Corpus
Modo: Corpus Pro

SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER QUE LAS RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SECRETARIOS Y ACTUARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO SE REGIRÁN POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES INCONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2016. · Registro digital (IUS): 27207
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-06-23
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo III, Pág. 2338.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE MARZO DE 2017. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, RENÉ OLVERA GAMBOA, TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA, ELÍAS H. BANDA AGUILAR, MARCOS GARCÍA JOSÉ, ÓSCAR NARANJO AHUMADA Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. PONENTE: MARCOS GARCÍA JOSÉ. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito,(2) por tratarse de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por conducto de su actual presidente.

TERCERO.-Criterios contendientes.

Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes de los asuntos de donde emanan dichas tesis y las consideraciones esenciales que, respectivamente, las sustentan:

I. Antecedentes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 229/2015.

**********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra las autoridades y actos siguientes:

"• Congreso. • Gobernador Constitucional. • Secretario general. • Director del Periódico Oficial. Todos del Gobierno del Estado de Jalisco.-La aprobación, expedición, sanción y promulgación del decreto que contiene la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, particularmente, sus artículos 4, 57, 131,132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 y séptimo transitorio.-Asimismo, de las autoridades responsables, denominadas: • Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia. • Fiscal general. • Central. Regional. • Director general de Administración y Profesionalización. • Coordinación Jurídica y de Control Interno. • Recursos Humanos. • Coordinación de Pagaduría.-Dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. • Director general del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco.-• La resolución definitiva dictada el catorce de noviembre de dos mil catorce, en el procedimiento de separación número **********, mediante la cual, se determinó separarla del cargo que desempeñaba, y el procedimiento de separación referido y su ejecución."

Por razón de turno, el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco y, seguido el juicio en sus demás trámites, el dieciséis de enero de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia constitucional y, acto continuo, se dictó la sentencia en la que, en la parte conducente, se otorgó la protección constitucional solicitada, con la acotación de que no procedía la reincorporación del elemento de seguridad pública quejosa, por existir prohibición expresa del artículo 123 de la Constitución Federal. En ese sentido, la concesión del amparo fue para los siguientes efectos:

"... que las autoridades responsables, a través de la dependencia correspondiente, paguen a la solicitante del amparo la indemnización y aquellos conceptos a que tienen derecho por el puesto que desempeñaba al momento en que se dio la terminación jurídica en comento."

Inconforme con lo anterior, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de revisión, buscando mayores beneficios a los que obtuvo con el amparo otorgado, esto es, la reinstalación en el cargo que ostentaba. El conocimiento del recurso correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual fue admitido y registrado bajo el número de expediente 229/2015, de su índice.

Seguidos los trámites de ley, en sesión de catorce de junio de dos mil dieciséis, ese Tribunal Colegiado de Circuito declaró fundado el recurso, modificó la sentencia recurrida y otorgó la protección constitucional a **********, en atención a las consideraciones que aquí sobresalen:

- En principio, puntualizó que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "... establece que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes y que podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de permanencia, o bien, removidos por causa de responsabilidad."

- Luego, razonó que "... dicho precepto establece un régimen específico para ese tipo de servidores públicos que, por las funciones que desempeñan, se ubican en una posición fundamental en la procuración de justicia, persecución e investigación de los delitos y, por ende, en la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de lo que resulta claro que el Poder Constituyente excluyó a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y a los miembros de las instituciones policiales del régimen laboral que se establece en el apartado B del artículo 123 constitucional, por lo que los grupos constituidos por esa clase de servidores públicos, no pueden considerarse trabajadores al servicio del Estado, sino que su relación con el poder público es de naturaleza administrativa."

- Con base en ello, estableció que el régimen de excepción de que se habla, trasciende a la pertenencia de un servidor público a determinada institución, es decir, que se origina en la naturaleza de la función que se desempeña en la seguridad pública y que, por ello, no era posible extenderlo a los servidores públicos que no realicen una función de procuración de justicia, persecución e investigación de los delitos.

- Que, por esa razón, "los servidores públicos que no desempeñen una función tendente a la seguridad pública mantienen una relación de naturaleza laboral, la cual se rige en términos del resto de las fracciones del apartado B del artículo 123 constitucional, con independencia de que laboren para una institución de seguridad pública."

