PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. DEBE CEÑIRSE A LAS FORMALIDADES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO, AUN CUANDO SE TRATE DE ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN UN REGLAMENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, QUINTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 21 DE OCTUBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JESÚS DE ÁVILA HUERTA, FILEMÓN HARO SOLÍS, JOSÉ MANUEL MOJICA HERNÁNDEZ, ROBERTO CHARCAS LEÓN, ÓSCAR HERNÁNDEZ PERAZA, SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO Y CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. PONENTE: ROBERTO CHARCAS LEÓN. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve.
VISTOS, los autos para resolver la denuncia de contradicción de tesis número 10/2019, y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito de nueve de abril de dos mil diecinueve, **********, ostentándose como autorizado en amplios términos de la parte quejosa, dentro de los autos del amparo en revisión 371/2017 del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunció una posible contradicción de tesis,(1) entre las sustentadas por el mencionado órgano jurisdiccional en el asunto de referencia, frente a la sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 104/2017, así como el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión 195/2014 y 253/2018.
2. SEGUNDO.—Admisión y trámite de la contradicción de tesis. Previa solicitud al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a fin de que remitiera las constancias necesarias para acreditar la legitimación de la parte denunciante, por acuerdo de presidencia de veinticinco de abril de dos mil diecinueve,(2) se admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, bajo el número de expediente 10/2019, en términos de lo previsto en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, y 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
3. En el propio acuerdo se solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes remitieran copia certificada de las ejecutorias dictadas en los asuntos materia de la denuncia, e informaran si el criterio que respectivamente sustentaron en las mismas, se encontraba vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; y se ordenó girar oficio a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia o no de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis.
4. En proveídos de siete y catorce de mayo del año en curso,(3) respectivamente, este Pleno de Circuito recibió copia certificada de las ejecutorias solicitadas a los tribunales colegiados de Circuito contendientes, y se tuvo a los mencionados órganos jurisdiccionales informando que el criterio sostenido en dichas ejecutorias, seguía vigente.
5. En diverso acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve,(4) se tuvo por recibido el oficio ********** del Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual informó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna denuncia de contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema a tratar en este asunto.
6. Mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil diecinueve,(5) se ordenó el turno del asunto al Magistrado Roberto Charcas León, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; plazo que se acordó prorrogar en términos del proveído de siete de agosto de dos mil diecinueve.
7. Posteriormente, la presidencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, hizo del conocimiento diversas comunicaciones del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la autorización de licencia de carácter médico en favor del Magistrado ponente, con efectos a partir del veintiséis de agosto al ocho de septiembre de la propia anualidad.
8. Consecuentemente, el Magistrado presidente de este Pleno de Circuito, por acuerdo de dos de septiembre del año en curso, determinó returnar los autos a la ponencia de la Magistrada Lucila Castelán Rueda, quien sería la titular sustituta durante el periodo en que el referido Magistrado Charcas León se encontrara ausente; lo anterior, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
9. Una vez que se elaboró el proyecto de resolución correspondiente, se listó para discutir y resolver en sesión de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve; así, con motivo de la reincorporación del Magistrado Roberto Charcas León, en esta sesión Plenaria decidió hacer suyo el asunto;
CONSIDERANDO:
10. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9o. del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sostenida por Tribunales Colegiados de la misma materia y Circuito de este Pleno.
11. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues en autos consta que el formulante **********, tiene reconocido el carácter de autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa, dentro de los autos del amparo en revisión 371/2017 del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (materia de la denuncia).
12. TERCERO.—Consideraciones de los criterios contendientes. Con el fin de resolver lo conducente sobre el tema de esta contradicción, se hace indispensable puntualizar, en primer término, los antecedentes de los asuntos que motivaron la presente contradicción de criterios, así como las consideraciones que los sustentaron, contenidas en las ejecutorias relativas.
13. Primera postura: sentencia dictada en el amparo directo 104/2017 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
14. Contexto: El cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el director de Asuntos Internos de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco, emitió el auto de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa número **********, en donde se advertía la probable responsabilidad de ********** y otros elementos de seguridad pública en activo, por supuesta infracción a las conductas establecidas en el artículo 13, fracciones VIII, XIV, XXI, XXVII y XXVIII, del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara; se ordenó el emplazamiento del mencionado elemento de seguridad pública, con el fin de rendir la declaración correspondiente, en uso de su derecho de audiencia y defensa.
