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Modo: Corpus Pro

SECRETARIOS Y ACTUARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE JALISCO. EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN LOCAL ES COMPETENTE PARA CONOCER SOBRE DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LA FISCALÍA GENERAL (ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA) QUE VERSEN SOBRE SU RELACIÓN JURÍDICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/2016. · Registro digital (IUS): 26482
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-08-19
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO, Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Pág. 1213.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO, Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL TERCER CIRCUITO. 29 DE JUNIO DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: RODRIGO DE LA PEZA LÓPEZ FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

4. PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de tesis, toda vez que se suscita entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo circuito, pero de distinta especialización, derivados de asuntos que pueden corresponder a las materias laboral o administrativa, que son de la especialidad de esta Sala.(5)

5. SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis fue presentada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, uno de los órganos jurisdiccionales contendientes, legitimados para ello en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

6. TERCERO.-Criterios contendientes. A continuación se describen las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que obran en autos, y que dieron origen a la denuncia de contradicción.

7. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Al resolver el conflicto competencial 22/2015, suscitado entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, el colegiado denunciante en mención determinó que era competente la Sala del Tribunal de lo Administrativo en mención, con base en las siguientes consideraciones:

7.1. El asunto cuya competencia se cuestiona versa sobre una demanda promovida ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por *********, actuaria del Ministerio Público de la localidad de Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco, en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (antes Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco), por el pago de horas extras trabajadas entre el veinte de enero y el veintisiete de octubre de dos mil catorce.

7.2. En términos de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, deben regirse por sus propias leyes, porque no guardan una relación laboral con la entidad para la que trabajan, sino administrativa. El colegiado interpreta que en términos de este precepto, se deja al legislador estatal, la facultad de determinar qué tipo de relación debe existir entre el personal de las agencias del Ministerio Público y las Fiscalías Generales de Justicia locales, pues al respecto, en el texto constitucional sólo se precisa que la del agente del Ministerio Público, es de carácter administrativo.

7.3. En este sentido, el legislador de Jalisco, en términos del artículo 4o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, determinó expresamente que, los actuarios del Ministerio Público deben regirse también por lo dispuesto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional.

7.4. Además se cita por igualdad de razón, el conflicto competencial 67/2015, resuelto por esta Segunda Sala en sesión del diez de junio de dos mil quince, en el que sostuvo,(6) entre otras cosas que un secretario del Ministerio Público tiene una relación con el Estado de Jalisco, de naturaleza administrativa, porque se encuentra en el supuesto previsto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, precisamente, al disponerse así en el artículo 4o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.

7.5. Por consiguiente, el colegiado consideró que una actuaria del Ministerio Público tiene una relación de carácter administrativa con el Estado, que se rige por lo previsto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, y que por consiguiente, la competencia para conocer de un conflicto entre dicha funcionaria y la Fiscalía a la que pertenece como elemento operativo, corresponde a un tribunal administrativo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 77/2004, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO."

8. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Este órgano jurisdiccional resolvió el conflicto competencial 5/2015, suscitado entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Primera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco; y determinó que era competente el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, con base en las siguientes consideraciones:

8.1. El asunto cuya competencia se cuestiona versa sobre una demanda promovida ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por *********, actuario del Ministerio Público *********, en la Dirección General para el Combate a los Delitos Patrimoniales no Violentos, en contra de la Fiscalía General y de la Fiscalía Central, ambas del Estado de Jalisco, por el pago y cumplimiento de reinstalación, salarios vencidos, bono de confianza, aguinaldo restante de 2013, aguinaldo en parte proporcional de 2014, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, por haber sido despedido injustificadamente.

8.2. Al resolver la contradicción de tesis 93/2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que sólo los miembros de las instituciones policiales que realicen efectivamente la función de policía y que estén sujetos a la carrera policial en los términos señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estarán sujetos al régimen de excepción, previsto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, y que en consecuencia, los demás miembros de dichas instituciones, que no realicen funciones similares de investigación, prevención y reacción -conforme al artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública- en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera judicial, mantendrán una relación de naturaleza laboral con la institución policial de que se trate. Tal criterio se encuentra reflejado en la jurisprudencia 2a./J. 67/2012 (10a.), de rubro: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL."