- En otro aspecto, advirtió que del contenido del artículo 1o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, se colige que dicha legislación constituye la ley reglamentaria a nivel local del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, al tener como objeto regular la función de seguridad pública en el Estado de Jalisco.

- Así, emprendió un análisis de constitucionalidad del artículo 4o. de la propia legislación de seguridad estatal, en donde, en primer término, precisó que en éste se establecen las relaciones jurídicas de los Ministerios Públicos, secretarios y actuarios del Ministerio Público, los peritos y los elementos operativos de las instituciones policiales, las cuales deben regirse conforme al invocado numeral 123, apartado B, de la Constitución Mexicana.

- Agregó que dicha Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco extiende el régimen constitucional de excepción, en tanto que agrega personal ministerial diverso a los agentes del Ministerio Público, lo que evidencia que dicho ordenamiento "contempla más sujetos que los regulados en la fracción constitucional en comento".

- Que, por esa razón, es inconstitucional el artículo 4o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, ya que, por regla general, "la relación de los servidores públicos con el Estado, se encuentra regulada por los regímenes generales de naturaleza laboral establecidos en el resto de las fracciones del apartado B del artículo 123 constitucional."

- Concluyó que constitucionalmente sólo los agentes del Ministerio Público, no los secretarios ni actuarios, deben tener una relación administrativa con el Estado, en virtud de sus funciones.

- Luego, advirtió otro motivo de inconstitucionalidad del artículo 4o. en consulta, puesto que "trastoca los regímenes jurídicos regulados en el precepto constitucional que se analiza, al extender un sistema especial a sujetos regulados por el régimen general, lo que distorsiona la naturaleza de la relación de éstos con el Estado."

- Que, por esa razón, los sujetos incluidos en dicha legislación deben excluirse del régimen especial en que se les ubicó y, por ello, la relación de los secretarios del Ministerio Público con el Estado de Jalisco, es de naturaleza laboral.

- Agregó que lo anterior tiene como consecuencia "que la relación laboral del personal ministerial no pueda ser objeto de regulación a través de la Ley del Sistema de Seguridad del Estado de Jalisco, ya que, como se vio, se trata de una norma que regula el régimen particular de los servidores que tengan como función la seguridad pública, en términos de la fracción constitucional citada."

- Que, por tanto, al personal diverso al agente del Ministerio Público no le resulta aplicable dicha legislación de seguridad pública estatal.

- En otro aspecto, el Tribunal Colegiado de Circuito también otorgó la protección constitucional solicitada, por lo que hace al acto de aplicación del artículo 4o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, consistente en la instauración del procedimiento incoado en contra de la parte quejosa, así como la resolución definitiva en la que se determinó la separación de la parte quejosa en su cargo como secretario del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Jalisco; en tanto que con dicha actuación se concretaron los efectos del régimen especial al que remite dicha disposición.

- Esa decisión se apoyó en la razón toral de que: "... sí como se consideró, el artículo 4o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco resulta inconstitucional, al extender un régimen especial a servidores públicos que no se encuentran previstos constitucionalmente dentro de dicho sistema.-Esto es así, dado que los secretarios del Ministerio Público no se encuentran contemplados dentro de la fracción XIII del apartado B del numeral 123 constitucional, sino sólo los agentes del Ministerio Público.-En consecuencia, el oficio reclamado, por el cual se le notificó a la quejosa su cese como secretario de Ministerio Público, no podía tener como fundamento la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, al concretar un régimen especial del que no forma parte la quejosa, al tener el cargo de secretario del Ministerio Público."

- Consecuentemente, modificó los efectos concesorios de la sentencia recurrida y otorgó el amparo solicitado en los siguientes términos:

"a) Que el artículo 4o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, no le sea aplicado a la quejosa, mientras tenga el cargo de secretaria del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, tanto en el presente, como en el futuro.

"b) Se deje insubsistente, por lo que se refiere a la aquí quejosa, la resolución pronunciada el catorce de noviembre de dos mil catorce, así como el procedimiento que se instauró en perjuicio de la quejosa y que concluyó con la resolución antes mencionada, y se le restituya en el goce de la garantía violada, esto es, para que se le reinstale en el cargo que como secretario del Ministerio Público venía desempeñando, y le sean cubiertos los salarios caídos y demás prestaciones a las que tenga derecho, con motivo del cese que le fue determinado, hasta el momento de su reinstalación."