15. Antecedentes: En ese contexto, el mencionado **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto, contra el director de Asuntos Internos de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco, y otras autoridades, reclamando destacadamente el acuerdo de avocamiento emitido dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número **********; así como el emplazamiento de ocho de noviembre de dos mil dieciséis al procedimiento en cita y las violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento.
16. Por razón de turno, el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco (actual denominación), bajo el número de expediente 2890/2016; y seguidos los tramites correspondientes, el veinte de enero de dos mil diecisiete se dictó la sentencia respectiva, en donde se negó la protección constitucional solicitada.
17. La razón medular para esa decisión, se hizo consistir en que, contrario a lo pretendido por el quejoso, el auto de avocamiento reclamado, sí cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, contenidas en el artículo 15 del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco, especialmente la relativa a que la autoridad responsable al tener conocimiento de la comisión de una falta que contravenga dicho reglamento y demás ordenamientos en la materia, iniciará la integración del procedimiento, deberá: "...citar al probable responsable señalándole día y hora para que comparezca a hacer uso de su derecho de audiencia y defensa, informándole para tal efecto la conducta que se le imputa y, en su caso, las personas que declaran en su contra, así como las pruebas que existan en actuaciones. Señala que el probable responsable tendrá derecho a designar un abogado o persona de su confianza que lo defienda y, en caso de no hacerlo, se le designará un abogado para tales fines, el cual será designado por la Secretaría General del Ayuntamiento."
18. En ese sentido, con base en el informe justificado rendido por la responsable, el juzgador de amparo puntualizó:
"...que **********, el catorce de octubre de dos mil dieciséis, compareció ante dicha responsable a efecto de exponer los hechos en su carácter de quejoso, se llevó a cabo ese mismo día, una constancia de identificación en la que la persona denunciante, identificó al oficial **********, en ese mismo día, se dictó autos en el que se ordenaron girar oficios a diversas autoridades a efectos de solicitar informes, documentos y cualquier otro dato relacionado con los hechos, además en dicho auto se fijaron las ocho horas con treinta minutos del veinte de octubre de dos mil dieciséis, para llevar a cabo el desahogo de las pruebas ofertadas."
19. Además, advirtió que: "Una vez allegados los informes solicitados y ratificada la queja presentada, la autoridad responsable el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, estimó que las pruebas de cargo existentes y analizadas, resultaron suficientes para dar prosecución al procedimiento que puede concluir en la imposición de una sanción, esto en la resolución final del procedimiento, advirtiendo entre otro, como probable responsable al elemento **********, aquí quejoso, como presunto infractor en los acto u omisiones señaladas en el artículo 13, en sus fracciones VIII, XIV, XXI, XXVII y XXVIII del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco, por lo que se citó al quejoso para que el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, a las nueve horas con treinta minutos, rindiera su declaración en uso a su derecho de audiencia y defensa. Asimismo, giró oficio a efecto de que se le designara defensor de oficio para que lo asista en la diligencia.
"Asimismo, obra en autos el emplazamiento de ocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 175 a 178 del tomo de pruebas), del que se advierte que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15, fracciones V, VI y VII del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, requirió al elemento **********, aquí quejoso, para hiciera (sic) uso de su ‘Derecho de Audiencia y Defensa’, en atención a lo declarado por **********, (transcribe parte de la declaración), asimismo se le hace saber que obran en autos: ‘(Constancia de identificación realizada por el ciudadano quejoso de la cual se desprende que el ciudadano identifica al oficial de nombre **********, como responsable de los hechos que se duele. Croquis del lugar de los hechos. Constancia de asistencia del ciudadano de nombre **********, de fecha 20 (veinte) de octubre del año 2016, mismo que entrega fotocopias de documentales, entre ellas orden de restricción hacia su exesposa como una denuncia presentada hacia él, asimismo un CD que contiene de la presencia de los elementos. Oficio número **********, suscrito por parte de la jefa de Recursos Humanos, C. **********, por medio del cual remite el extracto del expediente personal del oficial de nombre ********** y **********. Oficio número **********, suscrito por parte del inspector operativo Licenciado **********, mediante el cual remite la fatiga de la **********, en el turno nocturno, así como informa que existe reporte con el número de Bitácora ********** del servicio realizado)’.