8.3. En el caso, el actor se ocupaba de integrar las averiguaciones previas, de manera que las funciones que desarrollaba por el operario no se ajustaban a las señaladas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto es, no realizaba funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública, por lo que no debía aplicársele el régimen de excepción previsto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional.

8.4. En consecuencia, su relación con la dependencia conserva el carácter laboral, lo cual actualiza la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

9. El mismo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, resolvió el conflicto competencial 17/2015, suscitado entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco; y determinó que era competente el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, por lo siguiente:

9.1. El asunto cuya competencia se cuestiona versa sobre una demanda promovida ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por *********, secretario general del sindicato de personal de la antes Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado de Jalisco, en contra de la citada Fiscalía, en la que reclamó en esencia, la nulidad de los nombramientos otorgados por la dependencia, sin concursar las plazas ante la Comisión Mixta de Escalafón.

9.2. Al resolver la contradicción de tesis 93/2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que sólo los miembros de las instituciones policiales que realicen efectivamente la función de policía y que estén sujetos a la carrera policial en los términos señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estarán sujetos al régimen de excepción previsto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, y que en consecuencia, los demás miembros de dichas instituciones, que no realicen funciones similares de investigación, prevención y reacción -conforme al artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública- en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera judicial, mantendrán una relación de naturaleza laboral con la institución policial de que se trate. Tal criterio se encuentra reflejado en la jurisprudencia 2a./J. 67/2012 (10a.), de rubro: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL."

9.3. En el caso, las personas cuya nulidad de nombramiento demandó el sindicato actor, como secretarios del Ministerio Público, no se ajustan a las señaladas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto es, no realizan funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública, por lo que no debía aplicársele el régimen de excepción previsto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional.

9.4. En consecuencia, su relación con la dependencia conserva el carácter laboral, lo cual actualiza la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

9.5. No es obstáculo para tal conclusión, lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en el que se señala que los secretarios del Ministerio Público deben sujetarse al régimen establecido en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, pues en el texto constitucional no se contempla a los secretarios.

10. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Dicho colegiado contendiente, resolvió el conflicto competencial 13/2012, suscitado entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco; y determinó que era competente el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, con base en las siguientes consideraciones:

10.1. El asunto cuya competencia se cuestiona, versa sobre una demanda promovida ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por *********, actuario del Ministerio Público, en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, reclamando esencialmente el cambio de adscripción ordenado por dicha dependencia.

10.2. De los artículos 13, 15, 36 y 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, se desprende la integración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, misma en la que concurren en su conformación, servidores públicos que guardan una relación administrativa con el Estado, como lo son los agentes del Ministerio Público y los agentes de la Policía Investigadora; sin embargo, también forman parte de esta institución, el personal administrativo de apoyo necesario para desahogar las necesidades del servicio.

10.3. Los actuarios del Ministerio Público no se rigen por sus propias leyes, porque no se encuentran expresamente excluidos del apartado B del artículo 123 constitucional, sino que se trata de personal administrativo de apoyo operativo, de conformidad con la legislación estatal.

10.4. No es obstáculo para la anterior conclusión, que dichos servidores públicos desempeñen sus funciones en una dependencia de seguridad pública, y que sus funciones se traduzcan básicamente en la procuración de justicia, pues para alcanzar esos fines, la dependencia se integra también por personal operativo de apoyo, que no se encuentran bajo el régimen especial del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, para considerar que tienen una relación administrativa con el Estado.

10.5. Además de lo anterior, en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, se dispone que el personal que preste sus servicios en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, se regirá por las disposiciones previstas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuyos dispositivos 112, primer párrafo, y 114, fracción I, prescriben la facultad del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para conocer de los conflictos laborales individuales entre los servidores públicos a que alude la referida ley y los titulares de las dependencias y entidades públicas en que presten sus servicios.