II. Antecedentes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 92/2013.

**********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra las autoridades y actos siguientes:

"III. Autoridades responsables. 1. H. Congreso del Estado de Jalisco.-Con domicilio en Palacio Legislativo, ubicado en Av. Hidalgo, número 222, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.-2. C. Gobernador Constitucional. Con domicilio en Palacio de gobierno, ubicado en Av. Corona No. 43, Zona Centro en Guadalajara, Jalisco.-3. C. Secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco. Con domicilio en Palacio de Gobierno, ubicado en Av. Corona, número 43, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.-4. C. Director del Diario Oficial el Estado de Jalisco, responsable de llevar a cabo la publicación del decreto que aprobó la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Puede ser emplazada: Av. Prolongación Alcalde, Número 1351, Edificio ‘C’, primer piso, colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.-5. C. Procurador general de Justicia del Estado de Jalisco.-Con domicilio en la finca marcada con el número 2567 de la calle 14, Zona Industrial, Guadalajara Jalisco.-6. Gobernador del Estado de Jalisco, en su calidad de presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Con domicilio en Palacio de Gobierno, ubicado en Av. Corona, No. 43, Zona Centro en Guadalajara, Jalisco.-IV. Actos reclamados: A) De las autoridades enlistadas en los numerales 1, 2, 3 y 4 se reclama la aprobación, expedición, promulgación, publicación y entrada en vigor del Decreto Número 24036/LIX/12, por el que se expide la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, publicada en el Diario Oficial El Estado de Jalisco, el día 21 de julio de 2012, en los artículos y transitorios que se impugnan de inconstitucionales, los cuales se precisarán en líneas posteriores.-B) De las autoridades que se precisan en los incisos 5) y 6), se reclama la aplicación de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, publicada en el Diario Oficial del Estado de Jalisco, el día 21 de julio del año 2012, en los artículos y transitorios que se impugnan de inconstitucionales, los cuales se precisarán en líneas más adelante."

Por razón de turno, el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco y, seguido el juicio en sus demás trámites, dictó la sentencia definitiva de dieciséis de octubre de dos mil doce, en la que declaró la inconstitucionalidad del artículo 4o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y, consecuentemente, otorgó el amparo solicitado, para los siguientes efectos:

"a) Las autoridades responsables y aquellas que con motivo de sus funciones estén obligadas a cumplir la sentencia de amparo, no apliquen al quejoso, las disposiciones declaradas inconstitucionales, en lo presente y futuro, hasta en tanto no sean abrogadas o reformadas."

Inconforme con dicho fallo, **********, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional y del secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, interpuso recurso de revisión, del cual, le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 92/2013 de su índice.

En sesión de dos de octubre de dos mil catorce, ese Tribunal Colegiado de Circuito resolvió la revisión, revocando la sentencia recurrida, en cuanto a la cuestión de inconstitucionalidad del precepto legal combatido y, por ende, determinó negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a **********, al considerar que, contrario a lo expuesto por el Juez de Distrito:

"... la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, no contraviene la citada reforma constitucional, plasmada en el numeral 123, apartado B, fracción XIII, dado que la legislación secundaria en comento, se expidió en cumplimiento al mandato constitucional."

Esa negativa se apoyó en las siguientes consideraciones torales:

- Declaró fundados los motivos de disenso encaminados a destruir las consideraciones en que se apoyó el Juez de Distrito para declarar la inconstitucionalidad de los artículos 4o., 57 y séptimo transitorio de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.

- Para arribar a esa decisión, en primer lugar, precisó que los artículos 21 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) patentizan que "el legislador incluyó al personal que auxilia al agente del Ministerio Público en su labor constitucional de investigación y persecución de delitos."

- Que entre ese personal auxiliar se encuentra el actuario del Ministerio Público, en tanto que está inmerso en la relación jurídica de excepción prevista entre los funcionarios y la dependencia pública correspondiente "es decir, su relación es administrativa y se rige por sus propias leyes".