"Asimismo, se le hizo de su conocimiento en dicho oficio, que debería presentarse acompañado de un abogado o persona de su confianza, a efecto de ejercer su derecho de audiencia y defensa, además se le hizo saber que de las constancias de investigación se desprende su presunta responsabilidad que se ajusta a los supuestos establecidos en el artículo 13 en las fracciones VIII, XIV, XXI, XXVII y XXVIII del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco."
20. Con base en lo anterior, en la sentencia constitucional relativa, se dijo que no existió violación al procedimiento previsto en el Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco, específicamente en su numeral 15; y que por todo ello, resultaba innecesario que el procedimiento de responsabilidad se ajustara a las reglas previstas en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; y además, porque:
"...el reglamento no establece expresamente esa posibilidad, además de que el reglamento establece claramente el procedimiento que se debe seguir cuando un elemento alguno (sic) de los actos para tal efecto, o en su defecto no se advierte que los numerales que marcan dicho procedimiento, se encuentren deficientes, asimismo, no se advierte que el citado reglamento exista una omisión o vacío legislativo que haga necesaria la aplicación supletoria y por último se advierte que el procedimiento a seguir, contraría lo expuesto por el expuesto en la ley estatal, para así decir que se aplique el principio de mayor beneficio al quejoso."
21. Como sustento de lo anterior, el juzgador federal citó los siguientes criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "LEYES SUPLETORIAS, APLICACION DE.";(6) y, "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE."(7)
22. Así, concluyó diciendo que era correcto que el procedimiento administrativo instaurado en contra del quejoso se fundara en el Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco; y no como lo aducía el impetrante, es decir, con base en el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, destacando que dicho numeral:
"...es acorde a lo expuesto por el reglamento citado, además de que de la relación de antecedentes hecha con anterioridad, se observa, que la autoridad responsable director de Asuntos Internos de Seguridad Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hizo del conocimiento los aspectos marcados por el recién transcrito numeral 120, por lo que no le es aplicable el principio de mayor beneficio o pro homine, que alega la parte quejosa, pues no se advierte que obtendría mayor beneficio que el obtenido."
23. Inconforme con esa decisión, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual se integró bajo el número de expediente 104/2017, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resuelto por mayoría de votos(8) en sesión de catorce de marzo de dos mil diecinueve, en donde revocando la sentencia recurrida, se concedió el amparo a la parte quejosa, respecto de los actos reclamados al director de Asuntos Internos de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.
24. Como sustento jurídico de la anterior decisión, el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente, previo a precisar las consideraciones en que apoyó su concesión de amparo, desestimó los agravios relacionados con la aplicación supletoria de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco.
25 Las razones medulares para sostener ese aserto, fueron las siguientes:
I. El tribunal contendiente señaló que, aunque es verdad que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, los elementos de seguridad pública (como lo es el quejoso), se rigen por sus propias leyes; también es cierto, que de conformidad con las fracciones II y III del numeral 115 constitucional, los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar de acuerdo con las leyes municipales que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecina.
II. Que atendiendo al principio de especialidad de la norma, la legislación aplicable lo es, el reglamento emitido por el propio Ayuntamiento para el cual presta sus servicios el elemento de seguridad, por lo que si el quejoso se desempeña como oficial de policía adscrito a la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de Guadalajara, las disposiciones emitidas por tal Municipio son las aplicables por regir su actuación; máxime que los hechos que se les están atribuyendo y de los cuales podría derivar su presunta responsabilidad administrativa, se encuentran contemplados en el reglamento municipal relativo.
III. A ese respecto, luego de referirse a lo previsto por los artículos 2o., 10, 14, fracciones I, II, III y 15, fracciones I y II, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, consideró:
"Como se aprecia de los preceptos legales citados, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, se emitió con base en la concurrencia de facultades que existe en materia de seguridad pública entre la Federación, el Estado de Jalisco y sus Municipios; teniendo, entre otras finalidades, fijar un marco de coordinación entre esos tres niveles de gobierno, dentro del cual queda comprendido lo atinente a los sistemas y procedimientos disciplinarios aplicables a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública." [lo resaltado es de este Pleno].