10.6. Por consiguiente, si el servidor público fue cambiado de adscripción para desempeñar el cargo de actuario del Ministerio Público, a la Subdelegación Regional de la Zona Centro, con sede en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y en su contra presentó demanda ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de la entidad, con fundamento en los artículos 114 y 118 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; corresponde conocer de tal medio de defensa a ese tribunal y no al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

11. CUARTO.-Existencia de la Contradicción de Tesis. Sentada la exposición de las tesis materia de análisis, debe determinarse a continuación, si existe o no la contradicción de tesis denunciada, para lo cual debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, examinaron hipótesis jurídicas esencialmente iguales, y llegaron a conclusiones discrepantes respecto a la solución que ha de darse a dichas cuestiones; pues en ello consiste la esencia de la contradicción de tesis. Es éste el criterio adoptado por el Pleno de este Alto Tribunal, mediante la jurisprudencia de rubro:(7) "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

12. En la especie, esta Segunda Sala advierte que sí existe la contradicción de tesis, porque según se advierte de la descripción realizada en el considerando que antecede, respecto de las ejecutorias analizadas, los Colegiados contendientes, al conocer de diversos conflictos competenciales,(8) sostuvieron criterios discrepantes en relación con el mismo problema jurídico, que consistió en determinar qué órgano jurisdiccional debe conocer de diversas demandas promovidas en contra de la Fiscalía General (antes Procuraduría General de Justicia) del Estado de Jalisco; una de ellas, presentada por un sindicato, para reclamar la nulidad de los nombramientos otorgados a diversos secretarios del Ministerio Público; y otras promovidas por actuarios o secretarios del Ministerio Público, en la que se plantearon pretensiones relacionadas con la prestación de sus servicios, en su condición de servidores públicos (reinstalación, horas extras, salarios caídos, bono de confianza, aguinaldo, parte proporcional de vacaciones, prima vacacional, cambio de adscripción).

13. En efecto, por una parte, el colegiado denunciante determinó que el Tribunal de lo Administrativo de Jalisco debía conocer de una demanda de esta naturaleza, sobre la base de que un secretario del Ministerio Público tiene una relación administrativa con el Estado, y por tanto, se sujeta a lo dispuesto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, porque así se establece expresamente en el artículo 4o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.

14. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, determinaron que en un caso de esta naturaleza, es competente el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por considerar que un secretario o un actuario del Ministerio Público, no tiene una relación jurídica de carácter administrativo con el Estado, sino laboral.

15. Lo anterior, con independencia de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, llegaron a la misma conclusión a partir de consideraciones distintas, pues el primero de ellos determinó que la materia era laboral, aplicando el artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa partió de una interpretación armónica de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este sentido, y a pesar de que la interpretación realizada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, pudiera ser incorrecta -pues es criterio firme de esta Segunda Sala, que el artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se aplicó en relación con el artículo 75 del mismo ordenamiento, no es aplicable para los miembros de las procuradurías de justicia- ello no es impedimento para considerar que se suscita la contradicción de tesis, respecto de este último colegiado, pues la conclusión a la que arribó, es contraria a la que asumió el colegiado denunciante.

16. Ahora bien, es cierto que el conflicto competencial 17/2015, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, tiene una naturaleza particular, porque el juicio de origen no fue promovido por un actuario o secretario del Ministerio Público, sino por un sindicato, por lo que la acción ejercida por éste, en principio, determina la naturaleza del asunto y, por ende, la competencia del órgano resolutor. Sin embargo, a juicio de esta Segunda Sala, este asunto sí forma parte de esta contradicción de tesis, pues al analizar la cuestión de competencia, el Colegiado del conocimiento sustentó su determinación en consideraciones concernientes a la naturaleza de la relación que guardan los secretarios del Ministerio Público con el Estado, y concluyó que dichas relaciones eran de índole laboral, aunque se dispusiera lo contrario en el artículo 4o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Por tanto, aunque no existe identidad en la naturaleza del juicio que dio origen al conflicto competencial de que se trata, respecto de los juicios que dieron origen a las demás ejecutorias que se analizan, sí existe identidad en cuanto a la cuestión jurídica que el colegiado abordó, y existe discrepancia entre la conclusión a la que arribó, respecto de aquella sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