- Luego, parafraseó los artículos 21 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Mexicana, en los siguientes términos:

"Como se ve, en los preceptos legales transcritos se establece que el órgano del Estado público denominado Ministerio Público, integrado por los agentes y demás personal que coadyuvan en su actividad constitucional de procuración de justicia y la investigación de los delitos, en forma conjunta con las instituciones policiacas, en los respectivos órdenes de gobierno, conforman el sistema nacional de seguridad pública.-Asimismo, que el personal que integran (sic) a la institución denominada Ministerio Público para cumplir con los objetivos de la seguridad pública, deben (sic) participar en los procesos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; para lo cual, cada Estado, Municipio y el Distrito Federal implementará los mecanismos idóneos para ello.-Que los elementos que conforman ese sistema de seguridad pública que no reúnan los requisitos para permanecer en la institución serán separados de su cargo, en el entendido, que una autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, baja o cese fue injustificada, únicamente tendrán derecho a una indemnización, no así a su reinstalación."

- Con base en lo antes expuesto, así como en las exposiciones de motivos que antecedieron al proceso reformador de los citados preceptos constitucionales,(4) y el dictamen de la Cámara de Diputados relativo, destacó lo siguiente:

• Que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (actualmente Fiscalía General), tiene a su cargo ejercer atribuciones legales y constitucionales del Ministerio Público, previstas en el artículo 21 de la Carta Magna;

• Que dicha procuraduría está representada por el procurador, actualmente, fiscal general; y,

• Que el actuario es parte integrante de la citada procuraduría y, por ende, de la institución pública denominada Ministerio Público.

Así, realizó un análisis de los artículos 1o., 2o. y 7o., fracción XXVI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco; 4o., 12, 24, 25 y 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, así como 4o. de su reglamento, para concluir que eran fundados los agravios de la parte recurrente, ya que "los actuarios pertenecientes al Ministerio Público participan en el ejercicio legal y constitucional de investigar y perseguir delitos, bajo las órdenes e indicaciones del agente del Ministerio Público."

- Que lo anterior también se corrobora del contenido de los artículos 8o., fracción I y 93 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, así como del Manual de Puestos del Actuario Especializado del Ministerio Público, de los cuales se desprende lo siguiente:

"Como se ve, el procedimiento penal tiene, entre otras etapas, la de averiguación previa, que abarca las actuaciones practicadas por el agente del Ministerio Público o sus auxiliares, con motivo de la comisión de un delito y que termina con la resolución en que se decide ejercitar la acción penal o con la determinación del procurador confirmando el criterio del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal.-Que inmediatamente que el Ministerio Público, o el servidor público encargado de practicar diligencias de averiguación previa, tengan conocimiento de la probable existencia de un delito, dictará todas las medidas y providencias necesarias, para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas, incluyendo en su caso, la atención médica de urgencia que requieran y la asesoría jurídica necesaria; impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas objeto o efecto del mismo, saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general, impedir que se dificulte la averiguación; además, procederá a la aprehensión de los responsables en los casos de flagrante delito.-Y que el actuario especializado del Ministerio Público tiene, entre otras funciones, levantar denuncias por comparecencia, así como abrir averiguaciones previas, girar inmediatamente oficios a la policía investigadora para que se inicie pronto una investigación con motivo de un ilícito, recibir denuncias por escrito, iniciar la integración e investigación de una averiguación previa derivada de un delito, radicar denuncias por comparecencia y por escrito, avocarse de manera inmediata a la integración de las averiguaciones previas, trasladar al lugar de los hechos o de la investigación para apoyar en la realización de fe ministeriales, constatar una garantía de que se tuvo a la vista, los indicios y anexos que integran una averiguación previa, solicitar informes a diferentes dependencias por medio de oficio, citar a diferentes personas que tengan que declarar, respecto de la averiguación previa que se está integrando.-Máxime que el personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, a fin de ingresar y permanecer en esa institución deben cumplir con lo indicado en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y en los demás ordenamientos legales que vayan adecuados con el servicio civil de carrera en dicha procuraduría."

- Consideró también lo previsto en los artículos 29, 30, 38 y 44 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco,(5) para razonar que "el actuario del Ministerio Público, al ser parte integrante de la citada Procuraduría, a fin de ingresar y permanecer en el puesto, debe sujetarse a los exámenes de selección, las evaluaciones psicosociales y acreditar los cursos de capacitación y actualización que prevean las normas reglamentarias y demás disposiciones aplicables; esto es, debe cubrir con los requisitos legales y constitucionales para ser parte del servicio civil de carrera de esa procuraduría."

