y regulados por el capítulo IV, denominado «Del procedimiento de responsabilidad administrativa», artículos 118 al 128 del cuerpo de leyes multicitado, y bajo ninguna circunstancia para los procedimientos especiales de separación, previstos y regulados por lo ordenado en el capítulo V, denominado «De la separación» artículos 129 al 141 del cuerpo de leyes multicitado.
"‘• El ordenamiento legal de mérito sólo establece un periodo de prescripción de un año para los procedimientos administrativos de responsabilidad, pero es omisa en establecer el tiempo para la prescripción de los procedimientos especiales de separación, de conformidad con lo ordenado en los artículos’ 129 a 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.’
"• Al respecto cita la tesis de rubro: ‘EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA POLICÍA FEDERAL. SON VIGENTES POR 2 AÑOS AQUELLAS EN LAS QUE UNO DE SUS INTEGRANTES OBTUVO EL RESULTADO DE «NO CUMPLE» (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO SEXTO DEL ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE PRETENDE REGULAR EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CONTRA DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL QUE NO ASISTAN O SE RETIREN DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA ASÍ COMO LA VIGENCIA DE DICHAS EVALUACIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE MAYO DE 2012).’, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito en donde se establece que ‘la vigencia de las evaluaciones de control y confianza que son aplicadas a los elementos de los cuerpos de seguridad pública como la que nos ocupa, corresponde a dos años’.
"• Continúa manifestando que: ‘el resultado de dichas evaluaciones fue dado a conocer a la dependencia para la cual presta sus servicios el policía vial de cita, con fecha 05 de septiembre del 2016 (dos mil dieciséis), posteriormente y después de que la instancia instructora correspondiente recabó las constancias necesarias para la debida integración del expediente del procedimiento administrativo con número de expediente **********, emitió auto de avocamiento y llevó a cabo la notificación y emplazamiento del elemento encausado con fecha 30 (treinta) de octubre del 2017 (dos mil diecisiete), esto es, habiendo transcurrido al efecto UN AÑO Y 25 DÍAS, con lo que queda plenamente acreditado que la autoridad instructora del procedimiento ... lo hizo dentro del plazo de vigencia del resultado de las evaluaciones de control y confianza que en su momento fueron practicadas al multicitado elemento policial, que es de DOS AÑOS’.
"Lo anterior resulta ineficaz, toda vez que este tribunal al resolver, por unanimidad de votos de sus entonces integrantes, el recurso de revisión 5/2019, en sesión de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, consideró:
"‘La Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, tiene por objeto regular la función de seguridad pública en el Estado y sus Municipios, así como los lineamientos para el desarrollo y coordinación de esta función a cargo de las autoridades competentes, dentro de las que se encuentran los procedimientos administrativos de responsabilidad, de separación, así como las sanciones aplicables.
"‘Ahora, es cierto que tal como lo aduce la autoridad responsable, el legislador, tratándose de procedimientos de separación previstos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, no estableció cuál era el plazo de prescripción de la facultad sancionadora, el inicio del cómputo de dicho plazo y su interrupción.
"‘Sin embargo, ello no lo hace inexistente, pues, «no es aceptable que las autoridades sancionadoras puedan ejercer sus atribuciones en cualquier tiempo, ya que ello dejaría en un estado de incertidumbre jurídica al gobernado contrario a su dignidad y honradez»’.
"Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al resolver la contradicción de tesis 130/2004, en sesión de primero de diciembre de dos mil cuatro, en la que sostuvo:
"‘En este sentido, es dable considerar que si bien existe un interés de la sociedad por evitar y, en su caso, sancionar las actividades ilícitas de individuos que tienen un compromiso distinto al resto de las personas en tanto que son servidores públicos, también lo es que no es aceptable que las autoridades sancionadoras puedan ejercer sus atribuciones en cualquier tiempo, ya que ello dejaría en un estado de incertidumbre jurídica al gobernado contrario a su dignidad y honradez, pues se mantiene latente una sospecha de responsabilidad por supuestos actos realizados en el desempeño de su trabajo. La duda respecto de la función desempeñada por un servidor público no debe quedar permanentemente abierta, por el bien de la sociedad y del individuo mismo.
"‘Por tal motivo, el legislador previó la posibilidad de que las facultades de las autoridades administrativas prescribieran. De esta manera, si en un lapso de tiempo determinado, en términos previstos en las dos fracciones del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la autoridad no ejerce su facultad sancionadora, el derecho a ejercerla se perderá y hasta entonces el servidor público tendrá certeza de que su actuar no puede acarrearle ninguna sanción administrativa.’