IV. Además, del estudio de los diversos numerales 118 y 120, previsto en el Capítulo IV "Del procedimiento de responsabilidad administrativa", de la citada legislación estatal; así como de los diversos numerales 13 y 15 del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco, el órgano de control constitucional contendiente razonó lo siguiente:
"Conforme a lo expuesto, queda claro que, dentro del marco de coordinación y concurrencia de facultades entre el Estado y los Municipios de Jalisco en materia de seguridad pública, el reglamento anteriormente citado previó la existencia de un procedimiento administrativo, diverso e independiente al establecido en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado, a través del cual los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, que incurran en actos u omisiones de las previstas en dicho reglamento como responsabilidades, deberán someterse y serán sancionados conforme a lo dispuesto en el propio reglamento.
"Esto es –sin prejuzgar sobre la constitucionalidad del aludido reglamento, por no ser materia de la litis del presente juicio de amparo–, debe distinguirse que si un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara incurre en responsabilidad en el ejercicio de sus funciones o en incumplimiento de sus obligaciones y deberes, previstos en el propio Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, se seguirá el procedimiento establecido en su numeral 15; en cambio, si la violación o incumplimiento atañe a las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, habrá de tramitarse el procedimiento." [lo que se enfatiza es de este órgano colegiado].
V. Con base en las anteriores premisas, el Tribunal Colegiado de Circuito, luego de analizar las constancias del procedimiento administrativo de origen, señaló que éste se había instaurado contra la parte quejosa, por incurrir en los supuestos previstos en las fracciones VIII, XIV, XXI, XXVII y XXVIII, del artículo 13 del mencionado reglamento; y que por tanto, no era aplicable la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, "...toda vez que como los hechos que se le reprochan al quejoso y que constituyen conductas sancionables, no son de las previstas específicamente en ella, sino en el mencionado reglamento, entonces por disposición del numeral 15 de este último ordenamiento, debe seguirse el procedimiento ahí establecido."
VI. Por otra parte, estimó que aunque el artículo 120 de la legislación estatal de referencia le genera un mayor beneficio por establecer "...mayores requisitos para la incoación del procedimiento, en la especie, se está ante un procedimiento de responsabilidad administrativa por incurrir el quejoso en supuestos sancionables establecidos en un reglamento municipal y no en aquella ley, la cual en términos del primer párrafo del artículo 90, dicho procedimiento será incoado al elemento operativo que vulnere las obligaciones, principios y demás disposiciones establecidas en esa ley y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública."
VII. También sostuvo que no se estaba en el supuesto de aplicar la aludida Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco de manera jerárquica (estudio que omitió el juzgador), debido a que por virtud de la coordinación y concurrencia de facultades entre el Estado y los Municipios de Jalisco en materia de seguridad pública, cada uno determinó un procedimiento administrativo para resolver la actuación de sus elementos de seguridad.
VIII. Por último, estableció que si el quejoso "...consideraba que el procedimiento previsto en el Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de Seguridad Ciudadana, no es acorde al principio de jerarquización de normas por establecer menos derechos procesales y que lo contraviene, debió en todo caso plantear su inconstitucionalidad, lo cual no hizo.
"De ahí que, no existe duda que las disposiciones que le son aplicables son las emitidas por el Ayuntamiento de Guadalajara y no por la Legislatura Estatal, sin que exista antinomia alguna, ya que los supuestos de responsabilidad atribuida al quejoso fueron los contemplados en el artículo 13, fracciones VIII, XIV, XXI, XXVII y XXVIII del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de Seguridad Ciudadana, no así en la aludida ley."