- Que en razón de lo anterior, era dable precisar que tal como lo adujo la parte recurrente "el Constituyente Permanente, al reformar los artículos 21 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, incluyó al Ministerio Público como institución, por ende, todo el personal adscrito a dicha institución que le ayude, auxilie y colabore con él, para cumplir con los mandatos constitucionales, le es inherente la reforma materializada en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho."

- Y que, por tanto, el quejoso con su nombramiento de actuario del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, "está incluido en la relación jurídica de excepción, prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

- De igual manera, el propio Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que el Ministerio Público (en todos sus ámbitos de esfera competencial) es parte integrante del sistema de seguridad pública, conformado, a su vez, con las instituciones policiacas, quienes deben colaborar de manera conjunta con aquél; que el personal que auxilia a ese órgano constitucional está sujeto al servicio civil de carrera y, por ende, debe cumplir con los exámenes de ingreso y permanencia; que los elementos adscritos a la Procuraduría General de Justicia -como es el caso del actuario-, tienen la obligación de participar con el Ministerio Público en la integración de la averiguación previa (investigando o persiguiendo delitos), lo que redunda en funciones de seguridad pública; y que, por tanto, le es aplicable a la condición jurídica de excepción prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal.

- Lo anterior también se sustentó en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, julio de 2004, página 428, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO."

- Bajo ese contexto, a lo largo de sus consideraciones jurídicas, el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente abundó en que el actuario del Ministerio Público tiene la obligación de realizar actividades de seguridad pública; que esa función de perseguir e investigar delitos deriva del artículo 21 constitucional; que en ese sentido, dicho servidor público encuadra en la hipótesis de excepción prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal y que, por tanto, al actuario quejoso le reviste el carácter de auxiliar directo del Ministerio Público, porque realiza actividades de seguridad pública.

- En adición a ello, acotó que: "... el Congreso de la Unión les delegó competencia a las autoridades encargadas de la seguridad pública dentro de su esfera correspondiente (federal, estatal, Distrito Federal, Municipios), para legislar en materia de seguridad pública, lo que denota una competencia concurrente"; citando, al efecto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte Mexicana, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de 2010, Novena Época, página 2322, de rubro: "LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES."

- Bajo esa tónica, razonó que la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco "no contraviene la citada reforma constitucional, plasmada en el numeral 123, apartado B, fracción XIII, dado que la legislación secundaria en comento, se expidió en cumplimiento al mandato constitucional."

- También razonó que, contrario a la estimativa de la parte quejosa, ni el artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, ni el diverso séptimo transitorio del propio ordenamiento, violentan en su perjuicio los derechos laborales que hace valer (jornada humanitaria, pago de horas extraordinarias y condiciones de trabajo); lo anterior -insiste el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente-, ya que "el ahora quejoso está incluido en la excepción prevista en la fracción XIII del numeral 123, apartado B, de la Constitución Federal; luego, su relación con la dependencia para la cual trabaja es administrativa no laboral". Y, por eso, los servidores públicos que no encuadran en esa fracción "no pueden aducir violación a derechos laborales, como el de estabilidad de empleo o cargo, así como inmutabilidad de las condiciones de permanencia."

- El anterior criterio lo sustentó en la jurisprudencia 1a./J. 106/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES COMO EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O INMUTABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA."(6)

- Por último, precisó que el actuario del Ministerio Público debe presentar sus exámenes y controles de confianza, previstos en la ley de la materia reclamada como inconstitucional para permanencia en la institución, en tanto que si los nombramientos que le otorgue la Procuraduría General de Justicia, son actos de condición entre el servidor público y la dependencia a la que pertenece, cuya remuneración debe ser acorde a la actividad que desempeñe, entonces, el artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, no trastoca en su perjuicio el derecho fundamental de una jornada de trabajo humanitaria, ni al derecho de reclamar horas extras.

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, atendiendo al principio de seguridad jurídica.(7) Así, para determinar si, en la especie, existe o no esa contradicción, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-.

Al efecto, resulta oportuno precisar que para la existencia de la contradicción de tesis, se requiere la concu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27207-f83f0878/sistema-de-seguridad-publica-para-el-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.