17. Por otro lado, también es cierto que al resolver la contradicción de tesis 24/2004-SS, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil cuatro, esta Segunda Sala emitió la siguiente jurisprudencia:(9)

"SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.-El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, de rubro: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’, estableció que los miembros de la Policía Municipal o Judicial de ese Estado, al constituir un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el Gobierno Local o Municipal, la cual se rige por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se les excluye, lo mismo que a los militares, marinos y personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que prestan sus servicios. En congruencia con tal criterio, y tomando en consideración que la Constitución y las leyes secundarias del Estado de Jalisco no señalan con precisión la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o del Tribunal de lo Administrativo para conocer de las demandas promovidas por elementos de seguridad pública contra autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, para que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de sus servicios en su condición de servidores públicos, es inconcuso que dicha competencia debe recaer en el mencionado Tribunal de lo Administrativo, por ser el más afín para conocer de la demanda relativa, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consigna la garantía de acceso a la justicia."

18. Sin embargo, esto no significa que la presente contradicción de tesis sea improcedente, pues la jurisprudencia en cita no resuelve exactamente el mismo tema de contradicción.

19. En efecto, como se señaló en la propia resolución de la que deriva la tesis transcrita,(10) todos los juicios naturales que originaron las tesis contendientes en aquel asunto, tuvieron su origen en demandas instauradas por policías de diversos Ayuntamientos del Estado de Jalisco. Además, los colegiados contendientes no se contradijeron en cuanto a la naturaleza de la relación jurídica que sostenían dichos elementos de seguridad pública con los Municipios demandados, pues fueron coincidentes en el sentido de que, en términos de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, dicha relación era de naturaleza administrativa.

20. En cambio, en el presente caso, las demandas no versaron sobre el nombramiento o pretensiones de policías, sino de actuarios o secretarios del Ministerio Público; y además, los Colegiados contendientes sí plantean interpretaciones encontradas, en cuanto a la naturaleza jurídica de la relación jurídica que puede tener un actuario o un secretario del Ministerio Público, respecto del Estado, pues mientras que el colegiado denunciante afirma que se trata de una relación administrativa, los demás consideran que es una relación de naturaleza laboral.

21. Tampoco puede considerarse infundada la contradicción de tesis, por el hecho de que en sesión del diez de junio de dos mil quince, esta Segunda Sala haya resuelto el conflicto competencial 67/2015, en el sentido de que los secretarios del Ministerio Público tienen una relación de carácter administrativo con el Estado de Jalisco; pues en primer término, se trata de un precedente que no constituye jurisprudencia definida,(11) y, en segundo lugar, dicho precedente solamente se refiere a los secretarios del Ministerio Público, por lo que en todo caso, faltaría determinar la naturaleza jurídica de la relación del actuario frente al Estado.

22. De acuerdo con lo anterior, el tema de la presente contradicción se constriñe a determinar, qué órgano jurisdiccional debe conocer de una demanda promovida en contra de la Fiscalía General (antes Procuraduría General de Justicia) del Estado de Jalisco, en la que se plantean pretensiones relacionadas con el nombramiento, o bien, con la prestación de servicios de los secretarios o actuarios del Ministerio Público adscrito a dicha Fiscalía, en su condición de servidores públicos.

23. QUINTO.-Parámetro constitucional. Materialmente, las relaciones jurídicas que tienen por objeto la prestación de servicios personales, provienen en primer plano de un contrato celebrado entre particulares, que por su naturaleza se encuentra inmerso en el ramo del derecho civil. Históricamente, sin embargo, en cuanto esas relaciones han generado un vínculo de supra a subordinación, han sido tuteladas por el derecho positivo, con la finalidad de proteger a la clase trabajadora, por considerarse que se encuentra en estado de vulnerabilidad respecto de la clase patronal. Esta finalidad da origen al artículo 123 de nuestra Constitución Política de 1917. Las conquistas laborales se han plasmado de esta manera como derechos subjetivos públicos, en normas de carácter positivo, que en nuestro país tienen rango constitucional, y que han configurado un nuevo ramo de la ciencia jurídica, el derecho laboral. La doctrina de los derechos humanos, por su parte, ha clasificado estos derechos dentro de la categoría de derechos económicos, sociales y culturales, precisamente, porque la esencia de su contenido recae en el interés de los Estados para otorgar cierta protección con base en criterios de bienestar general, de naturaleza social, económica o cultural. Lo anterior significa que una relación jurídica que por sí misma y por su origen es de naturaleza civil, de derecho privado, se transforma en una relación de derecho público, por la imposición de ciertas características proteccionistas en el derecho positivo, en función de un interés especial por parte del Estado.