IX. En otro aspecto, relacionado con los motivos de disenso fundados, el tribunal revisor contendiente, luego de analizar las constancias del procedimiento de responsabilidad administrativa, resolvió:
"...como se indicó, que la autoridad responsable se concretó a señalar que por virtud de los hechos que se investigan violaba presuntivamente el artículo 13, fracciones VIII, XIV, XXI, XXVII y XXVIII del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, sin precisar la conducta sancionable, conforme lo dispone la transcrita fracción VI del artículo 15 del mismo reglamento, pues sólo indicó los hechos por los cuales se les estaba acusando, pero sin precisar qué tipo de responsabilidad sancionable podría actualizar dichos hechos, esto es, la conducta sancionable.
"De ahí lo fundado del motivo de agravio, ya que efectivamente, contrario a lo resuelto por el Juez Federal, no se cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento que se le instauró, por no ser suficiente que en el auto de avocamiento y en el oficio de emplazamiento, la responsable se limite a señalar las hipótesis normativas que actualizaban los hechos denunciados por el quejoso en el procedimiento administrativo, sino que para efectos de cumplir con las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, debió precisar cuál o cuáles son las conductas que se le atribuyen, como lo prevé la aludida norma reglamentaria."
X. En ese contexto, determinó que el acuerdo de avocamiento reclamado, así como su emplazamiento, contenían un vicio de inconstitucionalidad por no estar debidamente fundados y motivados; y por ende, revocó la sentencia recurrida y otorgó la protección constitucional para los efectos siguientes:
"...para el efecto de que el director de Asuntos Internos de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, deje sin efectos el auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis por el que ordenó el inicio del procedimiento administrativo **********, así como todo lo actuado en el mismo y; hecho esto, emita uno diverso, en el cual, de manera fundada y motivada indique la conducta o conductas que se le atribuyen al quejoso en términos de lo dispuesto por el artículo 15, fracción VI, del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara y así respetar el debido proceso."
26. Segunda postura: sentencia dictada en el amparo en revisión 371/2017 del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
27. Ante un supuesto de similar naturaleza al anterior, en donde se inició un procedimiento administrativo al quejoso, por su presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones previstas en el artículo 13, fracciones XIV, XVII y XXI, del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco, éste promovió juicio de amparo indirecto.
28. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el número de expediente 2776/2016, y el veintiséis de abril de dos mil diecisiete se dictó la sentencia respectiva.
29. En esa resolución, el juzgador de amparo, en principio desestimó los conceptos de la parte quejosa relacionados con la aplicabilidad de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, bajo el siguiente razonamiento:
"...contrario a lo que sustenta la parte quejosa, es acertada la determinación de la autoridad responsable de instaurar el procedimiento administrativo correspondiente con base en reglamento (sic) aludido, puesto que se conocen hechos que posiblemente encuadren en lo dispuesto en dicha legislación, conforme al actuar de los aquí quejosos en el ejercicio de sus funciones como elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el procedimiento no tiene como objeto regular la función de seguridad pública en sí, sino, como ya se dijo y aquí se reitera, la conducta desplegada por los impetrantes.
"Máxime que las disposiciones contenidas en el reglamento se estiman jurídicamente especiales para la incoación del procedimiento de marras y la ley en trato es general y relativa a las funciones de seguridad pública desarrolladas por el Estado y sus municipios, razón por la cual se debe preferir a la ley especial, es decir, al Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco; de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. Es aplicable, por las razones que la contienen, la tesis siguiente:
"‘LEYES ESPECIALES EN OPOSICIÓN A LEYES GENERALES.’ (se omite transcripción). ..."
30. Por otro lado, declaró fundados los diversos motivos de disenso en donde la parte quejosa alegó que el acuerdo incoatorio emitido por el director de Asuntos Internos de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, contraviene los numeral 14 y 16 constitucionales, por no haber cumplido con los requisitos previstos por el artículo 15 del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, bajo las siguientes consideraciones:
"En la especie, del contenido del acuerdo incoatorio de seis de octubre de dos mil dieciséis emitido por el Director de Asuntos Internos de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, dentro del procedimiento administrativo de origen, se observa que en él se colmó implícitamente el requisito consistente en informarles los hechos que se les imputan, la legislación aplicable, la competencia y facultades de la autoridad, ya que basta imponerse del acuerdo señalado para advertir que en él se describe lo dicho, como se precisó en párrafos precedentes.
"Sin embargo, n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29267-2db2be53/procedimiento-de-responsabilidad-administrativa-contra-elementos-operativos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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