"Así, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco establece lo siguiente:
Ver procedimiento
"Como se ve, en el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, se establece que una vez conocida la infracción debe notificársele al miembro de la institución policial la conducta que se le atribuye, la sanción, el plazo para apersonarse en el procedimiento –cinco días–, las pruebas que existen en su contra, su derecho a probar y se le requerirá para que señale un domicilio. El elemento operativo debe contestar y ofrecer las pruebas que estime pertinentes. Dentro de los tres días siguientes al en que se reciba la contestación, se dictará acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas y se citará a audiencia para su desahogo y para presentar alegatos, la cual se hará dentro de los veinte días siguientes a la recepción del mismo escrito de contestación. El auto de citación a audiencia debe notificarse cuando menos cinco días antes de (sic) celebración de la misma. En dicha audiencia se procederá al desahogo de las pruebas, una vez concluida se declarará cerrada la instrucción y las partes podrán formular alegatos –iniciando el elemento operativo–; dentro de los treinta días siguientes se formulará por escrito el proyecto de resolución.
"En este procedimiento se prevé la posibilidad de recabar informes o copias de alguna autoridad o persona ajena al procedimiento y que haya solicitado el oferente; en caso de que en el día de la audiencia no se reciba la documentación o información solicitada, se establece la posibilidad de diferirla. Asimismo, se contempla la facultad de la autoridad instructora para recabar los medios de prueba que estime necesarios, ya sea antes de iniciar el procedimiento o bien durante el mismo, para mejor proveer.
"Por otra parte, en el procedimiento de separación regulado en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, se establece que previo al inicio del procedimiento, debe levantarse un acta administrativa en la que se señalen las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto del incumplimiento, dicha actuación debe remitirse a la instructora para iniciar el procedimiento, hecho lo cual debe emplazarse al elemento para que comparezca a la audiencia de pruebas y alegatos, informándosele la infracción que se le imputa y corriéndole traslado del procedimiento; la audiencia se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes a la notificación, la cual será oral, en ésta nuevamente se hará del conocimiento del elemento operativo las causas que se le imputan, y la relación de pruebas que existe en el procedimiento –sólo quince minutos–, se le dará el uso de la voz para responder y ofrecer pruebas, resolviéndose en ese acto su admisión o desechamiento y ordenando su desahogo, podrán ofrecerse las pruebas previstas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado y se desahogarán conforme al mismo código. Posteriormente, se concederá el uso de la voz al elemento para alegar –sólo quince minutos–; concluida la audiencia se dictará resolución en un término de quince días.
"Ahora, es cierto que la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco prevé en su artículo 120 la figura de prescripción, y si bien es cierto ésta se refiere al procedimiento de responsabilidades de servidores públicos, se considera que tal como lo sostuvo el Juez de Distrito, éste es aplicable al procedimiento administrativo de separación, en tanto que ambos procedimientos son administrativos y sancionadores, es decir, de la misma naturaleza jurídica; en tanto que los numerales 457 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 1740 del Código Civil del Estado de Jalisco, son de naturaleza distinta, en principio por la materia –civil– y además porque se refieren a la prescripción de derechos y obligaciones derivados de acciones ejercidas en juicios civiles.
"En cuanto a la naturaleza jurídica y particularidades del procedimiento administrativo de separación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 594/2015, sostuvo:
"‘La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco tuvo su origen en dos iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo del Estado y por un diputado, respectivamente, las cuales fueron turnadas para ser dictaminadas por las Comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil y Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Poder Legislativo, en cuyo dictamen, respecto al análisis de la primera de las iniciativas y en relación al tema materia objeto de estudio, se estableció:
"‘XII. En estén (sic) orden de ideas, se crea el capítulo correspondiente al procedimiento interno que se llevará a cabo para la aplicación de sanciones a los elementos operativos, respetando en todas las disposiciones correspondientes el derecho a un debido proceso, y en todo caso se otorga al elemento operativo su derecho a audiencia y defensa.
"‘Por otro lado y tratándose del incumplimiento de los requisitos de un elemento operativo para permanecer en las instituciones de seguridad pública, se propone establecer un procedimiento sumarísimo, esto en razón de que al detectar que un elemento ya no cumple con los requisitos de permanencia para la institución policial a la que pertenece dicho procedimiento se debe realizar con mayor celeridad, pues estaríamos en la situación de que dicho elemento ya no puede ser parte del sistema de seguridad pública, al no contar con alguno de estos requisitos de permanencia por lo que debe ser separado de inmediato de la corporación, esta circunstancia tomando en cuenta que dentro de los requisitos de permanencia se contemplan disposiciones esenciales tanto de los elementos operativos como de las propias instituciones de seguridad pública, pues en ellos se establece como requisito de permanencia el haber aprobado los exámenes de control de confianza y del desempeño, cumplir con los programas de profesionalización, cumplir con sus obligaciones, permitiendo una verdadera profesionalización y buen desempeño en la función que prestan los elementos operativos; queremos enfatizar que en todo momento dicho procedimiento se establece con estricto apego a los derechos del debido proceso.