24. En cambio, la naturaleza de las relaciones de supra a subordinación entre el Estado y los servidores públicos, ha discurrido a través de una historia distinta. Un esquema históricamente reiterado, es aquel que se basa en una jerarquía de poder, donde el órgano jerárquicamente superior impone mandatos sobre los órganos inferiores, y la relación entre todos ellos es de carácter público, perteneciente al ramo administrativo, pues quien da las órdenes y quien las cumple, no deberían perseguir un interés privado propio, sino el interés público. Ahora bien, la tendencia moderna ha sido también aquí, regular esas relaciones bajo la óptica de protección de los funcionarios como miembros de las clases trabajadoras, considerando al Estado como un patrón. Esta tendencia también se basa en la idea de que la clase trabajadora, aunque esté al servicio del Estado, se encuentra en un estado de vulnerabilidad frente a su empleador y, por ende, merece la protección especial que confieren las normas del derecho del trabajo.

25. Esta tendencia dio origen a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, en la que se adicionó el apartado B del artículo 123 constitucional, para leerse de la siguiente manera:

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 5 de diciembre de 1960)

"Artículo 123. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ...

(Adicionado, D.O.F. 5 de diciembre de 1960)

"B. Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y de los Territorios Federales y sus trabajadores: ..."

26. En la exposición de motivos contenida en la iniciativa del Ejecutivo, que dio origen a la reforma en mención, se plasmó lo siguiente:

"Con la preocupación de mantener y consolidar los ideales revolucionarios, cuyo legado hemos recibido con plena conciencia y responsabilidad por todo lo que representa para el progreso de México dentro de la justicia social, en el Informe que rendí ante el Congreso de la Unión el día 1o. de septiembre último, me permití anunciar que oportunamente propondría a su elevada consideración, el Proyecto de Reformas a la Constitución General de la República tendiente a incorporar en ella los principios de protección para el trabajo de los servidores del Estado.

"Los trabajadores al servicio del Estado, por diversas y conocidas circunstancias, no habían disfrutado de todas las garantías sociales que el artículo 123 de la Constitución General de la República consigna para los demás trabajadores.

"Es cierto que la relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus respectivos patrones, es de distinta naturaleza de la que liga a los servidores públicos con el Estado, puesto que aquéllos laboran para empresas con fines de lucro o de satisfacción personal, mientras que éstos trabajan para instituciones de interés general, constituyéndose en íntimos colaboradores en el ejercicio de la función pública. Pero también es cierto que el trabajo no es una simple mercancía, sino que forma parte esencial de la dignidad del hombre; de allí que deba ser siempre legalmente tutelado.

"De lo anterior se desprende la necesidad de comprender la labor de los Servidores públicos dentro de las garantías al trabajo que consigna el antes; citado artículo 123, con las diferencias que naturalmente se derivan de la diversidad de situaciones jurídicas."

27. Por su parte, al elaborar el dictamen de primera lectura, las Comisiones Unidas Primera de puntos Constitucionales y Primera de Trabajo, de la Cámara de Senadores, expusieron lo siguiente:

"1. La iniciativa presidencial que se estudia, como se desprende de su propio enunciado, tiende a incorporar dentro del texto constitucional el conjunto de garantías sociales y derechos de los trabajadores, que han sido ya establecidos por el Estatuto J

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26482-6c2a24d1/secretarios-y-actuarios-del-ministerio-publico-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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