"‘XIII. En este tema, el procedimiento ante la institución de seguridad pública como ya se mencionó se implementa con el pleno respeto a los derechos de los elementos operativos, garantizando que en el caso de que el elemento sea sancionado o separado de la corporación, a éste se le respetarán sus derechos correspondientes al servicio que presta ante la corporación, en este sentido y bajo la certeza del procedimiento que se implementa en la ley, el elemento operativo en caso de inconformarse por la resolución que emita el órgano interno de la institución de seguridad tendrá que recurrir directamente ante el juicio constitucional, pues como se ha mencionado en repetidas ocasiones, el proceso interno establecido en la ley, contempla un debido proceso que permite que los derechos de aquel que se encuentra sujeto al procedimiento le sean respetados sus derechos (sic) tanto del procedimiento como de sus prestaciones.
"‘Del texto reproducido, se aprecia que el procedimiento de separación de los elementos operativos se ideó con el objetivo de que fuera sumarísimo, que se realizara con mayor celeridad, por lo que atendiendo a ello, se afirmó que en contra de la resolución que se emita se debía acudir directamente al juicio constitucional.
"‘La interpretación sistemática de los artículos 129 a 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, cuya construcción normativa no conduce otra lectura, que apreciar que el legislador construyó un sistema procedimental de separación sumarísimo, (artículo 130); el plazo para comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de dos días hábiles posteriores a la notificación (artículo 132); el desahogo de dicha audiencia en forma ininterrumpida (artículo 134); las etapas que conforman la audiencia –conocimiento de las causas que se imputan y relación de pruebas: quince minutos; uso de la voz al elemento operativo o a su apoderado: treinta minutos para que ofrezca pruebas documentales; desahogo de pruebas enseguida de que se resolvió sobre su admisión; presentación de alegatos una vez desahogadas las pruebas: quince minutos; y conclusión de la audiencia– (artículo 136).
"‘La naturaleza sumarísima de dicho procedimiento, explica lo que se establece en el sentido de que el proyecto de resolución se formulará en el plazo de quince días (artículo 137), que en contra de la resolución que se dicte no existe recurso ordinario alguno que se haga valer ante la institución de seguridad pública (artículo 138) y que no procederá recurso o juicio ordinario contra las resoluciones que dicte la instancia correspondiente (artículo 139).
"‘En primer orden, se debe partir de la premisa de que el mecanismo de separación de los elementos policiacos, previsto en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, constituye un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en virtud de que las autoridades administrativas, para estar en aptitud de decidir si los miembros policiales incumplieron algún requisito de ingreso o permanencia previsto en la ley, deben realizar una serie de formalidades y actos intermedios que le otorguen información necesaria para orientar su determinación.
"‘Así, los elementos característicos de esta categoría de procedimientos lo constituyen la finalidad que persiguen y las consecuencias que producen, pues la autoridad cuenta con esta clase de mecanismos procesales con el objeto de verificar el cumplimiento de disposiciones de índole administrativa, dándole al gobernado la oportunidad de comparecer a rendir pruebas y alegar, previo a intervenir o afectar su esfera jurídica.
"‘Ahora bien, dado que el resultado de esta clase de procedimientos puede llegar a afectar los intereses de los particulares, la actuación de la autoridad no puede desenvolverse de manera arbitraria; por el contrario, posee límites concretos consistentes en el respeto a derechos fundamentales. Por lo tanto, a juicio de esta Suprema Corte cuando la actuación de la autoridad pudiera provocar una afectación a los derechos de los gobernados, como acontece con la separación de los cuerpos policiacos, deberá existir un mínimo de disposiciones que condicionen su actuar, tales como aquellas reglas que definan al órgano competente, los motivos del inicio del procedimiento administrativo y los elementos de convicción que deberán recabarse y orientar la determinación final de la autoridad.
"‘Lo anterior, constituye un punto de conexión entre el actuar de la autoridad administrativa y el deber de ajustarse a las formalidades esenciales del procedimiento en aquellos casos en que puedan afectar los derechos de los particulares, cuestión que debe analizarse no sólo desde el punto de vista del derecho administrativo, sino también a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual funciona como un parámetro de regularidad de la actuación de las autoridades frente a los individuos.’
"Como se observa,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29437-717567c2/examenes-de-control-de-confianza-su-vigencia-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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